Imelda Caporal Mendoza

Expediente 536/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
536/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
16/08/2019

Partes del expediente

  • Imelda Caporal Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de veinticinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 39 a 41), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En otro aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. No ha lugar ordenar devolución de documentos originales ni billete de depósito. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de treinta de julio del año en curso; en atención a su contenido, téngase al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal informando que ha fenecido el plazo de dos días hábiles que prevé el artículo 30, fracción II de la Ley de Amparo, para el efecto de que la parte quejosa ingresara al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y generara su constancia de notificación respecto del acuerdo de veinticinco de julio de la presente anualidad (fojas 39 a 41). En consecuencia, con fundamento en los artículos 30, fracción II y 31, fracción II, de la Ley de Amparo y el considerando Décimo Cuarto, del Acuerdo General 1/2015, se tiene por hecha la notificación del auto de referencia, la cual surtirá sus efectos en esta fecha -treinta y uno de julio de dos mil diecinueve-; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de las presentes actuaciones y en específico del análisis de las constancias remitidas por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl; en apoyo a su informe justificado, se advierte que en el presente juicio, se acredita de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, el acto siguiente: La omisión de fijar una pensión provisional de alimentos a la menor B.E.V.C., dentro del expediente 128/2017. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que la omisión reclamada vulnera su derecho fundamental reconocido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de la documental exhibida por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el tres de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente 128/2017 de su índice, emitió un auto en el cual fijó una pensión alimenticia de manera preventiva a favor de la menor B.E.V.C., por la cantidad que resulte del veinte por ciento del salario y demás prestaciones que percibe el deudor alimentario Rafael Vázquez Vicente, misma que ordenó poner a disposición de Imelda Caporal Mendoza en representación de la citada menor, determinación que se notificó a la parte quejosa el cinco siguiente. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que al emitirse la determinación en comento y notificarse a la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por la parte quejosa; sin que resulte necesario darle vista con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de julio de dos mil diecinueve. Informe justificado Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes Con el contenido del informe y anexo de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tiene por ofrecida la prueba de la autoridad responsable consistente en la documental que anexa, la cuál será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo.

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