Ignacio Raya Vázquez
Expediente 723/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 723/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ignacio Raya Vázquez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes:********************1. CAUSA ESTADO. Toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO.********************2. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************3. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************Notifíquese.**
- Principal
En treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional emite las determinaciones, siguientes: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por ************, quien se ostenta defensor particular de *************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral región Uruapan, Michoacán de Ocampo; fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 723/2022. 1.2. Examen de la demanda y precisión del acto reclamado1 . Conforme al artículo 113, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional se avoca al estudio de la demanda de amparo. 1 "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama, lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO. 1.- Auto de fecha 08 ocho de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, que resuelve el recurso de revocación interpuesto por el suscrito defensor particular del imputado IGNACIO RAYA VÁZQUEZ. 2.- Autos de fecha 10 diez de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, mediante el cual decreta improcedente la solicitud de reapertura de investigación." 1.3. Causa de improcedencia. En ese orden de ideas, en el caso, se estima actualizada de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V, del artículo 107, estos últimos interpretados en sentido contrario; en consecuencia, lo conducente es desechar la demanda de amparo que se provee. El supuesto determinado en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de las demás hipótesis de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio2, que sean de imposible reparación. 2 "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Así, de una interpretación integral de las disposiciones en comento, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. De dicho precepto se desprenden dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En tanto que los derechos procesales o adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo que no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata solo de las reglas para obtener el estado garante en el goce de aquellos. Así, si las consecuencias cuando se reclame un acto dentro del procedimiento que no afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las derechos fundamentales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva. Ahora, conviene destacar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales el procedimiento penal se desarrolla en las siguientes etapas: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." En el caso concreto, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad del impetrante del amparo, tenemos que reclama el auto de fecha 08 ocho de noviembre del año 2022 dos mil veintidós, dictado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio Región Uruapan que decreto improcedente el recurso de revocación que la parte quejosa interpuso contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós que, negó señalar fecha y hora para la celebración de audiencia para solicitar prórroga de cierre de investigación; asimismo, reclama el auto de diez de noviembre del año en curso mediante el cual se decretó improcedente su solicitud de reapertura de investigación. Ahora bien, de los autos que reclama, mismos que se encuentran insertos en su escrito de demanda, se advierte claramente que, el juzgador de origen no autorizó fijar fecha para debatir la reapertura de la investigación, atendiendo al contenido del artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, los datos de prueba que pretende aportar, no se integraron a la causa penal por hechos atribuibles al ahora aquí quejoso, y no por una negligencia de las partes, ni porque no hubieran sido ordenados. Sin que resulte necesario conocer el informe justificado de la autoridad responsable o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, ya que a ninguna determinación distinta llevaría, pues también es posible apreciar que el proceso se encuentra en la etapa de investigación complementaria a la que, de ser el caso, le continuará la etapa intermedia. Al respecto en lo que interesa el Código Nacional de Procedimientos Penales establece: " Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. (.) Artículo 337. Descubrimiento probatorio El descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso, los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio. En el caso del Ministerio Público, el descubrimiento comprende el acceso y copia a todos los registros de la investigación, así como a los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. En el caso del imputado o su defensor, consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa, y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en los términos de este Código. El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este Código, así como permitir el acceso del imputado o su Defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo las excepciones previstas en este Código. La víctima u ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su Defensor, deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia del juicio, en los plazos establecidos en los artículos 338 y 340, respectivamente, para lo cual, deberán entregar materialmente copia de los registros y acceso a los medios de prueba, con costo a cargo del Ministerio Público. Tratándose de la prueba pericial, se deberá entregar el informe respectivo al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que se justifique que aún no cuenta con ellos, caso en el cual, deberá descubrirlos a más tardar tres días antes del inicio de la audiencia intermedia. En caso que el acusado o su defensor, requiera más tiempo para preparar el descubrimiento o su caso, podrá solicitar al Juez de control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos. Artículo 338. Coadyuvancia en la acusación Dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán mediante escrito: I. Constituirse como coadyuvantes en el proceso; II. Señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección; III. Ofrecer los medios de prueba que estime necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual se deberá notificar al acusado; (.) Artículo 340. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia Dentro de los diez días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su Defensor, mediante escrito dirigido al Juez de control, podrán: I. Señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su Defensor podrán señalarlo en la audiencia intermedia; II. Ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio; III. Solicitar la acumulación o separación de acusaciones, y IV. Manifestarse sobre los acuerdos probatorios. El escrito del acusado o su Defensor se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación." De los numerales transcritos se desprende que, precisamente es la etapa intermedia la que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba que las partes estimen conducentes, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, de manera que, para hacer efectivo su derecho a ofrecer pruebas, puede comparecer a la audiencia en la que podrá deducir las incidencias que consideren relevantes presentar, alegar la idoneidad de pruebas y manifestarse sobre los acuerdos probatorios. A ese respecto, se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 146/2022 (11ª), Undécima Época, de rubro y texto siguiente: "PRÓRROGA PARA LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO PUEDE OTORGARSE UNA VEZ QUE SE HAN ALCANZADO LOS LIMITES MÁXIMOS QUE PARA ESE EFECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. En dicho criterio sostuvo que, el cierre de investigación complementaria no supone la pérdida de la oportunidad para que la defensa ofrezca datos de prueba ni para que combata los que obran en la fase de investigación inicial, pues la audiencia intermedia tiene, precisamente, como objeto, el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los??????????????? hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, según lo dispone el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, los imputados tienen derecho al descubrimiento probatorio, en términos del artículo 337 para la celebración de la audiencia intermedia, en la cual la defensa ofrecerá sus medios de prueba y podrá combatir aquellos del ministerio público y la víctima como coadyuvante, misma que concluirá con la decisión del juez de control sobre los medios de prueba que se ventilarán en juicio oral. Lo anterior, conforme al artículo 20, apartado B, fracciones IV y VII, de la Constitución, porque precisamente las fases siguientes a la investigación complementaria permitirán que la defensa ofrezca datos de prueba y combata los que se hayan aportado por el órgano acusador y su coadyuvante. Por lo que, es factible que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión de datos de prueba pueda enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable. Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal3. 3 Dicha tesis publicada el viernes 03 de diciembre de 2021 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación, es de texto siguiente:"JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al Criterio que es aplicable al caso, pues al no haberse verificado aun la audiencia intermedia es factible que el quejoso, en cuanto acusado comparezca ante el juez de control a hacer las incidencias que estimen en relación a las pruebas, incluso concluido el juicio también es posible que exista sentencia favorable a sus intereses. Por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo y conduce por tanto a DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones V, VI y VIII de artículo 107, estos últimos interpretados en sentido contrario. 1.4. Domicilio y autorizado. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y autorizando en términos amplios del artículo ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente".???????? 12 de la Ley de Amparo, a Olga Lidia Ojeda Cervantes, quien cuenta con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que le acredita como licenciada en derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones al resto de las personas que señala, hasta en tanto acrediten contar con cedula profesional que los avale como licenciados en derecho. 1.5. Notificaciones electrónicas. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones que le resulten a través del usuario "***********", para lo cual se instruye al actuario de la adscripción darles de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, deberá habilitarse la consulta del expediente Electrónico. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 3º de la Ley de Amparo; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 2.1. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.
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