Imelda González Ferreira
Expediente 199/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 199/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Imelda González Ferreira
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Por recibido el escrito signado por la quejosa **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en auto de quince de febrero del año en curso, lo que hace manifestando bajo protesta de decir verdad todos los hechos y acontecimientos acaecidos al acto reclamado. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" A manera de preámbulo, conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido la orden de escrituración y/o entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial. Lo anterior, aplicado contrario sensu, evidencia que cuando el acto reclamado no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, el juicio de amparo será improcedente. Y es que la finalidad de esta disposición, es permitir el respeto del derecho a la seguridad jurídica, y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate. Bajo dicha guisa, en el caso que nos ocupa, se tiene que el acto reclamado por la solicitante del amparo se hace consistir en la resolución emitida el cuatro de enero de dos mil diecisiete, por la Magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, en el toca de apelación 08/2017, en el que declaró mal admitido por extemporáneo el recuso de apelación interpuesto en contra de la audiencia de remate en primera almoneda de veinticinco de octubre del año pasado, pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil 56/98, de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, es inconcuso, que esa determinación no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega del bien rematado, con lo que se demuestra plenamente que el acto reclamado no es la última resolución en el procedimiento de remate. Con base en lo puntualizado, si el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva: 1. Ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y 2. La entrega de los bienes rematados; y si a la fecha aún no se han emitido tales resoluciones en dicho procedimiento; es inconcuso que al no surtirse la hipótesis que prevé la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente. Y es que para considerarse que en el procedimiento de remate se emitió la última resolución, es menester, que se emitan ambos mandamientos -los cuales quedaron puntualizados bajo los números 1 y 2 del párrafo que antecede-, habida cuenta que el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, es puntual en establecer: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De modo que, si el amparo indirecto procede hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido la orden de escrituración y/o entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial- resulta indudable que el juicio de amparo que nos ocupa se torna improcedente, al no haberse emitido aún tales determinaciones en el procedimiento de remate tramitado en el juicio ejecutivo mercantil 56/98 de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Por recibido el escrito signado por la quejosa **********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en auto de quince de febrero del año en curso, lo que hace manifestando bajo protesta de decir verdad todos los hechos y acontecimientos acaecidos al acto reclamado. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" A manera de preámbulo, conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido la orden de escrituración y/o entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial. Lo anterior, aplicado contrario sensu, evidencia que cuando el acto reclamado no se trate de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, el juicio de amparo será improcedente. Y es que la finalidad de esta disposición, es permitir el respeto del derecho a la seguridad jurídica, y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del remate. Bajo dicha guisa, en el caso que nos ocupa, se tiene que el acto reclamado por la solicitante del amparo se hace consistir en la resolución emitida el cuatro de enero de dos mil diecisiete, por la Magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, en el toca de apelación 08/2017, en el que declaró mal admitido por extemporáneo el recuso de apelación interpuesto en contra de la audiencia de remate en primera almoneda de veinticinco de octubre del año pasado, pronunciada dentro del juicio ejecutivo mercantil 56/98, de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, es inconcuso, que esa determinación no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega del bien rematado, con lo que se demuestra plenamente que el acto reclamado no es la última resolución en el procedimiento de remate. Con base en lo puntualizado, si el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva: 1. Ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación; y 2. La entrega de los bienes rematados; y si a la fecha aún no se han emitido tales resoluciones en dicho procedimiento; es inconcuso que al no surtirse la hipótesis que prevé la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente. Y es que para considerarse que en el procedimiento de remate se emitió la última resolución, es menester, que se emitan ambos mandamientos -los cuales quedaron puntualizados bajo los números 1 y 2 del párrafo que antecede-, habida cuenta que el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, es puntual en establecer: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De modo que, si el amparo indirecto procede hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido la orden de escrituración y/o entrega del bien inmueble, pues de cualquier manera, será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial- resulta indudable que el juicio de amparo que nos ocupa se torna improcedente, al no haberse emitido aún tales determinaciones en el procedimiento de remate tramitado en el juicio ejecutivo mercantil 56/98 de la estadística del Juzgado Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por la quejosa **********; en atención a su contenido dígasele que no ha lugar a tenerla dando cumplimiento al requerimiento efectuado el uno de los actuales. Lo anterior es así ya que en dicho auto se le requirió, para que: Manifieste bajo protesta de decir verdad, de manera sucinta y cronológica, la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, y Señale si en la audiencia objeto de remate de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó la escrituración del inmueble. Sin embargo, del ocurso de cuenta se desprende que la promovente únicamente logra desahogar parcialmente el punto 1), dado que hace una narración de los hechos y abstenciones, pero es omisa en manifestarlos bajo protesta de decir verdad. Asimismo, en cuanto al punto 2), también es omisa en manifestar si se ordenó la escrituración del inmueble. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de referencia, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de uno de febrero pasado. En la inteligencia que al haber pretendido desahogar el requerimiento de que se trata el cuarto día de los cinco que se le concedieron, le resta un día para dar cumplimiento a lo solicitado, plazo que se computará a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se le practique.
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