Irene García Espericueta

Expediente 1753/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1753/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
11/12/2018

Partes del expediente

  • Irene García Espericueta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 52 a 55); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto Vigésimo Primero, del capítulo Quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto Vigésimo Primero del capítulo Quinto, pues se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el libelo de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz y anexo que acompaña relativo a la evidencia criptográfica del archivo magnético del líbelo en cuestión, a través del cual informa que mediante auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el exhorto 358/2018 derivado del presente expediente, mismo que fue registrado con el número 223/2018 del índice de ese juzgado; en tal virtud, agréguese el comunicado de mérito, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexos signados por ******************** (fojas 103 a 106), manifestaron la forma en que dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de cuatro de octubre del año que transcurre (foja 107), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexos, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria; haciendo manifestaciones respecto al cumplimiento la parte quejosa. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diez de enero de dos mil dieciocho (fojas 40 a 54), la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, en el expediente auxiliar 575/2018, formado con motivo del amparo en revisión 101/2018, por tanto, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para el efecto de: ".lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: Que las autoridades responsables dejen insubsistente el oficio reclamado - ********************de tres de agosto de dos mil diecisiete; Emitan otro en el que, para garantizar el principio de supremacía constitucional, inapliquen a la quejosa la restricción salarial que contemplan las normas declaradas inconstitucionales en relación con el disfrute de su pensión por jubilación y de viudez; sin que en lo subsecuente puedan fundarse en esa norma; Como consecuencia, le paguen las pensiones no cubiertas a partir del citado oficio hasta la cumplimentación de la sentencia; y, Respecto de las pensiones anteriores a la emisión del oficio impugnado, determinen las cantidades que, por pensiones vencidas, legalmente procedan a favor de la pensionada." De lo anterior se colige, que el acto que debían realizar las autoridades responsables ********************, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: Dejar Insubsistente el oficio reclamado ********************de tres de agosto de dos mil diecisiete. Emitir otro oficio en el que inapliquen a la quejosa la restricción salarial que contemplan las normas declaradas inconstitucionales en relación con el disfrute de su pensión por jubilación y de viudez. Pagar las pensiones no cubiertas a partir del citado oficio y, determinar las cantidades que, por pensiones vencidas, legalmente procedan a favor de la pensionada. En consecuencia, el diez de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a las autoridades responsables Subdelegado de Prestaciones y Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para que acataran en sus términos el fallo protector. En atención a lo anterior, a través del oficio presentado por las autoridades responsables el tres de octubre siguiente (fojas 103 a 106), informaron a este juzgado federal la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector, es decir, dejó insubsistente el oficio reclamado de tres de agosto de dos mil diecisiete y, a su vez, realizaría el pago mensual íntegro de la pensión por viudez de su extinto esposo ********************asimismo, efectuó el pago retroactivo correspondiente a los descuentos que se realizaron por el concepto 048 ( compatibilidad de pensión), sin que la parte quejosa se hubiera inconformado de ello. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, devuélvanse al ********************, un legajo de constancias relativo al juicio de origen, dado que resulta innecesaria la retención del mismo. **

  4. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita que la sentencia emitida en autos cause ejecutoria, así como se le expida copias certificadas de la sentencia y auto que declare ejecutoriada la misma. En razón de lo solicitado por el promovente, vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia terminada de engrosar el veinticinco de septiembre del año actual (fojas 82 a 89) por medio del cual, por un lado, se sobreseyó y por otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, aun cuando no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios 2832-II, 2833-II y 2834-II de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, por medio del cual se les notificó el fallo de mérito a las autoridades responsables, toda vez que éstas carecen de legitimación para interponer el medio de impugnación referido, en razón de las características fundamentales de su función, conforme lo establece el artículo 17 Constitucional, que es la completa y absoluta imparcialidad y el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas. Sirve de sustento a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo XVIII, Julio de 2003, novena época, página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguiente: ** En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, así como al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecinueve, residente en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, den cumplimiento al fallo protector concedido, esto es, realice lo siguiente: ".En consecuencia, procede conceder la protección constitucional solicitada por la quejosa Ma. Reyes Arellano Carrillo, para el efecto de que: a) El Director de Seguridad Pública Municipal de Tuxpan, Nayarit, proporcionen de inmediato los elementos de seguridad necesarios para auxiliar al personal del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, con residencia en esta ciudad, para el cumplimiento de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario 295/2011; asimismo, para que el Presidente Municipal del indicado Ayuntamiento conmine al Director de referencia para que cumpla con lo ordenado por el Tribunal en mención. b) En atención a lo anterior el Tribunal Unitario Agrario una vez que acuerde lo conducente para llevar a cabo la ejecución de la sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil doce, gire los oficios respectivos a los ente en cita, sin perjuicio de aplicar las medidas de apremio necesarias para el cumplimiento de su resolución; sin que obste lo anterior, el hecho de no haber sido señalado como autoridad responsable; sin embargo, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora." No pasa inadvertido que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecinueve, residente en esta ciudad, no fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, ésta, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligada a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la sentencia protectora; para lo cual se le adjunta copia de la sentencia emitida en autos a efecto de que se imponga de su contenido y acate en sus términos la misma. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 144, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ** Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Por lo anterior, se le hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la ley citada. Como lo solicita el autorizado de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo por disposición de su arábigo 2º, se autoriza a su costa la expedición de las copias certificadas que solicita, previa identificación y constancia que de recibo deje en autos el promovente. **

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