Irineo de la Cruz Justo y Otros.
Expediente 965/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Fidel de la Cruz Méndez y Otros.
- Irineo de la Cruz Justo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
PRAL. 965/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. 1° Se agregan sobres cerrados. Agréguense únicamente para que obren en autos los sobres cerrados que devuelve el Servicio Postal Mexicano, que contienen los oficios 9721/2023 y 9722/2023, dirigidos a las autoridades responsables, a) asamblea de la Comunidad de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca y b) agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, respectivamente, que contienen el proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, en el que causó ejecutoria la sentencia dictada en este juicio de amparo y se ordenó el archivo del expediente. 2° No se ordena reexpedir los oficios. Sin que sea necesario reexpedir los citados oficios, toda vez que, como se dijo, en el citado proveído de dos de mayo del año en curso causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó este juicio de amparo y se ordenó el archivo del expediente; por tanto, ningún agravio les genera a las autoridades responsables dicha determinación. 3° Se ordena notificar acuerdo a las autoridades responsables por lista de acuerdos. En consecuencia, a fin de que se integre correctamente el expediente electrónico y obren las constancias de notificación de las autoridades responsables, se ordena realizar las notificaciones del proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés a las referidas autoridades responsables a) asamblea de la Comunidad de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca y b) agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca por lista de acuerdos que se publica en este órgano jurisdiccional. Por tanto, se instruye al (la) actuario (a) judicial llevador (a) de este expediente que, una vez efectuadas las notificaciones por lista indicadas, integre al expediente electrónico las constancias respectivas, en la casilla del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DEL DÍA DE HOY, SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA DE ACUERDOS, EL PROVEIDO DE DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAXACA, Y AGENTE DE POLICIA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAXACA: PRAL. 965/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables y agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Se deja sin efectos la suspensión de oficio decretada de plano. Por lo anterior, se deja sin efectos las providencias decretadas en auto inicial en favor de los directos quejosos; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los fines legales consiguientes. V. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. VI. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Por tanto, se provee: VII. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VIII. Destino y archivo reciente. Toda vez que en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio de los actos reclamados; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) y 7.4 del manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DEPURABLE; por tanto, este órgano jurisdiccional conservará este juicio de amparo por el término de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo; fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a la depuración del expediente, y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es DEPURABLE. IX. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. X. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es DEPURABLE. XI. Devolución de documento a la parte quejosa. Toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba, la documental, consistente en copia certificada de: Credenciales para votar expedida a favor de 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ********************, 5) ******************** y 6) ********************. Certificado de derechos sobre las tierras de uso común a nombre de ******************** e ********************. Informe concentrado de identificadores a nombre de ********************. Cinco oficios S/N de catorce de abril de dos mil ocho. Ante ello, aun cuando esos documentos no son originales, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL. 965/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. 1. Se agregan sobres cerrados. Agréguense únicamente para que obren en autos los sobres cerrados que devuelve el Servicio Postal Mexicano, que contienen los oficios 5554/2023 y 5555/2023, dirigidos a las autoridades responsables, 1) Asamblea de la Comunidad de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca y 2) agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, respectivamente, que contienen la sentencia autorizada de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. 2. No se ordena reexpedir los oficios. Sin que sea necesario reexpedir los citados oficios, toda vez que dicho proveído ya fue superado por la ejecutoria de dos de mayo del año en curso, en la que se ordenó el archivo de este expediente como definitivamente concluido; por tanto, ningún agravio les genera a las autoridades responsables dicha determinación. 