Ignacio Lenin Flores Lucio

Expediente 30/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
30/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Lenin Flores Lucio

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, del que se desprende ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de quince de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control. 6. Promoción. Asimismo, agréguese a los autos el escrito signado por ... autorizado de la parte quejosa, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo. 6.1 Acuerdo. Sin embargo, no es el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto por los motivos expuestos en párrafos que anteceden.

  2. Principal

    Queda notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de quince de enero de dos mil veintiuno, al no haber comparecido a notificarse de manera personal. Auto 15/01/2021 1. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por ...contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada por Hechos de Corrupción, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 30/2021, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Desechamiento. A efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo1. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/42. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que 1 El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, de rubro y texto siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado: la solicitud de audiencia de modificación de medida cautelar dentro de las causas penales 137/2018, 431/2018 y 506/2018, realizada por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y su diferimiento, así como la privación de la libertad como consecuencia de dicha audiencia, además de la ejecución del decreto 298 por el cual se modifica la fracción III del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el cinco de julio de dos mil diecinueve. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII3, en relación con el diverso 5, fracción I4, de la Ley de Amparo. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, ofensa a la persona física o moral siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. En este contexto, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] 4 Artículo 5. El amparo indirecto procede: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Se afirma lo anterior, toda vez que para que proceda la acción constitucional, no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Así es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. Al respecto, conviene precisar que los actos reclamados derivan de las causas penales 137/2018, 431/2018 y 506/2018, que se instruyen ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; es decir, proviene de un tribunal judicial, por ende, el quejoso debe aducir ser titular de un interés jurídico para comparecer al presente juicio de amparo. Además, cabe precisar que el Juez de Control al diferir la audiencia de modificación de medida cautelar únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que al quejoso no se le causa un perjuicio, ya que en dicha audiencia no se le irroga perjuicio alguno, pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial imponga una medida cautelar que afecte la libertad personal del investigado. En el caso concreto, el impetrante no resiente ningún perjuicio en su esfera jurídica con motivo de la solicitud y el diferimiento del desahogo de la audiencia de modificación de medida cautelar dentro de las causas penales 137/2018, 431/2018 y 506/2018, ello porque la solicitud y el diferimiento de la audiencia en la que habrá de modificarse la medida cautelar, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Tiene aplicación por analogía la tesis I.8o.C. 17 K, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.5 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 5 Tesis I.8o.C. 17 K, sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, visible en la página 485. INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO EN CONTRA DE LAS DILIGENCIAS DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCION QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE. La resolución que confirma el auto que desechó por frívolo e improcedente el incidente de nulidad de actuaciones en contra de las diligencias de notificación y emplazamiento, no constituye un acto de ejecución irreparable, sino que sólo produce efectos intraprocesales por lo que en su contra no procede la demanda de amparo indirecto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica al solicitante con nombre de usuario "Nivardo72". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 4.1 Instrucción. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 5. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 6. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 7. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

  3. Principal

    1. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito de demanda promovido por ...contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada por Hechos de Corrupción, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y otra autoridad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 30/2021, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). A efecto, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar...

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