Ines Saday Silva Chaviano

Expediente 1322/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1322/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Ines Saday Silva Chaviano

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a las autoridades responsables Director y/o Encargado de la Estación Migratoria Siglo XXI y Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de la Estación Migratoria Siglo XXI, ambos con residencia en esta ciudad, para que rindan su informe justificado, ello en virtud de que fueron notificadas de los oficios 26075/2023 y 26083/2023 que contienen el auto inserto del proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés (fojas 36-47). En esas condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por el Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, mediante el cual, en atención al proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 190 y 191), remite copia certificada del certificado de nacimiento *********, expedido a favor de ***, mismo que le fue entregado a la quejosa ***. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".1 Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado al Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, consistente en: La omisión de expedir el certificado de nacimiento a favor de la infante de identidad no reconocida, de quien la quejosa *******, aduce ser progenitora. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia2 que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto del mencionado acto reclamado, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra el acto cuyo efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la omisión de expedir el certificado de nacimiento a favor de la infante de identidad no reconocida, de quien la quejosa ****, aduce ser progenitora. Ahora, como se estableció con antelación, el Responsable del Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, Chiapas, exhibió las siguiente documentales: *** De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se expidió el certificado de nacimiento ******, a favor de la infante de identidad reconocida, mismo que fue entregado el veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, a la quejosa ********; por tanto, es evidente que han cesado los efectos del referido acto reclamado. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las once horas con treinta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien además certifica que la promoción que dio origen a este acuerdo y el presente proveído se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo signada por ***, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades. Sin que pase inadvertido que del escrito de demanda se advierte que ***, promueve la misma en favor de ***; sin embargo, el libelo de amparo se encuentra firmado por la última de las nombradas, por lo que resulta innecesario ordenar su ratificación, ya que se advierte el requisito de instancia de parte agraviada, aunado a que del escrito de demanda no se advierte que la impetrante no se encuentra privada de su libertad. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de control electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1322/2023 ***. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda signada por ***, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. AUTORIDADES RESPONSABLES CON PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, a efecto de velar por una impartición pronta y expedita acorde a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, se estima innecesario tener como autoridades responsables a todas las señaladas por la parte quejosa en su demanda de amparo, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y, en su caso, se ordenaría emplazarlas; por lo que, tomando en consideración los actos reclamados, la parte quejosa deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la potestad que deba conocer de su solicitud de condición de refugiado, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo, de ahí que se advierte que las únicas autoridades que pueden tener participación en los actos aquí reclamados son las siguientes: - Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. - Titular de la Oficina de Regulación Migratoria Zona Sur, con residencia en esta ciudad. - Director y/o Encargado de la Estación Migratoria Siglo XXI, con residencia en esta ciudad. - Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración de la Estación Migratoria Siglo XXI, con residencia en esta ciudad. En lo conducente, se comparte la tesis I.6o.P.81 P (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1705, con registro digital 2014163, de rubro y texto (lo subrayado es propio): "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN SENTENCIADO. SI ÉSTE SEÑALA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODAS LAS DEPENDENCIAS PENITENCIARIAS FEDERALES Y LOCALES Y JUECES DE EJECUCIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR, BAJO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI RESULTA LÓGICO Y PERTINENTE EMPLAZAR A TODAS ESAS AUTORIDADES AL JUICIO. (...)." FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama la posible orden de aseguramiento, alojamiento o detención con fines de deportación, devolución a su país de origen o expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (...)." GENERALIDADES DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1º de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1°, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." LEY DE MIGRACIÓN "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." REGLAMENTO "Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación de la ahora quejosa (extranjera), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: "(...)." De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sea objeto de detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido y expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de la disconforme. Así las cosas, es de resaltar que los artículos 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 144 de la Ley de Migración, prevén los supuestos en los cuales debe presentarse a los extranjeros en las Estancias Migratorias, para regularizar su situación, mismos que establecen: "(...)." De donde se deduce, que además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; pues es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Tal y como lo argumenta la Primera Sala, en la Jurisprudencia 1a. XXX/2023 (11a.), con número de registro digital 2027205, de rubro y texto: "PRESENTACIÓN Y ALOJAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS. LA LEY DE MIGRACIÓN ES ACORDE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL SOBRE LA PRIVACIÓN LEGÍTIMA DE LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL. (...).". Por otra parte, se establece que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Así, cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho puede ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfaga los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. Así también, el artículo 109 de la Ley de Migración, estatuye los derechos que tendrán las personas que sean presentadas en la Estancias Migratorias del Instituto Nacional de Migración y textualmente dice: "(...)