Ignacio Sánchez Sánchez

Expediente 561/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
561/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Ignacio Sánchez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Causa estado auto que tuvo por no presentada demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del proveído de diez de noviembre de dos mil veinte (foja 14), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Ignacio Sánchez Sánchez; con fundamento en los numerales 355 y 356fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído demérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración de expediente. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Sin que sea necesario requerir a la parte quejosa para devolución de documentos originales al no obrar estos en autos.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de diez de noviembre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, diez de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por no presentada demanda de amparo. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al promovente en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte, mismo que le fue notificado, el veintisiete de octubre de dos mil veinte (foja 13 vuelta), por lo que dicha notificación surtió efectos el veintiocho de octubre siguiente y el plazo de referencia transcurrió del veintinueve de octubre al cinco de noviembre del año en curso, sin que el promovente diera cumplimiento al requerimiento precisado en el acuerdo de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Ignacio Sánchez Sánchez. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO*

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintiuno de octubre de dos mil veinte: Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Ignacio Sánchez Sánchez, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 561/2020-III. Prevención. En principio, del escrito de demanda se aprecia que el mismo contiene una huella digital sobre el nombre de Ignacio Sánchez Sánchez, sin que se advierta firma o rúbrica de diversa persona que lo firme "a su ruego y encargo". Por otro lado, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran establecidos los contenidos en la fracción V, que a la letra señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.)." Del precepto legal transcrito se desprende que la parte promovente se encuentra obligada entre otras cosas, a narrar los antecedentes del acto reclamado; obligación que implica formular la narrativa tanto de los acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, como los aspectos que puedan influir en la procedencia del juicio de amparo. Al respecto, de la revisión integral del escrito de demanda, no se advierte la fecha del auto que ordena declarar cerrada la instrucción dentro del expediente laboral 759/2019 del índice de la responsable, elemento que constituye uno de los antecedentes del acto reclamado, por lo que resulta indispensable que se manifieste de manera expresa y bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, pues la parte promovente, en el apartado de los antecedentes del acto reclamado únicamente señala lo siguiente: "2. CON FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2019 SE LLEVÓ A CABO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN, EN LA QUE SE RATIFICÓ Y REPRODUJO EN TODAS SUS PARTES EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA, OFRECÍ PRUEBAS A MI FAVOR; PROCEDIENDO EL TERCERO PERJUDICADO A CONTESTAR LA DEMANDA Y OFRECER LAS PRUEBAS QUE A SU PARTE CONVINO, ASÍ TAMBIÉN, LAS PARTES MANIFESTARON LO QUE A SUS DERECHOS CONVINO OBJETANDO EN SUS TÉRMINOS LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y RENUNCIANDO A SU DERECHO A FORMULAR ALEGATOS; ACORDANDO LA RESPONSABLE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO TURNAR AL AUXILIAR DE ESA JUNTA ESPECIAL LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE LABORAL EN QUE SE ACTÚA PARA FORMULAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO." Siendo omisa en precisar la fecha en que la autoridad que señala como responsable declaró cerrada la instrucción en dicho juicio. En ese tenor, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 108, fracción I, V, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Comparezca ante este órgano jurisdiccional plenamente identificado, para efecto de que ratifique su escrito de demanda en el que estampó su huella digital; ello en atención al principio de seguridad jurídica. Se estima lo anterior, pues sólo así se puede tener certeza de que es voluntad de quien la estampó presentar el mismo, de lo contrario, se propiciaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con sólo estampar una huella digital en cualquier promoción, sin ratificar su voluntad como parte dentro del juicio ante la presencia de esta autoridad federal, lo que originaría una vulneración a los principios de seguridad jurídica y orden público que en todo procedimiento debe prevalecer. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis aislada I. 3o. C. 64 K, visible a página 343, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, rubro y texto siguientes: "PREVENCIÓN EN LA REVISIÓN. EL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO TIENE FACULTADES PARA ORDENAR LA RATIFICACIÓN DEL ESCRITO EN EL QUE CONSTA SOLO LA HUELLA DIGITAL DEL RECURRENTE. Si el Presidente de un Tribunal Colegiado se halla facultado para examinar las demandas de amparo y hacer prevenciones o requerimientos para que se llenen los requisitos omitidos, según se estatuye en el artículo 178 de la Ley de Amparo, de manera analógica se puede considerar que tiene atribuciones para examinar los escritos en que los interesados interpongan los recursos que concede la ley de la materia; por ende, es legal el acuerdo mediante el cual se requiere a quien se dice recurrente, ratifique el escrito relativo cuando existe duda en cuanto a la persona que estampó la