Indyra Aglaée Limón Carrillo

Expediente 2516/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2516/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Indyra Aglaée Limón Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que en proveído de veintisiete de noviembre del año actual (foja 323), se le tuvo informando al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bahía de Banderas, Nayarit, en vías de cumplimiento al fallo protector, sin que a la fecha hayan informado el oficiante como Secretario de Acuerdos y Notificador adscritos a dicho Juzgado, el total acatamiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a dichos entes responsables para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio correspondiente, acate la sentencia concesoria en los términos indicados; en la inteligencia, de que les subsisten los apercibimientos efectuados en autos.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su Delegada (fojas 80 a 82), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de amparo, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de treinta de octubre de la presente anualidad (foja 83), se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que compareciera ante el ente responsable a fin de que le entregara el cheque emitido en cumplimiento a la ejecutoria concesoria, así como para que informara al día siguiente hábil en que transcurriera el término otorgado si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata y se le apercibió que de no hacer dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el diecinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 36 a 50), se determinó conceder a la quejosa J. Merced Escobedo Guitrón, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "a) Los artículos 24, fracción XXIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el pago del traspaso del permiso de venta de alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en el municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, devuelva las contribuciones erogadas por la amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en la constancia de pago exhibida por la autoridad de referencia en su informe justificado, cuyo pago fue realizado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la parte quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Luego, a través del oficio de veinticinco de octubre de la presente anualidad, recibido en la Oficialía de partes de este Juzgado, el veintinueve siguiente (fojas 80 a 82), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Delegada, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, adjuntó el cheque generado a favor del quejoso, así como la notificación para que acudiera a recibir el mismo, por la cantidad de $10,540.69 (diez mil quinientos cuarenta pesos 69/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $10,478.88 (diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional), misma sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $10,478.88 (diez mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 moneda nacional) es el numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y el cuatro de septiembre de la presente anualidad, fue generado el cheque para la devolución a favor de la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero a agosto de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de agosto de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el febrero de dos mil diecinueve fue de 103.079; y para el mes de agosto de la presente anualidad fue de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00589. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $10,540.68 (diez mil quinientos cuarenta pesos 68/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $61.80 (sesenta y un pesos 80/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la responsable dejó a disposición de la quejosa la cantidad de $10,540.69 (diez mil quinientos cuarenta pesos 69/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el veintiuno de junio y veintiséis de septiembre, ambos del presente año (fojas 170-174 y 184-188), la autoridad responsable denominada Jefa del Departamento de Comercialización e Ingresos del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso (foja 189), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó el treinta de septiembre siguiente (foja 190); por lo tanto, el término de tres días otorgado transcurrió para dicha parte del dos al cuatro del mes y año en que se actúa, y en dicho lapso no se realizaron manifestación al respecto. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 90-104), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".lo procedente es: Conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los artículos 22, fracción VI y 91 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, para el efecto siguiente: Deberá dejarse la determinación de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, por el que se suspendió temporalmente el servicio de agua potable y alcantarillado, en el domicilio del aquí quejoso sito en Heliotropo número 7, fraccionamiento Villas del Roble, en Tepic, Nayarit. Asimismo, para que no se le aplique al quejoso Moisés Bañuelos Pacheco, en lo presente y en lo futuro el contenido de tales numerales, acorde con la tesis de jurisprudencia P./J. 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "." También, para el efecto de que la autoridad responsable Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, con sede en Tepic, realice lo siguiente: Proporcione al quejoso el servicio de agua potable, pero de manera reducida al mínimo indispensable, en su domicilio calle Heliotropo número 7, fraccionamiento Villas del Roble, en Tepic, Nayarit. "." Sin que sea procedente ordenar la reinstalación total del servicio de agua potable y alcantarillado, debido a que tal supuesto está sujeto al pago del adeudo que aduce la autoridad responsable tiene el hoy quejoso por la prestación de dicho servicio; por lo que esa cuestión no puede ser atendida en la resolución que se dicta, ya que ni el monto adeudado, ni los datos de medición del servicio fueron materia de impugnación en este amparo. De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la Jefa del Departamento de Comercialización e Ingresos del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, para cumplir con dicho fallo protector, era lo siguiente: 1. Dejar sin efectos la determinación de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, por la que se suspendió temporalmente el servicio de agua potable y alcantarillado, en el domicilio del aquí quejoso ubicado en calle Heliotropo número 7, fraccionamiento Villas del Roble, en esta ciudad. 2. Asimismo, para que no le aplicara al quejoso Moisés Bañuelos Pacheco, en lo presente y en lo futuro el contenido de los artículos 22, fracción VI y 91 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit, y una vez hecho lo anterior. 3. Proporcione al quejoso el servicio de agua potable, pero de manera reducida al mínimo indispensable, en su referido domicilio. Ante ello, mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado el veintiuno de junio del presente año (fojas 170-174), la Jefa del Departamento de Comercialización e Ingresos del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, informó que el veinticuatro de mayo del año en curso, en cumplimiento al fallo protector reinstalaron el servicio de agua potable a favor de la parte quejosa y el veinte de junio del mismo año, realizaron una inspección donde verificaron que el quejoso seguía contando con el servicio de agua potable. Del mismo modo, el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio por el que remitió copia certificada del convenio que celebraron el aquí quejoso Moisés Bañuelos Pacheco y el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, respecto del adeudo existente de la persona física con dicho sistema y la forma en que se pagaría dicho adeudo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de amparo, es depurable, una vez transcurridos más de cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la suspensión definitiva se concedió respecto de los actos reclamados; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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