Irene Villaseñor Díaz
Expediente 1090/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1090/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Irene Villaseñor Díaz
- Titular del H. Juzgado Sexto Especializado en Materia de Familiar del Distrito Judicial de Xalapa Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
En la fecha, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de los presentes autos. Conste.Morelia, Michoacán, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa y la representación social adscrita, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que por un lado se sobreseyó y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y la definitiva por un lado se concedió y por otra se negó, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. 4.1 Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. 5. Precisión. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se negó el amparo en el juicio en que se actúa; por tanto, no les depara perjuicio alguno a éstas. Devolución de tomos de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución en dos cuadernos; sin que resulte necesario acusar de recibo, dado que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1090/2022, promovido por Irene Villaseñor Díaz y José Hernández Herrera, por alegada violación de los artículos 14, 16, 17, 22 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Jueza Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO, POR UNA PARTE Y NEGAR EL AMPARO EN OTRO ASPECTO. Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, de lo que se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: Del Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del distrito judicial de Xalapa, Veracruz: El auto emitido dentro de los juicios ordinarios civiles 440/2020, promovido por Scarlett Hernández Villaseñor frente a José Luis Rosas Rivera, y 992/2021-IV, sobre divorcio incausado y otras prestaciones, promovido por José Luis Rosas Rivera, contra Scarlett Hernández Villaseñor, acumulados, en los que se admitió la prueba documental pública consistente en información personal, que tiene carácter de reservada, sin ser parte en el juicio; y, el haber girado un exhorto al Juzgado Segundo Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a fin de ser recabada la información reservada, con lo que se afectaría su patrimonio; y, su ejecución. Los oficios 1031/2022 y 1033/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dirigidos al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado, de Michoacán, y Encargado del área de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, solicitándoles respectivamente, que informen al juez exhortante si cuentan con registro de propiedad a nombre Irene Villaseñor Díaz; y, si José Hernández Herrera, se encuentra registrada como persona jubilada. El pretender utilizar su información confidencial y reservada, que se recabe, en una contienda legal en la que no son parte, pero que puede causarles un atropello a sus garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y patrimonio. Del Director del Registro Público de la Propiedad del Estado, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán y/o Delegación Regional en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juez Segundo Menor en Materia Civil y Juzgado Noveno Oral Familiar de Primera Instancia, estos dos del distrito judicial de Morelia, Michoacán, todos con sede en esta ciudad: Su ejecución. SEGUNDA. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos de diversas autoridades cuyos actos tienen ejecución material en la circunscripción territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. TERCERA. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Las autoridades responsables Juez Segundo Menor en Materia Civil del distrito judicial de Morelia, Michoacán y Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán y/o Delegación Regional en Michoacán, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que se tienen como inexistentes. En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, por lo que se refiere a los actos atribuidos a las autoridades precisadas en este considerando. CUARTA. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Las autoridades responsables Director del Registro Público de la Propiedad del Estado y Jueza Noveno Oral Familiar de Primera Instancia, ambos con sede en esta ciudad, así como la Jueza Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del distrito judicial de Xalapa, Veracruz, al rendir su informe de ley aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Lo que se corrobora de las constancias que en copia certificada acompañaron dichas autoridades, consistentes en diversas documentales certificadas relativas al exhorto 319/2022, inherente al juicio ordinario civil 992/2022, sobre divorcio incausado y otras prestaciones, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del distrito judicial de Xalapa, Veracruz; documentales con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia con registro digital 1002815, que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTA. Procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que impone el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o bien, de manera oficiosa, no se advierte la actualización de alguna de ellas ni las partes hicieron valer, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto. SEXTA. Antecedentes. Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación, se estima necesario hacer una breve relatoría de los principales antecedentes de donde derivan los actos reclamados a fin de tener una mayor apreciación de lo que se resuelve, los cuales se obtienen de la demanda de amparo y las constancias que fueron remitidas por las autoridades. Ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia del distrito judicial de Xalapa, Veracruz, José Luis Rosas Rivera demandó a Scarlett Hernández Villaseñor, divorcio incausado y el pago de una pensión alimenticia. Dicha autoridad judicial registró el expediente con el número 992/2021. Por auto de veinticuatro de junio del año en curso, derivado de las pruebas ofertadas por la parte actora, para acreditar, a su decir, la falsedad de declaraciones de la accionada en cuanto a su insolvencia, el juez de origen solicitó información de Irene Villaseñor Díaz y José Hernández Herrera. Al efecto se libró el exhorto 319/2022, al Juez de Primera Instancia en materia Familiar de Morelia, Michoacán, correspondiendo su diligenciación al Juzgado Noveno Oral Familiar de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. El treinta de agosto de este año, la autoridad jurisdiccional señalada como ejecutora remitió las constancias de diligenciación de la referida comunicación oficial a la autoridad exhortante. SÉPTIMA. Conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción. OCTAVA. Estudio de fondo. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan infundados. La parte quejosa expresa en sus conceptos de violación que con los actos reclamados, las autoridades responsables vulneran en su perjuicio los derechos humanos y garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y patrimonio, contenidas en los artículos 1o., 6o., 14, 16, 17 y 35 de la Constitución Federal, en virtud de que, requirió información clasificada como reservada, respecto de la cual pretende disponer sin su autorización en un proceso civil del que no son parte y, por ende, no haber sido oídos ni vencidos en juicos. A efecto de llevar a cabo el estudio y análisis de los motivos de inconformidad aducidos por la parte quejosa, resulta necesario citar el contenido de los artículos 6o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establecen: "Artículo 6o. . A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. .". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros." Por su parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dispone en lo que interesa, lo siguiente: Artículo 17. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. Artículo 22. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: I. Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, en ningún caso, podrán contravenirla; II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales; III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente; . VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público." "Capítulo II De las Bases de Datos en Posesión de Instancias de Seguridad, Procuración y Administración de Justicia Artículo 80. La obtención y tratamiento de datos personales, en términos de lo que dispone esta Ley, por parte de las sujetos obligados competentes en instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional, seguridad pública, o para la prevención o persecución de los delitos. Deberán ser almacenados en las bases de datos establecidas para tal efecto. Las autoridades que accedan y almacenen los datos personales que se recaben por los particulares en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, deberán cumplir con las disposiciones señaladas en el presente Capítulo. Artículo 81. En el tratamiento de datos personales así como en el uso de las bases de datos para su almacenamiento, que realicen los sujetos obligados competentes de las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia deberá cumplir con los principios establecidos en el Título Segundo de la presente Ley. Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Artículo 82. Los responsables de las bases de datos a que se refiere este Capítulo, deberán establecer medidas de seguridad de nivel alto, para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. El marco constitucional y legal invocado establece, entre otras cosas, como regla general que toda la información en posesión de autoridades es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes; asimismo, que el responsable de su resguardo no estará obligado a recabar el consentimiento del titular cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente. Ahora, en relación con requerimientos formulados por autoridades jurisdiccionales a sujetos obligados del resguardo de información de las personas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las solicitudes formuladas por autoridades judiciales encuentra su fundamento en una competencia jurisdiccional prevista en el capítulo IV del Título Tercero de la Constitución Federal y, en particular, y no en el ejercicio de un derecho público subjetivo (como es el caso en que los particulares solicitan información a la autoridad). Po ello, estableció el alto Tribunal Constitucional que es evidente que el requerimiento formulado por autoridades jurisdiccionales no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, por ende, resulta irrelevante que la información se encuentre clasificada como reservada, pues ello constituye una limitante al derecho de los gobernados a solicitar información, mas no a la facultad de una autoridad jurisdiccional para requerirla. Esto es, la indicada legislación no regula la actividad jurisdiccional en sí, es decir, no regula los requerimientos que la autoridad jurisdiccional efectúe a otra autoridad con apoyo en las diversas leyes procesales, sino únicamente la obligación que tiene el Estado de dar acceso a los particulares a la información. Se cita en lo jurídica y sustancialmente conducente la tesis 2a. LXXIX/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LA SOLICITADA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON MOTIVO DE UN RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA, ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN UNA COMPETENCIA JURISDICCIONAL Y NO EN EL EJERCICIO DE UN DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO. De las exposiciones de motivos, así como de los dictámenes de las Comisiones de las Cámaras del Congreso de la Unión, relativos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se advierte que el objetivo de dicho ordenamiento es reglamentar lo dispuesto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de dar publicidad, de la manera más eficiente, a la información gubernamental en poder de los diversos órganos del Estado (Poderes de la Unión y organismos constitucionales autónomos), para que los gobernados o particulares puedan acceder a ella. En ese tenor, cuando el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación requiere al Consejo de la Judicatura Federal el envío de diversos documentos ofrecidos como prueba en un recurso de revisión administrativa, tal solicitud encuentra su fundamento en una competencia jurisdiccional prevista en el capítulo IV del Título Tercero de la Constitución Federal y, en particular, en los artículos 122 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y no en el ejercicio de un derecho público subjetivo (como es el caso en que los particulares solicitan información a la autoridad), por lo que es evidente que el requerimiento impugnado no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la señalada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, por ende, resulta irrelevante que la información se encuentre clasificada como reservada, pues ello constituye una limitante al derecho de los gobernados a solicitar información, mas no a la facultad de una autoridad jurisdiccional para requerirla; esto es, la indicada Ley no regula la actividad jurisdiccional en sí, es decir, no regula los requerimientos que la autoridad jurisdiccional efectúe a otra autoridad con apoyo en las diversas leyes procesales, sino únicamente la obligación que tiene el Estado de dar acceso a los particulares a la información". También se cita como criterio orientador la tesis VI.3o.A.356 A (9a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto que siguen: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. LA LIMITANTE PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA EN TÉRMINOS DE LA LEY RELATIVA ES INAPLICABLE RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONOCEN DEL JUICIO DE AMPARO. De los artículos 1, fracción I, 2, fracciones IV y V, 6, 11 y 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, se advierte que el derecho de las personas para acceder a la información pública se encuentra limitado, excepcionalmente, respecto de aquella que en términos de la citada ley esté clasificada como reservada o confidencial; sin embargo, cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación que conocen del juicio de garantías requieran la documentación necesaria para resolver la controversia sometida a su potestad, las autoridades que con motivo de su función la tengan en su poder están obligadas a proporcionarla en términos de los artículos 78 y 149 de la Ley de Amparo, toda vez que la función jurisdiccional no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la señalada legislación estatal y, por ende, resulta irrelevante que la información de que se trate se encuentre clasificada como reservada, pues ello constituye una limitante al derecho de los gobernados a solicitar información, mas no a la facultad de una autoridad jurisdiccional para requerirla". Ahora, en el caso particular, la parte quejosa se duele del auto emitido por el Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, dentro de los juicios ordinarios civiles 440/2020, promovido por Scarlett Hernández Villaseñor frente a José Luis Rosas Rivera, y 992/2021-IV,sobre divorcio incausado y otras prestaciones, promovido por José Luis Rosas Rivera, frente a Scarlett Hernández Villaseñor, acumulados, en los que se admitió la prueba documental pública consistente en información personal de los quejosos, que tiene carácter de reservada, sin ser parte en el juicio, en relación con exhorto librado al Juzgado Segundo Menor en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a fin de que se recabara recabada tal información, lo cual se materializó mediante oficios 1031/2022 y 1033/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dirigidos al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, en el Estado, de Michoacán, y Encargado del área de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, solicitándoles respectivamente, que informaran al juez exhortante si cuentan con registro de propiedad a nombre Irene Villaseñor Díaz; y, si José Hernández Herrera, se encuentra registrada como persona jubilada. Lo anterior, afirma, porque pretende dicha autoridad ordenadora utilizar su información confidencial y reservada, que se recabe, en una contienda legal en la que no intervienen, pero que sí puede causarles un atropello a sus garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y patrimonio, sin haber sido oídos ni vencidos en juicio seguido en su contra. Ahora, opuesto a lo aseverado por la parte promovente, el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, como conductor natural del proceso, al solicitar la información multicitada, actuó en ejercicio de las facultades constitucionalmente conferidas, con el objeto de integrar al juicio de origen los elementos y medios de prueba necesarios para resolver una cuestión que le corresponde dilucidar a petición de la parte actora. Aunado a ello, como se advierte del marco legal invocado, las autoridades catalogadas como sujetos obligados, como lo es el Registro Público de la Propiedad Raíz del Estado, al haber sido requerido a través de una orden judicial proveniente de una autoridad competente, determinó de manera correcta la facilitación de la información que, además, se encuentra depositada en una base de datos a cargo de una autoridad