Ilenia Montiel Cuellar

Expediente 835/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
835/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
29/09/2017

Partes del expediente

  • Ilenia Montiel Cuellar

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a la parte promovente para la devolución de documentos originales al no obrar éstos en autos. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha resolución y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Ilenia Montiel Cuellar, contra actos de los Magistrados integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otra autoridad, de quienes reclama la resolución dictada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete dentro del Toca de Queja Civil 160/2017, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que resolvió el recurso de queja interpuesto por la quejosa en contra de la interlocutoria dictada el trece de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Incidente Penal en Negocio Civil, deducido del expediente número 333/2016, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Juicio Intestamentario por Fraudulento y Nulidad de Escritura Pública, promovido por la quejosa en contra de Lorena, Mónica y Karina, todas de apellidos Cuellar Cisneros, de Paul Hernandez Gomez, del Notario Público Número Uno de la Demarcación de Juárez, Director de Notarias y Registros Públicos del Estado, Tesorero del Municipio de Tlaxcala y del Director General de Catastro; Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 835/2017-IV. Ahora, una vez examinado de manera integral el escrito de demanda procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. ... Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte inconforme deriva de que la resolución reclamada no constituye un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior se dice así, porque de los antecedentes relatados en el escrito de demanda por la parte quejosa se desprende que en la resolución de trece de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, dentro del incidente penal el negocio civil deducido del expediente 333/2016, de su índice, se determinó, en lo que interesa lo siguiente: ... Asimismo, en la resolución reclamada de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, la quejosa manifestó que los Magistrados integrantes de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, confirmaron la resolución dictada el trece de marzo de dos mil diecisiete, por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, dentro del incidente penal el negocio civil deducido del expediente 333/2016. En el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: ... De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la nueva legislación, existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, específicamente respecto de la determinación que resolvía la cuestión de personalidad dentro del juicio laboral, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. En efecto, al deliberar y votar la contradicción de tesis 377/2013 entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que interesa, manifestó lo siguiente: "De lo hasta aquí expuesto, se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas Épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... "III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ... "b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ... "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen; expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De la anterior transcripción se desprende que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que de conformidad con la nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, es decir, contra actos intraprocesales que no afecten derechos humanos, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo (contra el laudo), que es donde esa violación puede producir una afectación. ... En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Ahora, en el caso a estudio la quejosa reclama la resolución dictada el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete dentro del Toca de Queja Civil 160/2017, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que resolvió el recurso de queja interpuesto por la quejosa en contra de la interlocutoria dictada el trece de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Incidente Penal en Negocio Civil, deducido del expediente número 333/2016, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, relativo al Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Juicio Intestamentario por Fraudulento y Nulidad de Escritura Pública, promovido por la quejosa en contra de Lorena, Mónica y Karina, todas de apellidos Cuellar Cisneros, de Paul Hernandez Gomez, del Notario Público Número Uno de la Demarcación de Juárez, Director de Notarias y Registros Públicos del Estado, Tesorero del Municipio de Tlaxcala y del Director General de Catastro. En tal virtud, la resolución reclamada constituye un acto procesal relacionado directamente con la resolución de un incidente penal, por lo que no se trata de un acto de imposible reparación, ello por que el incidente penal en realidad constituye un medio de defensa, cuyo propósito es el de lograr que en la sentencia definitiva no se tome en cuenta un acto o una prueba que se estima tiene un origen delictuoso, lo que pone de manifiesto que la materia del incidente en cuestión es un acto o prueba susceptible de ser tomada en cuenta al fallar el juicio de origen. En este orden de ideas, entendido el concepto de acto de ejecución irreparable, para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución General de la República por medio de sus garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues en cualquiera de esas hipótesis únicamente se afectan los derechos adjetivos o procesales de la quejosa, es decir, sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa o inmediatamente algún derecho fundamental del gobernado, como son la libertad, propiedad o posesión, entre otros y, en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que la favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que favorezcan las pretensiones de la parte quejosa. En consecuencia, si la materia de la resolución reclamada es la resolución de un incidente penal, es claro que no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, por lo que sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse si obtiene resolución favorable en el juicio ordinario de origen. ... Lo anterior pone de manifiesto que la resolución que reclama la parte quejosa constituye un acto que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación-para los efectos de la procedencia del juicio de amparo- pues no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal. Similares consideraciones tuvo el Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito al resolver el recurso de queja 353/2015, de su índice, al confirmar el desechamiento de la demanda de amparo radicada con el número 1415/2015, del índice de este órgano jurisdiccional. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, así como el 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ilenia Montiel Cuellar. ...

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