Ignacio Lenin Flores Lucio

Expediente 156/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
156/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
24/04/2017

Partes del expediente

  • Ignacio Lenin Flores Lucio

Actuaciones

  1. Principal

    I. Se agrega despacho. Añádase al expediente el oficio 646/2017, remitido por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo, con el cual devuelve diligenciado el despacho 49/2017-CO (orden 456/2017), del índice de este Juzgado de Distrito; al haber notificado al quejoso el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, el proveído de tres de marzo del mismo año, consecuentemente, dése de baja la comunicación oficial recibida, del libro de gobierno correspondiente y acúsese recibo. II. Acto reclamado y antecedentes. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de ocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas fojas 74 a 78), se advierte que la parte promovente reclama en esta instancia, de las autoridades responsables, los actos consistentes en: "De la Quincuagésima Decima Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, con domicilio en Blvd. Francisco Coss s/n esquina Obregón Zona Centro de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se reclama el acto consistente: a) La aprobación por parte del pleno del congreso en sesión celebrada el 15 de febrero del 2017, del punto de acuerdo de los diputados y diputadas del grupo parlamentario "Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz" presentado a través del Dip. Antonio Nerio Maltos del Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual se acordó se solicite a la Auditoría Superior del Estado, por conducto de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de este H. Congreso, que a la brevedad posible inicie una investigación en el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con motivo de los pagos realizados a supuestas empresas fantasmas ubicadas en la ciudad de León, Guanajuato, y/o las demás que pudieran existir. Dicho acuerdo es ilegal, por no apegarse a derecho como se demostrará, pues la Ley de Rendición de Cuenta y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, no contiene dicho objeto de empresas fantasmas. Además dicho acuerdo también es ilegal, por violar el principio de legalidad, y el principio de definitividad que contempla la norma referida, pues ya han sido fiscalizados los ejercicios 2014, 2015 y 2016 se encuentra en proceso. Violación al Principio NON BIS IDEM Del titular de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, con domicilio en Boulevard Fundadores No. 7269, Colonia Ampliación Mirasierra, de Saltillo Coahuila, se reclama el acto consistente: El acuerdo por medio del cual supuestamente decide acordar la emisión de la orden de la visita domiciliaria, conforme al punto de acuerdo de los diputados y diputadas del grupo parlamentario "Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz" a través del Dip. Antonio Nerio Maltos del Partido Revolucionario Institucional, el cual fue aprobado por el pleno del Congreso en sesión celebrada el 15 de febrero del 2017 mediante el cual se acordó se solicite a la Auditoría Superior del Estado, por conducto de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de este H. Congreso, que a la brevedad posible inicie una investigación en el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con motivo de los pagos realizados a supuestas empresas fantasmas ubicadas en la ciudad de León, Guanajuato, y/o las demás que pudieran existir. Bajo protesta de decir verdad manifestamos que desconocemos dicho acuerdo del titular de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, sin embargo, es parte de la motivación de la orden de visita domiciliaria, por tales razones solicitamos sea requerido a la autoridad y se de a conocer el mismo, para verificar si se cumple con el principio de legalidad, pues dicho titular no es competente para ordenar visita domiciliarias para revisar y fiscalizar las operaciones con empresas fantasmas, ya que ni la Ley, ni el Reglamento contempla dicha atribución, mucho menos de ejercicios ya fiscalizados. Del Auditor Especial de Cumplimiento de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, con domicilio en Boulevard Fundadores No. 7269, Colonia Ampliación Mirasierra, de Saltillo Coahuila, se reclama el acto consistente: La orden de la visita domiciliaria, emitida por la Auditoria Superior del Estado, Auditor Especial de Cumplimiento, conforme al punto de acuerdo de los diputados y diputadas del grupo parlamentario "Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz" a través del Dip. Antonio Nerio Maltos del Partido Revolucionario Institucional, el cual fue aprobado por el pleno del Congreso en sesión celebrada el 15 de febrero del 2017, mediante el cual se acordó se solicite a la Auditoría Superior del Estado, por conducto de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de este H. Congreso, que a la brevedad posible inicie una investigación en el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con motivo de los pagos realizados a supuestas empresas fantasmas ubicadas en la ciudad de León, Guanajuato, y/o las demás que pudieran existir por los ejercicios fiscales, 2014, 2015, 2016 y 2017. Dicha orden de visita domiciliaria es ilegal, en razón de haberse ordenado fiscalizaciones anteriormente por parte de la Auditoria Superior del Estado y por la misma titular, al Ayuntamiento de Sabinas Coahuila, de los ejercicios 2014, 2015 y 2016; por tanto, existe una violación al principio de legalidad, definitividad, así como posterioridad. Violación al principio NON BIS IDEIVI. Del ejercicio del 2016, se encuentra en proceso una auditoria la cual no ha sido cerrada aun. Además, ampliamente razonaremos que la documentación que pretende la Auditoria Superior del Estado, sea entregada por el Ayuntamiento de Sabinas Coahuila, ya ha sido presentada por el Municipio de Sabinas Coahuila y obran los originales aun en poder de la autoridad que fiscaliza, pues no ha sido devuelta la misma al Municipio. Resulta importante señalar que tampoco, la Ley de Rendición de Cuenta y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, en su objeto no contempla llevar a cabo investigaciones con empresas fantasmas, pues el objeto lo constituye la revisión y fiscalización de las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera, así como las bases para la organización y funcionamiento de la Auditoria Superior del Estado. Por último, de forma previa establecemos que no encuadra la hipótesis normativa en ninguno de los supuestos excepcionales que contempla la Ley de Rendición de Cuenta y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, para practicar visitas domiciliarias, durante el ejercicio en curso, como demostraremos, sin esperar a cerrar las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera del ejercicio 2017. De los visitadores de nombre Paloma Guadalupe Cortes Gaona, Yesica Alejandra Soto Cardona, Manuel Santiago González Jalomo quienes aparentemente esta adscritos a la Auditoria Superior del Estado de Coahuila, con domicilio en Boulevard Fundadores No. 7269, Colonia Ampliación MiraSierra, de Saltillo Coahuila, se reclama el acto consistente: d).