Ingrid Quintana Gonzalez

Expediente 108/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
108/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Ingrid Quintana Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la diligencia actuarial de cuenta, de la que se aprecia que el asesor jurídico federal Iván Zamora Carmona, manifiesta aceptar el cargo que le fue encomendado en el presente juicio de amparo, como representante especial de la menor de iniciales C.D.S.E.; por tanto, téngasele aceptando y protestando el cargo a que le fue conferido, así como manifestando que no concurre en él alguna de las causas de impedimento previstas por el artículo 51 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por Ingrid Quintana González, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades, a la que acompaña seis copias; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 108/2023-VIII. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa son los siguientes: a) La determinación de primero de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca de apelación 765/2022, a través de la que confirmó la interlocutoria de adjudicación de quince de agosto de la citada anualidad, emitida en el juicio extraordinario civil 1183/2019; b) El proveído de diecinueve de enero del año en curso, dictado en el citado expediente 1183/2019, en el que el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, tuvo recibidos los autos remitidos por la Sala, confirmando la resolución impugnada y requiriendo a la quejosa para que diera cumplimiento voluntario a la sentencia de adjudicación, otorgara la escritura del inmueble ubicado en Valle de Caldera número 113, Fraccionamiento Residencial Miravalle, segunda etapa, de esta ciudad y realizara la entrega material de dicho bien; con el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado otorgaría la escritura en su rebeldía; c) La notificación de dicha determinación, realizada el veinte del mes y año en curso, por medio de lista por la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario precisar que del artículo 113 de la Ley de Amparo1 , se desprende que el órgano judicial tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano judicial se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que en relación al acto sintetizado en el inciso a, de líneas precedentes, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue promovida fuera del plazo establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, es decir, en forma extemporánea. En efecto, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación armónica de los numerales trascritos, lleva al convencimiento de que el legislador quiso fijar diversas reglas para computar el plazo de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportunamente recibida; así, se tiene que los dos medios que en el dispositivo de que se trata se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Partiendo de las anteriores premisas, se constata, que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando no se impugna dentro del plazo señalado por la ley; argumento que encuentra sustento por analogía de razón en la tesis VI.2º. J/21, Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 291, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Bajo esa óptica, el plazo para la interposición de la demanda de amparo, contra la resolución que por esta vía se impugna, es el de quince días, como establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente a aquél en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del mismo, toda vez que no se encuentra en ninguno de los casos de excepción previstos en las fracciones I, II, III y IV del referido numeral. Partiendo de la base, que la propia accionante de amparo afirmó bajo protesta de decir verdad que el seis de diciembre de dos mil veintidós, le fue notificada la resolución reclamada de primero del citado mes y año; al día que instó la protección constitucional es inobjetable que le transcurrió el plazo para ello, es aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Tomo: XII, Diciembre de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." De ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada, respecto al acto que se analiza. Por otra parte, por lo que hace a los diversos actos sintetizados en los incisos b y c, de párrafos que anteceden, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito." La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De los preceptos transcritos se advierte que las causas de improcedencia pueden derivar también de los criterios que se establezcan a través de la jurisprudencia, del Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aquéllos son de observancia obligatoria para todos los tribunales del país. En ese sentido, la causa de improcedencia de los actos reclamados precisados deriva a su vez de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Entonces, la causa de improcedencia que impera se trata de un acto derivado de otro consentido y los supuestos para que opere esta causal, son: a) La existencia de un acto anterior consentido; y, b) La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Norma lo expuesto, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página nueve, Volumen 217-228, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que en lo conducente establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En el caso que nos ocupa la quejosa esencialmente reclama 1) el proveído de diecinueve de enero del año en curso, dictado en el citado expediente 1183/2019, en el que el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, tuvo recibidos los autos remitidos por la Sala, confirmando la resolución impugnada y requiriendo a la quejosa para que diera cumplimiento voluntario a la sentencia de