Irene Marroquín Juárez

Expediente 1039/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1039/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Irene Marroquín Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL 1039/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. 1. Autoridad responsable en vías de cumplimiento. Agréguese el oficio firmado por el encargado del despacho de la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca, mediante el cual informa que: - El diez de octubre de dos mil veintidós se generó el oficio Deducciones Movimiento 32, en el cual se realizó la baja del concepto 48 COMPATIBILIDAD DE PENSION y 54 recuperación de cobros indebidos. - Mediante oficio SP-54 Liquidación de pago, la autoridad responsable realizó el cálculo correspondiente de lo adeudado a la parte quejosa, correspondiente al periodo de veinticinco de febrero al treinta de noviembre de dos mil veintidós. Asimismo, solicita se requiera a la 1) delegada de Administración de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca y 2) jefa del Departamento de Finanzas de la representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Estado de Oaxaca, para que realicen el pago de las cantidades descontadas a la parte quejosa, ya que ellas son las autoridades facultadas para realizar la transferencia correspondiente. Para acreditar lo anterior, la autoridad responsable remitió copia de las constancias relativas; por ello, téngase a la responsable en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. Se vincula a autoridades al cumplimiento. En consecuencia, a fin de que la ejecutoria de amparo sea cumplida, se vincula, a las autoridades 1) delegada de Administración de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca y 2) jefa del Departamento de Finanzas de la representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Estado de Oaxaca al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." 3. Se requiere cumplimiento de sentencia a las autoridades vinculadas. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a las autoridades responsables 1) jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelgación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca, 2) delegada de Administración de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca y 3) jefa del Departamento de Finanzas de la representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Estado de Oaxaca para que en el plazo de tres días devuelvan a la quejosa en una sola exhibición la totalidad de las cantidades descontadas por la aplicación de compatibilidad de pensiones. Se les precisa que con el oficio que se les remita se anexará el oficio de cuenta, a efecto de que estén en aptitud de realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento Asimismo, se les apercibe que de no hacerlo así, sin causa justificada, o de no informar el impedimento que tengan, a) se les impondrá multa equivalente a la suma de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), relativa a cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en relación con lo dispuesto por los preceptos 258 y 238 de la Ley de Amparo; así como b) se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución. Es aplicable al caso, la tesis I.13º.T. 3 K (10ª), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1767, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADO DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1039/2022 MESA 4* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. 1. Plazo para interposición de recurso. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que lo hubiesen hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Se requiere cumplimiento de la sentencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere a la autoridad responsable jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia dictada en este juicio de amparo. Con la precisión que, dentro del mismo plazo, deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el acatamiento. 3.1 Apercibimiento. Se hace de su conocimiento que, de incumplir sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien días calculados sobre el valor diario de la unidad de medida y actualización que es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100, moneda nacional); por tanto, la medida que, en su caso, se imponga, ascenderá a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100, moneda nacional); con independencia de ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución. La medida de apremio con la que se le apercibe se sustenta en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, en tanto que la aplicación de la unidad de medida tiene su base en el numeral 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 4. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19 y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 6. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a las partes que a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; y, 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso; que será aplicable a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo, en un horario de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes hábiles. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1039/2022 MESA 4 Sentencia: Visto para resolver el juicio de amparo número 1039/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el seis de septiembre de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada el siete siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Irene Marroquín Juárez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto del jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en el artículo 123, párrafos primero y segundo, Apartado B, fracción XI, 14 Y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el expediente 1039/2022, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó de la autoridad responsable el informe justificado. TERCERO. Cita para audiencia. En proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos que anteceden; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado versa sobre la materia administrativa, y sus consecuencias jurídicas y materiales tienen verificativo