Irma Cárdenas Gómez

Expediente 795/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
795/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Irma Cárdenas Gómez
  • Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. 1. Parte quejosa solicita. Agréguese el escrito firmado por la autorizada de la parte quejosa; atento a su contenido, reitérese lo aseverado en proveído de siete de marzo de este año, por el que se ordenó la devolución de los documentos originales que obran en el juicio en que se actúa. Asimismo, se autoriza para recogerlos a la persona que menciona en el ocurso de cuenta. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.UBB

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia terminada de engrosar el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Irma Cárdenas Gómez, para los siguientes efectos: "1. Se deberá desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa Irma Cárdenas Gómez, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. 2. Deberán respetar el derecho adquirido que la quejosa posee, en términos del texto original aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince. 3. El Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones, deberán dejar insubsistente el oficio 149/2021, de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, y en su lugar emitir uno nuevo, respetando el derecho adquirido de la quejosa de acceder a su pensión conforme a las condiciones anteriores, de acuerdo al texto original del artículo quince transitorio de proyecto de reformas a la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, que fue aprobado por el Congreso del Estado mediante sesión extraordinaria de once de agosto de dos mil quince." Misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, en el juicio de amparo en revisión administrativa número 23/2022, como se advierte de la ejecutoria de veintisiete de octubre de dos mil veintidós. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. El apoderado legal de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, informó por oficio recibido el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, que dicho cumplimiento sería incluido en la sesión ordinaria que llevara a cabo la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, toda vez que es la única que cuenta con las atribuciones para revocar y conceder las pensiones, conforme a los artículos 10 y 12 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado. Posteriormente, por misiva recibida el siete de diciembre de dos mil veintidós, adjuntó el oficio 441/2022 remitido por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado, por el que se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa, el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho. Asimismo, en esa data informó que en sesión celebrada el veinticuatro de noviembre del año pasado, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, aprobó la jubilación solicitada, conforme a los numerales 53 y 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, dejando sin efectos la misiva 149/2021 de cuatro de agosto de dos mil veintiuno; de igual forma, el dieciséis de diciembre del año pasado, se le notificó a la parte quejosa que a partir de la primera quincena de diciembre de dos mil veintidós, recibiría el cien por ciento del sueldo íntegro que percibía a la fecha que causó baja al servicio del Gobierno del Estado, mismo que asciende a la cantidad de $41,498.48 (cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 48/100 M.N.), mismo que le fue notificado al Titular del Enlace Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, como se advierte del oficio 187/2022. De igual forma, por misiva recibida el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, la responsable adjuntó los recibidos de pago de la primera y segunda quincena del mes de diciembre de dos mil veintidós, con los que se acredita que la quejosa recibió, por concepto de jubilación, la cantidad de $20,749.24 (veinte mil setecientos cuarenta y nueve pesos 24/100 M.N.) de manera quincenal, arrojando en total de $41,498.48 (cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 48/100 M.N.), mensuales, razón por la que el doce de diciembre de dos mil veintidós, se otorgó vista por el término de tres días a las partes con dicho cumplimiento. Transcurrido dicho lapso, en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional determinó que existía defecto en el cumplimiento con la ejecutoria del amparo; por lo que se requirió nuevamente a las autoridades responsables el debido cumplimiento en los términos ahí indicados. Por ello, la responsable en cumplimiento a lo anterior, adjuntó la impresión de la transferencia otorgada a la parte quejosa, por la cantidad de $96,348.99 (noventa y seis mil trescientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N.), con motivo de las diferencias existentes por el periodo comprendido desde el uno de agosto de dos mil veintiuno al treinta de noviembre de dos mil veintidós, cantidad que dijo resultar después de realizar las retenciones, establecidas en los artículos 93 fracción IV, 95 y 96 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el artículo 147 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigentes. Tal como refirió acreditarlo con la hoja de cálculo que adjuntó. Con lo anterior, el pasado veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista nuevamente a las partes por el término de tres días, a fin de que manifestaran respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria del amparo. Transcurrido dicho plazo, éste órgano determinó de nueva cuenta que existía defecto en el cumplimiento con la ejecutoria del amparo, en los siguientes términos: ". 