Ingrid Quintana Gonzalez
Expediente 49/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ingrid Quintana Gonzalez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por Ingrid Quintana González, contra actos de los Magistrados de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad, con seis copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 49/2023-V. En principio, se procede al estudio de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Pues bien, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la quejosa consiste en la resolución de primero de diciembre de dos mil veintidós, emitida por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 765-2022, mediante la cual confirma la resolución interlocutoria de quince de agosto del año próximo pasado, dictada por el Juez Tercero Civil de esta ciudad, en los autos del juicio extraordinario civil hipotecario 1183/2019, en la cual declaró aprobada la adjudicación del bien inmueble ubicado en Valle de Caldera número 113 en el Fraccionamiento Residencial Miravalle, Segunda Etapa, de esta ciudad. Con base en lo anterior y por las razones que enseguida se expondrán, la suscrita considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" [.] El primero de los artículos transcritos, en la fracción apuntada, dispone que el juicio de amparo debe ser declarado improcedente atendiendo a las disposiciones normativas que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, en tanto que el catálogo de motivos de improcedencia que prevé en el precitado artículo 61 no es limitativo sino enunciativo. De esa forma, el juicio de amparo será improcedente también, si las normas constitucionales o las contenidas en la Ley de Amparo no son debidamente observadas o la simple promoción del juicio las contraría. Por su parte, el sentido literal del último artículo transcrito permite establecer que cuando se trata de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, como ocurre en ejecución de sentencia, el amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. La última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia debe entenderse como: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. 3. La que ordena el archive definitivo del expediente Tratándose de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación en forma voluntaria y/o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o cuando se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia, que se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando sea procedente el amparo indirecto, y tratándose de remate cuando se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria o la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente. Además, el Máximo Tribunal del País determinó que de conformidad con dicho precepto legal, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquélla que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; y que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado; que por ende, dicha disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas, para considerar actualizada la última resolución del remate. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, Materia Común, Página 1066, registro digital: 2011474, del rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Ahora bien, de los antecedentes que narró la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en la demanda, se advierte lo siguiente: a) Ante el Juez Tercero Civil de esta ciudad, se tramita el expediente 1183/2019, relativo al juicio extraordinario civil hipotecario. b) En el mencionado expediente con fecha quince de agosto de dos mil veintidós, el Juez responsable, declaró procedente la adjudicación del bien inmueble hipotecado a favor de Leonel González Ruiz, representado por su abogado Iván Domingo Alfaro Torres. c) Inconforme con la determinación anterior, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, del que conoció la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el número de toca 765-2022, el que previa substanciación, se resolvió el primero de diciembre de dos mil veintidós, en el sentido de confirmar la resolución de primera instancia. De los antecedentes señalados, se advierte que el juicio extraordinario civil hipotecario 1183/2019 que se tramita ante el Juez Tercero Civil de esta ciudad, se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, en específico en el procedimiento de remate Que la quejosa señaló como acto reclamado, la resolución de primero de diciembre de dos mil veintidós, pronunciada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los autos del toca 765-2022, que confirmó la resolución dictada por el juez de primera instancia en el expediente 1183/2019, que declaró fincado el remate y adjudicó el bien inmueble ubicado en Valle de Caldera número 113 en el Fraccionamiento Residencial Miravalle, Segunda Etapa, de esta ciudad, a favor de Leonel González Ruiz, representado por su abogado Iván Domingo Alfaro Torres. De lo anterior se colige que, en la resolución de primera instancia que declaró fincado el remate y adjudicado el bien inmueble de que se trata, a favor de la parte actora, acorde con la transcripción realizada por la parte quejosa en el escrito de demanda, únicamente determinó que ".una vez que cause ejecutoria la presente resolución de conformidad con el artículo 1086 del Código de Procedimientos Civiles, requiérase a los demandados, para que otorgue la escritura correspondiente al adjudicatario, dentro del término de 03 tres días, apercibido para el caso de no hacerlo, este Juzgado lo hará en su rebeldía.." Resolución fue confirmada en sus términos por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la resolución de primero de diciembre de dos mil veintidós. Entonces, si bien es cierto la emisión de la resolución de segunda instancia da firmeza a la recurrida, es decir, aquella resolución causó ejecutoria con la emisión del acto reclamado; sin embargo, en el acto reclamado no se ordenó el requerimiento a la quejosa por la entrega voluntaria de la escritura del bien inmueble adjudicado a la parte actora ni la entrega de la posesión de los bienes rematados en términos de la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), de rubro: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." transcrita