Ildefonso Gustavo Guízar Medina

Expediente 1004/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1004/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
16/12/2015

Partes del expediente

  • Ildefonso Gustavo Guízar Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto por el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del auto de tres del presente mes y año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por **********, quien se ostenta como mandatario judicial de **********, sin que lo haya hecho valer; por tanto, se declara firme dicho proveído. Háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado *******, este último quien se ostenta como mandatario judicial del primero mencionado, mediante el cual cumple con la prevención efectuada el veintitrés de noviembre pasado, en la que se requirió para que por escrito: Acredite con documento fehaciente el carácter de mandatario judicial de ******. Ahora, del escrito de cuenta se desprende que se desahogó el requerimiento en los siguientes términos: Exhibió copia certificada del expediente C633/2015 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, promovido por Ildefonso Gustavo Guizar Medina en contra de *******, de la cual se advierte que en fecha diez de agosto de dos mil quince, se ratificó el mandato judicial otorgado por ******** a favor de *******. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. Así es, de los preceptos trascritos se infiere que la facultad para acudir al amparo está reservada a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados en la Constitución Federal. La mera transgresión a un derecho constitucionalmente protegido, por parte de un acto de autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión y solicitar la restitución en el goce del derecho violado, esto es, lo legitima para acudir al amparo, siendo ese derecho protegido lo que constituye, precisamente, el interés jurídico previsto constitucionalmente para la procedencia del juicio de amparo, o bien, cuando esa afectación derive de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -interés legítimo-. De esta manera, la legitimación para acudir al amparo está determinada por los siguientes aspectos: a) El amparo es un juicio que solo puede iniciarse a instancia de parte facultada para ello. b) Dicha facultad está determinada en función a dos aspectos: Al ser el objeto y fin del juicio de amparo la protección de los derechos constitucionalmente protegidos en favor del gobernado, la persona facultada para promoverlo debe ser, en primer término, titular de dichos derechos, o bien su representante legal. Esa persona debe resentir un perjuicio o agravio de manera personal y directa, o bien, por su especial situación frente al orden jurídico, en alguno de esos derechos para poder acudir al amparo, lo que constituye su legítimo interés jurídico o legítimo para hacerlo. A fin de comprender por qué en el caso se actualiza la causa de improcedencia en comento, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado, que son los siguientes: ******, adquirió mediante donación de la señora ******, una fracción del predio rustico denominado Corraleja de Cortazar, Guanajuato, hoy colonia Del Valle, con una superficie de 1,376.25 metros cuadrados. Al percatarse de que el inmueble estaba ocupado por ******* promovió demanda ordinaria civil sobre acción plenaria de posesión, la cual fue radicada por el Juez Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, bajo el número C633/2015; juicio en el cual la demandada aludida, al contestar la demanda manifestó que producto de la sentencia ejecutoriada dictada en el expediente C260/2005, que sobre cumplimiento de contrato de compra venta y otras prestaciones instauró en contra de Raúl Mancera Carranco, se ordenó la escrituración y puesta en posesión de los lotes 37, 41 y 42 ubicados en la Colonia Nueva Del Valle de Cortazar, Guanajuato. Con motivo de que la parte actora se enteró de la existencia del juicio C-260/2005, cuando se dio contestación a la demanda dentro del juicio C-633/2015, es que Juan Manuel Reséndiz Arredondo como mandatario judicial de ******, promueve el presente juicio de amparo contra las actuaciones efectuadas en el primero de los citados controvertidos, al haberse afectado los derechos de su mandante sin que haya sido oído ni vencido en juicio. Entonces, en el caso concreto se tiene que, ******** manifestó en el proemio de la demanda que acude a esta instancia constitucional, en su carácter de mandatario judicial de Ildefonso Gustavo Guizar Medina, carácter que demuestra con las copias certificadas que anexó a su escrito aclaratorio, referentes al juicio ordinario civil C-633/2015, que sobre restitución y entrega de un predio rústico promovió este último ante el Juzgado Civil de Primera Instancia de Cortazar, Guanajuato; procedimiento en el cual el actor, mediante diligencia de diez de agosto de dos mil quince ratificó el mandato judicial otorgado al citado **********. En ese orden, cabe señalar que el artículo 2101 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, el cual se encuentra inmerso en el Título Noveno, Capítulo V, referente al mandato judicial, dispone: Art. 2101. El procurador, aceptado el poder, está obligado: I. A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo por algunas de las causas expresadas en el artículo 2108; II. A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse; III. A practicar, bajo la responsabilidad que este Código impone al mandatario, cuando sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del litigio. Del precepto legal trascrito se desprende que el mandatario judicial está obligado a seguir el juicio en todas sus instancias mientras no haya cesado su encargo; pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tiene de que el mandante se los reembolse; y, practicar bajo la responsabilidad que código adjetivo civil del Estado impone al mandatario, cuando sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del litigio. Del contenido del citado numeral se desprenden las actuaciones que se autorizan al mandatario judicial, las cuales se encuentran referidas al juicio en el cual se le otorga el mandato, pero del mismo no se advierte que se le autorice para promover la