Inocencia María Guadalupe González Bueno

Expediente 1321/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 45 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1321/2016
Año
2016
Actuaciones
45
Última actuación
05/09/2018

Partes del expediente

  • Inocencia María Guadalupe González Bueno
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito A Este Juzgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tienen por recibidos dos escritos signados por**, en su carácter de autorizada legal de la parte quejosa, mediante los cuales solicita se le permita la reproducción digital de actuaciones. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 17 de la Constitución Federal y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a la parte promovente para que obtenga la reproducción de las actuaciones que menciona, mediante el uso del medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para copiar las constancias que obran en este expediente, previa identificación y constancia que se deje en autos de lo anterior. Lo anterior encuentra sustento en la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y siete, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga". Sin que sea obstáculo el hecho de que el libelo de cuenta registrado con el folio 23679, vaya dirigido al cuaderno incidental, puesto que éste no fue tramitado, razón por la cual, se agrega al sumario en que se actúa para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de treinta de mayo de este año (foja 545 tomo II), se tuvo por recibido el ocurso firmado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la quejosa, con copia del oficio de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que haya vertido argumento al respecto como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Bajo ese contexto, por sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 170 a 182 tomo I), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, por lo que se determinó que las autoridades responsables tendrían que realizar lo siguiente: ".lo procedente en el caso es conceder a la parte quejosa ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que el Director General de Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Uno. Deje sin efecto el Oficio FP/13/2015, de enero de dos mil dieciséis, en el cual le hace saber a la quejosa el derecho al disfrute de su pensión, así como las particularidades de su otorgamiento. Dos. Emita diverso oficio en el cual reitere los aspectos que no fueron objeto de controversia a través de la presente instancia constitucional, así como la antigüedad reconocida a la quejosa y el porcentaje de pensión asignado; no obstante, deberá dejar insubsistente el párrafo siguiente: ". Ahora bien, aun cuando su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se determinó procedente en fecha 02 dos de octubre de 2014 dos mil catorce, ésta entró en vigor a partir del 16 dieciséis de enero de 2015 dos mil quince, debido a que se aproximaba el cierre de ejercicio fiscal 2014 y ésta Dirección General del Fondo de Pensiones ya tenía previstos y calculados todos los pagos ordinarios y extraordinarios de fin de año, es decir, ya se tenía programada la nómina de fin de año, además de que la liquidez del Fondo no iba a soportar más pagos a finales de año.". En su lugar, la autoridad responsable deberá: Tres: Precisar que el derecho al disfrute de la pensión se generó a partir del veintitrés de noviembre de dos mil trece (día siguiente al en que la trabajadora dejó de prestar sus servicios); por consecuencia, deberá ordenar y disponer lo conducente para que se efectúe el pago retroactivo correspondiente en el periodo comprendido del veintitrés de noviembre de dos mil trece al quince de enero de dos mil quince. Protección constitucional que se hace extensiva respecto de la diversa autoridad responsable denominada Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, a efecto de que dicha autoridad, en el ámbito de sus atribuciones legales, realice las diligencias necesarias y vigile el exacto cumplimiento de la presente ejecutoria." Luego, en diverso proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 185 y 186 tomo I). Ante ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: Mediante oficio y anexos recibidos el diez de enero de dos mil diecisiete en este juzgado federal informó que mediante comunicado FP/1293/2016 del mismo mes y año, dejó sin efectos el diverso FP/13/2015 del mes de enero de dos mil dieciséis, a través del cual se le hizo del conocimiento a la quejosa que le fue concedida la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios (fojas 202 a 206 tomo I). Derivado de la comunicación oficial FP/1293/2016, se le reconoció la antigüedad de dieciséis años, un mes y seis días y una cuota mensual de $3,929.50 (tres mil novecientos veintinueve pesos 50/100 moneda nacional), equivalente al 53.85% de las percepciones económicas que recibía en el momento de su retiro, de igual manera se estipuló que el monto de su pensión está integrado por el sueldo neto que recibía siendo trabajadora en activo. Asimismo se precisó que aun cuando su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se determinó procedente el dos de octubre de dos mil catorce, ésta entró en vigor a partir del veintitrés de noviembre de dos mil trece, día siguiente en que dejó de prestar sus servicios. Por oficio y anexos recibidos en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de marzo del año pasado, manifestó que se le devolvió a la parte quejosa por concepto de pago retroactivo de jubilación la cantidad de $49,462.52 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 52/100 moneda nacional), mediante transferencia bancaria (foja 269 tomo I). Emitió a favor de la quejosa el dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio (foja 406 tomo I). Bajo el contexto anterior, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete del año pasado, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento efectuado por la autoridad responsable; por lo que, a través del ocurso presentado en la oficialía de partes de este tribunal la parte quejosa manifestó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida en su totalidad, puesto que a su dicho, no se le había devuelto el pago retroactivo completo por motivo de su pensión (fojas 278 a 292 tomo I). Por lo que, por proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete (foja 329 tomo I), se dio vista al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con las manifestaciones vertidas por la quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; así, por ocurso recibido en este juzgado el ocho de mayo del mismo año (fojas 331 y 332 tomo I), la autoridad de referencia indicó que no se encontraba de acuerdo con lo expuesto por la parte promovente del amparo. En las relatadas circunstancias, debido a la discrepancia de lo manifestado por ambas partes procesales y por la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, al no encontrarse definida la cantidad líquida a devolver, por auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete se aperturó incidente innominado, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 336 tomo I). Posteriormente, por interlocutoria de veintiséis de abril del año actual (fojas 525 a 529 tomo II), se determinó que la cantidad que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, debía devolver por concepto de pago retroactivo de jubilación, era de $********************. Luego, por proveído de treinta de mayo del año actual (foja 545 tomo II), se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informando que se había depositado a la cuenta bancaria de la referida quejosa, la cantidad generada con motivo de pago retroactivo de jubilación, y para acreditarlo remitió copia certificada del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 543 y 544 tomo II). Cabe destacar que la autoridad responsable mencionada con antelación, por diversos comunicados acreditó que devolvió las siguientes cantidades mediante transferencia bancaria: - $7,949.34 (siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos 34/100 moneda nacional) por concepto de pago de aguinaldo correspondiente a la segunda quincena de noviembre y mes de diciembre de dos mil trece y año dos mil catorce (foja 363 tomo I). - $588.85 (quinientos ochenta y ocho pesos 85/100 moneda nacional) por concepto de ajusto de calendario correspondiente al año 2014 (foja 376 tomo I). - $1,000.00 (mil pesos) por concepto de pago de bono especial semestral (foja 407 tomo I). De ahí, que resulte evidente que se ha restituido a la aludida promovente del amparo en el goce de ********************violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, toda vez que obra en autos un sobre amarillo que dice contener recibos de nómina exhibidos por la parte quejosa; consecuentemente, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte procesal aludida para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger las referidas documentales; apercibida que de no hacerlo, dichas probanzas podrán ser destruidas con el presente expediente.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de treinta de mayo de este año (foja 545 tomo II), se tuvo por recibido el ocurso firmado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, se ordenó dar vista a la quejosa, con copia del oficio de referencia, a fin de que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que haya vertido argumento al respecto como se precisó en la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Bajo ese contexto, por sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 170 a 182 tomo I), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ************, por lo que se determinó que las autoridades responsables tendrían que realizar lo siguiente: ".lo procedente en el caso es conceder a la parte quejosa *********, el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que el Director General de Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Uno. Deje sin efecto el Oficio FP/13/2015, de enero de dos mil dieciséis, en el cual le hace saber a la quejosa el derecho al disfrute de su pensión, así como las particularidades de su otorgamiento. Dos. Emita diverso oficio en el cual reitere los aspectos que no fueron objeto de controversia a través de la presente instancia constitucional, así como la antigüedad reconocida a la quejosa y el porcentaje de pensión asignado; no obstante, deberá dejar insubsistente el párrafo siguiente: ". Ahora bien, aun cuando su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se determinó procedente en fecha 02 dos de octubre de 2014 dos mil catorce, ésta entró en vigor a partir del 16 dieciséis de enero de 2015 dos mil quince, debido a que se aproximaba el cierre de ejercicio fiscal 2014 y ésta Dirección General del Fondo de Pensiones ya tenía previstos y calculados todos los pagos ordinarios y extraordinarios de fin de año, es decir, ya se tenía programada la nómina de fin de año, además de que la liquidez del Fondo no iba a soportar más pagos a finales de año.". En su lugar, la autoridad responsable deberá: Tres: Precisar que el derecho al disfrute de la pensión se generó a partir del veintitrés de noviembre de dos mil trece (día siguiente al en que la trabajadora dejó de prestar sus servicios); por consecuencia, deberá ordenar y disponer lo conducente para que se efectúe el pago retroactivo correspondiente en el periodo comprendido del veintitrés de noviembre de dos mil trece al quince de enero de