3. Se ordena notificar sentencia a las autoridades responsables por lista de acuerdos. En consecuencia, a fin de que se integre correctamente el expediente electrónico y obren las constancias de notificación de las autoridades responsables se ordena realizar las notificaciones de la sentencia autorizada de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, dictada en este juicio de amparo, por lista de acuerdos que se publica en este órgano jurisdiccional, a las citadas autoridades. Por tanto, se instruye al (la) actuario (a) judicial llevador (a) de este expediente que, una vez efectuadas las notificaciones por lista indicadas, integre al expediente electrónico las constancias respectivas, en la casilla del acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE ANTECEDE, SE ORDENA NOTIFICAR SENTENCIA POR LISTA DE ACUERDOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAXACA, Y AGENTE DE LA POLICÍA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE SANTIAGO PROGRESO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAXACA: SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITTÉS: ".". Sentencia. Vistos para resolver, los autos del juicio de amparo 965/2022; y, R e s u l t a n d o: PRIMERO. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito recibido el diecisiete de agosto de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y recibida en este órgano jurisdiccional en la misma fecha, 1) ****, 2) ****, 3) ****, 4) ****, 5) ****, y 6) ****, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyeron a la asamblea de la comunidad de la Agencia de Policía de Santiago el Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca; que se precisará en el considerando segundo de esta resolución. 1.2. La parte quejosa narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; invocó como derecho fundamental vulnerado el contenido en los artículos 1, 2, 4, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo y suspensión de plano. En proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós (fojas 64 a 69) se ordenó formar expediente impreso y electrónico; registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 965/2022; se concedió la suspensión de oficio en los términos que ahí consta; asimismo, se previno a la parte quejosa para que aclarara la demanda. Mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós (fojas 173 a 179) se tuvo a la parte quejosa cumpliendo la prevención efectuada; en consecuencia, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado. TERCERO. Citación a audiencia. Previos diferimientos, en auto de veinticuatro de febrero del año en curso se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y la omisión se reclama de una autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda (fojas 2 a 44) y del escrito aclaratorio (fojas 109 a 113), son los siguientes: Autoridad responsable Calidad Acto reclamado a) Asamblea de la Comunidad de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. Ordenadora y ejecutora 1. La orden de ejecución de desplazamiento forzado contra los quejosos realizada el veintiocho de octubre de dos mil catorce. 2. No permitir a los quejosos a regresar a vivir a sus viviendas de origen y vecindad. 3. Impedir el derecho al uso, disfrute y aprovechamiento de sus tierras de uso común. 4. Impedir a **** haga uso y disfrute de su derecho sobre su ganado vacuno (sesenta y ocho cabezas de ganado vacuno, más las crías que hayan producido del dieciséis de enero de dos mil quince a la fecha) 5. La insistencia y ratificación continúa de que permanezca su expulsión y destierro de su comunidad de origen y vecindad, y la desposesión de sus tierras de uso común de los quejosos. 6. La comercialización y consumo sin derecho de su ganado y de sus crías, así como de todas las frutas de mamey, naranja, cacao y litche que tienen sembrados en sus tierras de uso común desde el veintiocho de octubre de dos mil catorce. b) Agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. c) Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Omisivas. 7. La omisión de realizar acciones eficaces, dentro del ámbito de su competencia, para generar el retorno seguro y duradero a su comunidad de origen. 8. La omisión de asegurar, preservar, mantener y restablecer el orden, la seguridad y la paz pública en la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. 9. La omisión de implementar talleres de sensibilización y de capacitación en materia de derechos humanos a los habitantes de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, para construir la cultura de los derechos humanos y evitar la repetición de futuros desplazamientos forzados internos. 10. La omisión de proporcionarles las medidas de ayuda inmediata, de atención y de asistencia al ser desplazados de su comunidad. d) Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca e) Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Omisiva 11. No implementar y coordinar con eficacia y eficiencia las políticas de conciliación y concertación con la asamblea de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca y los quejosos para impulsar y/o generar los acuerdos y la resolución de fondo derivado de dicho desplazamiento forzado interno en su agravio. 12. No conducir con eficacia y eficiencia acciones de conciliación, mediación y sinergia, que atiendan a la resolución del conflicto generado por la asamblea y el agente de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, a efecto de que protejan, respeten y garanticen sus derechos humanos. 