Irene Lombera Gómez

Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
724/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Irene Lombera Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: 1. Causa estado. En virtud a que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.

  2. Principal

    En catorce de diciembre de dos mil veintidós, la secretaria certifica: Que consultado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), correspondiente a este Juzgado, se obtuvo el registro 7/2022, correspondiente a la demanda de amparo promovida el diez de enero de dos mil veintidós, por Irene Lombera Gómez, por conducto de su apoderado jurídico Víctor Hugo Solís Rumbo, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, en la que en ese mismo auto se desechó la referida demanda; y, en proveído de veinticuatro de enero de este año, causó estado dicho desechamiento y se ordenó su archivo como asunto concluido. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho, con un escrito, registrado bajo el folio 16031, dentro del juicio de amparo indirecto 724/2022. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de diciembre de dos mil veintidós. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Víctor Hugo Solís Rumbo, apoderado jurídico Irene Lombera Gómez, en atención a su contenido, y en cumplimiento a lo solicitado en proveído de siete de diciembre del año en curso; señala como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo a quien le reclama los siguientes actos: La falta de notificación del auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. La falta u omisión de la autoridad responsable de notificar personalmente a IRENE LOMBERA GOMEZ, el auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, donde se cita a las partes para oír sentencia definitiva dentro del juicio Sumario Civil Hipotecario número 362/2017, tramitado en el índice del Juzgado Tercero Civil de la Ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán. La violación a la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de México, ya que el actuario adscrito al Juzgado Tercero incumplió en realizar debidamente apegado a la ley y a derecho las notificaciones del auto donde los citan para sentencia definitiva y la notificación de manera personal de la sentencia definitiva. Por lo tanto; en atención a lo anterior, téngasele cumpliendo con la totalidad de la prevención realizada en auto de treinta de noviembre de este año, para lo cual; -Se le tiene informando que comparece a esta instancia constitucional, a promover amparo únicamente a nombre de su apoderada jurídica IRENE LOMBERA GOMEZ. -Señala como autoridades responsables al Juez y actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, y como actos reclamados los que más adelante se describirán. - Asimismo refiere que la fecha de conocimiento de cada uno de los actos reclamados fue el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 1.2. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud, la intención del promovente y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que los actos reclamados en la presente instancia son, esencialmente las siguientes. Del Juez y Actuario del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones: La violación en perjuicio de la quejosa de sus derechos humanos de seguridad jurídica, audiencia, debido proceso, defensa y legalidad, y demás garantías señaladas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dichos actos de la autoridad responsable incumplieron con lo estipulado en el artículo 83 en relación con los artículos 94 y 95 ambos del Código Procesal Civil del Estado de Michoacán que menciona que la notificación para citar para sentencia se hará en el domicilio o en la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial designado por las partes. La falta u omisión de la autoridad responsable de notificar personalmente a mi poderdante IRENE LOMBERA GOMEZ el auto de fecha seis de febrero del dos mil diecinueve, donde se cita a las partes para oír sentencia definitiva dentro del juicio Sumario Civil Hipotecario número 362/2017, tramitado en el índice del Juzgado Tercero Civil de la Ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán. El auto de cuatro de noviembre del dos mil veintidós, donde la autoridad responsable ordena girar el oficio correspondiente al Notario a efecto de que protocolice la nueva escritura del bien inmueble en litigio a favor del tercero interesado dentro del juicio Sumario Civil Hipotecario número 362/2017, tramitado en el índice del Juzgado Tercero Civil de la ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán. El auto de veintiséis de septiembre del dos mil veintidós, en el cual, la autoridad responsable ordenó requerir a la ahora quejosa por el término de tres días para que compareciera al juzgado a otorgar la escritura correspondiente del bien inmueble rematado y adjudicado en favor de la parte tercera interesada, con el apercibimiento de que en caso de no, en rebeldía la autoridad responsable lo haría en su lugar, dentro del juicio mencionado; y la omisión de haber notificado de manera personal dicho requerimiento. e) La orden de escrituración en rebeldía ante la contumacia de la ahora quejosa de haber firmado la escritura cuando la autoridad fue omisa en notificarle dicho acuerdo o requerimiento. f) El Otorgamiento de la escritura de la casa ubicada en calle Horno Oxicupula número 49 de la Colonia Napoleón Gómez Sada de la Ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán a favor del tercero interesado. g) La entrega del bien inmueble descrito en líneas supracitadas al tercero interesado. 