registral cuya principal función es la de otorgar certeza jurídica a diversos actos jurídicos celebrados entre particulares, o bien, entre éstos con instancias públicas. En tanto que el juzgado judicial familiar exhortado fungió únicamente como autoridad auxiliar en el ejercicio de sus facultades legales, con el objeto de diligenciar una comunicación remitida por diverso órgano con sede en otra entidad federativa que, como se dijo, se encuentra generada de forma apegada a la legalidad, desde el ámbito jurisdiccional de obtención de elementos probatorios. En esos términos, se concluye que el requerimiento que formuló la autoridad responsable encuentra su fundamento no en el ejercicio de un derecho subjetivo público (como es el caso en que los particulares solicitan información a la autoridad), sino en una competencia jurisdiccional fundada en el capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual resulta irrelevante que la información se encuentre clasificada como reservada, pues dicha clasificación es una limitante al derecho de los gobernados a solicitar información, mas no a la facultad de una autoridad jurisdiccional de requerirla. Esto es, se advierte que el derecho de las personas para acceder a la información pública se encuentra limitado, excepcionalmente, respecto de aquella que en términos de la citada ley esté clasificada como reservada o confidencial; sin embargo, cuando los órganos de impartición de justicia que conocen del juicio requieran la documentación necesaria para resolver la controversia sometida a su potestad, las autoridades que con motivo de su función la tengan en su poder están obligadas a proporcionarla, toda vez que la función jurisdiccional no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la señalada legislación y, por ende, resulta irrelevante que la información de que se trate se encuentre clasificada como reservada, pues, como se dijo, ello se traduce una restricción al derecho de la ciudadanía a solicitar información, lo cual no opera bajo esas directrices para autoridades jurisdiccionales al momento de solicitarla. Máxime si dichas constancias resultan necesarias para tramitar y resolver sobre una cuestión jurídicamente planteada por la parte accionante ante la autoridad jurisdiccional, con el objeto de verificar de manera directa sobre la capacidad económica de la persona respecto de la cual se pide una pensión por alimentos, quien manifestó en su momento que tiene el carácter de acreedora alimentista Irene Villaseñor Díaz, de quien se solicitó información, en tanto que tales elementos probatorios podrían incidir en el sentido de la resolución respectiva. Es decir, su petición, gestión y obtención, tiene que ver de manera directa con cuestiones a resolver por una autoridad de naturaleza jurisdiccional y legalmente facultada para formular su requerimiento a las instancias que por sus funciones la tengan resguardada, en términos de sus atribuciones constitucionales y legales que, como se precisó, no está impedida a requerir la información necesaria en función de la clasificación de la misma, pues, en todo caso, el órgano judicial debe actuar, en cada caso particular, conforme a la naturaleza de los datos susceptibles de protección especial, ya sea por su calidad de reservada, sensible o que comprometa la seguridad nacional, en los términos de la legislación aplicable. Aunado a que la autoridad jurisdiccional actúa bajo una potestad constitucional que le dota de competencia para conducir procesalmente el juicio, en términos de lo establecido el capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la gama de facultades que revisten a los entes judiciales que, con elementos objetivos y medios de convicciones aportados por las partes y otros sujetos auxiliares, realiza la labor de impartición de justicia. En esos términos, ante lo infundado de los motivos de agravio expuestos, lo procedente es negar el amparo y la protección constitucional a los quejosos Irene Villaseñor Díaz y José Hernández Herrera. Por último, no se soslaya que la parte tercera interesada y la fiscal adscrita formularon los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones de una de las partes, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y a los informes con justificación; por lo que resulta innecesario pronunciarse de manera expresa respecto de las mismas. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por los quejosos Irene Villaseñor Díaz y José Hernández Herrera, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en términos de lo expuesto en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos Irene Villaseñor Díaz y José Hernández Herrera, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en términos de lo expuesto en el considerando octavo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Bernardo Loya Valdovinos.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de diciembre de dos mil veintidós. 1. Alegatos. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito de Juan Manuel Rivera Cerna, autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, se tienen hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, sin perjuicio de relacionarlos en el momento procesal oportuno, en atención a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de los presentes autos, específicamente la certificación de cuenta de la que se advierte que el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes a fin de que se impusieran del informe justificado que en ampliación de demanda rindió la responsable Juez Noveno Oral Familiar de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, término que se encuentra transcurriendo del treinta de noviembre pasado al nueve de diciembre actual. 22. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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