Imelda Guadalupe Pérez Martínez

Expediente 844/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
844/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Imelda Guadalupe Pérez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió la Juez Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por medio del cual acusa recibo del diverso 19558/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, con el que se le notificó el proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia constitucional.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, en especial las constancias que remitieron el magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y la Juez Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato, se advierte que en el presente asunto sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, establece que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho sustantivo de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, la quejosa *************, acude al amparo señalando como acto reclamado la determinación emitida el cuatro de agosto de dos mil veintidós, por el magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en el toca 361/2022, que revocó la sentencia pronunciada el veinte de mayo de dos mil veintidós por la Jueza Segunda Civil de Primera Instancia de Acambaro, Guanajuato, dentro del juicio ordinario civil C1067/2021, que sobre nulidad de escritura pública y otras prestaciones promovió **********, en su calidad de albacea de las sucesiones a bienes de **************, en contra de la aquí solicitante del amparo, y ordenó reponer el procedimiento para que se llame a juicio en carácter de litisconsorte pasivo necesario a ***********. Pues bien, a juicio del suscrito la determinación reclamada no constituye un acto en juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarla en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como actos de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Además, en el caso concreto no se cumplen los presupuestos previstos en la jurisprudencia 1ª./J. 106/2004, para considerar que la resolución reclamada tiene una ejecución de imposible reparación. Lo anterior se afirma, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 78/2014, determinó lo siguiente: 22. En efecto, esta Primera Sala considera que la presente contradicción resulta improcedente, a pesar de la divergencia de criterios de los tribunales contendientes, ya que al existir jurisprudencia emitida sobre el mismo punto jurídico por este Alto Tribunal, no es posible responder a la interrogante jurídica genuina, en tanto la respuesta a la inquietud del Tribunal denunciante se responde con la existencia de la jurisprudencia Tesis: 1a./J. 106/2004 ." ". 23. En efecto, dicha jurisprudencia se originó al resolver la contradicción tesis 63/2003, en la que esta Primera Sala señaló que en cada caso debe determinarse si las consecuencias de la reposición del procedimiento son de imposible reparación, pues por sí misma, la reposición del procedimiento jurisdiccional, por más que cause mayor o menor molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, no justifica la procedencia del juicio de amparo en contra de dicha sentencia de segunda instancia, sino que se necesita una situación concreta capaz de cambiar el sentido del fallo que se llegue a dictar en relación con la revocada. 24. También apuntó, que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente el litisconsorcio pasivo necesario, al tratarse de un acto en juicio de ejecución de imposible reparación, cuando se cumplan los presupuestos siguientes: 1.- Que afecte en grado predominante o superior a la parte que obtuvo sentencia con la que está conforme, pues en virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente dicho fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, eventualmente, ser inútil. 2.- Que al reponer el procedimiento se puedan nulificar actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente. 3.- Que con esa reposición se anularan los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. 25. De suerte tal que se concluyó que aun cuando la resolución que ordena reponer el procedimiento para efecto de integrar litisconsorcio pasivo necesario, es decir, para llamar al juicio a todas aquellas personas demandadas, involucradas con la cuestión litigiosa contrarias al interés de la parte actora, constituye una violación adjetiva o procesal, que es factible su impugnación en forma excepcional a través del amparo indirecto, cuando se afecte de manera exorbitante a la parte que está conforme con la sentencia; cuestión que sólo es susceptible de analizarse casuísticamente, es decir, que en cada caso concreto el juzgador tendrá que evaluar la situación para verificar si se actualiza tal supuesto. 26. Esto es, para determinar la viabilidad del amparo indirecto cuando alguna de las partes (quejosa) que intervino en un juicio se ve obligada a litigar de nueva cuenta por efecto de la reposición del procedimiento ordenada en segunda instancia, debe establecerse casuísticamente si se producen efectos de imposible reparación. 