4. Defecto en el cumplimiento de ejecutoria. Con base en las consideraciones y manifestaciones antes apuntadas, este órgano jurisdiccional, determina que existe defecto en el cumplimiento de ejecutoria; ello, toda vez que al consultar las constancias exhibidas por la responsable e incluso con las aportadas por la quejosa con su escrito de cuenta, se advierte que la diferencia a cubrir respecto al salario que percibía la impetrante de amparo del uno de agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, efectivamente asciende a $43,574.70 (cuarenta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos 70/100 M.N.) Sin embargo, respecto al adeudo correspondiente del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil veintidós, se obtiene un total de $104,492.08 (ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos 08/100 M.N.), y no el de $94,992.85 (noventa y cuatro mil novecientos noventa y dos pesos 85/100 moneda nacional) que indicó la responsable en el cálculo realizado; pues al sumar $4,749.64 (cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos 64/100 M.N.) -diferencia que existe entre la cantidad que corresponde a la quejosa por concepto de jubilación y la que realmente recibió durante ese periodo- por veintidós quincenas, se obtiene la suma antes referida. Ello es así, pues tomando en consideración que por oficio 187/2022 de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se advierte que la quejosa percibía del uno de agosto al treinta de diciembre de dos mil veintiuno, la cantidad de $29,357.06 (veintinueve mil trescientos cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.), mensual; y del uno de enero al treinta de noviembre de dos mil veintidós, la cantidad de $31,999.00 (treinta y un mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), mensual. Entonces, la diferencia que deben cubrir las autoridades responsables lo es, respecto al año dos mil veintiuno, de $43,574.70 (cuarenta y tres mil quinientos setenta y cuatro pesos 70/100 M.N.); y, respecto al adeudo del año dos mil veintidós, de $104,492.08 (ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y dos pesos 08/100 M.N.), mismos que al sumarse, arrojan la cantidad final de $148,066.78 (ciento cuarenta y ocho mil sesenta y seis pesos 78/100 M.N.), no así como lo indican la quejosa y la autoridad responsable. Sin que soslaye que por auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, emitido por esta autoridad, se haya precisado una cantidad diversa, toda vez que ello se hizo tomando como base el salario que la quejosa percibió en el dos mil veintidós, en que se dictó la sentencia, no obstante en esa misma resolución se ordenó reconocer la pensión por jubilación del 100% cien por ciento del salario que recibía, lo cual, como quedó precisado líneas atrás, en el dos mil veintiuno correspondía a $38,072.00 (treinta y ocho mil setenta y dos pesos 06/100 M.N.) mensuales, esto es, $19,036.00 (diecinueve mil treinta y seis pesos 00/100 moneda nacional) quincenales. Sin embargo, la responsable únicamente depositó a la quejosa la cantidad de $96,348.99 (noventa y seis mil trescientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N.) la cual no corresponde al monto que por concepto de diferencias salariales se le adeuda a la quejosa. Por otra parte, cabe indicar que si bien es cierto que del oficio remitido por la responsable para demostrar el cumplimiento de la ejecutoria, ésta aduce que la cantidad resultante a cubrir como diferencia de la pensión que debió recibir la quejosa, es de $138,567.55 (ciento treinta y ocho mil quinientos sesenta y siete pesos 55/100 M.N.), a la que luego de restarle $42,218.56 (cuarenta y dos mil doscientos dieciocho pesos 56/100 M.N.) por concepto de impuesto sobre la renta, da como resultado de $96,348.99 (noventa y seis mil trescientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N.), como se observa de la impresión de transferencia otorgada a la parte quejosa; también lo es que esa deducción del impuesto la responsable refirió ser consecuencia de realizar las retenciones establecidas en los artículos 93 fracción IV, 95 y 96 primer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como el artículo 147 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigentes, afirmaciones plasmadas de manera dogmática y categórica, si se considera que de la hoja de cálculo no se aprecia la suficiente motivación ni las operaciones que permitan concluir legalmente que ese monto retenido corresponde al impuesto referido. De ahí que para estar en condiciones de analizar ese aspecto, la responsable deberá exponer de manera fundada y motivada -haciendo las operaciones matemáticas correspondientes- las razones que dan sustento a su determinación, pues sólo así este órgano jurisdiccional estará en condiciones de analizar si en el caso concreto se actualiza la hipótesis de retención que aduce la responsable. Más aún, si se considera que la quejosa expresamente refiere que el monto de la pensión por jubilación que se le otorgó, no excede de quince veces el salario mínimo general que establece el numeral 93, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En consecuencia, por lo anterior debe tenerse por no cumplido en su totalidad el fallo protector, pues para ello es necesario que las responsables realicen el pago de la diferencia desde el uno de agosto de dos mil veintiuno al treinta de noviembre de dos mil veintidós; por ello es que se estima un cumplimiento defectuoso por parte de la autoridad responsable. 5. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo; esto es, deberán acreditar que restituyeron a la quejosa la totalidad del pago adeudado. Así como también, deberán exponer de manera fundada y motivada -haciendo las operaciones matemáticas correspondientes- las razones que dan sustento a su determinación, para concluir que la cantidad que se adeuda a la quejosa conforme a los parámetros antes indicados, es la que realmente le corresponde a la quejosa, luego de restarle el impuesto sobre la renta. Dicho de otra manera, para que éste órgano jurisdiccional esté en condiciones de analizar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a autoridad responsable deberá acreditar no solo que realizó el pago total de la suma que se adeuda a la quejosa, sino además deberá justificar de manera fehaciente que en la especie se actualiza la hipótesis de retención del impuesto sobre la renta que aduce la responsable. Considerando que la quejosa expresamente refiere que el monto de la pensión por jubilación que se le otorgó, no excede de quince veces el salario mínimo general que establece el numeral 93, fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. ." En cumplimiento a ello, la responsable adjuntó a los oficios recibidos el pasado ocho y veintiuno de febrero del año actual, el pago realizado a la quejosa mediante transferencia el dieciséis de febrero de este año, valioso por la cantidad de $5,710.47 (cinco mil setecientos diez pesos 47/100 M.N.), suma que corresponde a la diferencia que existía entre el pago que la autoridad responsable había efectuado con anterioridad -$96,348.99 (noventa y seis mil trescientos cuarenta y ocho pesos 99/100 M.N.)- y el monto que legalmente le correspondía que por concepto de diferencias salariales se le adeudaban a la quejosa, tal y como se dejó establecido en el auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, a saber, $148,066.78 (ciento cuarenta y ocho mil sesenta y seis pesos 78/100 M.N.), menos $46,007.37 (cuarenta y seis mil siete pesos 37/100 moneda nacional), que corresponde al Impuesto Sobre la Renta, pues éste procedimiento de deducción se encuentra estipulado en los artículos 93 fracción IV, y 96 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta; de tal manera que la totalidad de la suma depositada a la quejosa en las dos transferencias realizadas fue de $102,059.46 (ciento dos mil cincuenta y nueve pesos 46/100 M.N.). 3. Conclusión. En tales circunstancias, por todo lo anteriormente señalado, queda evidenciado que las autoridades responsables restituyeron a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental violado, toda vez que se le desincorporó de su esfera jurídica el artículo quinto transitorio del Decreto Legislativo 542, en sus versiones que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinticinco de agosto de dos mil quince; así como su modificación mediante diverso decreto 638, publicado el cinco de octubre de dos mil dieciocho; se dejó sin efectos la misiva 149/2021 de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, para ahora, concederle la pensión por concepto de jubilación, por el cien por ciento del sueldo íntegro que percibía a la fecha en que causó baja al servicio del Gobierno del Estado, mismo que asciende a la cantidad de $41,498.48 (cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 48/100 moneda nacional); de igual forma, se cubrió a la quejosa la cantidad de $148,066.78 (ciento cuarenta y ocho mil sesenta y seis pesos 78/100 M.N.), menos $46,007.37 (cuarenta y seis mil siete pesos 37/100 moneda nacional), que corresponde al Impuesto Sobre la Renta, esto es, recibió un monto neto de $102,059.46 (ciento dos mil cincuenta y nueve pesos 46/100 M.N.), por concepto de diferencias salariales que se le adeudaban por el periodo comprendido del uno de agosto de dos mil veintiuno al treinta de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, quien da fe. UBB

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el delegado de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual exhibe la impresión del comprobante de pago realizado por la cantidad de $5,710.47 (cinco mil setecientos diez pesos 47/100 M.N.), como se advierte de las constancias adjuntas. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, dese vista a las partes con lo anterior, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.UBB

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. 1. Informa vías de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, en representación de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo requerido el veinticuatro de enero del año en curso, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que envió oficio a la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, para que en el ámbito de su competencia, se avoque a cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, o bien, requiera su cumplimiento a quien corresponda o considere necesario; lo que acredita con la constancia que anexa. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

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