Ignacio Contreras Zaragoza
Expediente 521/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ignacio Contreras Zaragoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: ACUSE DE RECIBO Visto lo de cuenta, téngase al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, acusando recibo del oficio 20226/2021, por el cual se le notificó la sentencia emitida en el presente asunto, así como las constancias originales remitidas como justificante de su informe. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de noviembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, se provee lo siguiente: CAUSA EJECUTORIA En virtud a que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 18, fracción I, inciso b) , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, dado que resulta innecesaria la permanencia de las constancias que remitió el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, como justificante de su informe justificado, se ordena su devolución; solicítese el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 521/2021, promovido por Ignacio Contreras Zaragoza, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, ante el Magistrado de la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, Ignacio Contreras Zaragoza, a través de su apoderado jurídico, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de la autoridad que hizo consistir en: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene ese carácter el Ciudadano Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, quien tiene su domicilio en la calzad la Huerta número 400, colonia Nueva Valladolid, en la ciudad de Morelia, Michoacán, IV. ACTO RECLAMADO. La resolución de fecha 30 treinta de junio del año 2021 dos mil veintiuno, dictada por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del Toca Civil número I-148/2021". El promovente del amparo expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO. Mediante oficio de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, remitió la demanda de mérito a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Civil de este Circuito Judicial. Por razón de turno correspondió conocer de dicho libelo constitucional al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito Judicial, el que en resolución de dos septiembre de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer de la referida demanda, al determinar que la resolución reclamada, no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo. Por lo que ordenó remitirla a la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad para su turno. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ANTE EL JUZGADO DE DISTRITO. El trece de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, se aceptó la competencia planteada, por lo que se admitió a trámite, se radicó con el número 521/2021, sin que hubiera lugar a solicitar el informe de ley, por ya obrar en autos, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y notificar a la parte tercero interesada la radicación, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán: La resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca civil número I-148/2021, que confirmo la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emitida en la primera sección del juicio sucesorio intestamentario 588/2019, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de los Reyes, Michoacán de Ocampo. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, pues así lo reconoció al momento de rendir su informe de ley. Además, su certeza se corrobora con las constancias que adjuntaron a su informe con justificación, consistente en el toca civil número I-148/2021, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Realizado el examen oficioso de las constancias, se desprende que no se actualiza causa de improcedencia alguna; tampoco, las partes alegaron alguna de ellas, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOACION. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. El quejoso, refiere que la autoridad responsable trasgrede en su perjuicio los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, al realizar una incorrecta interpretación de los artículos 768 y 775 del Código Civil del Estado de Michoacán. Arguye que la determinación reclamada, no es exhaustiva, virtud a que el Magistrado no dio contestación al agravio relativo a que la ley no exige como requisito abrir el juicio sucesorio intestamentario para reconocerle los derechos hereditarios, lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 574 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Motivos de disenso que resultan infundados. Para demostrar lo anterior, conviene señalar que el artículo 17 Constitucional, establece de forma explícita el principio de exhaustividad que debe de contener toda sentencia. La exhaustividad consistente en que se debe resolver sobre todos y cada uno de los aspectos sometidos a la consideración del órgano jurisdiccional, sin añadir ni excluir alguno de los tópicos que se hayan externado ante el órgano jurisdiccional y que puedan dejar sin defensa a alguna de las partes. En relación con el tema de exhaustividad, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, emitió la tesis siguiente: "EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: "Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente". Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: "Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente". La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa". (Lo resaltado es por este juzgado) De lo antes precisado se evidencia que el principio de exhaustividad obliga al tribunal competente a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, analizando todos los argumentos aducidos, de tal forma que se resuelva sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos, por lo que si al dictar la sentencia el órgano jurisdiccional omite el análisis y resolución de alguna de ellas, o incluye una no planteada por las partes, viola tal principio. Ahora, el aquí quejoso, al momento de interponer el recurso de apelación, hizo valer los siguientes agravios. ".ÚNICO. La sentencia interlocutoria de fecha 19 diecinueve de mayo del año en curso dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, trasgrede los derechos humanos de mi representado, en virtud de que dicha resolución no cumple con la observancia exacta de la ley, toda vez que el numeral 768 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, establece que: Tienen derecho a heredar por sucesión legítima: Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario. A falta de los anteriores el Fisco del Estado. La sentencia que en esta vía se combate, causa agravio a los intereses de mis representados, en virtud de que vulnera lo dispuesto por los artículos 770, 775, 776 y demás relativos del Código Civil para el Estado de Michoacán, por incorrecta aplicación, por lo que se debe reparar los agravios causados y modificar la interlocutoria combatida a fin de que se declare heredero a mi representados de los bienes que pertenecieron al de Cujus. En efecto, se equivoca el judex A quo al considerar que mi mandante y los demás nietos del de Cujus no tienen derecho a la sucesión a bienes de Jesús Contreras Vargas o J. Jesús Contreras Vargas, bajo el argumento falaz de que debió ser a través de la sucesión de Ignacio Contreras Cervantes, padre de mi mandante y quien falleció con posterioridad al autor de la sucesión, puesto que no existe precepto legal que exija a los herederos por estirpe, ser previamente declarados herederos de algún descendiente del De Cujus, para poder a su vez heredar por estirpe, ya que el artículo 775 del Código Civil determina que los descendientes de ulterior grado (cualquier grado, tercero, quinto, décimo, el que sea), heredaran por estirpe, sin exigir previamente abrir la sucesión de algún pariente intermedio, sino que lo único necesario es acreditar el entroncamiento con el autor de la sucesión. En otras palabras, el judex A Quo se equivoco al interpretar el artículo 775 del Código Civil para considerar que los herederos por estirpe solo heredan cuando se trata de hijos premuertos al autor de la sucesión, puesto que ello equivale a considerar válido solamente la segunda parte del precepto y no considerar la primera. Es decir, el artículo 775 del Código Civil en comento, dispone que "si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarían por cabeza y los segundos por estirpe", sin embargo, ello no autoriza a considerar que los herederos por estirpe sean solamente de hijos premuertos, como erróneamente lo deja ver el juez de primera instancia, sino que el espíritu del precepto al considerar a los herederos por estirpe que existan al momento de la apertura del juicio sucesorio, ya que la primera parte del precepto legal en cita no hace precisión de que solo sean descendientes de hijos premuertos del autori de la sucesión, como si lo hace la segunda parte del citado numeral al sostener categóricamente que "lo mismo se observará. (heredaran por estirpe) "los descendientes (no indica en que grado, sino que pueden ser de cualquier grado) de hijos premuertos.", lo que permite deducir que el legislador de ninguna manera pretendió ser repetitivo al regular la sucesión de las estirpes, sino que su intención fue determinar la existencia de estirpes, tanto de hijos premuertos, como de las estirpes que al iniciar el juicio sucesorio no haya cabeza o heredero vivo más cercano del que sean descendientes director y que los represente para deducir los derechos del autor de la sucesión. Por tanto, si el mismo juzgador a quo reconoció tener acreditado el entroncamiento con el autor de la sucesión por parte de mis representados, por tratarse de nietos del de Cujus, o sea descendientes en línea recta descendientes en segundo grado, hijos de Ignacio Contreras Cervantes, quien a su vez fue descendiente en primer grado del De Cujus, es evidente que debió considerar que conforme a la primera parte del artículo 775 del Código Civil para el Estado de Michoacán, correspondía a mi representado ser declarado por estirpe del De Cujus, y no determinar que solamente podrían heredar como estirpe los descendientes de hijos premuertos, ni tampoco exigir que previamente denunciara la sucesión de Ignacio Contreras Cervantes Vargas, al no existir precepto legal que así lo determine, ya que no se compareció a la sucesión de Jesús Conteras Vega para hacer valer derecho de la sucesión de Jesús