en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; donde este órgano de control constitucional en materia mixta ejerce competencia, en términos de los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa Irene Marroquin Juárez reclamó: Del jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Oaxaca: - El oficio SP/DPSHT/1210/2022, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, signado por el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, en el cual le notifica a la quejosa que realizó revisión de sus expedientes pensionarios, directa número 952736 y por viudez 1052470, detectándose la existencia de compatibilidad de pensión, a partir del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 51, fracción I, inciso a), y párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada y 12, fracción I, inciso a) y segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, a través del encargado de la Subdelegación, al rendir informe justificado, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado, pues manifestó que con fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós se notificó a la quejosa la compatibilidad de pensión a partir del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, fecha en la que se le otorgó la pensión por viudez, lo anterior, al estimar que al sumar la cuota de pensión de la quejosa, más la pensión por viudez de su difunto esposo, ambas sumas rebasan el importe de diez unidades de medida y actualización establecidas para el año dos mil veintidós. Lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia para demostrar la existencia de los citados actos, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; de ahí que se tengan por ciertos. Aunado a que la parte quejosa exhibió copias certificadas de los siguientes documentos: a) Concesión de pensión 1052470, de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Cédula de notificación del oficio SP/DPSHT/1210/2022 de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, signado por el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. c) Oficio SP/DPSHT/1210/2022, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, signado por el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca. d) Credencial para votar expedida a favor de la quejosa. e) Credencial de pensionada por viudez, expedida a favor de la quejosa, por el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca. f) Hoja de liquidación de pago previa incorporación a nómina con folio ISSSTE 20000101137801, de doce de julio de dos mil veintidós, expedida por el subdelegado de Prestaciones, departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca. g) Acta de matrimonio, con número de acta 00538, expedida por el director del Registro Civil en el Estado de Oaxaca. h) Acta de defunción, con número de acta 376, expedida por la Quinta Oficialía del Registro Civil del Centro, Oaxaca. Dichas documentales, que tienen valor probatorio, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; se reitera, se acredita la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; por ello, se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de fondo. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado a transcribirlos, sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar. En esencia, la quejosa reclama la aplicación en su perjuicio de los artículos 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 12, fracción I, inciso a) y segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado; disposición que, dijo, se concretizó a través del oficio reclamado SP/DPSHT/1210/2022, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Respecto del tema de estudio, existen las jurisprudencias siguientes: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). El citado precepto constitucional no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a sus familias ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida. De ahí que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley, transgrede los principios de seguridad y previsión social citados, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge por la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora; 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas". "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo contiene las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida; de ahí que el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación cuando la suma de ambas rebase el monto equivalente a 10 veces el salario mínimo, viola el derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social, al desatender las siguientes diferencias sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador; 2. Cubren riesgos diferentes, toda vez que la pensión por viudez protege la seguridad y el bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas". Criterios que son de aplicación obligatoria para este juzgado, en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y que se estiman aplicables, porque de los preceptos 51 y 12 invocados por la quejosa, se advierte que se encuentran vinculados estrechamente, pues restringen el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de jubilación cuando la suma de ambas rebase el monto equivalente a diez veces el salario mínimo. Aunado a ello, se observa el beneficio de una protección más amplia en favor de las personas (principio pro homine), contemplado en el artículo 1º constitucional, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley de referencia, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas exceda diez veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley, transgrede los principios de seguridad y previsión social contenidos en el artículo 123 Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al desatender las diferencias sustanciales siguientes: 1. Esas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera (de viudez) surge por la muerte del trabajador y la segunda (de jubilación) se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora. 2. Cubren riesgos diferentes, dado que la pensión por viudez protege la seguridad y bienestar de la familia ante el riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa de retiro. 