adjudicación, otorgara la escritura del inmueble ubicado en Valle de Caldera número 113, Fraccionamiento Residencial Miravalle, segunda etapa, de esta ciudad y realizara la entrega material de dicho bien; con el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado otorgaría la escritura en su rebeldía; y, 2) la notificación de dicha determinación, realizada el veinte del mes y año en curso, por medio de lista por la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad. Ahora, conviene precisar que de las manifestaciones que realiza la solicitante de amparo, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes del acto que combate, se advierte que el primero de diciembre de dos mil veintidós, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó la interlocutoria de adjudicación de quince de agosto de la citada anualidad, por lo que el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, la requirió para que entregara la escritura a favor del adjudicatario y realizara la entrega material del bien inmueble. Además, como se advierte de párrafos que anteceden, en relación a la determinación emitida por la Sala responsable, este órgano jurisdiccional estimó que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue promovida fuera del plazo establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, es decir, en forma extemporánea. Por tanto, la parte quejosa no combatió dentro del plazo legal la determinación de primero de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca de apelación 765/2022, que es la que en todo caso le causa perjuicio, dado que fue en la que se confirmó la interlocutoria de adjudicación de quince de agosto de la citada anualidad, emitida en el juicio extraordinario civil 1183/2019. Luego, de lo anterior es evidente que los actos aquí combatidos constituyen una consecuencia lógico-jurídica, directa e inmediata de dicha determinación emitida por la Sala responsable, es decir, del acto primigenio del cual derivan, mismo que no fue combatido dentro del plazo legal por la promovente de amparo a pesar del perjuicio que infiere le ocasionó, respecto del cual, la inconforme se opone a la entrega del bien inmueble al adjudicatario, lo cual resulta ser una consecuencia de aquél, al existir una relación necesaria de causa a efecto entre ellos. Concluyéndose que el auto de diecinueve de enero del presente año, también fue consentido, ya que se encuentra íntimamente vinculado al diverso que pretende combatir. Se sostiene lo anterior, porque no se puede admitir que el auto reclamado cuente con autonomía propia, puesto que como se ha visto, es una consecuencia de la interlocutoria de primero de diciembre de dos mil veintidós, en contra de la que, como se dijo, la peticionaria de amparo no se inconformó dentro del plazo legal y, con ello, lo consintió; de ahí que, en tal supuesto, se actualiza la citada causal de improcedencia. Máxime que de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa no impugnó por vicios propios el proveído de diecinueve de enero del presente año, mismo que resulta ser consecuencia de la determinación emitida por la Sala responsable, la cual no fue combatida dentro del plazo legal, y por tanto, su reclamó resultó extemporáneo, como se desprende de líneas que anteceden. Por lo que aunque la parte quejosa pretende reclamar el auto de diecinueve de enero del presente año, de manera autónoma, pero no por vicios propios, ello, no podría cambiar el carácter definitivo de la determinación de la Sala responsable a través de la que confirmó la interlocutoria de adjudicación de quince de agosto de la citada anualidad, emitida en el juicio extraordinario civil 1183/2019; tampoco puede tener por efecto interrumpir el término para presentar la demanda y, por lo mismo, no desaparece el consentimiento que existe por su no impugnación de ésta . Sirve de apoyo a la anterior consideración, en contrario sentido, la tesis X.1o.(XI Región) 3 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, visible a fojas 2069, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, que dice: REMATE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACTO POSTERIOR EN EL QUE SE HACE EFECTIVO UN APERCIBIMIENTO, AUN CUANDO SEA CONSECUENCIA DEL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE PREVINO PARA DAR CUMPLIMIENTO A CIERTO REQUERIMIENTO, SI SE IMPUGNA POR VICIOS PROPIOS.La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 18, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 13, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS.", estableció que el juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios. Con base en lo anterior, en el periodo de remate de bienes derivado de un juicio civil, cuando el acto reclamado consista en un proveído en el que se hizo efectivo un apercibimiento, aun cuando éste es consecuencia del auto mediante el cual se le previno para que diera cumplimiento a cierto requerimiento y se apercibió que, en caso de omisión, se haría efectivo éste, no puede decirse que se trate de un acto consentido por no haberse impugnado, en los términos de la ley, el primero en el que se le previno; entonces, el juicio de amparo indirecto es procedente si el acto posterior en el que se hizo efectivo el apercibimiento se impugna por vicios propios, pues su ilegalidad no se hace depender del apercibimiento, sino del hecho de que la autoridad responsable haya determinado que no se había dado cumplimiento a lo solicitado, a pesar de que el promovente contestó y refirió haber aportado lo requerido, y la autoridad no expresó razones del incumplimiento. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la actualización de las causas de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Karla del Rocío Ortiz Bujaidar y Mario Alberto Ontiveros Nimmerfall, toda vez que las cédulas profesionales proporcionadas no se encuentran registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la diversa persona que señala, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por Ingrid Quintana González, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades, a la que acompaña seis copias; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 108/2023-VIII. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los actos que reclama la parte quejosa son los siguientes: a) La determinación de primero de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca de apelación 765/2022, a través de la que confirmó la interlocutoria de adjudicación de quince de agosto de la citada anualidad, emitida en el juicio extraordinario civil 1183/2019; b) El proveído de diecinueve de enero del año en curso, dictado en el citado expediente 1183/2019, en el que el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, tuvo recibidos los autos remitidos por la Sala, confirmando la resolución impugnada y requiriendo a la quejosa para que diera cumplimiento voluntario a la sentencia de adjudicación, otorgara la escritura del inmueble ubicado en Valle de Caldera número 113, Fraccionamiento Residencial Miravalle, segunda etapa, de esta ciudad y realizara la entrega material de dicho bien; con el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado otorgaría la escritura en su rebeldía; c) La notificación de dicha determinación, realizada el veinte del mes y año en curso, por medio de lista por la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario precisar que del artículo 113 de la Ley de Amparo1 , se desprende que el órgano judicial tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano judicial se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que en relación al acto sintetizado en el inciso a, de líneas precedentes, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue promovida fuera del plazo establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, es decir, en forma extemporánea. En efecto, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación armónica de los numerales trascritos, lleva al convencimiento de que el legislador quiso fijar diversas reglas para computar el plazo de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportunamente recibida; así, se tiene que los dos medios que en el dispositivo de que se trata se señalan para presumir que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Partiendo de las anteriores premisas, se constata, que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando no se impugna dentro del plazo señalado por la ley; argumento que encuentra sustento por analogía de razón en la tesis VI.2º. J/21, Novena Época, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 291, Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Bajo esa óptica, el plazo para la interposición de la demanda de amparo, contra la resolución que por esta vía se impugna, es el de quince días, como establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, contados desde el día siguiente a aquél en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del mismo, toda vez que no se encuentra en ninguno de los casos de excepción previstos en las fracciones I, II, III y IV del referido numeral. Partiendo de la base, que la propia accionante de amparo afirmó bajo protesta de decir verdad que el seis de diciembre de dos mil veintidós, le fue notificada la resolución reclamada de primero del citado mes y año; al día que instó la protección constitucional es inobjetable que le transcurrió el plazo para ello, es aplicable al caso la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 857, del Tomo: XII, Diciembre de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." De ahí que se actualice la causa de improcedencia invocada, respecto al acto que se analiza. Por otra parte, por lo que hace a los diversos actos sintetizados en los incisos b y c, de párrafos que anteceden, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito." La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." De los preceptos transcritos se advierte que las causas de improcedencia pueden derivar también de los criterios que se establezcan a través de la jurisprudencia, del Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aquéllos son de observancia obligatoria para todos los tribunales del país. En ese sentido, la causa de improcedencia de los actos reclamados precisados deriva a su vez de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doce, tomo VI, parte SCJN, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Entonces, la causa de improcedencia que impera se trata de un acto derivado de otro consentido y los supuestos para que opere esta causal, son: a) La existencia de un acto anterior consentido; y, b) La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Norma lo expuesto, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página nueve, Volumen 217-228, Primera Parte, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que en lo conducente establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En el caso que nos ocupa la quejosa esencialmente reclama 1) el proveído de diecinueve de enero del año en curso, dictado en el citado expediente 1183/2019, en el que el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, tuvo recibidos los autos remitidos por la Sala, confirmando la resolución impugnada y requiriendo a la quejosa para que diera cumplimiento voluntario a la sentencia de adjudicación, otorgara la escritura del inmueble ubicado en Valle de Caldera número 113, Fraccionamiento Residencial Miravalle, segunda etapa, de esta ciudad y realizara la entrega material de dicho bien; con el apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado otorgaría la escritura en