Contreras Cervantes, sino que se compareció por propio derecho en cuanto estirpe, a deducir los derechos hereditarios que el artículo 775 del Código Civil les otorga, y para ello bastaba solamente acreditar el entroncamiento, sin necesidad de hacer denuncias de juicios sucesorios intermedios. Por tanto, procede que en reparación de los agravios causados se modifique la sentencia impugnada, para el efecto de que se declare heredero de la sucesión a bienes de Jesús Contreras Vega a mi mandante, y no al Fisco del Estado, al haber acreditado el entroncamiento con el autos de la sucesión". Al respecto, el Magistrado responsable, sostuvo en su determinación que resultaban infundados los agravios, bajo los siguientes argumentos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 452 del Código Civil, la herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la Ley. La herencia legítima se abre (artículo 765 del Código Civil): Cuando no hay testamento, o el que se otorga es nulo o perdió su validez; Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes; Cuando no se cumple la condición impuesta al herederos; y Cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, son se ha nombrado sustituto. El artículo 768 del mismo ordenamiento legal indica que tiene derecho a heredar por sucesión legítima: Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 800; y a falta de los anteriores, el Fisco del Estado. En atención al principio de la sucesión por grados la legislación civil regula lo siguiente: conforme al artículo 770 del Código Civil, los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo los casos previstos en los artículos 775 y 798 del ordenamiento jurídico de que se trata, es decir, en los casos en que concurren hijos y descendientes de ulterior grado, o hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos. Que en el caso concurrieron al juicio intestamentario a bienes de Jesús Contreras Vega y/o J. Jesús Contreras Vega: María, Graciela, Norma, Sandra, María del Carmen, Francisco y Alfonso, todos de apellidos Contreras Zaragoza, como hijos de Ignacio Contreras Cervantes, quien señalaron fue hijo del autor de la sucesión; esto es, como descendientes de ulterior grado, caso en el que, conforme a los artículos 775 y 776 del Código Civil, la división de la herencia debe establecerse por estirpe, al ser nietos los presuntos herederos del autor de la herencia, situándose en el caso de excepción a la regla general de que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos, establecida en el artículo ya citado. Sin embargo, en el caso, para que los hijos del fallecido Ignacio Contreras Cervantes pudieran concurrir a la herencia de su abuelo paterno J. Jesús Contreras Vega y/o Jesús Contreras Vega, y poder heredar en la forma y término que lo pretenden; esto es, concurriendo directamente como nietos del autor de la sucesión por ser hijos de un hijo del finado, es decir, en representación de su padre, se requería que su progenitor hubiera fallecido antes que el autor de la sucesión, no después sin aceptar la herencia que a aquél correspondía. Ya que atendiendo al concepto del participio pasivo irregular de "premori", cuyo significado es que muera una persona antes que otra, por el vocablo "premuerto" se entiende a aquel que falleció antes del autor de la sucesión. De lo que se sigue que "premuerto" no es quien muere después que el autos de la herencia y antes de concurrir a deducir sus derechos, transmitiendo la facultad legal de aceptar o repudiar la herencia a sus sucesores o sus derechos hereditarios, en su caso. Que bien interpretado el artículo 775 del Código Civil del Estado, se obtiene el derecho a heredar por estirpe, tanto a descendientes de ulterior grado, como a descendientes de hijos premuertos. Dicho numeral previenen dos formas de heredar: la primera por transmisión y la segunda por representación, mismas que como analizaremos más adelante no se actualizan en los denunciantes del intestado. Del análisis de la legislación de que se viene hablando evidencia que tratándose de la sucesión legítima, se prevén tres modos de heredar o suceder, a saber: Por derecho propio; Por representación o sustitución. Por transmisión. La manera de suceder por derecho propio constituye la forma norma de heredar, la regla general, las demás son excepciones. Así, quien recibe la sucesión es la persona designada por la ley, es decir, el pariente de grado más próximo. Forma que en la especie no se actualiza, al ser los presuntos herederos parientes de un grado ulterior. El de representación o sustitución, supone que quien recibe la herencia no es llamado personalmente a heredar, sino que la recibe en lugar de aquel a quien le correspondía. El representante ocupa el lugar del representado, hereda en lugar de éste. El representante obtiene lo que hubiera obtenido el representado. La representación obra como si no hubiese existido la defunción anterior del representado. Quien sucede por representación no recibe la herencia a través de la persona a quien representa (la herencia del abuelo no va al hijo y de éste al nieto), sino le llega inmediatamente del causante, y el pariente intermedio (el padre) no juega sino el papel de individualizar (por su parentesco con