Irasema Sánchez Santa Rosa
Expediente 137/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Irasema Sánchez Santa Rosa
Actuaciones
- Principal
PRAL. 137/18 3-B% San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. I. Causa estado... En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la quejosa. II. Publicación de datos personales... III. Se ordena archivo del expediente...archívese este expediente como definitivamente concluido. IV. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental... Notifíquese...
- Principal
NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil dieciocho. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el ocho de febrero de este año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y recibida en este Juzgado en esa misma fecha, promovida por Irasema Sánchez Santa Rosa, contra actos de la Administradora de Fondos para el Retiro Banamex; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 137/2018. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia; lo anterior, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". Artículo 1º. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)." Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". Para mejor entendimiento es preciso citar la jurisprudencia 2a.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2011, tomo XXXIV, registro 161133, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Y la jurisprudencia 2a.XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, marzo de 1999, tomo IX, página 307, registro 194367, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema, determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse, por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, cabe indicar que una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) es una institución financiera privada que se encarga de administrar fondos para el retiro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, misma que está regulada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro. Así también, los artículos 1º, 2º y 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establecen: "Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus participantes previstos en esta Ley y en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo 2o.- La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dotado de autonomía técnica y facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en los términos de la presente ley. (.) Artículo 18.- Las administradoras son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la presente ley, así como a administrar sociedades de inversión. (.)". Ahora, en el caso, la quejosa Irasema Sánchez Santa Rosa reclama de la Administradora de Fondos para el Retiro Banamex (foja 5): La negativa de aceptar su comparecencia ante esa Institución por medio de su apoderada Dianey Sánchez Santa Rosa, para el efecto de tramitar la devolución de los fondos de la cuenta individual de Gilberto Sánchez García. Y, del contenido del escrito de la demanda de amparo, se desprende que el particular señalado como responsable, Administradora de Fondos para el Retiro Banamex comunicó a Dianey Sánchez Santa Rosa (quien alude la parte quejosa es su apoderada) que resulta necesario la comparecencia personal de Irasema Sánchez Santa Rosa para realizar el trámite solicitado. Atento a lo anterior, así como de la interpretación literal de las disposiciones transcritas, se evidencia que la autoridad señalada como responsable se sitúa dentro de un mismo plano de coordinación respecto a la quejosa, ya que su función consiste, entre otros, en la administración de cuentas individuales para el retiro de los trabajadores, la cual está regulada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro. Así, la negativa de la Administradora de Fondos para el Retiro Banamex de aceptar la comparecencia de la quejosa Irasema Sánchez Santa Rosa ante esa institución a través de Dianey Sánchez Santa (quien dice ser su apoderada), para el trámite que solicitó, no integra una relación de supra a subordinación; pues dicho acto no tiene las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que, el contrato de la cuenta individual que, en su caso se celebró, así como los términos en que se haya regido el mismo, se realizó en un plano de igualdad entre esa Administradora y la quejosa, el cual, en todo caso, es facultad de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro de vigilar el contexto en que se autorizó dicha cuenta individual. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis XXII.4o.3A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio de 2015, Libro 19, tomo III, página 1956, registro 2009374, cuyo texto es el siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON -NI AUN POR EQUIVALENCIA- LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES) Y LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS EN FONDOS PARA EL RETIRO (SIEFORES), CUANDO ACTÚAN COMO ENTIDADES FINANCIERAS QUE PARTICIPAN EN EL EJERCICIO DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), en su actuar dentro del marco normativo que las crea y establece su naturaleza como entidades financieras especializadas que participan en el ejercicio del Sistema de Ahorro para el Retiro, no son autoridades para efectos del juicio de amparo, ni aun por equivalencia, toda vez que la labor que despliegan no se ubica en alguno de los supuestos previstos para tal efecto en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, pues los actos que llegaran a dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar en materia de administración de cuentas individuales de los trabajadores o la omisión de éstos, no crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria en perjuicio de los cuentahabientes, ya que no actúan jurídicamente de manera coercitiva frente al trabajador, sino en un plano de igualdad y, por tanto, no pueden decidir en forma terminal sobre la devolución, aplicación o manejo de los recursos que administran, por lo que cualquier determinación que adopten sobre dichos tópicos tampoco obliga o vincula coactivamente al afectado, ya que son susceptibles de dilucidarse mediante un juicio que se siga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Además, la actividad que desarrollan las citadas entidades financieras tampoco es equiparable a las efectuadas por una autoridad formal y, por ende, no son susceptibles de ser reclamadas mediante el juicio de amparo indirecto, a pesar de que sus funciones se encuentren determinadas en una norma de carácter general, ya que en ésta sólo se establecen tanto su creación, atribuciones, funcionamiento y naturaleza en materia de administración de los recursos de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y vivienda, cuya función la realizan subrogando al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, respectivamente, a quienes corresponden originariamente tales facultades y en la cual, no se consideran como autoridades, al no actuar como organismos fiscales autónomos, sino como entidades aseguradoras y administradoras de fondos de particulares". Por lo que, al no ser autoridad responsable en el juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia analizada, por tanto, procede desechar de plano, por improcedente, la demanda de amparo promovida por Irasema Sánchez Santa Rosa. Precisión. I. No es óbice a lo anterior, el conocimiento que este juzgador tiene de la tesis 2a./J. 54/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, junio de 2016, tomo II, página 829, registro 2011888, del texto siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos". Sin embargo, ponderando lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece la administración pronta y expedida de la justicia y previo al estudio de la demanda de amparo de cuenta, este órgano jurisdiccional considera innecesario esperar hasta el dictado de la sentencia, para arribar a la misma conclusión, pues, se estima, el sentido del fallo no cambiaría. II. Acceso a la justicia. Además, debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo. Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, registro 2002537, página 2066, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Jorge Santiago Nolasco, por así haberlo solicitado la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, se habilita, desde ahora, al actuario judicial adscrito, para que lo haga en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente.
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