Imelda Jackeline Ramirez Garcia

Expediente 151/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
151/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
27/03/2017

Partes del expediente

  • Imelda Jackeline Ramirez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Asimismo, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009)

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, como lo dispone el artículo 119 del precitado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la documental que anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ésta en el momento procesal oportuno. Ahora bien, del informe de cuenta, esta autoridad federal advierte de oficio que en la especie se actualiza una causa de improcedencia, por lo que se atiende a la misma y se provee lo que enseguida se expone. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se llega al conocimiento de que Imelda Jackeline Ramírez García ocurrió a este juzgado Federal a reclamar de la autoridad responsable la omisión de acordar su escrito de tres de enero de dos mil diecisiete y presentado ante aquélla el seis de enero del año en curso, a través del cual solicitó se le informara en que término debían rendir sus informes periciales los peritos asignados dentro de la carpeta de investigación CDI: 331/2016/ACATLAN/CNPP que se tramita en la Agencia del Ministerio Público de Acatlán de Osorio, Puebla. En ese sentido, de la constancia que remitió la Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla a su oficio de cuenta, se advierte que el veinte de febrero de dos mil diecisiete dictó una resolución mediante la cual dio contestación a la petición controvertida en este juicio, misma que notificó a la hoy quejosa en esa misma data. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo anterior, resulta evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que si la pretensión de la parte quejosa era que la autoridad responsable diera contestación a su escrito presentado ante ella el seis de enero del año en curso, al haberse proveído al respecto el veinte de febrero de dos mil diecisiete y, notificado en esa misma data (como se advierte de la constancia que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado), resulta inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en la presente instancia, en virtud de que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la omisión reclamada no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa o, habiéndolo irrumpido, la cesación no hubiera dejado ahí alguna consecuencia, máxime que la respuesta otorgada por la autoridad responsable, resulta favorable a lo solicitado por la aquí quejosa. Por lo tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional, pues resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no está surtiendo efecto alguno ni lo surtirá, y que ya no produce efecto alguno en la esfera jurídica de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se cita: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este orden de ideas, se decreta el SOBRESEIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es así, pues las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo, deben considerarse consumadas irreparablemente, ya que han cesado los efectos del acto reclamado, de ahí la procedencia del sobreseimiento. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En razón de lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por otro lado, en el caso no resulta procedente darle vista a la parte quejosa con la constancia que remitió la autoridad responsable a efecto de requerirla para que manifieste si desea ampliar la demanda de garantías en relación con la resolución de veinte de febrero de dos mil diecisiete, en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN; ya que dicha jurisprudencia no resulta aplicable, pues en la especie la respuesta que recayó a su petición, fue favorable a lo que solicitó.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio 713-I y anexo signado por el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla y, atento a su contenido, téngasele informando las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al remitir lo siguiente: - Copia certificada de la resolución dictada el dos de febrero de dos mil diecisiete, dentro del toca del proceso 246/2014. De lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal. Sin embargo, omitió remitir la constancia de notificación de la resolución de dos de febrero de dos mil diecisiete, al Agente del Ministerio Público de su adscripción para que ordene a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación a su cargo, se abstengan de ejecutar la orden de aprehensión librada en contra de la aquí quejosa el nueve de octubre de dos mil quince, como lo indicó en la citada resolución. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a dicho juez responsable, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, exhiba el acuse de recibo del oficio que giró al Agente del Ministerio Público de su adscripción, para que éste a su vez ordenara a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación a su cargo, se abstuvieran de ejecutar la orden de aprehensión librada el nueve de octubre de dos mil quince, en la causa penal 246/2014 de su índice. Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en auto de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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