Ilso Gabriel Rivera Morales
Expediente 393/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Ilso Gabriel Rivera Morales
- Juez de Control y Enjuiciamiento en materia penal del Distrito Judicial de Tapachula
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio firmado por el Secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo interpuesta por el quejoso ***. En razón de lo anterior, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 21, inciso j)1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el Capítulo 8, punto 8.1.2 apartado 102 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un expediente en el que se declinó la competencia a favor del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; además que no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; consérvese el expediente en el archivo de trámite a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas; once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado electrónicamente, por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual acusa de recibo el diverso 15926/2021 con el que se le remitió el original del juicio de amparo 393/2021 e informa que a efecto de que ese tribunal pueda pronunciarse respecto a la demanda promovida por ---envió el original de la citada demanda al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tapachula, Chiapas; asimismo, que dicho expediente quedó registrado, con el número de amparo directo 421/2021. En consecuencia, estese a lo que la superioridad determine con relación a la competencia declinada en su favor. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, previa copia simple certificada que se deje para constancia, remítase al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el original de la constancia de notificación de doce de octubre del año en curso, a fin de que determine lo que proceda, de manera respetuosa, solicítese acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de once de octubre del año en curso, se advierte que el quejoso ***, ratificó el contenido y firma de su escrito presentado el veinticuatro de septiembre de esta anualidad, mediante el cual, cumple con la prevención que le fue formulada en acuerdo de trece de septiembre del año en curso; consecuentemente téngase por desahogada dicha prevención, y al respecto se provee: INCOMPETENCIA Del examen de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que este Juzgado es legalmente incompetente para conocer de la misma, por las razones siguientes: Los artículos 170 fracción I y 179 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.) Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia.". Ahora, de los preceptos invocados se aprecia que contra las resoluciones que pongan fin al juicio, procede el amparo directo del cual es competente para conocer un Tribunal Colegiado de Circuito. En el caso concreto, la parte quejosa reclama el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal 282/2018, por el Juez de Control y Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad, a través del cual, no admitió a trámite el juicio de amparo directo que el aquí quejoso promovió contra la sentencia definitiva dictada en el citado proceso penal. Determinación, que de conformidad con el aludido ordinal 170 de la ley de la materia, pone fin al juicio ya que su efecto es que la sentencia definitiva dictada en el juicio penal de origen quede firme, pues al no darse a trámite al juicio de amparo directo promovido por el quejoso el presidente del tribunal colegiado de circuito no puede resolver si admite la demanda o previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del ordinal 179 de la Ley de Amparo. Así las cosas, el auto de veintisiete de agosto del año en curso, reclamado por la quejosa, es materia de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, por tratarse de un auto que pone fin al juicio en lo principal, salvo mejor ponderación de dicho Tribunal. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara de plano carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ****, por lo que, se ordena remitir el presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, en Turno, por conducto de la oficina de correspondencia común de dichos órganos colegiados, para lo que a bien tenga determinar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. Sobre el particular, cabe citar la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 95 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro digital 2008791, de epígrafe: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Además, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J.1/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 200375, que a la letra se transcribe: "AMPARO DIRECTO PLANTEADO COMO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PROMOCION, DEBE ATENDERSE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. De conformidad con el artículo 49 de la Ley de Amparo cuando se presenta ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos respecto de los cuales proceda el amparo directo, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, quien podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario si confirma la resolución del juez. La interpretación de este precepto permite concluir que se refiere al caso en que la parte quejosa equivoca la vía, promoviendo amparo indirecto contra actos respecto de los cuales procede amparo directo, y dado que dicha equivocación no debe dar lugar a imposibilitar la defensa del quejoso ante actos que estima lesivos de sus garantías individuales, debe considerarse que se interrumpe el término legal de presentación de la demanda de garantías y, por tanto, a fin de determinar la oportunidad de su presentación, debe atenderse a la fecha en que se presentó ante el juzgado de Distrito y no a aquella en que la reciba el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, sin que resulte aplicable a dicho caso lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley de Amparo con respecto a que "la presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no interrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley", toda vez que este último precepto no se refiere al caso de equivocación de la vía, sino al de una demanda de garantías planteada como amparo directo pero que se presenta ante autoridad distinta de la responsable, precepto que además corrobora que la falta de disposición expresa por parte del legislador en torno a la no interrupción del término en el artículo 49 significa que en el caso establecido en este numeral sí se interrumpirá dicho término de presentación de la demanda de amparo, máxime que el propio numeral 49 establece la posibilidad de que el Tribunal Colegiado de Circuito imponga una multa cuando confirme la resolución de incompetencia del juez, que si se relaciona con el artículo 3o. bis del propio ordenamiento, procederá imponerse cuando se haya actuado de mala fe, es decir, cuando la promoción del amparo en la vía indirecta se haya hecho no por una verdadera duda en torno al ejercicio de la vía procedente.". Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, téngase por recibido el escrito del quejoso ---, por medio del cual, en tención al requerimiento realizado en auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, manifiesta que ratifica la firma del diverso escrito presentado en veinticuatro del mismo mes y año, con el cual pretende desahogar la prevención realizada en trece de septiembre del presente año; sin embargo, tomando en consideración que la ratificación del escrito en comento deber ser ante la fe judicial, por tanto, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y tener certeza jurídica de la voluntad del quejoso. Se instruye al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en el Centro de Readaptación Social Número 3, con sede en esta ciudad, le notifique el acuerdo de veintisiete de septiembre y, en el acto de notificación ponga a la vista de la quejosa el escrito veinticuatro de septiembre pasado y lo requiera en los términos del citado acuerdo de veintisiete de septiembre pasado; asimismo, le notifique el presente acuerdo. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en su lugar de reclusión.
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