- Como ejecutoras, la materialización por medio del cual notifican la orden la visita domiciliaria y proceden a levantar acta parcial de inicio de los supuestos visitadores de nombre Paloma Guadalupe Cortes Gaona, Yesica Alejandra Soto Cardona, Manuel Santiago González Jalomo quienes aparentemente esta adscritos a la Auditoria Superior del Estado de Coahuila conforme al punto de acuerdo de los diputados y diputadas del grupo parlamentario "Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz" a través del Dip. Antonio Nerio Maltos del Partido Revolucionario Institucional, el cual fue aprobado por el pleno del Congreso en sesión celebrada el 15 de febrero del 2017 mediante el cual se acordó se solicite a la Auditoría Superior del Estado, por conducto de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de este H. Congreso, que a la brevedad posible inicie una investigación en el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con motivo de los pagos realizados a supuestas empresas fantasmas ubicadas en la ciudad de León, Guanajuato, y/o las demás que pudieran existir por los ejercicios fiscales, 2014, 2015, 2016 y 2017. Lo anterior ante el requerimiento ilegal, que proceden a efectuar de diversa documentación en relación con las operaciones con la empresa KNIPPA Construcciones y Estructuras, S.A. de C.V. y el Municipio de Sabinas Coahuila. Esto también, lo razonamos de esta manera, toda vez que dicha información ya obra en poder de la autoridad". De lo narrado, se desprende que la parte promovente reclama en esencia la aprobación y ejecución de la orden de visita domiciliaria en el Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, con motivo de los supuestos pagos realizados a empresas fantasmas ubicadas en la ciudad de León, Guanajuato y demás que pudiera existir. Lo anterior, en cumplimiento al acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante sesión de quince de febrero de dos mil diecisiete. III. Desechamiento. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso a) y b), ambos de la Ley de Amparo, mismos que se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". Los artículos transcritos establecen la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se trata de actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en cuyo caso, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa la parte quejosa, trascendiendo al resultado de la resolución. Asimismo, dichas disposiciones señalan como excepción para la procedencia del juicio de amparo el supuesto en el que el amparo sea promovido por un acto dictado dentro del procedimiento que afecte materialmente un derecho sustantivo, lo que implica que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se promueva contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, (emitido durante el procedimiento) cuando no afecten materialmente derechos sustantivos a los derivados de la relación procesal. Esto es, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio y se afecte con su emisión algún derecho fundamental de la parte quejosa como pudiera ser el derecho a la educación, el derecho a la propiedad privada o cualquier otra afectación a algún derecho patrimonial, considerados como derechos sustantivos tutelados constitucionalmente, el impetrante de amparo no estará obligado a esperar el dictado de la resolución definitiva del procedimiento del que emanan los actos reclamados y el juicio de amparo indirecto sería procedente en términos del inciso b), de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, guarda lógica en virtud de que hace procedente el juicio de amparo indirecto de manera inmediata (sin esperar al dictado de la resolución definitiva) cuando el acto reclamado afecta directamente algún derecho sustantivo, como pudiera ser la imposición de multa o alguna carga o restricción sobre diverso derecho fundamental, diverso a los procesales; y por otro lado, cuando la parte quejosa quede sin defensa debido a la afectación sufrida por la emisión del acto reclamado podrá hacer valer tal violación cuando conozca el sentido de la resolución definitiva y encuentre que la violación influyó en dicho resultado. Dicha interpretación ha sido constante por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, pues se ha sostenido en diversos criterios que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos contenidos en la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos; por tanto, se justifica de manera excepcional la procedencia del juicio de amparo cuando afectan derechos ajenos a la litis natural y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: *** En el caso concreto, conviene invocar para mayor claridad los artículos 40, 41 y 42 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, que se encuentran bajo el capítulo V, sección primera, que reglamentan los procedimientos de auditoria de la visita domiciliaria, los cuales rigen el acto que en esta instancia se reclama, los cuales se transcriben a continuación: "Artículo 40. En la orden de visita domiciliaria, además de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, se deberá indicar: I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita; II. El nombre del o los visitadores que deban efectuar la visita, los cuales podrán ser sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier tiempo por la Auditoría Superior. La sustitución, aumento o reducción de los visitadores que deban efectuar la visita se notificará a la entidad fiscalizada visitada. Los visitadores comisionados y/o habilitados para efectuar