Irisa Castro Pérez
Expediente 261/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Irisa Castro Pérez
Actuaciones
- Principal
PRAL 261/2018 3A" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra del proveído de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 41 a 46) que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ********************, sin que se hubiere interpuesto. ...se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. ...archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, ... ...procédase a su destrucción, ... Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. ...
- Principal
PRAL 261/2018 3A" San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. ... Notifíquese personalmente. ...
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. 1. Se agrega informe. Agréguese el oficio 655/18, con anexo, firmado por la jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, por el que rinde informe justificado. 1. 1. Prueba. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental de la autoridad oficiante, la que exhibe con su oficio de cuenta, consistente en copias certificadas del expediente 84/2018, de su índice, documental que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. 2. Actualización de una causa de improcedencia. Ahora, vista la demanda de amparo y de las constancias remitidas por la jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, al tener el carácter de documentos públicos de conformidad con el numeral 129 del código procesal invocado, calidad que se demuestra por contener los sellos y firmas de los funcionarios que las expiden, se advierte lo siguiente: 1°) La quejosa Irisa Castro Pérez presentó demanda de amparo el catorce de marzo de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, y turnada a este Juzgado el mismo día, contra el juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca (fojas 2 a 3), a quien le reclamó la omisión de acordar la demanda presentada el catorce de febrero de este año. 2°) En auto de quince de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, por lo que se solicitó el informe justificado correspondiente a la autoridad responsable (fojas 4 a 8). 3°) Al rendir el informe justificado, la jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, remitió copias certificadas del expediente 84/2018, de su índice (fojas 12 a 40), en el que obra: a) el proveído de veintiocho de febrero de este año (fojas 13 a 17 y 33 a 38), b) la demanda presentada por la ahora quejosa el catorce de febrero del año en curso en la Oficialía de Partes del Juzgado Civil de Primera Instancia de la Villa de Etla, Oaxaca (fojas 18 a 32) y c) las constancias de notificación del referido auto inicial, de veinte y veintiuno de marzo de dos mil dieciocho (fojas 38 reverso a 39). Actuaciones que demuestran la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; el citado numeral, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". La cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si la violación nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica de los solicitantes del amparo, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Es aplicable por las razones que la sostienen, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, registro 212413, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE. Si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de la autoridad responsable de acordar un escrito de demanda en la vía ordinaria y del informe justificado remitido por ésta, se advierte que el acuerdo cuya omisión se impugnó se dictó después de promovido el juicio constitucional, entonces procede sobreseer en éste con fundamento en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y no en términos de la fracción IV del propio numeral 63 (inexistencia del acto). Lo anterior, pues al presentarse la demanda de amparo aún no se dictaba el acuerdo respectivo, por lo que sí existía la omisión reclamada, la cual cesó en sus efectos ya iniciado el juicio con el dictado del proveído correspondiente. Ahora, como la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de acordar su demanda presentada el catorce de febrero de dos mil dieciocho (foja 2), y de las constancias que remitió la responsable se advierte que la jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, radicó el expediente 84/2018, y tuvo a Irisa Castro Pérez, promoviendo por su propio derecho y en representación de su menor hijo, demandando en la vía de controversias del orden familiar a Marco Antonio Pérez León, la guarda y custodia, y el pago de una pensión alimenticia; notificándose la determinación inicial el veinte de marzo de dos mil dieciocho (foja 38 reverso). Por ello, es inconcuso que han cesado los efectos de dicha omisión y, como consecuencia, el acto reclamado no seguirá trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos; por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a este órgano de control constitucional, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, a sobreseer, fuera de audiencia, en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". De igual forma, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior, al haberse actualizado, de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia invocada en párrafos anteriores, queda sin efecto la hora y fecha señaladas en proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho (fojas 4 a 8), para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer este asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, ya que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. 2. 1. Precisión sobre parte tercera interesada. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que en auto de quince de marzo de dos mil dieciocho se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada (foja 7); sin embargo, resulta innecesario jurídicamente ordenar su llamamiento a juicio, dado el sentido de esta resolución -sobreseimiento fuera de audiencia-, pues ningún agravio le genera. 2. 2. Acceso a la justicia. Finalmente, debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, sin que ello implique vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, en tratados internacionales, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, registro 165538, página 324, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo". De igual forma, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Finalmente, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." 2. 3. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
PRAL.261/2018-3A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciocho. ... se admite la demanda de amparo. ... 6. Audiencia constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 7. Vista al (la) agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (a) a este Juzgado. ...Notifíquese. ...
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