demanda de amparo en nombre del mandante. Ello es así, pues como se dijo, el juicio de amparo sólo puede ser instado por quien figura como quejoso o por su representante legal; y, el mandatario judicial no puede equipararse a un representante legal, pues este último carácter, únicamente se puede adquirir mediante la designación específica, es decir, mediante un poder exprofeso; pues si bien, el citado precepto señala que el mandatario judicial está obligado a seguir el juicio en todas sus instancias, dicha disposición debe entenderse destinada a la primera y segunda instancia del juicio natural, empero, no puede hacerse extensiva al juicio de amparo, pues en éste, la legitimación se regula exclusivamente por la legislación de la materia, conforme a lo que dispone el supra citado artículo 6°, en relación con el diverso numeral 11 de dicha ley. Ahora, si bien el normativo 11 de la Ley de Amparo, establece que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad debe ser admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, siempre y cuando se compruebe esa circunstancia con las constancias respectivas; sin embargo, este numeral no puede interpretarse en el sentido de que el mandatario judicial, tenga atribuciones para promover la demanda de amparo en representación de su mandante, pues su participación se limita, exclusivamente, a la jurisdicción ordinaria; habida cuenta que dicha designación no lo convierte en su representante legal. Por tanto, si sólo la parte quejosa directamente afectada con alguna determinación jurisdiccional es la que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, a través de su representante legal, ya que la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo -con la salvedad de las excepciones previstas por los artículos 8, 15 y 16 de la Ley de Amparo-; es de concluirse que, al ser la titularidad de la acción de amparo un derecho personalísimo- que en principio, no es disponible para que la ejerzan personas distintas al quejoso o diversas a quienes legalmente los representen-, evidentemente, un mandatario judicial (cuya participación, como se dijo, se limita a la defensa de su poderdante, únicamente en la jurisdicción ordinaria), carece de legitimación para instar la acción constitucional. Luego, si en la especie, Juan Manuel Reséndiz Arredondo, promovió la demanda de amparo a nombre de Ildefonso Gustavo Guizar Medina, pretendiendo justificar su personalidad por ser mandatario judicial de éste último en el juicio ordinario civil C-633/015, del índice del Juzgado Civil de Partido de Cortzar, Guanajuato, resulta inconcuso que no está legitimado, procesalmente hablando, para instar la acción constitucional en nombre de la parte que dice representar, ya que dicho normativo no lo faculta para ello, sino únicamente para actuar en ese procedimiento, pero no para promover el juicio de amparo reclamando un acto emanado de un juicio distinto, actualizándose así, la causa de improcedencia invocada En otras palabras, si en la especie el promovente del amparo reclama las actuaciones del juicio ordinario civil C-260/2005, del índice del Juzgado Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, en el que su mandante no fue parte, donde aduce que se afectó a éste en su derecho de propiedad y posesión respecto de un inmueble que aduce le pertenece, entonces puede establecerse que no está legitimado para acudir a solicitar el amparo, pues sus facultades se encuentran restringidas para actuar en el juicio en el que se le otorgó mandato judicial, no para promover el juicio de amparo reclamando actos emitidos en un diverso controvertido. Como conclusión, puede establecerse que en el juicio de amparo, la demanda debe provenir directamente de quien figura como parte en el juicio de origen o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del mandatario judicial. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Por recibida la demanda de amparo que presenta **********, quien se ostenta como mandatario judicial de **********, contra actos del Juez Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 1004/2015-IV. El suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, que estatuye: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;..." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6o de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita Del análisis conjunto de los aludidos imperativos se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y, en caso contrario, prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo, lo que se encuentra previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, según el cual, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. En el caso concreto, ********** manifestó en el proemio de la demanda lo siguiente: "(.) CON EL CARÁCTER DE MANDATARIO JUDICIAL DEL SEÑOR ILDEFONSO GUSTAVO GUIZAR MEDINA QUE TENGO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL NÚMERO C 633/2015 QUE SE VENTILA ANTE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DE CORTAZAR GUANAJUATO (.)" Empero, ningún documento adjuntó para acreditar dicho presupuesto, por lo que es incuestionable que no se cumple con el requisito a que se ha hecho alusión en acápites anteriores. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción I, en relación con el 114, fracción II, ambos de la ley de la materia, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con dos copias para correr traslado a las partes: - Acredite con documento fehaciente el carácter de mandatario judicial de **********. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: .. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada...". En el entendido de que sólo se tendrá por legalmente cumplida la prevención si la parte quejosa es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6o de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Por otra parte, tomando en consideración que el promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Téngase autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Santiago Ramírez Rocha y José Manuel Pérez Lino, en virtud de que obra su cédula profesional números 2110709 y 3959820 en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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