INES GUADALUPE DIAZ ROJAS y Otros.

Expediente 606/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 9 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
606/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
09/06/2017

Partes del expediente

  • INES GUADALUPE DIAZ ROJAS y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO las resoluciones de VEINTICINCO de MAYO y OCHO de JUNIO, AMBOS de dos mil DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 606/2017-B. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías presentada por Eduardo Lima Estrada, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos Xorge Luis Flores Herrera y María Elizabeth Sánchez Díaz, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla 2. Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla Misma que fue presentada de manera electrónica ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que la misma cuenta con la evidencia criptográfica que prevé el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo, se les impondrá por separado una multa equivalente de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En otro sentido, se solicita a las autoridades señaladas como responsables informen a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. En la inteligencia, que deberán de rendir su respectivo informe justificado, haciendo referencia al número de oficio que contestan, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Apercíbase a dichas autoridades que de no hacerlo se les impondrá por separado una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 251 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, pueden mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a las autoridades que, en su caso, convengan en la existencia el acto reclamado, precisen si las constancias que remitan como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Amparo, se requiere al juez responsable para que al momento de rendir su informe justificado, remita copia certificada de las constancias que acrediten Eduardo Lima Estrada, es defensor particular de los quejosos Xorge Luis Flores Herrera y María Elizabeth Sánchez Díaz. Apercíbase a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 237, fracción II, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace saber al promovente Eduardo Lima Estrada, que si apareciere que carece del carácter con el que se ostenta, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; 241 de la Ley de Amparo y, posteriormente, se ordenará la ratificación de la demanda con Xorge Luis Flores Herrera y María Elizabeth Sánchez Díaz; en caso de que no la ratificaren, se tendrá por no interpuesta la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas en el presente juicio; si la ratificare, se tramitará el mismo, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado mientras no constituya representante. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, téngase con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena sea emplazado al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. En términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a los menores quien en lo sucesivo se identificaran con las iniciales C. A. M. S. y R. A. M. S., por conducto de su representante legal Inés Guadalupe Díaz Rojas, con domicilio para ser emplazados, el ubicado en: Privada 16 (dieciséis) "C", Sur, número 1908 (mil novecientos ocho), interior 2 (dos), de la Colonia Bella Vista, en la ciudad de Puebla; en consecuencia, se ordena al Actuario adscrito realice lo siguiente: Notifique este auto. Emplace a dicha parte procesal en el domicilio precisado. Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo y con copia autorizada de este acuerdo, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. Lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio en la ciudad de Puebla o en San Andrés Cholula, Puebla, donde reciba sus notificaciones; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, le haga de su conocimiento la fecha y hora que están señaladas, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al fedatario judicial para que realice el emplazamiento aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. Lo anterior es así, pues atendiendo a las reglas contenidas en el capítulo III, del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3, 8, 9, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente; sin embargo, a efecto de proteger la intimidad y el bienestar de los menores indicados, al hacer públicas las resoluciones que se emitan en la presente instancia constitucional, suprímanse los datos que permitan la identificación de la citada menor. Sustentan lo antes expuesto los siguientes criterios: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ARAS DE HACER EFECTIVA SU TUTELA EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE FUNJA COMO PARTE O LA MATERIA DE DEBATE LO CONSTITUYAN SUS DERECHOS, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA Y, EN CASO DE NO ESTAR GARANTIZADA, ASIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye el concepto de interés superior del niño. Por su parte, los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, estatuyen el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o a través de un representante u órgano apropiado y la obligación de los tribunales de atender el interés superior del niño, en todas las resoluciones que emitan. En consonancia con lo anterior, los artículos 38, 39, 48 y 49, inciso B, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen el derecho de los niños a la libertad de expresión, el cual incluye el de ser informados y su libertad de opinión, es decir, que se les tome su parecer en todos los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. Ahora bien, de una interpretación conforme de esos numerales que favorezca a los menores la protección más amplia, se concluye que en los juicios de amparo, en que un niño, niña o adolescente funja como parte o la materia de debate lo constituyan sus derechos, el