su rebeldía; y, 2) la notificación de dicha determinación, realizada el veinte del mes y año en curso, por medio de lista por la Actuaria adscrita al Juzgado Tercero del Ramo Civil de esta ciudad. Ahora, conviene precisar que de las manifestaciones que realiza la solicitante de amparo, bajo protesta de decir verdad, en el capítulo de antecedentes del acto que combate, se advierte que el primero de diciembre de dos mil veintidós, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirmó la interlocutoria de adjudicación de quince de agosto de la citada anualidad, por lo que el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, la requirió para que entregara la escritura a favor del adjudicatario y realizara la entrega material del bien inmueble. Además, como se advierte de párrafos que anteceden, en relación a la determinación emitida por la Sala responsable, este órgano jurisdiccional estimó que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue promovida fuera del plazo establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, es decir, en forma extemporánea. Por tanto, la parte quejosa no combatió dentro del plazo legal la determinación de primero de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca de apelación 765/2022, que es la que en todo caso le causa perjuicio, dado que fue en la que se confirmó la interlocutoria de adjudicación de quince de agosto de la citada anualidad, emitida en el juicio extraordinario civil 1183/2019. Luego, de lo anterior es evidente que los actos aquí combatidos constituyen una consecuencia lógico-jurídica, directa e inmediata de dicha determinación emitida por la Sala responsable, es decir, del acto primigenio del cual derivan, mismo que no fue combatido dentro del plazo legal por la promovente de amparo a pesar del perjuicio que infiere le ocasionó, respecto del cual, la inconforme se opone a la entrega del bien inmueble al adjudicatario, lo cual resulta ser una consecuencia de aquél, al existir una relación necesaria de causa a efecto entre ellos. Concluyéndose que el auto de diecinueve de enero del presente año, también fue consentido, ya que se encuentra íntimamente vinculado al diverso que pretende combatir. Se sostiene lo anterior, porque no se puede admitir que el auto reclamado cuente con autonomía propia, puesto que como se ha visto, es una consecuencia de la interlocutoria de primero de diciembre de dos mil veintidós, en contra de la que, como se dijo, la peticionaria de amparo no se inconformó dentro del plazo legal y, con ello, lo consintió; de ahí que, en tal supuesto, se actualiza la citada causal de improcedencia. Máxime que de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa no impugnó por vicios propios el proveído de diecinueve de enero del presente año, mismo que resulta ser consecuencia de la determinación emitida por la Sala responsable, la cual no fue combatida dentro del plazo legal, y por tanto, su reclamó resultó extemporáneo, como se desprende de líneas que anteceden. Por lo que aunque la parte quejosa pretende reclamar el auto de diecinueve de enero del presente año, de manera autónoma, pero no por vicios propios, ello, no podría cambiar el carácter definitivo de la determinación de la Sala responsable a través de la que confirmó la interlocutoria de adjudicación de quince de agosto de la citada anualidad, emitida en el juicio extraordinario civil 1183/2019; tampoco puede tener por efecto interrumpir el término para presentar la demanda y, por lo mismo, no desaparece el consentimiento que existe por su no impugnación de ésta . Sirve de apoyo a la anterior consideración, en contrario sentido, la tesis X.1o.(XI Región) 3 C (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, visible a fojas 2069, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, que dice: REMATE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACTO POSTERIOR EN EL QUE SE HACE EFECTIVO UN APERCIBIMIENTO, AUN CUANDO SEA CONSECUENCIA DEL AUTO MEDIANTE EL CUAL SE PREVINO PARA DAR CUMPLIMIENTO A CIERTO REQUERIMIENTO, SI SE IMPUGNA POR VICIOS PROPIOS.La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 18, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 13, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS.", estableció que el juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios. Con base en lo anterior, en el periodo de remate de bienes derivado de un juicio civil, cuando el acto reclamado consista en un proveído en el que se hizo efectivo un apercibimiento, aun cuando éste es consecuencia del auto mediante el cual se le previno para que diera cumplimiento a cierto requerimiento y se apercibió que, en caso de omisión, se haría efectivo éste, no puede decirse que se trate de un acto consentido por no haberse impugnado, en los términos de la ley, el primero en el que se le previno; entonces, el juicio de amparo indirecto es procedente si el acto posterior en el que se hizo efectivo el apercibimiento se impugna por vicios propios, pues su ilegalidad no se hace depender del apercibimiento, sino del hecho de que la autoridad responsable haya determinado que no se había dado cumplimiento a lo solicitado, a pesar de que el promovente contestó y refirió haber aportado lo requerido, y la autoridad no expresó razones del incumplimiento. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la actualización de las causas de improcedencia en estudio, procede desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Karla del Rocío Ortiz Bujaidar y Mario Alberto Ontiveros Nimmerfall, toda vez que las cédulas profesionales proporcionadas no se encuentran registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la diversa persona que señala, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.

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