." Los derechos ahí establecidos y que deben observarse desde el momento del ingreso del extranjero a la Estancia Migratoria son, entre otros: Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fueron alojados, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Acceder a comunicación telefónica; Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO CONSISTENTE EN LA POSIBLE ORDEN DE DETENCIÓN CON FINES DE DEPORTACIÓN, DEVOLUCIÓN A SU PAÍS DE ORIGEN O EXPULSIÓN, FUERA DE PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN. Precisado lo anterior, es importante traer a colación los artículos 22 Constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "(...)." De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución a la quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En consecuencia, analizado lo expuesto por la quejosa y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que la quejosa ***, por propio derecho, no sea detenida con fines de deportación, devolución a su país de origen y expulsión fuera de procedimiento, así como de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así la autoridad migratoria responsable debe mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, momentáneamente deberá abstenerse de hacer abandonar a la extranjera, aquí quejosa, el territorio nacional, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Aplica al caso, la Jurisprudencia PC.I.P.J/32P (10a.) , del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de título y contenido: "ACTA DE RECHAZO EMITIDA POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU EJECUCIÓN PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. (...)". Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de la aquí quejosa, deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "(...)." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. (...)." Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso la directa quejosa estuvieran en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia con la debida oportunidad les dé trámite a la solicitud que plantee la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión, en el entendido de que en caso de que la quejosa se encuentre alojada en algún recinto o estación migratoria, la duración de la detención no podrá exceder el plazo de treinta y seis horas, lo anterior, toda vez que el derecho a la libertad personal no es absoluto, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. Sustenta lo anterior, el criterio que sostiene la Primera Sala del Máximo Tribunal en la Jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), con registro digital 2027175, de rubro y texto: "DETENCIÓN ADMINISTRATIVA MIGRATORIA. PARA EVITAR QUE SEA ARBITRARIA, SU DURACIÓN DEBE SER MENOR A TREINTA Y SEIS HORAS Y LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE RAZONABILIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. (...).". Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los migrantes. En ese contexto, es de resaltar que dichas autoridades pueden (en uso de sus facultades), prolongar el alojamiento de las personas en los albergues o estancias migratorias, lo anterior, debido a su obligación de definir la gravedad que la circulación de las personas extranjeras, pudieran llegar a representar para la seguridad del país, para lo cual deberán hacer un análisis escrupuloso de las características individuales de la persona migrante afectada. Así, la decisión de las autoridades migratorias deberá estar debidamente fundada y motivada, para lo cual deberá justificar que se trata de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, demostrar que existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica el alojamiento o detención de la persona migrante en cuestión. En este caso, se atiende la jurisprudencia 1a. XXIII/2023 (11a.), con registro digital 2027178, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto: "DETENCIONES ADMINISTRATIVAS MIGRATORIAS. FACTORES DE RIESGO GRAVE PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, EL ORDEN PÚBLICO O DERECHOS Y LIBERTADES DE TERCERAS PERSONAS POR EL INGRESO ILÍCITO DE PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL. (...).". Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá a la omisa, medida de apremio antes apuntada. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que se aperture incidente de suspensión toda vez que en la presente data se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. TERCERO INTERESADO Por otra parte, no ha lugar a reconocer el carácter de tercero interesado a persona alguna, en virtud de que no se está en ningún supuesto previsto por la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Atento a lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, adicionado en el diverso Acuerdo General del citado pleno que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós; se autoriza a ***, con el nombre de usuario *** la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso, debido a que así lo manifestó expresamente en su solicitud por oficio 51/2022, recibido en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, y agregado en el cuaderno de varios 2/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Por tanto, se encomienda a la Oficial Judicial "A", que realice la asociación del nombre de usuario proporcionado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***; y de lo cual deberán tomar nota los Actuarios de este órgano jurisdiccional. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto la podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a las responsables rindan sus informes justificados dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita. Con el apercibimiento que de no hacerlo de manera oportuna, la omisa, se hará acreedora a una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar el acto reclamado. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de Treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que la parte quejosa anexa a su demanda. Las anteriores pruebas se admiten y desahogan dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de las mismas, en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su escrito de demanda. Asimismo, como autorizado en términos amplios de la parte quejosa a ***, puesto que su cédula profesional se encuentra inscrita en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. De igual forma, como autorizados de la parte quejosa, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, puesto que sus cédulas profesionales no se encuentran inscritas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. EXPEDICIÓN DE COPIAS De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, y como lo solicita la parte quejosa, expídanse las copias certificadas que solicita, las cuales le serán entregadas en día y hora hábil. Se le hace saber que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mantiene como horario de atención al público de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, ello de lunes a viernes; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad, en lo que interesa, entrega de copias certificadas, previa identificación y razón que de su recibo obre en autos. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a las autoridades responsables.

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