ellas) a las personas que, ocupando su puesto, son llamadas directamente a la sucesión del difunto. Que la sustitución es una institución de heredero subordinada a otra. De modo que en ese supuesto se sucede en vez de otro. En relación con el llamado derecho de representación que es una sustitución ex lege que se manifiesta en el derecho sucesorio mexicano, en los casos de sucesión por estirpes. El fundamento jurídico de la representación legal o sucesión por estirpes se coloca, según los diversos puntos de vista, en la presunta voluntad del de cujus y en razón de la equidad, en la comunión familiar patrimonial, en la unidad y continuidad de la familia y, finalmente, en la necesidad de tutelar las legítimas expectativas de los coherederos y de los terceros. El llamado derecho de transmisión o ius transmissionis se define por Roca Sastre como "aquel derecho que tienen los herederos del herederos que fallece en el intervalo comprendido entre la denuncia hereditaria a su favor y la aceptación o adición hereditaria futura, y en virtud del cual aquéllos hacen suya la facultad de aceptar o repudiar la herencia o sea, el ius delationis atribuido a éste". Cuando muere el llamado a la herencia, su derecho no pasa a los herederos eventuales de grado ulterior, sino a los propios herederos del llamado, como una parte de la herencia de éste. De este modo, el heredero del segundo de cujus adquiere la herencia del primer de cujus, porque el derecho de heredar entró en su patrimonio desde que murió el segundo, y entre los derechos adquiridos en la herencia están los de reclamar y aceptar o repudiar la herencia del primero. Al suceder el primer causante, los herederos del segundo difunto reciben la herencia de aquél, no poder haber sido llamados a ella, sino por haberles transmitido su derecho el que fue llamado. El transmitente no transmite al adquiriente la herencia del primer causante, sino el derecho a adquirirla. El transmisario sucede, pues, al transmitente en su herencia. De ahí que en este supuesto se hereda en defecto de otro. Congruente con ello para que esta forma de heredar se actualice, debe existir una transmisión hereditaria, ya que como bien lo determinó el juzgador el derecho de heredar en la sucesión a bienes de Jesús y/o J. Jesús Contreras Vega, corresponde a su hijo Ignacio Contreras Cervantes, por lo que era menester para tener por legitimados a los comparecientes en la sucesión a bienes Jesús y/o J. Jesús Contreras Vega, autos de la sucesión que nos ocupa, comparecieran acreditando el derecho a heredar de sus progenitor, demostrando un derecho transmitido, y su carácter de herederos declarados por sentencia firme dentro de la sucesión a bienes de su causante Ignacio Contreras Cervantes y/o a través del albacea de dicha sucesión, lo que no hicieron. Citó la jurisprudencia del rubro: "SUCESIONES, FORMA DE, SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL". Conforme al anterior criterio, para que los nietos tengan derecho a heredar del autor de la sucesión de forma directa, se requiere que el fallecimiento de su padre hubiera sido anterior a la muerte del abuelo, no posterior, ya que en este caso, los titulares del derecho hereditario son sus propios herederos quienes son los únicos que pueden sucederlo, o cualquier heredero declarado, porque éstos no heredan del primer fallecido, sino de un causahabiente -heredero- de éste. El derecho de representación presupone el hecho de la premoriencia del representado al causante, mientras que el derecho de transmisión presupone la sobrevivencia del transmitente al causante. La causa de aquel derecho radica en la inexistencia de la persona que habría de vivir al tiempo de la denuncia, inversamente al derecho de transmisión, en que la causa está precisamente en que una persona ha existido al tiempo de la delación, pero ha fallecido esta situación de herencia, sólo diferida y no aceptada. En tales condiciones, al no encontrarse las personas señaladas como presuntos herederos en el sucesorio de origen, dentro de las formas establecidas por la ley para heredar dentro de la sucesión intestamentaria a bienes de Jesús y/o J. Jesús Contreras Vega, resulta correcta a determinación del juzgador de excluirlos de la misma como herederos, al no haber acreditado su legitimación. De lo anterior, se evidencia, que contra lo expresado por el promovente, el Magistrado responsable, si atendió todos los agravios que el fueron formulados. Es decir, sí precisó el por qué, el aquí quejoso no podía comparecer a denunciar la sucesión de Jesús y/o J. Jesús Contreras Vega, por propio derecho, sino que de la interpretación del numeral 775 del Código Civil del Estado de Michoacán, se advertía que tal como lo había determinado el Juez de Instancia, ello debía ser en cuanto representante de su padre; empero, que para que se actualizará dicho supuesto, Ignacio Contreras Cervantes, debió fallecer antes que el sucesor de la herencia; es decir, dichos argumentos, llevan implícita la respuesta, de que el allá apelante, no podía comparecer por propio derecho, sino a través de la sucesión de su padre. En ese sentido, válidamente puede afirmarse, que la responsable no incumplió con las garantías establecidas en el numeral 17 de la