en párrafos que anteceden, ni tampoco se hizo lo anterior en la resolución recurrida, para poder afirmar que con la sola emisión de la de segunda instancia, al confirmarla en sus términos, queda firme también ese requerimiento. Es decir, en la resolución que declaró fincado el remate y adjudicó el bien inmueble de que se trata, tampoco se hizo ese requerimiento a la parte quejosa, sino únicamente se indicó que "una vez que causara ejecutoria", dicha resolución, se emitiría el mismo; entonces, si bien es cierto, con la emisión de la ejecutoria de segunda instancia queda firme la recurrida, esto es, aquélla causa ejecutoria; sin embargo, de los propios antecedentes narrados por la quejosa, se advierte que no se ha emitido la orden de escritura con el requerimiento y apercibimiento de mérito, porque se reitera, el juez lo supeditó hasta que quedara firme dicha resolución, por ello, una vez que el juez tenga conocimiento y reciba la resolución emitida por el Tribunal de apelación, al estar firme la resolución de primera instancia, emitirá el requerimiento a que hizo referencia en la propia resolución, esto es, el requerimiento de que se otorgue la escritura que ampara la propiedad del bien inmueble adjudicado, y el apercibimiento en el sentido de que en caso de no hacerlo, ese Juzgado la otorgaría en su rebeldía. Por lo que, la determinación de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, no constituye la última resolución dictada en la etapa de remate del juicio natural, debido a que no ordena otorgar la escritura de adjudicación en forma voluntaria y/o la entrega de los bienes embargados. De modo que, dicho acto destacado no puede ser analizado en el presente juicio de amparo, sino que la quejosa podrá hacer valer las violaciones que a su criterio lo hubiere dejado sin defensa y trascendido al resultado de la determinación y su ejecución de que se duele hasta que se pronuncie la última resolución en esa etapa. Sostener un criterio contrario, implicaría que con motivo de la promoción del presente juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Las consideraciones aquí expuestas, son acordes a lo resuelto en los recursos de queja 155/2022 y 138/2020, de la estadística del Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Noveno Circuito, respectivamente, en donde se destacó que la resolución de segunda instancia que confirma la diversa dictada por el juez de primera instancia en la que se declara fincado el remate y se adjudica un bien inmueble; no es la última resolución en la etapa de remate, porque en la misma, no se ordena en definitiva el otorgamiento de la escritura en forma voluntaria ni la entrega material del bien inmueble. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Ingrid Quintana González, al surtirse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Karla del Rocío Ortiz Bujaidar y Mario Alberto Ontiveros Nimmerfall, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en los mismos términos a Carlos Nicolás Vélez Gamboa, al no proporcionarse los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por Ingrid Quintana González, contra actos de los Magistrados de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad, con seis copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 49/2023-V. En principio, se procede al estudio de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Pues bien, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la quejosa consiste en la resolución de primero de diciembre de dos mil veintidós, emitida por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca 765-2022, mediante la cual confirma la resolución interlocutoria de quince de agosto del año próximo pasado, dictada por el Juez Tercero Civil de esta ciudad, en los autos del juicio extraordinario civil hipotecario 1183/2019, en la cual declaró aprobada la adjudicación del bien inmueble ubicado en Valle de Caldera número 113 en el Fraccionamiento Residencial Miravalle, Segunda Etapa, de esta ciudad. Con base en lo anterior y por las razones que enseguida se expondrán, la suscrita considera que con relación al acto reclamado, se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" [.] El primero de los artículos transcritos, en la fracción apuntada, dispone que el juicio de amparo debe ser declarado improcedente atendiendo a las disposiciones normativas que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, en tanto que el catálogo de motivos de improcedencia que prevé en el precitado artículo 61 no es limitativo sino enunciativo. De esa forma, el juicio de amparo será improcedente también, si las normas constitucionales o las contenidas en la Ley de Amparo no son debidamente observadas o la simple promoción del juicio las contraría. Por su parte, el sentido literal del último artículo transcrito permite establecer que cuando se trata de actos dictados fuera de juicio o después de concluido, como ocurre en ejecución de sentencia, el amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. La última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia debe entenderse como: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. 3. La que ordena el archive definitivo del expediente Tratándose de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación en forma voluntaria y/o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, o cuando se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la sentencia, que se ordene el archivo definitivo del expediente, cuando sea procedente el amparo indirecto, y tratándose de remate cuando se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria o la entrega del bien rematado, determinaciones que pueden emitirse junta o separadamente. Además, el Máximo Tribunal del País determinó que de conformidad con dicho precepto legal, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquélla que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; y que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado; que por ende, dicha disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas, para considerar actualizada la última resolución del remate. Sustenta la anterior consideración, la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, abril de 2016, Tomo II, Materia Común, Página 1066, registro digital: 