Imelda Osorio Hernández
Expediente 1127/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 30 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1127/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Imelda Osorio Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente, en esta fecha se ordenó el archivo definitivo; asimismo, que por interlocutoria pronunciada el veintiocho de junio de este año, se negó la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que el original de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III y el duplicado destruible en el plazo de seis meses, conforme al artículo 19, fracción II, inciso a del mismo acuerdo general. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1127/2022, promovido por ***, en contra de la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), en específico el artículo cuarto transitorio, patentizado en el probable despido enfermera General de los Servicios de Salud de Oaxaca, como trabajador de los servicios de salud, en razón de la expedición del citado Decreto. R E S U L T A N D O S ANTECEDENTES De la demanda de amparo y su aclaración se advierte que el quejoso ***, reconoció expresamente que desde el uno de agosto de dos mil diecinueve, se encuentra como trabajadora activa de los Servicios de Salud de Oaxaca y que su relación laboral se encontraba vigente al momento de la presentación de su demanda ante esta instancia constitucional, incluso aportó como prueba documental, el comprobante de percepciones y descuentos -con sello digital-, expedido por el Instituto de Salud para el Bienestar -INSABI-, de la Secretaría de Salud, correspondiente a la primera quincena de septiembre de dos mil veintidós, de la que se desprende que el quejoso se desempeñaba a esa data como enfermera general del "Instituto de Salud para el Bienestar". Que el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), en específico el artículo cuarto transitorio. (Decreto y porción normativa que constituye el acto reclamado) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Dicho libelo constitucional se turnó al día siguiente, el cual quedó registrado con el progresivo 1127/2022; se previno a la quejosa mediante auto de tres de octubre de dos mil veintidós, a efecto de que aclarara su escrito de demanda, por lo que cumplida en sus términos, en diverso de veinticinco de octubre de esa anualidad, se desechó la demanda de amparo. Inconforme con dicha determinación el ocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la disidente interponiendo recurso de queja en contra del auto de desechamiento, del cual por cuestión de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y administrativa del Decimotercer Circuito, órgano colegiado que en sesión de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se declaró incompetente para resolver el citado recurso y lo remitió al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno. Tocándole conocer del mismo al Segundo Tribunal Colegiado de la citada materia y circuito, quien por ejecutoria emitida en el recurso de queja 160/2023, de treinta de mayo de este año, declaró fundado dicho medio de impugnación, motivo por el cual se dejó insubsistente el auto de trece de octubre de dos mil veintidós y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama al: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La elaboración y expedición del decreto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR). Al Secretario de Hacienda y Crédito Público. A la Secretaría de Bienestar. Al Secretario de la Función Pública. Al Secretario de Salud. A la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El refrendo del citado Decreto; y, Al Director del Diario Oficial de la Federación. La publicación del aludido Decreto. Asimismo, la quejosa en su escrito aclaratorio precisó que el acto de aplicación se lo atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual se traduce en que con la elaboración, expedición, refrendo y ejecución del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por el que se ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), en específico el artículo cuarto transitorio, se patentiza su probable despido del hospital de los Servicios de Salud de Oaxaca donde se encuentra adscrito actualmente, como trabajador de los servicios de salud, en razón de la expedición del citado Decreto. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS El Titular de la División de Asuntos Fiscales y Administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Ciudad de México, en suplencia del Director General, negó la existencia del acto de aplicación que le atribuye el quejoso, pues refiere que dentro de sus facultades previstas en el artículo 268 de la Ley del Seguro Social, y artículo 66 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se encuentran conferidas el realizar los actos que reclama la quejosa. Y de autos, tampoco existen constancia alguna de la que derive la existencia de un acto de aplicación del decreto reclamado, por parte de la citada autoridad responsable, que afecte los derechos del aquí quejosa. Pues si bien la quejosa aportó copia fotostática de la documental consistente en comprobante de percepciones y descuentos -con sello digital-, expedido por el Instituto de Salud para el Bienestar -INSABI-, de la Secretaría de Salud, correspondiente a la primera quincena de septiembre de dos mil veintidós -foja 16-; a la que se concede pleno valor probatorio al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, no demuestra el acto de aplicación del aludido decreto; de ahí la inexistencia atribuida a dicha autoridad. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la aludida autoridad responsable. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia de los actos reclamados quedó legalmente acreditado a partir de los informes justificados rendidos por el Coordinador de Evaluación, de Control Procedimental y Amparos en representación en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público (refrendo); el Director de lo Contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (refrendo), Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar (refrendo); Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en representación de la citada secretaría (refrendo), Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación (publicación); en el que reconocieron la existencia de los actos que se les atribuye. Además, la existencia de actos como los que nos ocupan (contra normas generales), no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General, por disposición expresa de su artículo 2º. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por su parte, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (promulgación), no rindió su informe justificado, pese haber quedado notificada de su solicitud del mismo el pasado siete de septiembre de dos mil veintitrés, como se advierte del acuse de recibo que obra a foja 224 de autos; por tanto, con fundamento en el artículo 117, se presume cierto el acto reclamado por la quejosa. Lo anterior, en virtud de lo que se reclama del Mandatario Nacional, es la promulgación del decreto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), el cual aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, atendiendo, de nueva cuenta, al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el precepto 2° de la Ley de Amparo; así como con apoyo en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." IMPROCEDENCIA La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, es que respecto de los actos reclamados a las autoridades 1) Secretario de Hacienda y Crédito Público; 2) Secretaria de Bienestar; 3) Secretario de la Función Pública; 4) Secretario de Salud; 5) Secretaria del Trabajo y Previsión Social; 6) Secretario de la Función Pública; y 7) Director del Diario Oficial de la Federación; quienes intervinieron, las seis primeras en el refrendo y la última en la publicación del Decreto reclamado (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós), que ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR); se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se reclamaron por vicios propios. Ello es así, atendiendo que, de conformidad con el numeral 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, cuando se controvierten normas generales, la parte quejosa deberá señalar al titular del órgano del Estado al que la ley encomiende su promulgación; sin embargo, en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y la publicación del decreto promulgatorio de la ley, la promovente sólo podrá señalarlas con el carácter de responsable, cuando se impugnen sus actos por vicios propios, lo que en la especie no aconteció. En esa medida, si en el caso particular, la parte quejosa no controvirtió el refrendo y publicación del Decreto que aquí se estudia, por vicios propios, se concluye que se actualiza la improcedencia del presente asunto en relación con las autoridades en comento. Por lo que, al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, amparo en relación con el numeral 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio, por cuanto hace a las citadas autoridades. Por otra parte, respecto del acto reclamado atribuido al Presidente de la República, este juzgador considera que en el caso, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]" El numeral en cita, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Se afirma lo anterior, toda vez que el quejoso reclama el Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar -IMSS-BIENESTAR-, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por su sola entrada en vigor, pues aduce, en lo que interesa que: El artículo cuarto transitorio del citado Decretado contiene un despido masivo y forzoso de todo trabajador perteneciente a los servicios de salud de todas las entidades federativas, incluido el Estado de Oaxaca. La norma infringe sus derechos laborales, contenidos en la fracción XXII, del Apartado A, del Artículo 123 Constitucional, pues no prevé el pago de la liquidación como en derecho corresponde a los trabajadores al dar por terminada la relación laboral, conforme lo establece en su artículo 49 y pasar a formar parte de la plantilla de trabajadores del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el bienestar (IMSS-BIENESTAR). De donde se advierte, la parte quejosa considera que el decreto impugnado, tiene el carácter de autoaplicativo y, por ende, que desde su entrada en vigor causa afectación en su esfera jurídica, porque según afirma, se le pretende aplicar, con el consecuente despido de su trabajo, sin indemnización ni liquidación a su favor. Sin embargo, el perjuicio que pudiera derivar del decreto reclamado no deviene de su sola entrada en vigor como se argumenta, ya que por su naturaleza, no obliga de inmediato ni define, modifica o extingue situación jurídica alguna, sino que se requiere la realización de un acto posterior a la iniciación de su vigencia; lo que pone de manifiesto su característica de ordenamiento heteroaplicativo. Para corroborar lo anterior, resulta pertinente analizar la naturaleza de la norma general que se reclama, con base en el criterio de la individualización de la norma, y para ello es necesario establecer la distinción entre las normas heteroaplicativas y autoaplicativas. Así, tratándose de normas heteroaplicativas, no producen sus efectos en la esfera jurídica del particular por el solo hecho de entrar en vigor, sino que requieren de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice; se distinguen precisamente porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. Por su parte, las normas autoaplicativas sí afectan a los particulares desde que cobran vigencia, pues tienen una aplicación que no se encuentra sujeta a condición alguna; esto es, se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización de condición alguna. Así, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica, pues conforme a la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal del país, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: Son inevitables desde que entran en vigor. Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho. Nacen con ella misma. No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. La distinción apuntada, se advierte de los lineamientos contenidos en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el caso concreto, como se dijo, el decreto impugnado es de carácter heteroaplicativo, toda vez que su sola entrada en vigor no produce efectos vinculantes ni genera obligaciones concretas incondicionadas, como se analizará enseguida. Ahora bien, el artículo cuarto transitorio del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar -IMSS-BIENESTAR-, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, establece: "TRANSITORIOS [...] CUARTO. Los derechos laborales individuales de las personas trabajadoras de los servicios de salud estatales, que se pudieran haber generado hasta antes de su transferencia al IMSS-BIENESTAR, con motivo de los convenios de coordinación que se celebren con las entidades federativas para la prestación de los servicios a la población objetivo, será respetados en sus términos, sin perjuicio de que se puedan establecer esquemas de remuneraciones para las personas trabajadoras antes referidas, con sujeción a las disponibilidades presupuestarias del IMSS-BIENESTAR. El otorgamiento de las prestaciones de seguridad social, incluido el servicio médico, quedará a cargo de la institución pública que los brinda actualmente, por lo que el IMSS-BIENESTAR debe realizar las gestiones correspondientes para cubrir las cuotas a que haya lugar, con cargo a los recursos que le transfieran las entidades federativas, de conformidad con el artículo 3 del presente decreto. Las personas que, a la entrada en vigor del presente decreto, cuenten con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales, pueden ser sujetos de reclutamiento por parte del IMSS-BIENESTAR, siempre que cumplan con los requisitos que éste establezca para su contratación." De la anterior transcripción se advierte, que se prevé el respeto a los derechos laborales individuales de quienes son trabajadores de los servicios de salud de las entidades federativas, generados con antelación a su transferencia al IMSS-BIENESTAR, pues así lo establece el citado punto transitorio; asimismo, que quienes cuenten con un contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales, pueden ser reclutados para formar parte del IMSS-BIENESTAR, siempre que cumplan con los requisitos que se establezcan para su contratación. No obstante, la parte quejosa no demostró que a esta data, se haya realizado su transferencia al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el bienestar IMSS-BIENESTAR-, con base en el convenio de coordinación celebrado por éste con el Estado de Oaxaca; tampoco que la quejosa forme parte de algún esquema de remuneración, se encuentre en el grupo de personas con contrato por tiempo determinado o de prestación de servicios profesionales; o bien, que haya sido despedida, con transgresión a sus derechos laborales adquiridos. Por tanto, la sola emisión del Decreto tildado de inconstitucional no afecta la esfera jurídica del promovente, pues ello se verificará, en su caso, una vez que, con base en el convenio de coordinación aludido se llegaren a vulnerar sus derechos laborales conforme a la ubicación de alguno de los supuestos a que se refiere el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el bienestar -IMSS-BIENESTAR-. De esta manera, la disposición cuestionada no produce, por sí sola, agravio a la parte quejosa, toda vez que no contiene un principio de ejecución que se actualice desde el momento en que entró en vigor, sino que se requiere de la realización de actos ulteriores para que adquiera individualización y sitúen al quejoso dentro de la hipótesis legal. Además, es criterio reiterado por el Pleno y la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que tratándose de la impugnación de leyes heteroaplicativas, es indispensable que el acto de su aplicación sea actual, es decir, que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la posible inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio constitucional. Por el contrario, la inminencia de la aplicación de la ley sólo genera la presunción de que tal aplicación pudiera realizarse, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio. Afirmaciones que encuentran sustento en las jurisprudencias 2a./J. 76/97 y 2a./J. 77/97, emitidas por la Segunda Sala de la SCJN, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, enero 1988, páginas 374 y 382, de rubro y texto: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio." "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio." De tal modo que si la sola vigencia del decreto combatido, no afecta de manera directa la esfera de derechos de la parte quejosa, quien reclama su inconstitucionalidad en virtud de su sola entrada en vigor, es decir, como autoaplicativa, ni de autos se advierte hubiere quedado acreditada la aplicación concreta de dicho decreto, esto es, que se le haya transferido al IMSSBIENESTAR; que se le hubiere liquidado sin indemnización; o que se le hubiere transferido sin respetar sus derechos laborales; luego, no existe afectación a su esfera jurídica. Sin que el promovente del amparo hubiera aportado alguna probanza a este juicio de amparo, para acreditar la aplicación del decreto reclamado, pues se reitera, únicamente exhibió a su nombre, un comprobante de percepciones y descuentos -con sello digital-, expedido por el Instituto de Salud para el Bienestar -INSABI-, de la Secretaría de Salud, correspondiente a la primera quince de septiembre de dos mil veintidós -foja 16-; con el que acredita que labora para esa Institución, mas no que hubiere sido despedida o transferida al nuevo organismo IMSS-BIENESTAR. En ese orden, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Finalmente, es oportuno señalar que si bien se citan criterios que fueron integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, siguen siendo aplicables para resolver este asunto, pues ello lo permite el artículo sexto transitorio de la Ley de la materia publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por no contravenir tal ordenamiento jurídico. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, por los motivos expuestos en los considerandos III y V del presente fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Salud para rendir su informe justificado; en tales condiciones, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las once horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.
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