Ingrid Martinez Landa
Expediente 952/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 09/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- INGRID MARTINEZ LANDA y Otros.
- JOSE ISMAEL HERNANDEZ ROSAS y Otros.
- Olga Arroyo Lara
- Ingrid Martinez Landa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cuatro al veintisiete de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil dieciséis (fojas 102 a 122), se negó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, inconforme con dicha determinación la amparista interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-379/2016, resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Ingrid Martínez Landa, contra el acto reclamado al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, que hizo consistir en el auto de formal prisión de diez de junio de dos mil dieciséis, dictado en el proceso 316/2012, por el delito de fraude genérico." (fojas 254 a 291). Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (fojas 292 a 295), se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que de manera inmediata, diera cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca R-379/2016 cuyos efectos fueron: "(.) Por lo anterior, el hecho de que no se haya pagado la cantidad que se menciona en el recibo correspondiente da lugar a una acción de carácter civil, pero no penal. Por otra parte, respecto a los hechos acaecidos el ocho de diciembre de dos mil diez, que los querellantes hacen consistir en que para garantizarles el cumplimiento de una obligación, el ocho de diciembre de dos mil diez, Israel Francisco Arriaga Arriaga o Israel Arriaga Arriaga, firmó un pagaré por el monto de doscientos cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional, por concepto de la venta del departamento propiedad de los agraviados; tampoco se acreditan los elementos del delito de fraude genérico y, por ende, la probable responsabilidad de la quejosa hoy recurrente en su comisión. En efecto, en el caso no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico a que se refiere el artículo 402 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, ni mucho menos la probable responsabilidad de la inculpada Ingrid Martínez Landa, en su comisión, porque dicho documento no fue firmado por Ingrid Martínez Landa, ni mucho menos, ésta se comprometió a pagar dicha cantidad que aparece en el pagaré, sino únicamente fue suscrito por Israel Francisco Arriaga Arriaga o Israel Arriaga Arriaga, quien firmó y se comprometió a pagar la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de haber realizado la venta de un inmueble propiedad de los agraviados. Además, tampoco se hizo ilícitamente de una cosa o alcanzó un lucro indebido, pues según los denunciantes el título de crédito que suscribió Israel Francisco Arriaga Arriaga o Israel Arriaga Arriaga, fue para garantizar el pago del inmueble que vendió antes de la emisión del mismo; consecuentemente, sólo se evidencia la existencia del adeudo anterior que no puede calificarse como ilícito penal, porque con ello no se lesionó el patrimonio de la pasivo, quien tiene expedito su derecho para exigir el pago, para hacerlo valer en la vía respectiva. En consecuencia, al resultar fundados los agravios del inconforme, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y otorgar el amparo liso y llano." Ahora bien, mediante oficio 911 de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (fojas 300 a 311), el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 316/2012, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de diez de junio de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, decretó a favor de la aquí quejosa Ingrid Martínez Landa, auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, respecto del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de José Israel Hernández Rosas y Olga Arroyo Lara. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 24 DE marzo DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el siete de octubre de dos mil dieciséis (fojas 102 a 122), se negó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, inconforme con dicha determinación la amparista interpuso recurso de revisión, del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-379/2016, resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Ingrid Martínez Landa, contra el acto reclamado al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, que hizo consistir en el auto de formal prisión de diez de junio de dos mil dieciséis, dictado en el proceso 316/2012, por el delito de fraude genérico." (fojas 254 a 291). Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (fojas 292 a 295), se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que de manera inmediata, diera cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca R-379/2016 cuyos efectos fueron: "(.) Por lo anterior, el hecho de que no se haya pagado la cantidad que se menciona en el recibo correspondiente da lugar a una acción de carácter civil, pero no penal. Por otra parte, respecto a los hechos acaecidos el ocho de diciembre de dos mil diez, que los querellantes hacen consistir en que para garantizarles el cumplimiento de una obligación, el ocho de diciembre de dos mil diez, Israel Francisco Arriaga Arriaga o Israel Arriaga Arriaga, firmó un pagaré por el monto de doscientos cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional, por concepto de la venta del departamento propiedad de los agraviados; tampoco se acreditan los elementos del delito de fraude genérico y, por ende, la probable responsabilidad de la quejosa hoy recurrente en su comisión. En efecto, en el caso no se acreditan los elementos del cuerpo del delito de fraude genérico a que se refiere el artículo 402 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, ni mucho menos la probable responsabilidad de la inculpada Ingrid Martínez Landa, en su comisión, porque dicho documento no fue firmado por Ingrid Martínez Landa, ni mucho menos, ésta se comprometió a pagar dicha cantidad que aparece en el pagaré, sino únicamente fue suscrito por Israel Francisco Arriaga Arriaga o Israel Arriaga Arriaga, quien firmó y se comprometió a pagar la cantidad de doscientos cincuenta mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de haber realizado la venta de un inmueble propiedad de los agraviados. Además, tampoco se hizo ilícitamente de una cosa o alcanzó un lucro indebido, pues según los denunciantes el título de crédito que suscribió Israel Francisco Arriaga Arriaga o Israel Arriaga Arriaga, fue para garantizar el pago del inmueble que vendió antes de la emisión del mismo; consecuentemente, sólo se evidencia la existencia del adeudo anterior que no puede calificarse como ilícito penal, porque con ello no se lesionó el patrimonio de la pasivo, quien tiene expedito su derecho para exigir el pago, para hacerlo valer en la vía respectiva. En consecuencia, al resultar fundados los agravios del inconforme, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y otorgar el amparo liso y llano." Ahora bien, mediante oficio 911 de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete (fojas 300 a 311), el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 316/2012, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto de formal prisión reclamado de diez de junio de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, decretó a favor de la aquí quejosa Ingrid Martínez Landa, auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, respecto del delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de José Israel Hernández Rosas y Olga Arroyo Lara. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."
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San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, pues remite copia certificada de la resolución emitida el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dentro del proceso ********************, de su índice. En consecuencia, con el contenido del oficio de mérito y documentales anexas, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente cuyo rubro, texto y datos de localización en seguida se anuncian: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Página: 19).
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