Irene Alcántar Contreras

Expediente 1535/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1535/2017
Año
2017
Actuaciones
19
Última actuación
24/05/2018

Partes del expediente

  • Irene Alcántar Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio 17506/2018 de tres de mayo del año en curso (foja 133), se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, informara si la aquí quejosa, devolvió a esa dependencia la cantidad de $352.28 (Trescientos cincuenta y dos pesos 28/100 M.N.), la cual le fue entregada en exceso en acatamiento a la ejecutoria de amparo; comunicado que fue recibido el cuatro siguiente (foja 134), por lo que el término otorgado transcurrió del siete al nueve de este mes y año; sin que dicha autoridad hubiera dado cumplimiento a lo anterior. Por otra parte, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el siete de marzo del año en curso (fojas 117 y 118), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de ocho de marzo (foja 119), se dio vista a la quejosa con la referida comunicación y anexo, así como con el diverso libelo y anexo presentados por el citado Director General Jurídico, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el nueve de ese mes (foja 120); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del trece al quince de marzo del presente año. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Luego, mediante resolución dictada el once de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 72 a 87), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de las cantidades de $* y $¨* por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", "INSC. COMPRAVTA.MOB.PREST HIPOTE", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, relativos al instrumento público "14,461", emitido por el Notario Público 26, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el veintiuno de julio de dos mil diecisiete. (.) En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que causó ejecutoria el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (foja 92). De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la quejosa, hasta en tanto fueran reformados. Devolver a la agraviada única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de las cantidades de $7,779.36 (siete mil setecientos setenta y nueve pesos con treinta y seis centavos) y $3,721.60 (tres mil setecientos veintiún pesos con sesenta centavos), por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", "INSC. COMPRAVTA.MOB.PREST HIPOTE", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que las cantidades remanentes a devolver deberán encontrarse debidamente actualizadas. En cumplimiento a ello, mediante libelo y anexo recibidos en este Órgano Federal el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 110 a 112), el referido Director General Jurídico acompañó copia del cheque número 0000335 de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la cantidad de $171.41 (ciento setenta y un pesos 41/100 moneda nacional), correspondiente a la actualización de la cantidad condenada en autos, el cual fue recibido por la promovente del amparo el veintidós de ese mismo mes y año. Sin embargo, por acuerdo de veintiséis de febrero (fojas 113 y 114), este Juzgado de Distrito, requirió a la autoridad responsable denominada Recaudar de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de cinco días acatara en su totalidad el fallo protector concedido, esto es, devolviera a la parte agraviada la cantidad condenada en autos. Posteriormente, a través del oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el siete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 117 y 118), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó una transferencia a la parte quejosa por la cantidad de $11,502.57 (once mil quinientos dos pesos 57/100 moneda nacional), por concepto de la cantidad que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $* y $*,luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dichas cantidades se tenía que descontar la diversa suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado así como de compra venta y préstamo hipotecario, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo por cada una de ellas y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver el monto de $10,940.96 (diez mil novecientos cuarenta pesos 96/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el veintiuno de julio de dos mil diecisiete (fojas 6 y 8); y el quince de enero de este año, la autoridad responsable transfirió a la aquí quejosa la suma antes indicada (foja 118); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio del año próximo pasado a enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio entre el índice para el mes de diciembre, ambos de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408; y para el mes de diciembre de dicha anualidad fue de 130.813 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0348. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $*; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $380.74 (trescientos ochenta pesos 74/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable, devolvió a la quejosa la cantidad de $*; entonces, se pone en evidencia un exceso pagado a favor de la parte quejosa, equivalente a $352.28 (trescientos cincuenta y dos pesos 28/100 moneda nacional). Derivado de lo anterior, mediante proveído de tres de abril del presente año (fojas 121 a 124), este Órgano Jurisdiccional requirió a la parte quejosa para que regresara el citado excedente a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, sin que hubiera comunicado dicha circunstancia. Posteriormente, por acuerdo de tres de mayo de este año (foja 132), se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, informara si la aquí quejosa devolvió a esa dependencia el monto aludido; sin que lo hubiera hecho. Sin embargo, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la agraviada la cantidad que solicitó y si ésta es mayor a la peticionada es responsabilidad de la autoridad; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de tres de abril del año en curso (fojas 121 a 124), se requirió a la parte quejosa a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, devolviera a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, la cantidad de $352.28 (Trescientos cincuenta y dos pesos 28/100 M.N.), la cual le fue entregada en exceso en acatamiento a la ejecutoria de amparo; supuesto en el que debería allegar a esta instancia constitucional las constancias que así lo acreditaran, o bien, debía exhibir cheque a favor de tal dependencia, por el monto citado; sin que a la fecha hubiere dado cumplimiento al requerimiento aludido, no obstante que el plazo en comento, transcurrió del seis al diez de abril del actual año, en virtud de que la notificación relativa se efectuó el cuatro de abril de este año. Ahora bien, en virtud de que a esta data no se ha tenido conocimiento si la parte agraviada acudió a dicha institución a