dos mil quince. Protección constitucional que se hace extensiva respecto de la diversa autoridad responsable denominada Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, a efecto de que dicha autoridad, en el ámbito de sus atribuciones legales, realice las diligencias necesarias y vigile el exacto cumplimiento de la presente ejecutoria." Luego, en diverso proveído de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del plazo de diez días la acatara (fojas 185 y 186 tomo I). Ante ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: Mediante oficio y anexos recibidos el diez de enero de dos mil diecisiete en este juzgado federal informó que mediante comunicado FP/1293/2016 del mismo mes y año, dejó sin efectos el diverso FP/13/2015 del mes de enero de dos mil dieciséis, a través del cual se le hizo del conocimiento a la quejosa que le fue concedida la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios (fojas 202 a 206 tomo I). Derivado de la comunicación oficial FP/1293/2016, se le reconoció la antigüedad de dieciséis años, un mes y seis días y una cuota mensual de $3,929.50 (tres mil novecientos veintinueve pesos 50/100 moneda nacional), equivalente al 53.85% de las percepciones económicas que recibía en el momento de su retiro, de igual manera se estipuló que el monto de su pensión está integrado por el sueldo neto que recibía siendo trabajadora en activo. Asimismo se precisó que aun cuando su pensión de retiro por edad y tiempo de servicios se determinó procedente el dos de octubre de dos mil catorce, ésta entró en vigor a partir del veintitrés de noviembre de dos mil trece, día siguiente en que dejó de prestar sus servicios. Por oficio y anexos recibidos en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiuno de marzo del año pasado, manifestó que se le devolvió a la parte quejosa por concepto de pago retroactivo de jubilación la cantidad de $49,462.52 (cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 52/100 moneda nacional), mediante transferencia bancaria (foja 269 tomo I). Emitió a favor de la quejosa el dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio (foja 406 tomo I). Bajo el contexto anterior, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete del año pasado, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento efectuado por la autoridad responsable; por lo que, a través del ocurso presentado en la oficialía de partes de este tribunal la parte quejosa manifestó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida en su totalidad, puesto que a su dicho, no se le había devuelto el pago retroactivo completo por motivo de su pensión (fojas 278 a 292 tomo I). Por lo que, por proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete (foja 329 tomo I), se dio vista al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, con las manifestaciones vertidas por la quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; así, por ocurso recibido en este juzgado el ocho de mayo del mismo año (fojas 331 y 332 tomo I), la autoridad de referencia indicó que no se encontraba de acuerdo con lo expuesto por la parte promovente del amparo. En las relatadas circunstancias, debido a la discrepancia de lo manifestado por ambas partes procesales y por la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, al no encontrarse definida la cantidad líquida a devolver, por auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete se aperturó incidente innominado, por lo que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 336 tomo I). Posteriormente, por interlocutoria de veintiséis de abril del año actual (fojas 525 a 529 tomo II), se determinó que la cantidad que el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, debía devolver por concepto de pago retroactivo de jubilación, era de $*********. Luego, por proveído de treinta de mayo del año actual (foja 545 tomo II), se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, informando que se había depositado a la cuenta bancaria de la referida quejosa, la cantidad generada con motivo de pago retroactivo de jubilación, y para acreditarlo remitió copia certificada del comprobante de operación de transferencias interbancarias (fojas 543 y 544 tomo II). Cabe destacar que la autoridad responsable mencionada con antelación, por diversos comunicados acreditó que devolvió las siguientes cantidades mediante transferencia bancaria: - $7,949.34 (siete mil novecientos cuarenta y nueve pesos 34/100 moneda nacional) por concepto de pago de aguinaldo correspondiente a la segunda quincena de noviembre y mes de diciembre de dos mil trece y año dos mil catorce (foja 363 tomo I). - $588.85 (quinientos ochenta y ocho pesos 85/100 moneda nacional) por concepto de ajusto de calendario correspondiente al año 2014 (foja 376 tomo I). - $1,000.00 (mil pesos) por concepto de pago de bono especial semestral (foja 407 tomo I). De ahí, que resulte evidente que se ha restituido a la aludida promovente del amparo en el goce de **************violados, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto 196, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Finalmente, toda vez que obra en autos un sobre amarillo que dice contener recibos de nómina exhibidos por la parte quejosa; consecuentemente, con sustento en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérase a la parte procesal aludida para que dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Órgano Jurisdiccional a recoger las referidas documentales; apercibida que de no hacerlo, dichas probanzas podrán ser destruidas con el presente expediente.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria e incidente innominado emitidos en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.

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