13. No implementar una efectiva comunicación con la asamblea y el agente de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, el Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, la Federación y los quejosos, para generar los acuerdos acordes al respeto de los derechos humanos para el retorno seguro y duradero a su lugar de origen. 14. La omisión de reconocer a los quejosos el carácter de víctimas de violaciones de derechos humanos y, consecuentemente, la omisión de proporcionarles las medidas de ayuda inmediata, de atención y de asistencia, a sabiendas que son víctimas de violaciones de derechos humanos al ser desplazados de su comunidad de origen, en abierta violación a sus derechos humanos reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables omisivas c) gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través del subconsejero de lo contencioso de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado [fojas 240 y 241]; y e) secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la directora jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, [fojas 228 y 229], al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los siguientes actos que se les atribuyen, en el orden siguiente: Autoridad responsable Calidad Acto reclamado c) Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Omisivas. 7. La omisión de realizar acciones eficaces, dentro del ámbito de su competencia, para generar el retorno seguro y duradero a su comunidad de origen. 8. La omisión de asegurar, preservar, mantener y restablecer el orden, la seguridad y la paz pública en la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. 9. La omisión de implementar talleres de sensibilización y de capacitación en materia de derechos humanos a los habitantes de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, para construir la cultura de los derechos humanos y evitar la repetición de futuros desplazamientos forzados internos. 10. La omisión de proporcionarles las medidas de ayuda inmediata, de atención y de asistencia al ser desplazados de su comunidad. e) Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Omisiva 11. No implementar y coordinar con eficacia y eficiencia las políticas de conciliación y concertación con la asamblea de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca y los quejosos para impulsar y/o generar los acuerdos y la resolución de fondo derivado de dicho desplazamiento forzado interno en su agravio. 12. No conducir con eficacia y eficiencia acciones de conciliación, mediación y sinergia, que atiendan a la resolución del conflicto generado por la asamblea y el agente de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, a efecto de que protejan, respeten y garanticen sus derechos humanos. 13. No implementar una efectiva comunicación con la asamblea y el agente de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, el Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, la Federación y los quejosos, para generar los acuerdos acordes al respeto de los derechos humanos para el retorno seguro y duradero a su lugar de origen. 14. La omisión de reconocer a los quejosos el carácter de víctimas de violaciones de derechos humanos y, consecuentemente, la omisión de proporcionarles las medidas de ayuda inmediata, de atención y de asistencia, a sabiendas que son víctimas de violaciones de derechos humanos al ser desplazados de su comunidad de origen, en abierta violación a sus derechos humanos reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúen esas negativas. Por su parte, la autoridad responsable, d) Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de haber quedado legalmente notificada de la petición del mismo, el siete de septiembre de dos mil veintidós, como se advierte del comprobante de entrega de Estafeta que obra en autos [foja 200]. Los actos que se le atribuyeron fueron los siguientes: Autoridad responsable Calidad Acto reclamado d) Ayuntamiento de San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. Omisivas. 7. La omisión de realizar acciones eficaces, dentro del ámbito de su competencia, para generar el retorno seguro y duradero a su comunidad de origen. 8. La omisión de asegurar, preservar, mantener y restablecer el orden, la seguridad y la paz pública en la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. 9. La omisión de implementar talleres de sensibilización y de capacitación en materia de derechos humanos a los habitantes de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, para construir la cultura de los derechos humanos y evitar la repetición de futuros desplazamientos forzados internos. 10. La omisión de proporcionarles las medidas de ayuda inmediata, de atención y de asistencia al ser desplazados de su comunidad. Sin embargo, se considera que no es el caso de presumir cierta la existencia de los actos omisivos que se les atribuyen a las citadas autoridades c), d) y e). Lo anterior es así, pues si bien tratándose de actos omisivos la carga de la prueba corresponde a las autoridades responsables y no a la parte quejosa, pues es principio aceptado que las omisiones no son materia de prueba; también es cierto que ese principio debe ceder ante la certidumbre sobre si las autoridades están obligadas a actuar como consecuencia del acto reclamado; esto es, si de acuerdo a su naturaleza puede exigírseles o no su cumplimiento. Por ello, es preciso destacar que si bien es cierto que la quejosa exhibió con su escrito