Ireri León Toscano

Expediente 583/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
583/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
20/07/2018

Partes del expediente

  • Ireri León Toscano

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto de seis de julio de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Frenette Aronny Rodríguez García, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones de su titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1928/2018, de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el licenciado Vicente David Burguet Franco, secretario técnico de dicha comisión, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de julio de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 583/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción IX, en relación con el artículo 190, párrafo primero y último, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Ireri León Toscano, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito de demanda; se precisa que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional se hacen consistir en: La resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que declaró improcedente el incidente de perjuicios ocasionados a la ahora quejosa, con motivo de la suspensión provisional que fue concedida por la propia autoridad responsable, al promoverse el amparo directo civil 17/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se materializa la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción IX, en relación con el 190 párrafo primero y último de la Ley de Amparo; toda vez que la resolución controvertida se encuentra vinculada directamente con la suspensión decretada en el juicio de amparo directo. Dichos numerales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. [.] Son aplicables a la suspensión en amparo directo, salvo el caso de la materia penal, los artículos 125, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136 154 y 156 de esta Ley. De los preceptos en comento, se advierte que el juicio de amparo resulta inadmisible contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de éstas. Lo que debe entenderse en un sentido amplio, es decir, el juicio de amparo también resultará improcedente contra las resoluciones pronunciadas por la autoridad responsable o las que actúen en auxilio de la justicia federal, que tengan como fin hacer cumplir una determinación dentro del procedimiento del amparo. Sin que ello implique la indefensión de las partes que intervienen en el juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos susceptibles de hacerse valer, para el caso de que se inconformara con las resoluciones, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, los actos que se emitan en cumplimiento a tales determinaciones -autoridad responsable-. Precisado lo anterior, resulta menester señalar que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de trece de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que declaró improcedente el incidente de perjuicios ocasionados a la ahora quejosa, con motivo de la suspensión provisional que fue concedida por la propia autoridad responsable, al promoverse el amparo directo civil 17/2018, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Así, se advierte que el acto reclamado se encuentra estrechamente vinculado a una determinación dictada en el procedimiento del juicio de amparo directo, a saber, con la suspensión decretada por la autoridad responsable contra la sentencia emitida. Es indiscutible que el incidente previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión de los actos reclamaos, constituye un procedimiento dentro del juicio de amparo y participa de su materia, por lo que contra las determinaciones dictadas en ese incidente no es procedente promover un diverso juicio de amparo. No es óbice para tal conclusión que tratándose del juicio de amparo directo, de ese tipo de incidentes conozca la autoridad responsable, según lo señala el artículo 190 de la Ley de Amparo, ya que en tal evento ésta actúa en auxilio de la Justicia Federal, sujetándose a las disposiciones de la materia y, por lo mismo, sus actos se encuentran inmersos en la jurisdicción de amparo. Hecho que torna improcedente el juicio de amparo, pues ante tal actuar existe una serie de recursos o incidentes contemplados por la Ley de Amparo, que tienen como fin el confirmar, modificar o revocar los actos emitidos dentro del procedimiento del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a./J. 107/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 453, del Tomo I, Septiembre de 2015, de la Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2009870, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor". De igual forma, la tesis I.6o.T.7 K (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 992, del Tomo 2, Noviembre de 2013, de la Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004846, que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUANDO ACTÚAN COMO AUXILIARES DE LA JUSTICIA FEDERAL EN LOS INCIDENTES DE SUSPENSIÓN. Conforme a la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en juicios de esa misma naturaleza. De esta forma, se considera que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones pronunciadas en auxilio de la Justicia Federal, como acontece cuando las autoridades responsables emiten determinaciones vinculadas directamente con el incidente de suspensión, o bien, cuando son omisas en relación con alguna cuestión de esa incidencia, toda vez que la citada ley establece el medio de defensa o recurso pertinente para impugnar la conducta de las autoridades responsables cuando actúen o dejen de hacerlo en el trámite de la suspensión, en términos de la fracción VIII del artículo 95 de la referida ley". Asimismo como criterio orientador la tesis aislada I.3o.C.58 K, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1002, del Tomo XVII, Junio de 2003, de la Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184115, que a la letra dice: "INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN ÉL, A PESAR DE QUE SEA TRAMITADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Es inconcuso que el incidente previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión de los actos reclamados, constituye un procedimiento dentro del juicio de amparo y participa de su materia, por lo que contra las determinaciones dictadas en ese incidente no es procedente promover un diverso juicio de amparo, al actualizarse la causa prevista en el artículo 73, fracción II, de la legislación invocada, lo que se justifica en atención a que no sería jurídico que contra resoluciones incidentales o principales dictadas en los juicios de garantías procediera otro amparo, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. No es óbice para tal conclusión que tratándose del juicio de amparo directo, de ese tipo de incidentes conozca la autoridad responsable, según lo señala el artículo 170 de la mencionada ley, ya que en tal evento ésta actúa en auxilio de la Justicia Federal, sujetándose a las disposiciones de la materia y, por lo mismo, sus actos se encuentran inmersos en la jurisdicción de amparo. Cabe destacar que en el supuesto de que existan violaciones en el procedimiento o en la resolución del mencionado incidente, el agraviado está en aptitud de interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VII, de la ley en cita o, en su caso, promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 32 de la mencionada legislación, de ahí que, al respecto, no se encuentra en estado de indefensión". Asumir una postura contraria, resultaría contrario a la teleología de la norma en comento, pues su fin es evitar una cadena interminable de juicios protectores de derechos humanos, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 61, fracción, IX de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Alejandro Calderón Miranda, ya que acredita tener la facultad para ejercer la profesión de abogado al contar con el registro ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

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