devolver lo indicado en el párrafo que antecede; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, informe al respecto. Apercibido que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado b, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo), de conformidad con el dispositivo 258 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En tres de abril de dos mil dieciocho, el licenciado Octavio Parra García, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit CERTIFICA que: El término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de ocho de marzo del año en cita (foja 119), transcurrió del trece al quince del mes y año en mención, sin que hubiera realizado alguna manifestación respecto de los actos realizados por la autoridad responsable en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En la misma fecha el Secretario licenciado Octavio Parra García da cuenta a la Juez, con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el siete de marzo del año en curso (fojas 117 y 118), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de ocho de marzo (foja 119), se dio vista a la quejosa con la referida comunicación y anexo, así como con el diverso libelo y anexo presentados por el citado Director General Jurídico, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el nueve de ese mes (foja 120); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del trece al quince de marzo del presente año. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución dictada el once de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 72 a 87), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $** respecto de las cantidades de $** y $**, por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", "INSC. COMPRAVTA.MOB.PREST HIPOTE", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, relativos al instrumento público "**", emitido por el Notario Público 26, con sede en Tepic, Nayarit, que se pagó el veintiuno de julio de dos mil diecisiete. (.) En la inteligencia de que la cuota de doscientos ochenta pesos que se comenta, es aplicable, porque está referida a la inscripción de documento público o privado, tal como el que originó la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es ésta la que debe cubrirse y no otra. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." Resolución que causó ejecutoria el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (foja 92). De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, en relación con los dispositivos 12, 13 y 14 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la quejosa, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la agraviada única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de las cantidades de $7,779.36 (siete mil setecientos setenta y nueve pesos con treinta y seis centavos) y $3,721.60 (tres mil setecientos veintiún pesos con sesenta centavos), por concepto de "DER. INSCR. INSTRUM. PUBLICO O PRIVADO", "INSC. COMPRAVTA.MOB.PREST HIPOTE", fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que las cantidades remanentes a devolver deberán encontrarse debidamente actualizadas. En cumplimiento a ello, mediante libelo y anexo recibidos en este Órgano Federal el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 110 a 112), el referido Director General Jurídico acompañó copia del cheque número 0000335 de la institución bancaria Santander, Sociedad Anónima, valioso por la cantidad de $171.41 (ciento setenta y un pesos 41/100 moneda nacional), correspondiente a la actualización de la cantidad condenada en autos, el cual fue recibido por la promovente del amparo el veintidós de ese mismo mes y año. Sin embargo, por acuerdo de veintiséis de febrero (fojas 113 y 114), este Juzgado de Distrito, requirió a la autoridad responsable denominada Recaudar de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de cinco días acatara en su totalidad el fallo protector concedido, esto es, devolviera a la parte agraviada la cantidad condenada en autos. Posteriormente, a través del oficio y anexo presentados en la Oficialía de Partes de este Juzgado el siete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 117 y 118), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó una transferencia a la parte quejosa por la cantidad de $11,502.57 (once mil quinientos dos pesos 57/100 moneda nacional), por concepto de la cantidad que en su momento erogó la solicitante del amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de $** y $**, luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dichas cantidades se tenía que descontar la diversa suma de $**, que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado así como de compra venta y préstamo hipotecario, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 12, 13 y 14 de la mencionada Ley de Ingresos, es la que debía de cubrir la parte promovente del amparo por cada una de ellas y no otra. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que el Recaudador responsable tenía que devolver el monto de $**, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el veintiuno de julio de dos mil diecisiete (fojas 6 y 8); y el quince de enero de este año, la autoridad responsable transfirió a la aquí quejosa la suma antes indicada (foja 118); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de julio del año próximo pasado a enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de junio entre el índice para el mes de diciembre, ambos de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue de 126.408; y para el mes de diciembre de dicha anualidad fue de 130.813 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0348. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $**; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $**. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable, devolvió a la quejosa la cantidad de $* ; entonces, se pone en evidencia un exceso pagado a favor de la parte quejosa, equivalente a $** En consecuencia, en términos del numeral 192 de la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de TRES DÍAS: (1) devuelva a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit $* cantidad que le fue entregada en exceso en cumplimiento de la ejecutoria de este juicio, supuesto en el que deberá allegar a esta instancia constitucional las constancias que así lo acrediten; o, (2) exhiba en dicho plazo, cheque a favor de tal entidad, por la cantidad citada. Lo requerido bajo el apercibimiento que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a TRES DÍAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México en términos del artículo 259 con relación en el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, así como con el diverso comunicado signado por la autoridad oficiante y anexos, recibidos en este Órgano Jurisdiccional el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho (fojas 110 a 112), dése vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.

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