aclaratorio [fojas 115 a 172], como prueba documental, copias simples del: - Acuse de ocho de enero de dos mil dieciséis. - Acuse de cuatro de abril de dos mil dieciocho. - Acuse de once de abril de dos mil dieciocho. - Acuse de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho. - Acuse de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. - Acuse de once de enero de dos mil diecinueve. - Acuse de uno de octubre de dos mil veintiuno. - Acuse de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Escritos a través de los cuales se realizaron diversas solicitudes a diversas autoridades, también lo es que dichos documentos son copias simples, las cuales por sí solos carecen de valor probatorio pleno; pues no se encuentran relacionadas con otros elementos de prueba, que permitan generar la convicción de que la parte quejosa formuló su solicitud por escrito ante las autoridades responsables, mediante signos distintivos como son firmas autógrafas o, en ciertos casos, la impresión de sus huellas digitales. Sirven de apoyo la jurisprudencia siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." (Jurisprudencia 2a./J. 21/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 213, Tomo VII, Abril de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 196457). Además, con las demás documentales exhibidas en copias certificadas tampoco acredita que realizó alguna petición a las autoridades responsables para que ahora reclame las citadas omisiones. En consecuencia, tal circunstancia se traduce en un impedimento jurídico para demandarle a las responsables citadas en los incisos c), d) y e) un actuar. Es aplicable al caso el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente. "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." (Tesis 2a. CXLI/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Ello es así, pues del criterio transcrito se desprende que cuando la existencia de la conducta omisiva de las responsables requiere la previa existencia de una solicitud de la parte quejosa, a ella corresponde acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de las autoridades. Además, el secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la directora jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, quien actúa por sí y en representación del gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, en su informe justificado [foja 228, vuelta], precisó que dentro del ámbito de las atribuciones del gobernador del Estado de Oaxaca y secretario General de Gobierno no se encuentran las omisiones reclamadas. Por otra parte, el b) agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca [fojas 345 y 346], al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto siguiente: b) Agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. Ordenadora y ejecutora 6. La comercialización y consumo sin derecho de su ganado y de sus crías, así como de todas las frutas de mamey, naranja, cacao y litche que tienen sembrados en sus tierras de uso común desde el veintiocho de octubre de dos mil catorce. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtúe esa negativa, pues con las citadas documentales exhibidas tampoco se advierte la comercialización y consumo de su ganado y frutas que dicen tienen sembradas. Por todo lo anterior, se tienen por inexistentes todos los actos reclamados a las referidas responsables. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917818, publicada con el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable con el carácter de ordenadora y ejecutora b) agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca [fojas 345 y 346], al rendir su informe justificado, negó la existencia de los siguientes actos que se les atribuyen, en el orden siguiente: Autoridad responsable Calidad Acto reclamado b) Agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. Ordenadora y ejecutora 1. La orden de ejecución de desplazamiento forzado en contra de los quejosos, realizada el veintiocho de octubre de dos mil catorce. 2. No permitir a los quejosos y a sus familias a regresar a vivir a sus viviendas de origen y vecindad. 3. Impedir el derecho al uso, disfrute y aprovechamiento de sus tierras de uso común. 4. Impedir a **** haga uso y disfrute de su derecho sobre su ganado vacuno (sesenta y ocho cabezas de ganado vacuno, más las crías que hayan producido del dieciséis de enero de dos mil quince a la fecha) 5. La insistencia y ratificación continúa de que permanezca su expulsión y destierro de su comunidad de origen y vecindad, y la desposesión de sus tierras de uso común de los quejosos como se sus familias. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con las manifestaciones realizadas en su informe justificado, ya que en él aceptó que en el mes de octubre de dos mil catorce los quejosos y sus familiares fueron desterrados de la comunidad de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, por los mismos habitantes de dicha comunidad (asamblea). Asimismo, informan que por asamblea realizada el diecinueve y veinte de octubre de dos mil veintidós se acordó reincorporar a los quejosos 1) ****, 2) ****, 3) ****, 4) ****, 5) **** y 6) ****, así como hacerles entrega de sus tierras y ganado vacuno; por ello, el quince de noviembre de dos mil veintidós fueron incorporados los quejosos a dicha comunidad recibiendo el total de las hectáreas de tierra y ganado que les pertenece. Para justificarlo remitió copia de las actas de diecinueve y veinte de octubre, así como del quince de noviembre de dos mil veintidós [fojas 347 a 358], valoradas en su carácter de instrumental de actuaciones, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, que rige esta resolución, en términos de su artículo 2º. Por ello, la negativa se encuentra desvirtuada y se tienen como ciertos los actos reclamados. Resultan aplicables las tesis siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." (Tesis aislada, número de registro 211,004, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época). "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido" (Tesis aislada, número de registro 249,047, Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, página 389, 181-186 Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Por lo que respecta a la autoridad responsable a) Asamblea de la Comunidad de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, fue omisa en rendir su informe justificado; a pesar de haber quedado legalmente notificada de la petición del mismo, el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, como se advierte de la diligencia de notificación realizada por el actuario del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca [foja 344]. Sin que obste que el agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, al rendir informe justificado, haya precisado que también rendía como representante de la asamblea, pues no acreditó dicha circunstancia y la Ley Agraria no le otorga dicha facultad. Por tanto, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo se presumen ciertos los actos que le reclaman, en el orden siguiente: Autoridad responsable Calidad Acto reclamado a) Asamblea de la Comunidad de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. Ordenadora y ejecutora 1. La orden de ejecución de desplazamiento forzado interno en contra de los quejosos y sus familias, realizada el veintiocho de octubre de dos mil catorce. 2. No permitir a los quejosos y a sus familias a regresar a vivir a sus viviendas de origen y vecindad. 3. Impedir el derecho al uso, disfrute y aprovechamiento de sus tierras de uso común. 4. Impedir a **** haga uso y disfrute de su derecho sobre su ganado vacuno (sesenta y ocho cabezas de ganado vacuno, más las crías que hayan producido del dieciséis de enero de dos mil quince a la fecha) 5. La insistencia y ratificación continúa de que permanezca su expulsión y destierro de su comunidad de origen y vecindad, y la desposesión de sus tierras de uso común de los quejosos como se sus familias. 6. La comercialización y consumo sin derecho de su ganado y de sus crías, así como de todas las frutas de mamey, naranja, cacao y litche que tienen sembrados en sus tierras de uso común desde el veintiocho de octubre de dos mil catorce. QUINTO. Causa de improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Como ya se vio, del análisis de las constancias del juicio de amparo se advierte que respecto del acto reclamado al b) agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, por los quejosos 1) ****, 2) ****, 3) **** y 4) ****, consistente en 1] la orden de ejecución de desplazamiento interno (destierro) realizada el veintiocho de octubre de dos mil catorce, se actualiza la causal de improcedencia relativa a la institución de cosa juzgada, prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Ello es así, debido a que el citado acto reclamado por los quejosos ya fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo 1518/2014, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. En efecto, los citados quejosos 1) ****, 2) ****, 3) **** y 4) **** promovieron el citado amparo contra actos del agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca; en dicho juicio reclamaron la orden de destierro y su ejecución, realizado el veintiocho de octubre de dos mil catorce. Mediante sentencia de treinta de enero de dos mil quince el citado Juzgado sobreseyó en el juicio, pues consideró que habían cesado los efectos del acto reclamado, debido a que en acta de acuerdos levantada el seis de noviembre de dos mil catorce, se determinó reincorporar a los quejosos ****, ****, **** y ****, a la comunidad de Santiago Progreso, Valle Nacional, Oaxaca; en cuanto a los diversos agraviados ****y ****, al no ser ciudadanos de dicha comunidad, no se les reincorporó, sin embargo, se les permitirá visitar a sus padres y familiares. Por lo que al haber sido reincorporados los quejosos a su comunidad de origen, así como permitirles visitar a sus familiares, el citado Juzgado consideró que cesaron los efectos del acto reclamado. Dicha sentencia fue recurrida por los quejosos pero el entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito desechó el recurso; por ello, en auto de ocho de abril de dos mil quince causó ejecutoria la citada sentencia. Se precisa que se acude a las constancias que integran el expediente 1518/2014, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, porque constituye hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º; sin que haya lugar a agregar copias de las mismas, ya que al constituir hecho notorio, por encontrarse almacenadas en el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes (SISE), no es necesario extraer copias para agregarlas a este expediente. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente. "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." (Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017123). De ahí que se actualiza la referida causa de improcedencia, puesto que el citado acto reclamado ya fue motivo de diversa resolución en un juicio de amparo anterior (juicio de amparo indirecto 1518/2014), el cual fue promovido por los aquí quejosos 1) ****, 2) ****, 3) **** y 4) ****. Por otra parte, respecto de los diversos actos reclamados por los quejosos 1) ****, 2) ****, 3) ****, 4) ****, 5) ****, y 6) ****, respectivamente, a las autoridades a) Asamblea de la Comunidad y b) agente de Policía, ambos de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. " Dicha causa establece la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de amparo. Para concluir que han cesado los efectos de los actos reclamados, es necesario que la contravención alegada por la parte quejosa haya desaparecido totalmente, sea porque la propia autoridad responsable la ha reparado, o porque esto ha acontecido por circunstancias ajenas a ella; esto es, debe constatarse que todos sus efectos hayan desaparecido o se hayan destruido de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese contexto, es importante reiterar que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Autoridad responsable Calidad Acto reclamado a) Asamblea de la Comunidad de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. Ordenadora y ejecutora 1. La orden de ejecución de desplazamiento forzado interno en contra de los quejosos y sus familias, realizada el veintiocho de octubre de dos mil catorce. 2. No permitir a los quejosos y a sus familias a regresar a vivir a sus viviendas de origen y vecindad. 3. Impedir el derecho al uso, disfrute y aprovechamiento de sus tierras de uso común. 4. Impedir a **** haga uso y disfrute de su derecho sobre su ganado vacuno (sesenta y ocho cabezas de ganado vacuno, más las crías que hayan producido del dieciséis de enero de dos mil quince a la fecha) 5. La insistencia y ratificación continúa de que permanezca su expulsión y destierro de su comunidad de origen y vecindad, y la desposesión de sus tierras de uso común de los quejosos 6. La comercialización y consumo sin derecho de su ganado y de sus crías, así como de todas las frutas de mamey, naranja, cacao y litche que tienen sembrados en sus tierras de uso común desde el veintiocho de octubre de dos mil catorce. b) Agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca. 2. No permitir a los quejosos y a sus familias a regresar a vivir a sus viviendas de origen y vecindad. 3. Impedir el derecho al uso, disfrute y aprovechamiento de sus tierras de uso común. 4. Impedir a **** haga uso y disfrute de su derecho sobre su ganado vacuno (sesenta y ocho cabezas de ganado vacuno, más las crías que hayan producido del dieciséis de enero de dos mil quince a la fecha) 5. La insistencia y ratificación continúa de que permanezca su expulsión y destierro de su comunidad de origen y vecindad, y la desposesión de sus tierras de uso común de los quejosos. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, se advierte que mediante Asamblea de Ejidatarios de San Pedro Ozumacín integrada por ejidatarios, personas de nuevo ingreso al ejido, ciudadanos libres sin derechos ejidales de los tres anexos agrarios del Estudiante, Monte Mario y Santiago Progreso, ante el agente de Policía de Santiago Progreso y representantes de diversas instituciones de gobierno, celebrada el diecinueve y veinte de octubre de dos mil veintidós, acordaron la reincorporación de la familia de la ****integrada por los aquí quejosos, a la comunidad de Santiago Progreso; así como la restitución de 64 hectáreas aproximadamente, en diferentes parajes y ganado vacuno -ahora 68 cabezas de animales- [fojas 351 a 358]. Dicha restitución material de terrenos y ganado; así como incorporación a su domicilio tuvo lugar el quince de noviembre de dos mi veintidós en la comunidad de Santiago Progreso, con la presencia de la autoridad municipal de San Juan Bautista Valle Nacional, agente de Policía de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca, la familia ****y diversas autoridades del Gobierno del Estado de Oaxaca, como consta en el acta levantada con motivo de la reunión en esa fecha [fojas 347 a 350]. Así, es inconcuso que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecisiete de agosto de dos mil veintidós) los actos reclamados a las autoridades a) Asamblea de la Comunidad y b) agente de Policía, ambos de la Agencia de Policía de Santiago Progreso, San Juan Bautista Valle Nacional, Oaxaca existían, también es cierto que dichos actos cesaron al momento en que las autoridades responsables reincorporaron a los quejosos a su comunidad de origen, permitieron el acceso a su vivienda; así como les devolvieron sus terrenos y ganado vacuno; por ello, se restituyó a los quejosos en el pleno goce de los derechos fundamentales que estimaron violados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se sobresee en este juicio de amparo promovido por los quejosos 1) ****, 2) ****, 3) ****, 4) ****, 5) ****, y 6) ****, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable en términos del artículo 6° transitorio de la de la Ley de Amparo, el criterio con datos de localización y rubro siguientes: Época: Novena Época. Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999. Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99. Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación Por lo expuesto y fundado, además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1) ****, 2) ****, 3) ****, 4) ****, 5) ****, y 6) ****, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, en términos de los diversos apartados tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en que se estuvo en condiciones de dictar la sentencia respectiva. Dos firmas ilegibles".