huella digital, apercibida de tenerlos por no interpuestos si no cumple el requerimiento, ya que en el procedimiento escrito la voluntad de las partes de ejercitar un derecho, se manifiesta mediante la firma, y cuando no sabe firmar alguna de ellas, a través de la impresión de la huella digital o la firma de otras personas a su ruego, lo que constituye un elemental principio de seguridad jurídica, pues sólo así puede originarse la certeza de un correcto trámite para admitir el recurso de revisión interpuesto y, en su oportunidad, poner el asunto en estado de resolución; de otra forma, se propiciaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con sólo estampar una huella digital en cualquier promoción, sin ratificar su voluntad como interesado o agraviado ante la presencia judicial, presentara recursos sin derecho alguno, alterando los principios de seguridad jurídica y orden público que en todo proceso debe imperar." Lo anterior es así, ya que dicha circunstancia constituye un requisito indispensable para proveer sobre la admisión de la demanda. No pasa inadvertido para este juzgador la jurisprudencia 1a./ J. 1/2011 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2333, Libro IV, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2012, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO. Si de las constancias del juicio de amparo indirecto se advierte que la demanda carece de firma del quejoso, pero aparece su huella digital, así como la rúbrica de quien lo hizo a su ruego, tales elementos son suficientes para demostrar su manifestación de voluntad de instar la acción constitucional, ya que si bien la huella digital únicamente es un elemento de individualización, con la "firma a ruego" se exterioriza el propósito de promoverla al ser un elemento complementario y de perfeccionamiento de la voluntad del promovente que no sabe o no puede firmar, por lo que el juez de distrito o el tribunal del conocimiento deben admitir el ocurso sin necesidad de prevenirlo para ratificar su contenido. Además, el artículo 12 de la Ley de Amparo, prevé que la personalidad se justifica en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado, por lo que al existir en otros cuerpos legales normas que establecen que cuando el interesado no sepa leer o escribir bastará con que imprima su huella digital y alguien firme a su ruego, se concluye que la ley de la materia no puede prever exigencias mayores a las señaladas en éstas, lo que ocasiona que deba admitirse la demanda sin mayores presupuestos o exigencias legales, aunado a que en el citado ordenamiento legal no existe disposición alguna en el sentido de que deba requerirse a la persona que imprimió su huella digital para que la ratifique ante la presencia judicial." Sin embargo, en dicho criterio jurisprudencial, se hace referencia a la impresión de la huella dactilar, así como a la existencia de la rúbrica de quien firme a su ruego y encargo, lo que en el caso no acontece, pues del escrito de demanda de amparo, solo se advierte la huella digital del promovente Ignacio Sánchez Sánchez, lo que genera incertidumbre respecto a la manifestación de voluntad de instar la acción constitucional. Bajo protesta de decir verdad, indique la fecha en la cual la autoridad, que señala como responsable, declaró cerrada la instrucción dentro del expediente laboral 759/2019 de su índice. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en el plazo concedido -cinco días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído-, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte promovente, que deberá presentar el escrito aclaratorio, con el que dé cumplimiento a esta prevención en original y tantas copias sean necesarias, lo anterior, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Asimismo resulta aplicable, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable: [J]; 10a. Época; P./J. 8/2017 (10a.). Publicada: viernes 12 de mayo de 2017, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO ESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de la copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho d acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente." Se precisa procedimiento para comparecencia. En consecuencia, dígasele al quejoso que a fin de tener acceso al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, deberá hacerlo en términos del artículo 3 del capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea, donde encontrará el Micrositio de servicios jurisdiccionales y procesos de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, así encontrará el sistema de "Agenda OJ", en el que se aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, la generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que a su vez, permitirá que ella y otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional, procedimiento que deberá realizar el perito oficial a fin de comparecer ante este órgano jurisdiccional. Asimismo, para estar en posibilidad de coordinar la comparecencia del perito oficial, el solicitante deberá comunicarse a los teléfonos 6672250353 con la licenciada Ciliany Álvarez Ayala o al 7221611966 con el licenciado Christoper Rodríguez Escobar, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley antes citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación d este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma oficios. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este juzgad a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación de presente juicio. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicio de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencia encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamiento emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por l Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fi de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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