Imelda Almendra López

Expediente 514/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
514/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Imelda Almendra López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la Presidenta de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en atención a su carga de trabajo, solicita se conceda un plazo de quince días hábiles para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, como lo solicita la autoridad oficiante se concede el plazo improrrogable de quince días hábiles a partir de su notificación para que cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la referida autoridad que si no actúa como se indica en la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurra en la conducta sancionada y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo de los servidores públicos respectivos y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígasele que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además, de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que tratan de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este sumario. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintitrés. De este sumario se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto por el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo prescrito por los arábigos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que tal fallo ha causado ejecutoria. Ahora, la protección constitucional se otorgó: ".para el efecto de que la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, de inmediato proceda a dictar la resolución que en derecho corresponda, del incidente de liquidación en el expediente laboral **. Por tanto, con fundamento en lo previsto por el arábigo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copia certificada ordenada, legible y completa de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe a la referida autoridad que si no actúa como se indica en la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurra en la conducta sancionada y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo de los servidores públicos respectivos y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígasele que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además, de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este sumario. Notifíquese.

  4. Principal

    S E N T E N C I A : VISTOS; para resolver los autos del juicio de amparo número 514/2023; y R E S U L T A N D O S ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de ***, la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ha sido omisa en resolver el incidente de liquidación en el expediente laboral ***. Por ello, considera que se viola en su perjuicio los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado electrónicamente el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y recibida el veintidós de mayo siguiente, en este Juzgado,** en su carácter de apoderado legal y en representación de ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó la falta de elaborar la resolución del incidente de liquidación correspondiente en el juicio laboral **Acto que estimó violatorio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, previa prevención, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo, la registró en el libro de gobierno con el número 514/2023, solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y el acto reclamado se le atribuye a una autoridad residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en Materia Mixta. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, así como a la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado. Lo anterior, con apoyo en el criterio de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de resolver el incidente de liquidación dentro del juicio laboral ***. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada oportunamente, pues el acto reclamado por la quejosa, al ser de carácter omisivo no está sujeto al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento mientras subsista dicha omisión; circunstancia que se corrobora con el informe justificado rendido por la responsable, en la que aceptó la existencia de la omisión reclamada. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del acto reclamado y al efecto exhibió copia certificada de la audiencia incidental de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el cual la citada junta declaró cerrada la instrucción en dicho expediente** y se ordenó turnar dicho expediente para la resolución correspondiente, sin que hasta el momento se haya resuelto lo conducente. Aduce la autoridad responsable, que la dilación obedece a la carga de trabajo de ese órgano, sin acreditarlo. PROCEDENCIA. En relación con los actos reclamados las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia y de oficio no se advierte la actualización de alguna hipótesis de inejercicio a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna causal de sobreseimiento de las previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria, que obligue a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre los actos reclamados, por lo que, a consideración de este órgano jurisdiccional, el amparo es procedente. ESTUDIO DE FONDO Respecto del acto reclamado, son sustancialmente fundados los conceptos de violación invocados por la parte quejosa y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Así, una vez que se ha precisado que el motivo de inconformidad trasciende a la garantía de debido acceso a la justicia, a fin de abordar el fondo del asunto, deben conocerse los alcances de dicha garantía: En el artículo 17 constitucional se establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2ª L/2002, que indica: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen. Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia P/J 113/2001 emitida por el aludido Tribunal Pleno, cuyo rubro y texto son los siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto de la garantía de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija plazos y términos para el dictado de la resolución de cuya ausencia de su emisión se duele la peticionaria. Así, el acto que por esta vía se combate consistente en la omisión de resolver el incidente de liquidación correspondiente en el juicio laboral J.32/0498/2021, del índice de la Junta responsable, se encuentra regulado en los numerales 761, 762, 763, 838 y 843 de la Ley Federal de Trabajo que rigen el acto reclamado, establecen lo siguiente: "Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. "Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad; Competencia; Personalidad; Acumulación; y Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes. Artículo 838.- El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. Artículo 843.- En las sentencias, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalará las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación.". De los preceptos anteriores se advierte que los Tribunales cuentan con veinticuatro horas para la celebración de la audiencia incidental, en que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva dicho incidente o tratándose de incidente de previo y especial pronunciamiento, emitir la resolución correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas después de la referida diligencia. Partiendo de lo expuesto, es claro que asiste razón a la quejosa, en cuanto a que el acto reclamado transgrede su esfera de derechos, lo anterior es así, ya que desde el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado celebró la audiencia incidental de liquidación promovido por la parte actora ordenando turnar los autos para la elaboración del resolución correspondiente, esto es, hace poco más de siete meses aproximadamente, incumpliendo con ello el término previsto en el artículo 761 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, en veinticuatro horas, lo cual tiene en consecuencia la paralización del juicio laboral, lo que es violatorio a los derechos fundamentales de la quejosa al no ajustarse a los términos que establece la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, permite arribar a la conclusión de que la inobservancia a los términos y plazos legales en que ha incurrido la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se traducen en una franca violación al derecho de justicia pronta y expedita tutelada por el precepto 17 Constitucional en cita, en la que se establece el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; derecho que la junta laboral responsable está obligada a garantizar; es así, porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la Junta señalará día y hora para la audiencia incidental de liquidación, que deberá efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes y, resolverse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley; atento a los principios que rigen el proceso laboral, como el de celeridad, economía, concentración y sencillez en el proceso. Lo que en el caso particular hasta el momento en que se emite la presente sentencia ha excedido ese plazo, puesto que han transcurrido poco más de siete meses aproximadamente; de ahí, es evidente una dilación de aproximadamente de siete meses desde la audiencia incidental de liquidación. Se robustece lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Décimo Circuito, con Registro digital: 2025350, de rubro: "AUDIENCIA INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN EN EJECUCIÓN DE LAUDO. NO BASTA QUE LA JUNTA LABORAL HAYA SEÑALADO FECHA PARA SU DESAHOGO PARA CONSIDERAR QUE CESARON LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, PUES AL QUEDAR DEMOSTRADA LA DILACIÓN RECURRIDA ES MENESTER QUE, ADEMÁS DE ORDENAR TAL DESAHOGO, TAMBIÉN SE EMITA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE EN BREVE TÉRMINO, PUES SÓLO ASÍ, EN ESA FASE DEL JUICIO, PODRÁ CONSIDERARSE QUE DESAPARECIERON EN FORMA TOTAL LAS CONSECUENCIAS DEL ACTO RECLAMADO." DECISIÓN En las relatadas condiciones, toda vez que la omisión reclamada transgrede en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, de inmediato proceda a dictar la resolución que en derecho corresponda, del incidente de liquidación en el expediente laboral ** Por lo expuesto se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, por las razones expuestas en considerando "VI" y para los efectos establecidos en el diverso "VII" de la presente sentencia. Notifíquese.

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