Constitución Federal, porque sí se ocupó de todos y cada uno de los puntos litigiosos materia del debate. En otro aspecto, refiere el quejoso que el Magistrado responsable no resuelve conforme a los principios constitucionales y legales, ya que a pesar de haber señalado en los agravios que no existe dispositivo legal dentro del Código Civil o de Procedimientos Civiles, que exija realizar la apertura del juicio sucesorio ab-intestado a bienes de Ignacio Contreras Zaragoza, pues con independencia de la forma en que pudiera heredar, ya sea por propio derecho, por representación o por transmisión, existe un derecho sustantivo que no se encuentra subjudice o pendiente a la realización de cierto acto procesal. Que si bien no objeta la consideración de que su padre murió después del autor del juicio sucesorio, no es ajustado el término premorir, para catalogar el derecho como representación, ya que en nuestra legislación Michoacana, se encuentra en la sustitución la incapacidad para heredar y cuando existe el repudio de los hijos del que repudia la herencia, ya que ello se encuentra después del Título quinto, capítulo II de la apertura y transmisión de la herencia dentro del artículo 811, capítulo III del Repudio de la herencia, artículo 818 del Código Civil. Motivo de inconformidad que resulta infundado. Los numerales 775 y 776 del Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, disponen que si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredan por cabeza y los segundos por estirpes. Que lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos pre-muertos, incapaces de heredar, o que hubieren renunciado a la herencia. Así como que, sí solo hubiere descendientes de ulterior grado la herencia se dividirá por estirpes. Es decir, dichos numerales disponen que los descendientes de ulterior grado heredan por estirpes. Los herederos por estirpe, son los sucesores que heredan, no por su propio derecho, sino por representación de un ascendiente; esto es, heredan, sólo la parte que le correspondía a su ascendiente. Sobre el tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 197/2009, determinó en lo que aquí interesa: Que representación o sustitución, supone que quien recibe la herencia no es llamado personalmente a heredar, sino que la recibe en lugar de aquel a quien le correspondía. El representante obtiene lo que hubiera obtenido el representado. El derecho de representación presupone el hecho de la premoriencia del representado al causante, mientras que el derecho de transmisión presupone la sobrevivencia del transmitente al causante. La causa de aquel derecho radica en la inexistencia de la persona que habría de vivir al tiempo de la delación, inversamente al derecho de transmisión, en que la causa está precisamente en que una persona ha existido al tiempo de la delación, pero ha fallecido subsistiendo esta situación de herencia, sólo deferida y no aceptada. Respecto del representado, el requisito fundamental para que se actualice la sucesión por representación es la premoriencia. Esto significa que debe haber fallecido prematuramente, antes de la apertura de la sucesión de que se trata. Si falleciese después, como titular del llamamiento, transmitiría el derecho de opción a sus propios herederos, quienes en tal caso poseen llamamiento directo a su sucesión. El derecho de representación presupone el hecho de la premoriencia del representado al causante, lo cual significa que debe haber fallecido antes de la apertura de la sucesión, pues la causa de ese derecho radica en la inexistencia de la persona que habría de vivir al tiempo de la delación, inversamente al derecho de transmisión, en que la causa obedece a que una persona ha existido al tiempo de la delación pero ha fallecido antes de aceptar la herencia deferida, pues si falleciera después, como titular del llamamiento, transmitiría el derecho de opción a sus propios herederos, quienes en tal caso tendrían llamamiento directo a su sucesión. Derivado de lo anterior, se estima que en razón de que la sucesión legítima se abre desde la muerte del causante, el descendiente (hijo) con derecho a heredar, que falleció sin aceptar o repudiar la herencia (posterior a que se abre la sucesión), transmitirá ese derecho a sus sucesores. Bajo estos conceptos normativos, se colige que dentro de una sucesión legítima, la sucesión del hijo con derecho a heredar (que falleció con posterioridad a la apertura de la sucesión), tiene el derecho, ejercitable por conducto de su albacea, de aceptar o repudiar la herencia, con motivo de la transmisión que opera de ese derecho por disposición de ley. Es ilustrativa, la Jurisprudencia 1a./J. 119/2009, que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, Materia(s): Civil, página: 838, de rubro y texto: "SUCESIÓN DE LOS SOBRINOS DEL AUTOR DE LA HERENCIA. EL TÉRMINO "PREMUERTO" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 1565 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DEBE ENTENDERSE REFERIDO A QUIEN FALLECIÓ ANTES QUE EL AUTOR DE LA SUCESIÓN. El citado artículo, al establecer que si concurren a una sucesión hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos, los primeros heredarán por cabezas y los segundos por estirpes, alude a una