27. Así respecto al cuestionamiento jurídico que origina la observada divergencia de criterios, no es factible emitir alguna regla general al respecto, es decir, que esta Primera Sala se pronuncie en forma generalizada respecto de la procedencia del amparo indirecto en contra de la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural para integrar debidamente el litisconsorcio pasivo necesario, puesto que, en todo caso la irreparabilidad de un acto de ejecución tendrá que ser evaluada casuísticamente atendiendo a la naturaleza de los derechos que se vean trastocados, de que si la afectación a dichos derechos es una consecuencia directa y necesaria de la sentencia de segunda instancia, y de los conceptos de violación que aduzca la parte quejosa. 28. Esto es, en cada caso concreto deberá estudiarse y determinarse que el amparo indirecto sólo podrá ser procedente cuando se trate de actos de ejecución de imposible reparación. Cuestiones todas que quedan a la ponderación del juzgador, y que dependerán de las circunstancias particulares de cada caso en concreto, por lo que no pueden resolverse en forma generalizada. De ahí lo improcedente de esta denuncia de contradicción de tesis, porque más que tratarse de definir alguna postura en relación con el problema planteado, se trata de la interpretación de la tesis multireferida. 29. De ahí que, la presente denuncia de contradicción de tesis es improcedente, porque si bien se advierte una discrepancia entre los tribunales contendientes en cuanto a la procedencia de un juicio de amparo indirecto en el que el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento del juicio de primera instancia para llamar a litisconsorcio pasivo necesario, se observa que en cada caso los órganos jurisdiccionales tomaron en consideración las particularidades de los quejosos frente al acto reclamado para determinar si éste revestía un carácter de imposible reparación." De lo transcripción anterior, se advierte que el Alto Tribunal estableció que para considerar como acto de imposible reparación la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento en un juicio natural, para integrar debidamente litisconsorcio pasivo necesario, deben cumplirse los presupuestos siguientes: 1. Que afecte en grado predominante o superior a la parte que obtuvo sentencia con la que está conforme, pues en virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente dicho fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, eventualmente, ser inútil. 2. Que al reponer el procedimiento se puedan nulificar actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente. 3. Que con esa reposición se anularan los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Sin embargo, como se adelantó, a juicio de quien esto resuelve se advierte que no se cumplen los referidos presupuestos para considerar que la resolución reclamada tiene una ejecución de imposible reparación, ya que si bien a la persona que se llame a juicio eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo necesario (primer presupuesto), lo cierto es que la parte quejosa no está totalmente conforme con la sentencia primigenia, ya que también interpuso recurso de apelación. Además, no se nulificarán las actuaciones procesales ya practicadas (segundo presupuesto), ya que en la resolución reclamada así estableció expresamente, como a continuación se lee: "1. Se ordena la reposición del proceso a los fines de que el juzgado de origen prevenga de manera personal a la parte actora para que, en términos de lo previsto en el artículo 80, del Código de Procedimientos Civiles local, realice las gestiones necesarias para incorporar al proceso, como litisconsorte pasivo necesario, a *************. Ello, con el objeto de que dicha persona se integre a la relación jurídico-procesal del presente asunto y se encuentre así en posibilidad de exponer en forma legal lo que estime conveniente para la defensa de sus respectivos intereses; así como para que la resolución que se llegue a emitir le resulte vinculante. 2. Hecho lo anterior y seguido el trámite por todas sus etapas correspondientes, únicamente entre el actor y el litisconsorte incorporado a la relación procesal, deberá emitirse la resolución que en derecho proceda respecto al fondo de la cuestión debatida. 3. En esa tesitura, se precisa que el juicio deberá entenderse suspendido por lo que hace a la relación jurídico-procesal concertada entre la parte actora y la demandada ************; toda vez que respecto de estas partes ya fue preservada su prerrogativa de hacer valer sus correspondientes derechos adjetivos. (.)" Por lo que, tampoco se anularán los diversos requerimientos y apercibimientos formulados a las partes para cumplir con ciertas conductas (tercer presupuesto). De ahí que se estime que la resolución reclamada no tiene una ejecución de imposible reparación y, como consecuencia, se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquella. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Juez Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, téngasele remitiendo las constancias que le fueron solicitadas en providencia de once de octubre de la presente anualidad; en ese sentido, con base en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las documentales aludidas y téngase a la autoridad responsable Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil, con sede en Guanajuato, ciudad capital, ofertándolas como prueba de su intención, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Dado lo voluminoso de las constancias recibidas, se ordena formar un tomo de pruebas para el mejor manejo del expediente.

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