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se origina con las aportaciones hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas. En la ejecutoria que dio origen a la primera jurisprudencia invocada, la referida Sala sustentó: "Estos derechos no son antagónicos ni se excluyen entre sí pues, incluso, el artículo 51, fracción I, inciso A), de la ley cuestionada, permite la compatibilidad de la pensión por jubilación con la de viudez. Sin embargo, la porción normativa que contraviene la garantía de seguridad social y el principio de la previsión social es aquella en la que restringe el derecho a percibir íntegramente ambas, cuando la suma de las dos pensiones rebase los diez salarios mínimos previstos como cuota máxima de cotización, en el artículo 15 de la misma ley. Se llega a esa conclusión, en primer lugar, porque ambos derechos tienen orígenes diferentes, pues el de la pensión de viudez surge con motivo de la muerte del trabajador, ya sea que hubiere estado en activo o pensionado, es decir, es una prestación establecida a favor de la esposa o concubina y no del extinto trabajador, y la pensión de jubilación se va generando día a día, con motivo de los servicios prestados por el trabajador o trabajadora, en determinado número de años, y al llegar a una edad avanzada. En segundo término, la pensión por viudez tiende a proteger la seguridad y bienestar de la familia, ante al riesgo de la muerte del trabajador o trabajadora, pensionado o pensionada; y la pensión por jubilación protege la dignidad del trabajador en la etapa del retiro. Así, el disfrute conjunto de ambos derechos coadyuva a hacer efectiva la garantía de la previsión social, orientada a otorgar tranquilidad y bienestar de los familiares del trabajador o pensionado muerto, mejorando el nivel de vida de la viuda pensionada. En tercer lugar, la pensión de viudez no es una concesión gratuita o generosa, sino que constituye un seguro que se activa con la muerte del trabajador o pensionado, y deriva directamente de las aportaciones que éste haya hecho por determinado número de años de trabajo productivo, y una de las finalidades de tales aportaciones es garantizar, aunque sea en una parte, la subsistencia de los beneficiarios del trabajador después de acaecida su muerte, entre los cuales se encuentra la esposa o concubina. Por su parte, la jubilación se sostiene con las aportaciones que el pensionado o pensionada realizó por sus servicios laborales en determinado número de años. Por todo lo anterior, esta Segunda Sala no encuentra justificación constitucional para que una persona que tiene derecho a recibir una pensión por viudez y, además, esté disfrutando de una pensión por jubilación, vea limitado el monto total de ambas al tope máximo de diez veces el salario mínimo referido en el artículo 15 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tal y como lo prevé el artículo 51, fracción III, segundo párrafo cuestionado, porque tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y, además, tienen autonomía financiera, debido a que las cuotas que las costean derivan de personas distintas, la pensión por viudez de las que aportó el trabajador o pensionado fallecido, y la pensión por jubilación se sostiene con las cuotas de la trabajadora o pensionada viuda, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas". Ahora, a la quejosa se le realizó el ajuste bajo el concepto 48, compatibilidad de pensión, respecto de la pensión por viudez 1052470, por la cantidad de $116,811.72 (ciento dieciséis mil, ochocientos once pesos 72/100 M.N), que se calculó por el período del veinticinco de febrero al mes de agosto de dos mil veintidós, según el formato de liquidación de pago previa incorporación a nómina, de doce de julio de dos mil veintidós, que exhibió con su demanda de amparo. Así, el ajuste o descuentos que realiza la responsable son en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, y por su vinculación con el precepto 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley de referencia, pues el monto total de sus pensiones de viudez y de jubilación rebasa el tope máximo permitido por la ley (unidades de medida y actualización establecidas para el año dos mil veintidós); normativos que, en lo sustancial, son del texto: "Artículo 51. Las pensiones a que se refiere este capítulo son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo a lo siguiente: - - - - (.) II. La percepción de una pensión de viudez o concubinato con: A) El disfrute de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad avanzada o por invalidez, derivada por derechos propios como trabajador; - - - (.) En el caso de las fracciones anteriores, la suma de las cuotas no podrá exceder de la cantidad fijada como cuota máxima, en los términos del artículo 57. -- - - (.)". "Artículo 12.- Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente: II. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con: a) El disfrute de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, por cesantía en edad avanzada o por invalidez, derivada de derechos propios como trabajador; b) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo derivado de derechos propios o de los derechos como cónyuge o concubinario del trabajador o pensionado, y c) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. La percepción de una pensión por orfandad, con el disfrute de otra pensión igual proveniente de los derechos derivados del otro progenitor. En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, la suma de las mismas no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo. Fuera de los supuestos antes enunciados no se puede ser beneficiario de más de una pensión. Si algún pensionado bajo la Ley abrogada reingresa al servicio para desempeñar un cargo, empleo o comisión remunerados en cualquier dependencia o entidad, que impliquen la incorporación al régimen del artículo 123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá dar aviso inmediato al Instituto para efecto de que se suspenda la pensión en curso de pago. Asimismo, el pensionado deberá dar aviso al Instituto cuando se le otorgue otra pensión. En caso contrario, éste podrá suspender