forma de heredar por representación o sustitución, pues estos últimos heredan en lugar de sus progenitores premuertos, como si éstos no hubiesen existido, y no por derecho propio o transmisión. Ahora bien, el indicado término "premuerto" debe entenderse referido a quien falleció antes que el autor de la sucesión; de manera que para que los sobrinos que concurran a la herencia conjuntamente con los hermanos o medios hermanos del de cujus tengan derecho a heredar, es necesario que sean hijos de otro hermano que falleció antes de concurrir a deducir sus derechos. Ello es así, en primer lugar, atento a que el participio pasivo irregular de "premorir", significa morir una persona antes que otra y, en segundo, porque además de que el legislador sólo establece el derecho a heredar en línea colateral a los sobrinos cuyo padre o madre han fallecido con anterioridad al autor de la sucesión, el mencionado artículo 1565 prevé un derecho a heredar por representación en donde no son aplicables las reglas de la transmisión, por lo que tal derecho no podría actualizarse si el hermano falleciera después del autor de la sucesión. Esto es, el derecho de representación presupone el hecho de la premoriencia del representado al causante, lo cual significa que debe haber fallecido antes de la apertura de la sucesión, pues la causa de ese derecho radica en la inexistencia de la persona que habría de vivir al tiempo de la delación, inversamente al derecho de transmisión, en que la causa obedece a que una persona ha existido al tiempo de la delación pero ha fallecido antes de aceptar la herencia deferida, pues si falleciera después, como titular del llamamiento, transmitiría el derecho de opción a sus propios herederos, quienes en tal caso tendrían llamamiento directo a su sucesión." En ese sentido, se estima correcta la interpretación realizada por el Magistrado del Tribunal de Alzada, respecto del artículo 775 del Código Civil, en el sentido de el quejoso, no podía acudir directamente a solicitar la sucesión de su abuelo. Expresa el quejoso que en términos del arábigo 573, de la legislación en comento, la sentencia deberá estar fundada en ley, y que de no ser así resulta contraria a derecho. Motivo de disenso, que igualmente resulta infundado. En principio, resulta conveniente precisar algunas consideraciones en torno a la garantía de legalidad, consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 16, que en lo que aquí interesa, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". De acuerdo con el precepto invocado, se prevé la exigencia que los actos de autoridad se funden y motiven, lo que implica el deber de expresar en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario; en tanto que, por motivación, se entiende la obligación de las autoridades de expresar las consideraciones que la llevaron a resolver en determinado sentido y que es precisamente el previsto en la o las disposiciones legales que invoca como fundamento de su acto. Tiene aplicación, la jurisprudencia con el rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Contra lo expresado por el quejoso, la determinación reclamada, sí se encuentra debidamente fundada y motivada, virtud a que el magistrado responsable, citó los artículos aplicables al caso (artículo 775, 776, del Código de Civil) y expresó las razones de carácter legal y humano por las cuáles consideró que resultaban infundados los agravios formulados al momento de interponer el recurso de apelación. Finalmente, el peticionario de amparo alega que no comparte la interpretación constitucional, realizada al supuesto que los nietos del hijo que murió después del autor de la herencia, no pueden comparecer de manera directa, a reclamar los derechos que le pudieran corresponder a su padre Ignacio Contreras Cervantes de su abuelo J. Jesús Contreras Vega, aun cuando acreditó su derecho con documentos de ambos certificados negativos de testamento, con lo que se aprecia un trato distinto ante igualdad de circunstancias; es decir, bajo el criterio utilizado por el magistrado, le da diversas soluciones a conflictos iguales, con la única diferencia es el fallecimiento del padre Ignacio Contreras Cervantes, antes o después del de cujus J. Jesús Contreras Vega, pues no lleva al extremo de imaginar que los nietos del padre que ha repudiado una herencia pudieran comparecer directamente, pero excluir a los nietos del padre, que no quiso abrir la sucesión para aceptar o repudiar dicha herencia; que donde la ley no distingue, tampoco lo debe hacer el juzgador, encontrando ese trato desigual por parte del Magistrado ante tópicos similares, además que no existiría una finalidad valida constitucionalmente. Agrega que se exige un requisito incomprensible, tedioso y violatorio del principio de economía procesal, que se encuentra subjudice para obtener la reclamación de un derecho sustantivo, lo cual prohíbe el numeral 17 de la Carta Magna, que prefiere dar solución de fondo que de forma. Cita en apoyo a su argumento, el contenido de la tesis del rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE MAYOR BENEFICIO, DEBE PRIVILEGIARSE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO FRENTE A LOS VICIOS DE FORMA QUE DEJAN