2011474, del rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Ahora bien, de los antecedentes que narró la quejosa, bajo protesta de decir verdad, en la demanda, se advierte lo siguiente: a) Ante el Juez Tercero Civil de esta ciudad, se tramita el expediente 1183/2019, relativo al juicio extraordinario civil hipotecario. b) En el mencionado expediente con fecha quince de agosto de dos mil veintidós, el Juez responsable, declaró procedente la adjudicación del bien inmueble hipotecado a favor de Leonel González Ruiz, representado por su abogado Iván Domingo Alfaro Torres. c) Inconforme con la determinación anterior, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, del que conoció la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, bajo el número de toca 765-2022, el que previa substanciación, se resolvió el primero de diciembre de dos mil veintidós, en el sentido de confirmar la resolución de primera instancia. De los antecedentes señalados, se advierte que el juicio extraordinario civil hipotecario 1183/2019 que se tramita ante el Juez Tercero Civil de esta ciudad, se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, en específico en el procedimiento de remate Que la quejosa señaló como acto reclamado, la resolución de primero de diciembre de dos mil veintidós, pronunciada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los autos del toca 765-2022, que confirmó la resolución dictada por el juez de primera instancia en el expediente 1183/2019, que declaró fincado el remate y adjudicó el bien inmueble ubicado en Valle de Caldera número 113 en el Fraccionamiento Residencial Miravalle, Segunda Etapa, de esta ciudad, a favor de Leonel González Ruiz, representado por su abogado Iván Domingo Alfaro Torres. De lo anterior se colige que, en la resolución de primera instancia que declaró fincado el remate y adjudicado el bien inmueble de que se trata, a favor de la parte actora, acorde con la transcripción realizada por la parte quejosa en el escrito de demanda, únicamente determinó que ".una vez que cause ejecutoria la presente resolución de conformidad con el artículo 1086 del Código de Procedimientos Civiles, requiérase a los demandados, para que otorgue la escritura correspondiente al adjudicatario, dentro del término de 03 tres días, apercibido para el caso de no hacerlo, este Juzgado lo hará en su rebeldía.." Resolución fue confirmada en sus términos por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la resolución de primero de diciembre de dos mil veintidós. Entonces, si bien es cierto la emisión de la resolución de segunda instancia da firmeza a la recurrida, es decir, aquella resolución causó ejecutoria con la emisión del acto reclamado; sin embargo, en el acto reclamado no se ordenó el requerimiento a la quejosa por la entrega voluntaria de la escritura del bien inmueble adjudicado a la parte actora ni la entrega de la posesión de los bienes rematados en términos de la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), de rubro: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." transcrita en párrafos que anteceden, ni tampoco se hizo lo anterior en la resolución recurrida, para poder afirmar que con la sola emisión de la de segunda instancia, al confirmarla en sus términos, queda firme también ese requerimiento. Es decir, en la resolución que declaró fincado el remate y adjudicó el bien inmueble de que se trata, tampoco se hizo ese requerimiento a la parte quejosa, sino únicamente se indicó que "una vez que causara ejecutoria", dicha resolución, se emitiría el mismo; entonces, si bien es cierto, con la emisión de la ejecutoria de segunda instancia queda firme la recurrida, esto es, aquélla causa ejecutoria; sin embargo, de los propios antecedentes narrados por la quejosa, se advierte que no se ha emitido la orden de escritura con el requerimiento y apercibimiento de mérito, porque se reitera, el juez lo supeditó hasta que quedara firme dicha resolución, por ello, una vez que el juez tenga conocimiento y reciba la resolución emitida por el Tribunal de apelación, al estar firme la resolución de primera instancia, emitirá el requerimiento a que hizo referencia en la propia resolución, esto es, el requerimiento de que se otorgue la escritura que ampara la propiedad del bien inmueble adjudicado, y el apercibimiento en el sentido de que en caso de no hacerlo, ese Juzgado la otorgaría en su rebeldía. Por lo que, la determinación de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, no constituye la última resolución dictada en la etapa de remate del juicio natural, debido a que no ordena otorgar la escritura de adjudicación en forma voluntaria y/o la entrega de los bienes embargados. De modo que, dicho acto destacado no puede ser analizado en el presente juicio de amparo, sino que la quejosa podrá hacer valer las violaciones que a su criterio lo hubiere dejado sin defensa y trascendido al resultado de la determinación y su ejecución de que se duele hasta que se pronuncie la última resolución en esa etapa. Sostener un criterio contrario, implicaría que con motivo de la promoción del presente juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Las consideraciones aquí expuestas, son acordes a lo resuelto en los recursos de queja 155/2022 y 138/2020, de la estadística del Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Noveno Circuito, respectivamente, en donde se destacó que la resolución de segunda instancia que confirma la diversa dictada por el juez de primera instancia en la que se declara fincado el remate y se adjudica un bien inmueble; no es la última resolución en la etapa de remate, porque en la misma, no se ordena en definitiva el otorgamiento de la escritura en forma voluntaria ni la entrega material del bien inmueble. En tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Ingrid Quintana González, al surtirse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Karla del Rocío Ortiz Bujaidar y Mario Alberto Ontiveros Nimmerfall, toda vez que no tienen registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en los mismos términos a Carlos Nicolás Vélez Gamboa, al no proporcionarse los datos correspondientes respecto de que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa
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