1.3. Desechamiento por actualizarse una causal de improcedencia, respecto de los incisos a) y b). De conformidad con el artículo 113, de la Ley de la Materia, y a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del juzgador de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. En el caso, el promovente de amparo señala como acto reclamado: a)La violación en perjuicio de la quejosa de sus derechos humanos de seguridad jurídica, audiencia, debido proceso, defensa y legalidad, y demás garantías señaladas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a que dichos actos de la autoridad responsable incumplieron con lo estipulado en el artículo 83 en relación con los artículos 94 y 95 ambos del Código Procesal Civil del Estado de Michoacán que menciona que la notificación para citar para sentencia se hará en el domicilio o en la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial designado por las partes. b) La falta u omisión de la autoridad responsable de notificar personalmente a mi poderdante IRENE LOMBERA GOMEZ el auto de fecha seis de febrero del dos mil diecinueve, donde se cita a las partes para oír sentencia definitiva dentro del juicio Sumario Civil Hipotecario número 362/2017, tramitado en el índice del Juzgado Tercero Civil de la Ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán. En relación a lo anterior, se obtiene que deviene improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113, de la Ley de Amparo. De dichos precepto legal se obtiene que, el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, haya versado por el mismo acto recamado, ser promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa invocada tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada y tiende a evitar la promoción de nuevos juicios constitucionales planteados por el mismo quejoso con idéntico objetivo. Entonces, ésta se actualiza cuando los actos reclamados fueron materia de otro juicio de amparo, debiendo concurrir, la identidad del quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, analizadas la fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que, para que opere la causa de improcedencia aludida en último término, son necesarios los siguientes requisitos: A) Que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes. B) Que ese pronunciamiento sea sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir. c) Que ambos juicios de garantías hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XX.95 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 420, del Tomo IV, Noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Así como la diversa, la tesis II.3o.P.16 K (10a.), visible en la página 1828, del Tomo III, Septiembre de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "COSA JUZGADA EN EL AMPARO INDIRECTO. POR EXCEPCIÓN OPERA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SI EN UN ANTERIOR JUICIO SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA PROMOVIDA POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR EL PROPIO ACTO RECLAMADO, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. En términos de la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la acción constitucional es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Y, respecto al tema, en la tesis aislada 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de rubro: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, por regla general, la improcedencia del juicio de amparo por cosa juzgada se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y, por excepción, cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan improcedente la acción constitucional de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Por ende, si en un anterior juicio de amparo se desechó de plano la demanda en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se determinó que respecto de los actos reclamados, previamente a instar la acción constitucional, debió agotarse el principio de definitividad, entonces es viable establecer que, por excepción, opera la improcedencia del nuevo juicio de amparo por cosa juzgada, ya que si bien en la primera oportunidad no se analizó el fondo del asunto, lo cierto es que la causa de improcedencia vinculada con el principio de definitividad, por su naturaleza, hace inejercitable diversa acción de amparo promovida por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, porque lo que constituye cosa juzgada es que antes de promover el juicio de amparo, debió agotarse el medio de defensa ordinario." Como se adelantó, se actualiza el supuesto de cosa juzgada respecto de los actos aquí reclamados por la quejosa. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que, consultado el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se obtuvo el registro 7/2022, correspondiente a la demanda de amparo promovida el diez de enero de dos mil veintidós, por Irene Lombera Gómez, por conducto de su apoderado jurídico Víctor Hugo Solís Rumbo, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, en la que en ese mismo auto se desechó la referida demanda; asimismo, que en auto de veinticuatro de enero de este año, causó estado el desechamiento y se ordenó su archivo como asunto concluido. Asimismo, se hace constar que, en dicho juicio hicieron consistir su reclamó, en: IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- La falta u omisión de notificar personalmente a mi poderdante IRENE LOMBERA GOMEZ el auto de fecha 06 de Febrero del año 2019 donde se cita a las partes para oír sentencia definitiva dentro del juicio Sumario Civil Hipotecario número 362/2017, tramitado en el índice del Juzgado Tercero Civil de la Ciudad de Lázaro Cárdenas Michoacán. 2.- La violación a la garantía de audiencia de mi poderdante consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de México, ya que el actuario adscrito al Juzgado Tercero incumplió en realizar debidamente apegado a la ley y a derecho las notificaciones del auto donde los citan para sentencia definitiva y la notificación de manera personal de la sentencia definitiva. 3.- La violación en perjuicio de mi representada de sus derechos humanos de seguridad jurídica audiencia, debido proceso, defensa y legalidad, y demás garantías señaladas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dichos actos de la autoridad responsable incumplieron con lo estipulado en el artículo 83 del Código Procesal Civil del Estado de Michoacán que menciona que la notificación para citar para sentencia se hará en el domicilio o en la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial designado por las partes. De lo anterior se aprecia que los actos que reclama en el presente juicio el quejoso y se estudian en este apartado, ya fueron materia de estudio del diverso juicio de amparo 7/2022 del índice de este Juzgado, pues se obtuvo que se desechó por resultar improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; lo anterior en razón de que la parte quejosa, previo a la presentación de la demanda de amparo, debió impugnar los actos reclamados mediante el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el Título Decimosegundo, Capítulo I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, en relación con los artículos 94, 95 y 98 del mismo ordenamiento legal, tal y como se le indicó en dicho juicio. Sin que la parte quejosa haya realizado manifestación alguna, por lo que causó estado el veinticuatro de enero de este año, por lo que se ordenó el archivo correspondiente. No se soslaya, que en el presente asunto señale además al actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, como responsable de los referidos actos, pues estos no son autónomos, sino que constituyen idénticos planteamientos derivados de los actos y omisiones atribuidos al juez señalado como responsable. Además, porque la finalidad que se busca en las fracciones X y XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada, que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa, en contra de un mismo acto, contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Robustecen lo anterior los criterios siguientes: COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado. Por tanto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que los actos marcados en los incisos a y b que reclama en el presente juicio de amparo, ya fueron materia del diverso juicio de amparo 7/2022, promovido por Irene Lombera Gómez, por conducto de su apoderado jurídico Víctor Hugo Solís Rumbo, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, actualizándose así los extremos de la cosa juzgada material y formal, resolución que resulta inmodificable, por ser la verdad legal. 1.4 Desechamiento respecto de los actos precisados en los incisos del c) al g). Por otra parte, respecto de los actos reclamados de los incisos c) al d), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5°,fracción II y 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. A fin de dar claridad al problema planteado, se destaca que de la demanda de amparo, así como de lo narrado en el juicio de amparo 7/2022, del índice de este órgano de control constitucional, se desprende que la quejosa, bajo protesta de decir verdad, refirió que es parte demandada dentro del juicio sumario civil hipotecario 362/2017, del índice del Juzgado Tercero en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, ya que fue llamada a dicho contradictorio el trece de octubre de dos mil diecisiete; que no compareció a contestar la demanda, por lo que el referido procedimiento se tramitó en rebeldía. No obstante, al haber sido llamada a dicho procedimiento estuvo en aptitud de oponer sus defensas y hacer valer los medios de impugnación ordinarios y extraordinario, pues incluso, previamente, promovió diverso juicio de amparo. De ahí, que se insiste, no le reviste la calidad de tercera extraña. Es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dentro del juicio existen dos supuestos en que a las personas pueden considerarse terceras extrañas a juicio, a saber: a) Terceros extraños en sentido estricto: cuando no son llamados a juicio (persona diversa a los sujetos que forman parte de una controversia); o b) Terceros extraños al procedimiento por equiparación: por no haber sido emplazados a juicio, o haber sido emplazados en forma diversa a la prevista por la ley. De este modo, conforme lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la afectación que resiente la persona extraña a juicio deriva de la sentencia dictada en el proceso en el cual no formó parte. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 401/2011, consideró que cuando una persona acude al juicio de amparo ostentando el carácter de extraña a juicio, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen, en ese supuesto se desvirtúa la calidad de persona extraña. Lo anterior guarda congruencia con la finalidad que persigue el juicio de amparo indirecto, tratándose de la persona extraña a juicio, la cual tiene como propósito permitir al gobernado acudir al juicio natural a deducir sus derechos en la sede ordinaria, en aquellos casos en los que se haya seguido un juicio en su totalidad si haber sido llamado o, bien, cuando fue emplazado en forma distinta a lo prevenido en la ley. De dicha contradicción de tesis emergió la jurisprudencia 2ª./.J. 47/2011, de texto y rubro siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Así las cosas, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107,fracción IV, párrafo segundo, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Énfasis añadido. Conforme a los numerales transcritos el amparo indirecto procede contra actos dictados por tribunales judiciales después de concluido el juicio que gozan de autonomía y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución emitida en el juicio natural. Es decir, el juicio de amparo indirecto procede contra actos de los tribunales judiciales dictados en el período de ejecución de sentencia, con la condición que se trate de la última resolución dictada en ese periodo; es decir, contra la que: 1. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. 3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. Dentro de esta regla general de procedencia del juicio amparo biinstancial contra los actos dictados después de concluido el juicio, se encuentra inmersa otra de carácter específico que establece que, tratándose de procedimientos de remate, el amparo será procedente contra la última resolución ahí pronunciada, esto es, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de escritura de adjudicación, o bien, la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados. No obstante, el Alto Tribunal ha establecido algunas excepciones al criterio general antes aludido, respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: a. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia. b. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sobre los primeros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda hipótesis de procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Tribunal Supremo estableció que, excepcionalmente, procede el juicio de amparo indirecto contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En resumen, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, la acción constitucional indirecta será procedente: A. Contra la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, contra la que: A1. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia. A2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. A3. La que ordena el archivo definitivo del expediente. B. Contra la última resolución pronunciada en el procedimiento de remate; esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega d de la posesión de los inmuebles rematados. C. Contra actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como lo son: C1. Las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida. D. Contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada. Es ilustrativa, la jurisprudencia 1a./J. 52/2020, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 2022499: AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en logra precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Así, de lo hasta aquí expuesto, se advierte que los actos reclamados -orden de otorgar las escrituras voluntariamente, orden de otorgar escrituras en rebeldía del demandado, orden de desalojo del inmueble- forma parte el procedimiento de ejecución de sentencia, porque tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar el convenio elevado a categoría de cosa juzgada, lo que actualiza la hipótesis contenida en el segundo párrafo del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario. Por lo que, para que el juicio de amparo sea procedente, en el supuesto en el que la quejosa haya tenido oportunidad de intervenir en el juicio de origen -como así ocurrió- es necesario que se emita la última resolución en esta etapa, la cual será la que declare cumplida la ejecutoria, la imposibilidad para cumplirla o el archivo del expediente; momento en el que las partes podrán hacer valer cualquier transgresión que consideren se cometió en su perjuicio. Lo anterior, se robustece porque no se reclaman actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia o convenio del juicio natural, ya que se dirige directamente al cumplimiento de convenio ejecutoriado. Y, no afecta materialmente derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia: VI.2o.C. J/2536, visible en la página 1331, tomo XXI, mayo de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en la fracciones XI y XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I, 5°, fracción II y 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, con fundamento en los artículos 113 de la Ley de Amparo.. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6573/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y autoriza. Doy fe..