la pensión que se otorgó con anterioridad. Si el Instituto advierte la incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionado, éstas serán suspendidas de inmediato, pero se puede gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas recibidas durante el tiempo que duró, más los intereses que señale la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente al año en que se va a efectuar el reintegro para los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales en una sola exhibición, y la devolución se realice al término de un plazo igual a aquél en que el trabajador o pensionado las estuvo recibiendo. En caso de que dicha tasa sea superior al nueve por ciento anual, se aplicará este último porcentaje. Si no se hiciese el reintegro en la forma señalada, se perderá el derecho a la pensión". Entonces, si la responsable aplicó los artículos 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, y 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley de referencia, declarados inconstitucionales por la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A), CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007), además de la tesis de la misma Sala, de epígrafe: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL", cuyos contenidos, se reitera, restringen el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebasa diez veces las unidades de medida y actualización establecidas para el año dos mil veintidós, previsto como cuota máxima de cotización; es inconcuso que el acto reclamado, por tal motivo, resulta violatorio de los principios de seguridad y previsión social contenidos en el artículo 123 Apartado B, fracción XI inciso a), de la Constitución Federal. SEXTO. Efectos de la concesión. En consecuencia, con apoyo en el precepto 77 de la Ley de Amparo procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Irene Marroquín Juárez, para el efecto de que el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, a través del encargado de la Subdelegación, en el ámbito de sus funciones: 1) Deje sin efecto el oficio número SP/DPSHT/1210/2022, de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, signado por el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, por el que se determinó que existe compatibilidad de pensiones, directa número 952736 y por viudez 1052470. 2) Devuelva en una sola exhibición a la referida quejosa la totalidad de las cantidades que no ha cubierto a partir del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, con motivo de la aplicación del precepto 51, fracción II, inciso c) y párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el artículo 12, fracción I, inciso a), y segundo párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto. Es importante aclarar que no se puede impedir a la(s) autoridad(es) la aplicación futura del precepto 51, segundo párrafo, inciso c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada. Lo anterior, ya que el dos de junio de dos mil diecisiete la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 223/2016, determinó que el amparo contra actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia, como en la especie, no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto reclamado, sino que tiene por efecto que, en observancia de la jurisprudencia, no se aplique la ley en un acto concreto. En esa medida, es innegable que, en el caso, la parte quejosa únicamente señaló como acto reclamado la aplicación del precepto 51, segundo párrafo, inciso c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada, expedida el veintiocho de enero de dos mil doce, el cual fue declarado inconvencional e inconstitucional; sin embargo, al no haber señalado como acto reclamado la inconstitucionalidad del citado artículo, jurídicamente, no se puede impedir a la autoridad la aplicación futura. De otra manera se tendría que desconocer el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -según el cual el amparo contra actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia como en la especie, no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto reclamado, no existe manera legal de impedir que se le vuelva a aplicar- para asumir la posibilidad de extender los efectos; jurisprudencia que es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo, respecto de esos efectos, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época. Registro: 2014394 Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 02 de junio de 2017 10:08 h Materia(s): (Común). Tesis: 2a./J. 45/2017 (10a.) INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA. Cuando el juicio de amparo se promueva contra los actos de aplicación del precepto citado, declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.) (*), por regla general, el efecto de la protección no puede llevarse al extremo de impedir su aplicación futura en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, ni afectar actos distintos al reclamado, cuya constitucionalidad no haya sido impugnada en la demanda, pues el amparo contra actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia, no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto reclamado, sino que tiene por efecto que, en observancia de la jurisprudencia, no se aplique la ley en un acto concreto. Lo anterior, en el entendido de que, excepcionalmente, la concesión del amparo podrá tener efectos futuros cuando se impugne una resolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que por su contenido y naturaleza implique el ajuste de los pagos subsecuentes sin los descuentos fundados en la norma referida". SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73 y 74, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Irene Marroquín Juárez, contra los actos reclamados al jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, en términos del considerando quinto y para los efectos precisados en el diverso sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 1039/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintidós. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Oaxaca, por el que rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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