Imelda Vazquez Martinez

Expediente 562/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
562/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Imelda Vazquez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el escrito aclaratorio y anexos de cuenta, remitidos por la quejosa Imelda Vázquez Martínez, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en autos; en consecuencia, se provee: En primer lugar, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. Para lograr tal propósito es preciso recurrir a los escritos de demanda y aclaratorio, interpretados en conjunto como un todo, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que la demanda de mérito deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; respecto al acto consistente en el oficio VG/0622/2022, relativo al informe de presunta responsabilidad administrativa dictado dentro del expediente administrativo número FGE/VIGE.1.1/092/2019, atribuido al Visitador General de la Fiscalía General del Estado, al no ser un acto que transgreda por sí mismo la esfera jurídica de la quejosa. Ahora bien, en el caso concreto, el acto consistente en el procedimiento administrativo número FGE/VIGE.1.1/092/2019 atribuido al Visitador General de la Fiscalía General del Estado, constituye el acto instrumental previo al inicio del procedimiento administrativo, el cual no afecta de manera definitiva y por sí mismo el interés jurídico de la quejosa, pues dicho perjuicio se podrá materializar, en su caso, en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo. Máxime si se tiene en cuenta que en el juicio de amparo indirecto que, de ser el caso, se promueva contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo dictado en el expediente número FGE/VIGE.1.1/092/2019, se pueden hacer valer las violaciones cometidas en el informe de presunta responsabilidad administrativa, toda vez que el auto de inicio del procedimiento administrativo se funda y motiva en el informe respectivo, por ser la causa que le dio origen. De ahí que, se insiste, el oficio VG/0622/2022 reclamado, relativo al informe de presunta responsabilidad administrativa de veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitido por el Visitador General de la Fiscalía General del Estado, por sí mismo, no afecta de manera definitiva el interés jurídico de la quejosa, en la medida en que dicho perjuicio se materializa en su caso, en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo que en su caso se dicte. Aunado a que, de dicho oficio no se advierte que se haya conminado a la parte quejosa con algún apercibimiento en caso de no presentar el informe que se le solicita, sino que, por el contrario, únicamente se hizo de su conocimiento dicho procedimiento seguido en su contra, con el fin de que pueda rendir su declaración correspondiente. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente; y, por ende, en términos del diverso ordinal 113 de la norma en mención, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el escrito aclaratorio y anexos de cuenta, remitidos por la quejosa Imelda Vázquez Martínez, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en autos; en consecuencia, se provee: En primer lugar, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. Para lograr tal propósito es preciso recurrir a los escritos de demanda y aclaratorio, interpretados en conjunto como un todo, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que la demanda de mérito deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; respecto al acto consistente en el oficio VG/0622/2022, relativo al informe de presunta responsabilidad administrativa dictado dentro del expediente administrativo número FGE/VIGE.1.1/092/2019, atribuido al Visitador General de la Fiscalía General del Estado, al no ser un acto que transgreda por sí mismo la esfera jurídica de la quejosa. Ahora bien, en el caso concreto, el acto consistente en el procedimiento administrativo número FGE/VIGE.1.1/092/2019 atribuido al Visitador General de la Fiscalía General del Estado, constituye el acto instrumental previo al inicio del procedimiento administrativo, el cual no afecta de manera definitiva y por sí mismo el interés jurídico de la quejosa, pues dicho perjuicio se podrá materializar, en su caso, en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo. Máxime si se tiene en cuenta que en el juicio de amparo indirecto que, de ser el caso, se promueva contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo dictado en el expediente número FGE/VIGE.1.1/092/2019, se pueden hacer valer las violaciones cometidas en el informe de presunta responsabilidad administrativa, toda vez que el auto de inicio del procedimiento administrativo se funda y motiva en el informe respectivo, por ser la causa que le dio origen. De ahí que, se insiste, el oficio VG/0622/2022 reclamado, relativo al informe de presunta responsabilidad administrativa de veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitido por el Visitador General de la Fiscalía General del Estado, por sí mismo, no afecta de manera definitiva el interés jurídico de la quejosa, en la medida en que dicho perjuicio se materializa en su caso, en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo que en su caso se dicte. Aunado a que, de dicho oficio no se advierte que se haya conminado a la parte quejosa con algún apercibimiento en caso de no presentar el informe que se le solicita, sino que, por el contrario, únicamente se hizo de su conocimiento dicho procedimiento seguido en su contra, con el fin de que pueda rendir su declaración correspondiente. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente; y, por ende, en términos del diverso ordinal 113 de la norma en mención, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Imelda Vázquez Martínez, contra actos del Visitador General de la Fiscalía General del Estado, con copias y anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 562/2022-V. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda respecto de la demanda que se atiende, con fundamento en los artículos 114 en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Precise de manera concreta y clara en qué consiste el acto reclamado, o en su caso los actos reclamados, toda vez que lo anotado en el capítulo respectivo resulta confuso y poco claro en cuanto a cuáles son los actos que en concreto la quejosa pretende señalar como reclamados. En la inteligencia de que deberá especificar bajo protesta de decir verdad la fecha de emisión y de notificación o conocimiento de cada uno de ellos. Lo anterior, en la medida en que, por una parte, aduce reclamar el procedimiento administrativo instaurado en su contra, asimismo, señala la negativa y el silencio administrativo de otorgarle copias completas del expediente administrativo FGE/VIGE.1.1/092/2019 y, por otra parte, el oficio VG/0622/2022; lo que, imposibilita fijar la litis en el asunto. Aunado a que la negativa y el silencio administrativo que señala, resultan contradictorios en sí mismos, en virtud de que la omisión es el acto de no hacer aquello que es obligatorio; y la negativa, es simplemente la desaprobación para realizar una determinada acción. Además, de las constancias que acompaña a su ocurso de cuenta, en concreto, el oficio VG/0622/2022, se desprende que la autoridad señalada como responsable puso a su disposición la consulta del expediente de origen, por lo que, se insiste, deberá aclarar los actos que efectivamente reclama en el presente juicio de amparo y, en su caso, ampliar los antecedentes de los mismos; lo anterior, toda vez que, como se hizo alusión, en su demanda de amparo hace referencia a una negativa y omisión de otorgar copias del mismo. Circunstancias las anteriores que devienen en imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional, así como la procedencia de la acción de amparo. Lo anterior, en la inteligencia que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo.Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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