Juez de Distrito está obligado a verificar que tiene una representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública, en aras de hacer efectiva su tutela. Esto es así, porque es obligación de los Jueces para concretar la igualdad en el acceso a la justicia, constatar en los juicios de amparo que ante ellos se tramitan, que exista un patrocinio apropiado del menor y, en caso de no estar asegurado, suplirlo con la designación de un abogado especializado que auxiliará al niño a lo largo del proceso; máxime que esta interpretación se ha recogido en el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es orientador para el juzgador, en el que se retoman tanto los derechos contenidos en tratados vinculantes para los Estados que los han ratificado, como su interpretación en documentos de diferente naturaleza jurídica. Sin perjuicio a lo anterior, como lo solicita el ocursante y con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo se nombra como representante especial de los menores C. A. M. S. y R. A. M. S., para que intervenga en este juicio de amparo a un Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública; por tanto, requiérase al Delegado de dicho Instituto a fin de que designe un Asesor Jurídico Federal como representante especial de dichos menores para que intervenga con tal carácter en el presente juicio de amparo, a quien deberá de notificársele por su conducto, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación, comparezca ante la presencia judicial, para los efectos de la aceptación y protesta del cargo conferido en términos de ley, o en su defecto, manifieste si tiene algún impedimento para desempeñar el mismo. Sustentan lo antes expuesto los siguientes criterios: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ARAS DE HACER EFECTIVA SU TUTELA EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE FUNJA COMO PARTE O LA MATERIA DE DEBATE LO CONSTITUYAN SUS DERECHOS, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA Y, EN CASO DE NO ESTAR GARANTIZADA, ASIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye el concepto de interés superior del niño. Por su parte, los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, estatuyen el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o a través de un representante u órgano apropiado y la obligación de los tribunales de atender el interés superior del niño, en todas las resoluciones que emitan. En consonancia con lo anterior, los artículos 38, 39, 48 y 49, inciso B, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen el derecho de los niños a la libertad de expresión, el cual incluye el de ser informados y su libertad de opinión, es decir, que se les tome su parecer en todos los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. Ahora bien, de una interpretación conforme de esos numerales que favorezca a los menores la protección más amplia, se concluye que en los juicios de amparo, en que un niño, niña o adolescente funja como parte o la materia de debate lo constituyan sus derechos, el Juez de Distrito está obligado a verificar que tiene una representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública, en aras de hacer efectiva su tutela. Esto es así, porque es obligación de los Jueces para concretar la igualdad en el acceso a la justicia, constatar en los juicios de amparo que ante ellos se tramitan, que exista un patrocinio apropiado del menor y, en caso de no estar asegurado, suplirlo con la designación de un abogado especializado que auxiliará al niño a lo largo del proceso; máxime que esta interpretación se ha recogido en el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es orientador para el juzgador, en el que se retoman tanto los derechos contenidos en tratados vinculantes para los Estados que los han ratificado, como su interpretación en documentos de diferente naturaleza jurídica. MENORES DE EDAD. LOS PROGENITORES ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO POR SU PROPIO DERECHO, RECLAMANDO ACTOS RELATIVOS A SUS INTERESES RESPECTO A SUS HIJOS, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO DEBA NOMBRAR A ÉSTOS UN REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE GARANTÍAS A FIN DE GARANTIZAR LA IMPARCIAL PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DIRECTOS DE LOS INFANTES. Los progenitores no pueden acudir en representación de sus menores hijos al juicio de garantías en los casos donde el acto reclamado tenga su origen en una averiguación previa derivada del conflicto de intereses de los padres sobre ellos, por lo que para garantizar la imparcial protección de los intereses directos de los infantes, el Juez de amparo debe nombrarles un representante especial para que intervenga en su nombre en términos del artículo 6o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, dicha circunstancia no es obstáculo para admitir la demanda promovida por alguno de los progenitores en defensa de sus propios intereses jurídicos respecto a sus hijos, si el mismo acto reclamado afecta a cada uno de manera diferente, verbigracia, mientras aquéllos se ven afectados en sus derechos de guarda y custodia respecto de los menores, éstos pueden ubicarse como quejosos con intereses diferentes e incluso contrarios, toda vez que viven las consecuencias del conflicto de intereses de sus padres. Por otra parte, tomando en consideración que la demanda de garantías cuenta con la evidencia criptográfica que prevé el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, misma que se tiene a la vista y que acredita que el promovente es titular de la firma electrónica que lo autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo; asimismo, se desprende que dicha signatura electrónica se encuentra vigente, con fundamento en el referido artículo 3 de la Ley de Amparo y en los artículos 77, 78, 93 y 94 del también mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se concede a Eduardo Lima Estrada, quien dice ser defensor particular de los quejosos directos Xorge Luis Flores Herrera y