Ignacio Pérez Vargas

Expediente 504/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
504/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/07/2019

Partes del expediente

  • Ignacio Pérez Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la diligencia veintidós de los actuales, en la que se hace constar la comparecencia del quejoso...quien se identificó con credencial de elector, comparecencia a través de la cual se desistió del presente juicio de amparo: Fojas (fojas 15 y 16). En consecuencia, se le tiene por desistido del presente asunto. Así, atendiendo al desistimiento del quejoso ...se sobresee este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efecto todas las providencias decretadas en el mismo, en virtud de que opera indubitablemente una causal de sobreseimiento directa de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 82/2016, de la Segunda Sala, publicada en la página cuatrocientos sesenta y dos, tomo I, Julio dos mil dieciséis, Libro treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2012059, del rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. Así como, la jurisprudencia número 161/2010, de la Segunda Sala, consultable en la página seiscientos ochenta y siete, tomo XXXIII, Enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163160, que establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO." Ahora bien, resulta claro que la promovente, al manifestar su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo ante la presencia judicial, evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo que decreta el sobreseimiento del juicio, ha causado estado. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con diez minutos del siete de agosto de dos mil diecinueve. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente asunto como concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se previene a la parte quejosa para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, a recoger los documentos que acompañó a la demanda de amparo, dentro del plazo de noventa días naturales, apercibida que en caso de no hacerlo así, los documentos serán destruidos junto con el expediente; lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    I. Demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza y del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación en Palaú, con residencia en Palaú, Coahuila de Zaragoza. II. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo promovida. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 504/2019, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). III. Incidente de suspensión. Sin tramitar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. IV. Informe justificado. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente a aquél en que reciban el oficio en el que se le solicita, al que deberá acompañar en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del presente juicio. V. Apercibimiento a la autoridad responsable. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que de ella se reclama, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, y se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción II, de la citada legislación. Igualmente, en caso de que se niegue a recibir el oficio (notificación) que se emita en el presente juicio, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tendrá por hecha la notificación y se le impondrá una multa de cien veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. Sobre el tema, se emitió la tesis VI.1o.A.35 K (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página dos mil setecientos veinticuatro, tomo III, libro 15, febrero de dos mil quince, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2008463, bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO NO RENDIDO DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO. NO AMERITA LA IMPOSICIÓN DE MULTA CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 260 DE DICHA LEY. La multa prevista en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se actualiza ante la falta de rendición del informe con justificación o la omisión de remitir las constancias necesarias para resolver el juicio de amparo. Así, el mencionado precepto únicamente autoriza al Juez de Distrito a imponer a las autoridades responsables una multa que oscila entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, cuando aquéllas no rindan su informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Además, debe tomarse en consideración que el párrafo tercero del artículo 117 del propio ordenamiento, prevé la posibilidad de que los informes justificados se rindan extemporáneamente, y que a pesar de ello puedan ser tomados en cuenta si la parte quejosa tuvo oportunidad de conocerlos; sin que en el citado precepto o en algún otro de la ley de la materia, se establezca que la rendición de los informes fuera del término de quince días, motive la imposición inmediata de sanción pecuniaria alguna. En efecto, una multa de ese tipo no es dable imponerla en un acuerdo de mero trámite, sino que en el caso de que las responsables no rindan sus informes con justificación, en la sentencia se les impondrá la multa respectiva. Ello tiene su razón de ser, ya que será hasta que se emita el fallo constitucional cuando el Juez de Distrito estará en aptitud legal de determinar si las responsables cumplieron con el imperativo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, consistente en la rendición de sus informes con justificación o, en su caso, de la remisión de las constancias necesarias; ya que aun cuando éstos se rindan extemporáneamente, podrán ser tomados en consideración en la sentencia, si las partes estuvieron en aptitud de conocerlos. Asimismo, si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de normas generales, aun cuando las autoridades responsables que tengan el carácter de legislativas fueran omisas en rendir sus informes, ello no daría lugar a sancionarlas con multa, de conformidad con el último párrafo del artículo 260 de la Ley de Amparo." VI. Prevención para que las partes informen sobre las causas de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la legislación de la materia, prevéngase a las partes para que informen inmediatamente a este Juzgado de Distrito, si llegasen a tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa por el equivalente de treinta veces la unidad de medida diaria a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. VII. Audiencia constitucional. Se señalan las doce horas con diez minutos del siete de agosto de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. VIII. Notificación a las partes. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este juicio deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de lo adscripción pueda efectuar tales diligencias. Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del poder judicial federal, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente los actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del numeral 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron paro oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo ini.asp. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil doscientos cincuenta y tres, Libro XVI, Enero de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2002576, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Dicho de otra forma, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dicho auto se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. lX. Pruebas. Se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba la documental que exhibió, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones, las que se admiten y se desahogan en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ellas en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. X. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados de este Juzgado de Distrito y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************. XII. Días y horas inhábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. XIII. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. En términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. IX. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. X. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. XII. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. XVI. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Alix Gabriela García Sandoval, Secretaria en funciones de Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizada en sesión de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2299/2019, asistida de la licenciada Ma Socorro Rangel Narváez, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe.

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