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PRAL. 965/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables y agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Se deja sin efectos la suspensión de oficio decretada de plano. Por lo anterior, se deja sin efectos las providencias decretadas en auto inicial en favor de los directos quejosos; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los fines legales consiguientes. V. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. VI. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Por tanto, se provee: VII. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VIII. Destino y archivo reciente. Toda vez que en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio de los actos reclamados; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) y 7.4 del manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DEPURABLE; por tanto, este órgano jurisdiccional conservará este juicio de amparo por el término de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo; fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a la depuración del expediente, y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es DEPURABLE. IX. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. X. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es DEPURABLE. XI. Devolución de documento a la parte quejosa. Toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba, la documental, consistente en copia certificada de: Credenciales para votar expedida a favor de 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ********************, 5) ******************** y 6) ********************. Certificado de derechos sobre las tierras de uso común a nombre de ******************** e ********************. Informe concentrado de identificadores a nombre de ********************. Cinco oficios S/N de catorce de abril de dos mil ocho. Ante ello, aun cuando esos documentos no son originales, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 965/2022 Acuerdo: PRAL. 965/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintitrés. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia autorizada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en este juicio de amparo; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables y agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Se deja sin efectos la suspensión de oficio decretada de plano. Por lo anterior, se deja sin efectos las providencias decretadas en auto inicial en favor de los directos quejosos; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los fines legales consiguientes. V. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. VI. Precisión previa a ordenar el archivo del expediente. Antes de establecer lo procedente sobre el archivo del expediente, comuníquese a las partes que el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Por tanto, se provee: VII. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VIII. Destino y archivo reciente. Toda vez que en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio de los actos reclamados; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) y 7.4 del manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DEPURABLE; por tanto, este órgano jurisdiccional conservará este juicio de amparo por el término de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo; fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a la depuración del expediente, y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es DEPURABLE. IX. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, en el expediente electrónico se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. X. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es DEPURABLE. XI. Devolución de documento a la parte quejosa. Toda vez que la parte quejosa ofreció como prueba, la documental, consistente en copia certificada de: Credenciales para votar expedida a favor de 1) ********************, 2) ********************, 3) ********************, 4) ********************, 5) ******************** y 6) ********************. Certificado de derechos sobre las tierras de uso común a nombre de ******************** e ********************. Informe concentrado de identificadores a nombre de ********************. Cinco oficios S/N de catorce de abril de dos mil ocho. Ante ello, aun cuando esos documentos no son originales, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se requiere a la parte quejosa, para que acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esas constancias; para ello, se le concede el plazo de noventa días (en horas hábiles), contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, y dentro del cual, si no se presenta para tal fin, sin previo acuerdo, se procederá a su desincorporación y destrucción con las constancias relativas, ya que este expediente es depurable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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