Inirca Figueroa Rodríguez
Expediente 486/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Inirca Figueroa Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existir actuación pendiente por realizar. Aun cuando se tuvo por no presentada la demanda promovida en el presente juicio de amparo, debe tenerse en cuenta que al haberse concedido en su momento la suspensión de plano, procede calificar este expediente, como DEPURABLE, según lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relacionado con el Capítulo 7, punto 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 de dicho Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y transcurrido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo y último párrafo del mencionado artículo. Se ordena estampar el sello correspondiente en la carátula del expediente, atendiendo a lo establecido en el presente acuerdo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 35 del acuerdo en comento. Notifíquese, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, para que desahogara la prevención contenida en dicho auto. SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho. Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. INFORMES DE RELATIVOS A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Agréguense a los autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, los informes de suspensión de plano rendidos por los informes de suspensión de plano rendidos por 16170/2021 la Jefa de Departamento Jurídico, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en suplencia por ausencia del Representante Local, Encargada de la Subdirección de Regulación Migratoria Zona Sur de la Oficina de Representación del Instituto Nacional en Chiapas, con sede en esta ciudad, por 16168/2021 el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, por ausencia de la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos, de dicha institución, y el diverso signado electrónicamente por 16171/2021 el Director de lo Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores con residencia en la Ciudad de México, representante jurídico del Director de la Oficina de Pasaportes, en Tapachula, Chiapas, mediante los cuales comunican que están enterados de la medida suspensiva decretada en el juicio en que se actúa. Asimismo, atendiendo a las solicitudes de las autoridades oficiantes, ténganse por señalados los domicilios que indican para oír y recibir notificaciones, y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que mencionan la Jefa de Departamento Jurídico, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y el Director de lo Jurídico Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores con residencia en la Ciudad de México. En relación el correo electrónico proporcionado por el Director de lo Jurídico Contencioso, tómese en consideración como medio de comunicación procesal, en términos del artículo 22, fracción ll del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. SE ACUERDAN RAZONES ACTUARIALES. Por otra parte, agréguense a los autos para que obren como correspondan las razones actuariales de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en las que el fedatario adscrito a este Juzgado hizo constar: 1. Respecto de los oficios 16172/2021, 16173/2021 y 16174/2021, dirigidos a la Garita en la entrada de VIVA MEXICO, con domicilio conocido en Carretera Tapachula Viva México, específicamente debajo del puente, a los Agentes en turno del Instituto Nacional de Migración pertenecientes a la Delegación Federal Chiapas y a los Agentes adscritos a la Guardia Nacional, con domicilio conocido en Carretera Tapachula Viva México, específicamente debajo del puente, manifiesta que la persona que lo atendió le hizo de su conocimiento que dichas autoridades son inexistentes, por tanto este órgano jurisdiccional se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto fenezca el termino concedido a la quejosa mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se le previno la demanda para su admisión. 2. En cuanto al oficio 16169/2021, dirigido a la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio de la Dirección de Información, Registro Nacional de Extranjeros y Archivo Migratorio de la Coordinación de Archivos del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal Chiapas, el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, manifiesta que la Agente Federal de Migración y Jefa de Departamento, Comisionada en la Subdirección Regional Migratoria Zona Sur, menciona que dicha autoridad se encuentra ubicada en la Ciudad de México, por tanto, reenvíese dicho oficio a la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio de la Dirección de Información, Registro Nacional de Extranjeros y Archivo Migratorio de la Coordinación de Archivos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México. Consecuentemente, se instruye a la Oficial Judicial "A" de la adscripción, proceda a realizar las acciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de hacer efectivas la referida autorización. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; trece de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1.- Titular de la Delegación Federal Chiapas del Instituto Nacional de Migración. 2.- Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio de la Dirección de Información, Registro Nacional de Extranjeros y Archivo Migratorio de la Coordinación de Archivos del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal Chiapas. 3.-Titular de la Subdirección de Regulación Migratoria y Jefe del Departamento, Licenciado Walter Armando Ordoñez González. 4.- Titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, en la Ciudad de México. 5.- Titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores Delegación Tapachula. 6.- Titular de la Delegación Federal Oaxaca del Instituto Nacional de Migración. 7.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, con residencia en Puebla. 8.- Titular de la Delegación Local en Zona Norte del Instituto Nacional de Migración, en Teziutlán, Puebla. 9.- Titular de la Delegación Local en Zona Centro del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Puebla. 10.- Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio de la Dirección de Información, Registro Nacional de extranjeros y Archivo Migratorio de la Coordinación de Archivos del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal Puebla. 11.- Titular y Jefe de Departamento de la Subdirección de regulación Migratoria, de la Delegación Federal Puebla. 12.- Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Veracruz. 13. Garita en la entrada de VIVA MEXICO, en el puente. 14.- Agentes en turno del Instituto Nacional de Migración pertenecientes a la Delegación Federal Chiapas. 15.- Agentes adscritos a la Guardia Nacional, con domicilio conocido en Carretera Tapachula Viva México, específicamente debajo del puente. 16.- Garita ubicada en las Instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la población de San Pedro Tapanatepec Oaxaca. 17. Agentes en turno del Instituto Nacional de Migración Pertenecientes a la Delegación Federal del Estado de Oaxaca. 18.- Garita en la población denominada la VENTOSA. 19.