María Elizabeth Sánchez Díaz, el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, con base en lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, así como en lo preceptuado en los numerales 79, 80, 81, 82, 96, 97, 98, 99 y100 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, realícense las notificaciones a la parte quejosa de manera electrónica, tomando en consideración que el ocursante proporcionó su "Nombre de Usuario", el cual es "Lic_Lima". Signifíquese a la parte quejosa que si advierte una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que le impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en el expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberá hacerlo del conocimiento, por vía impresa, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal o por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 57 del acuerdo en conjunto aludido, o bien, tendrá que dar aviso de dicha situación de manera inmediata a este órgano jurisdiccional, quien comunicará tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. En tanto dure ese acontecimiento, se suspenderán, únicamente por ese lapso, los plazos correspondientes, atento a lo dispuesto por el artículo 30, fracción III de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo encomendado por el artículo 3, penúltimo párrafo de la ley de la materia, procédase a la impresión del escrito de cuenta, para ser agregado al expediente impreso. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. En diverso aspecto, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y, por autorizado, en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a César Caballero Fuentes, pues de una revisión en el Registro Nacional de Cédulas Profesionales, realizada por conducto del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que dicho profesionista sí tiene registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a la diversa persona que menciona en su escrito de cuenta, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Por lo que, atendiendo a lo anterior, téngase a la parte quejosa oponiéndose a la publicación de sus datos personales, tal como lo refiere en su demanda de amparo, para los efectos legales conducentes San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por la Asesora Jurídica Martha Butrón Jiménez designada como representante de los menores con identidad reservada C.A.M.S y R.A.M.S (parte tercero interesada), y, en atención a su contenido, téngasele apersonándose al presente juicio de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mauricio Pérez Hernández, Francisco Cuevas Pozos, Juan José Gutiérrez Rosete y Víctor Manuel Gutiérrez Morales, al haber acreditado contar con cédula de licenciados en derecho, tal como se hizo constar en la certificación de cuenta y en términos restringidos del aludido numeral a las demás personas que señala, por así haberlo manifestado la ocursante. Por otro lado, con fundamento en el referido artículo 3 de la Ley de Amparo y en los artículos 77, 78, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se concede a Asesora Jurídica Martha Butrón Jiménez y a su autorizada Lizzet Sánchez Aburto el acceso al expediente electrónico del presente asunto dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, tomando en consideración que los nombres de usuarios de las ocursantes son "mbutroni" y "Isanchéza". Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este juzgado, el contenido del presente acuerdo para los efectos legales procedentes. Por otro lado, se autoriza a la Asesora jurídica y a las personas que señala en su escrito de cuenta, para la utilización de medios digitales como la toma de fotografías de las constancias que integran el presente expediente. Procede lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones: De conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tener inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Entonces, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse a la ocursante, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, deberá recaer acuerdo con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por acuerdo de cinco de junio pasado, se reservó acordar lo conducente respecto a la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción, en cuanto a su imposibilidad para emplazar al presente sumario constitucional a la parte tercero interesada los menores con identidad reservada C. A. M. S. y R. A. M. S., por conducto de su representante legal Inés Guadalupe Díaz Rojas, hasta en tanto aceptara y protestara el cargo conferido la Asesora Jurídica de los referidos menores; en tal sentido, como tal condición ya aconteció, se provee: En virtud de que es un hecho, el cual se invoca con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que en el juicio de amparo 1730/2016-II-D del índice de este juzgado (el cual tiene estrecha relación con el presente asunto), se advierte un diverso domicilio de la parte tercero interesada, el ubicado en Avenida de la Luz, Módulo 11 (once), Departamento 2 (dos), conjunto habitacional Santa Catarina, número 307 (trescientos siete), en la ciudad de Puebla. Derivado de lo anterior, se ordena al Actuario adscrito realice lo siguiente: Notifique este auto y el inicial a la citada tercero interesada. Emplace a dicha tercero interesada, en el citado domicilio. Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar de su derecho. Le requiera para que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio en esta ciudad de Puebla o San Andrés Cholula, Puebla, donde reciba sus notificaciones; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario Judicial que corresponda realizar el emplazamiento de mérito que aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar. De igual forma, a efecto de no dejar en estado de indefensión a dicha parte procesal, dese vista con las constancias de autos, por el plazo de ocho días, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo

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