  3. Principal

    En siete de diciembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el folio 15775, dentro del juicio de amparo indirecto 724/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de diciembre de dos mil veintidós. 1. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Víctor Hugo Solís Rumbo, apoderado jurídico de la quejosa Irene Lombera Gómez, carácter que se reconoce con el poder notarial que anexa a su escrito de demanda, mediante el cual, pretende dar cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, en el que se le requirió para que manifestará lo siguiente: a)1. Si también comparece a esta instancia constitucional, a promover amparo en representación de los menores de iniciales R.A. y S.Y. ambos de apellidos A.L b)1 Si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez y actuario adscritos al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, y el acto que les reclama a cada uno. c) Fecha de conocimiento de los actos reclamados. Por lo tanto, se le tiene cumpliendo con los puntos a)1 y c). 1.2 Subsiste prevención. Respecto del cumplimiento del inciso b), se advierte que se señala como autoridad responsable al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, y al Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo y como actos reclamados los que refiere en dicho ocurso. Sin embargo, de su escrito de demanda se advierte que señala como autoridad responsable al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, y en su escrito aclaratorio que se provee refiere ". y Actuario adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo". Lo que resulta confuso para este órgano de control constitucional. Por tanto, al no encontrarse cabalmente cumplida el requerimiento previamente formulado, subsiste en la parte relativa al señalamiento de autoridades responsables, por tanto, requiérase al quejoso para que aclare lo siguiente: -a) Si es su deseo señalar como autoridad responsable al actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; o bien, al actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, o en su defecto a ambos fedatarios, así como el acto que le reclama a cada autoridad. En la inteligencia de que para dicha prevención, DEBERÁ REUNIR LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL NUMERAL 108 DE LA LEY DE AMPARO. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 133, del Tomo XVIII, Noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 182896, del tenor siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado par mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda". 2. Apercibimiento. Hágase saber al promovente que subsiste el plazo y apercibimiento decretado en auto de treinta de noviembre de este año. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe. .

  4. Principal

    Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta al Juez, con una demanda de amparo, recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnada a este órgano jurisdiccional y, registrada bajo el folio 15515. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de noviembre de dos mil veintidós. 1.1. Recepción y registro. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Irene Lombera Gómez, por conducto de su apoderado jurídico Víctor Hugo Solís Rumbo, contra actos del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número del juicio de amparo indirecto 724/2022. 1.2. Prevención. Previo a proveer sobre la acción de amparo indirecto, de conformidad con el artículos 108, 114, fracciones I, II y IV en relación con el numeral 112 de la Ley de Amparo, prevéngase al impetrante de amparo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, apercibido de las sanciones que establece el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, con el propósito de obtener una ventaja procesal, realice lo siguiente: a) Promoventes del amparo. Tomando en consideración que la quejosa Irene Lombera Gómez, lo hace por conducto de su apoderado jurídico Víctor Hugo Solís Rumbo, sin embargo, de los antecedente de los actos reclamados refiere ".8.- En aras de la justicia solicito a su Señoría que en el presente asunto se supla de deficiencia de la queja en razón de que están implícitos derechos de menores.", requiérasele para que manifieste: a)1. Si también comparece a esta instancia constitucional, a promover amparo en representación de los menores de iniciales R.A. y S.Y. ambos de apellidos A.L.; toda vez que del proemio de la demanda de amparo, por tanto, en caso afirmativo y en términos de los artículos 6°, párrafo primero y 10° de la Ley de Amparo, requiérasele para que acredite con medio de prueba idóneo, la representación con la que se ostenta, así como la prueba que demuestre el entroncamiento que aduce, existe entre la quejosa y dichos infantes. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J.23/2009, visible en la página 7, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así como la diversa tesis de jurisprudencia P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, Tomo IV, julio de 1996, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Además, la tesis I.8o.A.10 K (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2969 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, de título y contenido: "REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN." b) Señale la autoridad responsable. Asimismo, señala como autoridad responsable al "Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo", y no a un funcionario público en específico. b)1. Diga si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez y actuario adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, así como el acto especifico que les reclamada a cada uno. c) Fecha de conocimiento de los actos reclamados. Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de los actos que reclama en esta instancia constitucional, los cuales enumero del 1 al 8, en el apartado ".IV.- Actos reclamado.", ya que de su escrito de demanda no se advierte tal circunstancia. 1.3. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. 1.4. Domicilio procesal, autorizados y usuario. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones en los estrados de este juzgado, y por autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ******************** y ********************en virtud a que no cuentan con registro para promover ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se le tiene proporcionando el usuario "********************", para tener acceso al expediente electrónico; por lo tanto, se instruye al actuario de la adscripción para que habilite el referido usuario con el efecto precisado. 2. Determinaciones generales en relación con la actuación de las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 2.1. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Nubia Miranda Ramírez, quien da fe.

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