- Agentes del Instituto Nacional de Migración, pertenecientes a la Delegación Federal del Estado de Oaxaca. 20.- Garita conocida como la Cuitláhuac, ubicada en carretera 185, en Cuitláhuac, el Fortin, entre Santa Martha y Puebla. 21.- Agentes en turno del Instituto Nacional de Migración Pertenecientes a la Delegación Federal del Estado de Puebla; y, 22.- Los demás retenes de migración instalados en las diferentes partes de la República Mexicana. Ahora bien, a efecto de velar por una impartición pronta y expedita acorde a lo establecido por el artículo 17 de la Ley de Amparo, se estima innecesario tener como autoridades responsables a todas las señaladas por el quejoso en su demanda de amparo, pues atento al acto reclamado consistente en detención con fines de deportación y/o repatriación, y su ejecución, así como posible desaparición forzada, se advierte que las únicas autoridades que pueden tener participación en esos actos son las siguientes: 1.- Titular de la Delegación Federal Chiapas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. 2.- Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio de la Dirección de Información, Registro Nacional de Extranjeros y Archivo Migratorio de la Coordinación de Archivos del Instituto Nacional de Migración de la Delegación Federal Chiapas, 3.-Titular de la Subdirección de Regulación Migratoria y Jefe del Departamento, Licenciado Walter Armando Ordoñez González, con sede en esta ciudad (Fraccionamiento Las Vegas). 4.- Titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores Delegación Tapachula. 5.- Garita en la entrada de VIVA MEXICO, con domicilio conocido en Carretera Tapachula Viva México, específicamente debajo del puente. 6.- Agentes en turno del Instituto Nacional de Migración pertenecientes a la Delegación Federal Chiapas. 7- Agentes adscritos a la Guardia Nacional, con domicilio conocido en Carretera Tapachula Viva México, específicamente debajo del puente. Por consiguiente, son las únicas a las que se les dará el carácter de autoridades responsables en el presente juicio, ello a fin de evitar emplazar innecesariamente a un sinfín de autoridades que no tienen ese carácter, sin perjuicio de que su participación pudiera acreditarse durante el trámite del juicio y emplazarlas; ello, porque el Juez de Distrito, como tutor y garante de la correcta sustanciación de este medio de control constitucional, debe velar por que las pretensiones de las partes sean afines con los principios de expeditez, prontitud y economía procesal que lo rigen. (.). Aunado a lo anterior, se robustece el no tener por autoridades responsables a las ya mencionadas, porque la quejosa pretende obtener una suspensión a efecto de que no se le detenga en cualquiera de los puntos de migración durante el recorrido de la ciudad de Tapachula a cualquier punto del territorio nacional mexicano, con la finalidad de llegar a la frontera de los Estados Unidos de Norte América, y al respecto, como se abundará en apartados siguientes, la tramitación del presente juicio de amparo o bien la suspensión que se llegase a conceder (de ser procedente) no tiene como efectos el tránsito libre de la quejosa por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Porque hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria de la aquí quejosa, ésta deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la oficina de Tramites de Regulación Migratoria, donde podrá iniciar tramites de refugio o regularización, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo respectivo; y por lo tanto, no cuenta con el derecho de transitar libremente por el país, pues para tal extremo, primero deberá definirse por la autoridad competente su situación migratoria. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 486/2021. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se colige que, los actos reclamados lo constituyen: ? La posible orden de detención con fines de deportación y/o repatriación, y su ejecución, fuera de procedimiento, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. ? La restricción a libre tránsito por territorio nacional. ? La negativa a la libertad de residencia, a la libertad y salida del territorio por un Estado. Es menester precisar que la jurisprudencia citada, se atiende por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Ahora bien, antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: (.). Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación de la ahora quejosa (extranjera), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: (.). De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sea objeto de deportación fuera de procedimiento, así como de demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que ponga en peligro la vida del disconforme. Así las cosas, es de resaltar que los artículos 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 144 de la Ley de Migración, prevén los supuestos en los cuales debe presentarse a los extranjeros en las Estancias Migratorias, para regularizar su situación, mismos que establecen: (.). De donde se deduce, que además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; pues es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Por otra parte, se establece que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Así, cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tienen derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho puede ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfaga los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. Así como también, el artículo 109 de la Ley de Migración, estatuye los derechos que tendrán las personas que sean presentadas en la Estancias Migratorias del Instituto Nacional de Migración y textualmente dice: (.). SUSPENSIÓN DE PLANO Precisado lo anterior, es importante traer a colación los artículos 22 Constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: (.). De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En consecuencia, analizado lo expuesto por el quejoso y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que la quejosa ***** para que no sea detenida fuera de procedimiento con fines de deportación y/o expulsión y/o repatriación a su lugar de origen, además de que no sea objeto de desaparición forzada o cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que ponga en peligro la vida de la inconforme, así como de demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así, la autoridad migratoria responsable debe mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, momentáneamente deberá abstenerse de hacer abandonar al extranjero, aquí quejoso, el territorio nacional, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. (.). Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le den trámite a las solicitudes que plantee la quejosa respecto de su situación migratoria. Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Asimismo, la suspensión de plano concedida implica que de manera inmediata la autoridad responsable en términos del artículo 109 de la Ley de Migración le haga saber a la parte quejosa su derecho como presentado: - Que conozca la ubicación de la Estación Migratoria donde fue alojado, sus reglas y servicios a los que podrá tener acceso; - Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; - Tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; - Recibir de forma escrita sus derechos y obligaciones, informándole las instancias donde puede presentar sus denuncias y quejas; - Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crean conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; - Informarle que en caso de que no hable español, contara con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; - Acceder a comunicación telefónica; - Recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. En el entendido que de ser asegurada o detenida por las autoridades migratorias responsables deberán observar las medidas y garantizar los cuidados al quejoso debido a la contingencia sanitaria del Covid-19. Debe reiterarse que la suspensión de plano decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. La suspensión que aquí se concede no tiene como efectos el tránsito libre de la quejosa por el territorio nacional, o sea un salvoconducto para su desplazamiento por el país. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del aquí quejoso, éste deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: (.). Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso el directo quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: (.). La medida cautelar concedida no surtirá efectos y por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se les haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Y es que en ese sentido, la providencia decretada atiende al contexto de hechos que aluden ordenarse sin justificación legal por las autoridades responsables, acorde con lo que se narran en la demanda de amparo; sin embargo, no pasa desapercibido que la Ley de Migración y su norma reglamentaria, estatuyen diversos procedimientos que atendiendo al debido proceso pueden derivar en la deportación, expulsión, repatriación o retorno asistido a su país de origen. Por tanto, la medida suspensiva no surte efectos en caso de que los actos reclamados deriven de algún acto o procedimiento legalmente establecido que pudiera tener como consecuencia alguno de aquellos rebatidos en el presente juicio de amparo, pues de obstaculizar esa actuación se contravendría el orden público e interés social. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumplan con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la directa quejosa *****, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida del mismo, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión. Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los inmigrantes. En ese sentido, notifíquese inmediatamente esta determinación a las autoridades responsables, para su debido conocimiento y efectos legales correspondientes, así como para que cumplan categóricamente con la suspensión de plano precisada anteriormente. Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se impondrá a la omisa, multa de cincuenta unidades de medidas y actualización que arroja la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se impondrá a la omisa, la medida de apremio antes apuntada. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá multa de cien unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, que arroja la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan sus respectivo informes a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. PREVENCIÓN El artículo 74, de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114, de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte de mérito no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. En ese sentido, a fin de proveer lo que corresponda respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que se trata, es importante transcribir lo establecido en los artículos 108, fracciones III, IV y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, que disponen: (.). Por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérasele a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare su demanda conforme a lo siguiente: . PRIMERO. Señale si existe en su contra algún procedimiento administrativo migratorio o de regularización migratoria, y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto reclamado la posible detención, la negativa a la libertad de residencia, la negativa a la libertad y la salida del territorio por un Estado. SEGUNDO. De manera específica precise el acto que le atribuye a cada una de las autoridades responsables, esto con la finalidad de establecer claramente la litis constitucional que se atenderá en el presente asunto. TERCERO. Precise si también señala como autoridad responsable a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), toda vez que en el punto 6 de los antecedentes que narra en su demanda, manifestó han acudido a efecto de que la registren y obtenga asilo o refugio político, sin embargo, no ha sido atendida. CUARTO. Indique si contra los actos aquí reclamados ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, deberán precisar el número del mismo y el órgano jurisdiccional que haya conocido o que se encuentre conociendo del mismo. Lo anterior, en atención al cumplimiento a las formalidades procesales que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en posibilidad de cumplir con sus atribuciones en el juicio de amparo, como son pedir los informes justificados, notificar la radicación del presente asunto a los terceros interesados, así como dar la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. (.). APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe a la promovente de amparo, representantes, abogados y/o autorizados, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmaron hechos falsos u omitieron los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad (.). EXPEDICIÓN DE COPIAS Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, expídase copia certificada de esta determinación, autorizando sin excluirle, para que en su nombre y representación la reciba la persona que se indica en el escrito de demanda, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Asimismo, se informa a la promovente que para acudir a las instalaciones, deberá seguir los lineamientos establecidos en el artículo 3 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la atención al público en general, en el que establece el mecanismo a seguir, el cual refiere: "Artículo 3. Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias. A partir del 3 de agosto de 2020 estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. (.). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda que se atiende. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Amparo a ***** y *****, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales y Juzgados de Distrito, que establece el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Por otra parte, en relación el correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, tómese en consideración como medio de comunicación procesal, en términos del artículo 22, fracción ll del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. (.). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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