INTOCADA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD DEMANDADA PARA EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN". Dichos conceptos de violación son infundados. A fin de estar en aptitud de corroborar lo anterior, es necesario hacer referencia al derecho de acceso a la justicia. Del contenido del artículo 17 constitucional se desprenden cinco garantías: 1) La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano"; 2) El derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia; 3) La abolición de costas judiciales; 4) La independencia judicial, y 5) La prohibición de la prisión por deudas del orden civil. Como garantías individuales, dichos derechos constituyen limitaciones al poder público, en cualquiera de sus tres manifestaciones tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, sostuvo que la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Dicho derecho a la tutela jurisdiccional o acceso a la justicia, bien puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita -esto es, sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Lo anterior, no significa que el legislador no pueda establecer límites o requisitos al derecho a la tutela judicial. Es decir, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden ser tachados de inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de este derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de cumplir con ciertos requisitos. Lo anterior significa que al expedirse las disposiciones reglamentarias de las funciones jurisdiccionales, pueden fijarse las normas que regulan la actividad de las partes en el proceso y la de los Jueces cuya intervención se pide, para que decidan las cuestiones surgidas entre los particulares. Cobra aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así como, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recon-ocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." En la especie, el hecho de que la autoridad responsable, al momento de realizar una interpretación al artículo 775 del Código Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, haya determinado que el derecho a heredar en la sucesión a bienes de Jesús y/o J. Jesús Contreras Vega, le correspondía a su hijo Ignacio Contreras Cervantes, por lo que era menester para tener por legitimado al aquí quejoso en la sucesión de mérito, compareciera acreditando el derecho a heredar de su progenitor, demostrando un derecho transmitido y su carácter de heredero declarado por sentencia firme de la sucesión a bienes de su causante Ignacio Contreras Cervantes y/o a través del albacea de dicha sucesión, en forma alguna trasgrede en su perjuicio la garantía de acceso a la justicia contenida en el numeral 17 de la Constitución Federal. Es así, pues la circunstancia de que no sea dable para el promovente, acudir de manera directa a reclamar la sucesión a bienes de su abuelo, obedece a la naturaleza de los requisitos establecidos en la legislación y no precisamente a que la autoridad responsable este dando tratos diferentes a situaciones iguales y le esté exigiendo requisitos incomprensibles, tediosos y violatorios de la economía procesal. En ese sentido, debe señalarse que la configuración de las hipótesis previstas en la ley, a fin de regular quiénes tienen el derecho de heredar y la forma en la que deben hacerlo, en modo alguno pugna con el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva ya que su debida aplicación se produce en acatamiento a las reglas procedimentales de este instrumento de control legal. Es así, ya que el artículo 17 constitucional, no impide que se fijen condiciones necesarias para el acceso a la justicia, sino que, por el contrario, dicho precepto faculta el establecer requisitos de procedencia para acceder a los órganos jurisdiccionales. Además, la Suprema Corte ha sostenido que si bien, los artículos 1o. y 17 de nuestra Carta Magna, en relación con el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, puesto que de lo contrario se dejarían de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional, en detrimento de la seguridad jurídica de los gobernados. Es ilustrativa, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En consecuencia al resultar infundados los conceptos de violación en estudio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Ignacio Contreras Zaragoza. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ignacio Contreras Zaragoza, contra el acto reclamado al Magistrado de la Séptima Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo, por las razones precisadas en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, ante Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de octubre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, incorpórese al sumario el escrito de Leonardo Chávez Chávez, apoderado jurídico de Ignacio Contreras Zaragoza; en su atención, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones que le resulten a través del usuario "cerebro792" para lo cual se instruye al actuario de la adscripción darle de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), además, deberá habilitarse la consulta del expediente Electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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