la visita podrán actuar conjunta o separadamente. Artículo 41. Las auditorías realizadas por la Auditoría Superior, a través de visita domiciliaria, se desarrollarán conforme a las siguientes reglas: I. La visita a la entidad se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita. II. El procedimiento iniciará con la notificación de la orden de visita domiciliaria al titular o representante legal de la entidad y, en su caso, a la persona o personas que vaya dirigida. III. Los visitadores comisionados y/o habilitados se identificarán con credencial vigente y/o constancia de identificación expedida por la Auditoría Superior, así como con el oficio de comisión para desempeñar la visita. En caso de que los visitadores sean profesionales de auditoría independientes habilitados por la Auditoría Superior, deberán exhibir el oficio de habilitación correspondiente e identificación expedida por el despacho contratado. IV. Si al presentarse los visitadores comisionados y/o habilitados al lugar en donde debe practicarse la diligencia, no estuviere la persona visitada o su representante legal, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día hábil siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado. V. Los visitadores levantarán acta parcial de inicio en la que se hará constar lo siguiente: a) Lugar, hora, día, mes y año en que inicia la visita domiciliaria; b) Objeto o propósito de la visita; c) Identificación de los visitadores comisionados y/o habilitados por la Auditoría Superior. d) Identificación de quien atiende la visita y, en su caso, oficio de designación para tal efecto. Designación de testigos. La persona con quien se entienda la visita designará a las personas que habrán de fungir como testigos; si ésta no lo hiciere o los designados no aceptaren serlo, los visitadores los designarán, haciendo constar esta circunstancia en el acta. Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, porque se ausenten antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser testigo; ante esta circunstancia la persona con la que se entiende la visita deberá designar a otros inmediatamente, y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita. f) Requerimiento de información y/o documentación, así como el plazo para su presentación. VI. Las personas visitadas, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita, están obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición los documentos, libros, registros, archivos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos y demás sistemas que contengan información de la entidad, documentación comprobatoria y justificativa relativa al ingreso, gasto, deuda y patrimonio públicos; expedientes técnicos y unitarios integrados con motivo de la realización de obras y adquisición de bienes y servicios, los cuales serán examinados en el domicilio de la entidad, en el lugar donde se encuentren sus archivos o en el lugar donde se encuentren los bienes o las obras. Los visitadores podrán solicitar y obtener copia de dichos documentos, para que previo cotejo con sus originales sean certificados por éstos y sean anexados a las actas parciales y finales que se levanten con motivo de la visita domiciliaria. VII. Se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se harán constar requerimientos de información adicionales para obtener la documentación e información necesaria y suficiente para cumplir con los objetivos de la visita. VIII. Cuando en el desarrollo de la visita, los visitadores conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales o complementarias, las cuales estarán firmadas por los visitadores que en la diligencia intervinieron, dejando copia de las mismas a los visitados. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba plena de la existencia de tales hechos o de las omisiones advertidas. IX. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en las actas parciales o complementarias, si antes del cierre del acta final las personas visitadas, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita no presentan los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones consignados en dichas actas. X. Las actas parciales o complementarias se entenderán que forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se señale así expresamente. XI. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio de la entidad visitada, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita podrán levantarse en las oficinas de la Auditoría Superior. XII. La visita domiciliaria concluirá con el levantamiento del acta final ante las personas visitadas, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita, con las mismas formalidades establecidas para el levantamiento del acta parcial de inicio. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día hábil siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado. XIII. En el levantamiento del acta final, cualquiera de los visitadores que hayan intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma. XIV. Con posterioridad a la conclusión de la visita domiciliaria, la Auditoría Superior emitirá, en su caso, el pliego de observaciones, así como el pliego de recomendaciones correspondientes, los cuales se notificarán a la entidad visitada quien contará con el plazo señalado en esta ley para presentar los documentos, libros, registros o demás evidencia que solventen las observaciones y atiendan las recomendaciones contenidas en dichos pliegos. XV. Si de la visita domiciliaria no se desprendieran hechos u omisiones que entrañen el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, se hará constar así por los visitadores en el acta final. Artículo 42. Cuando la Auditoría Superior solicite datos, informes o documentos a las entidades dentro de una visita domiciliaria, se tendrán los siguientes plazos para su presentación: I. Los libros y registros que formen parte de su contabilidad deberán presentarse de inmediato, es decir, el mismo día en que se requiera dicha información, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico en su caso; II. Seis días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, cuando los documentos o demás información sean de los que deba tener en su poder la entidad; III. Quince días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos." Como se desprende de los mismos, el procedimiento iniciará con la notificación de la orden de visita domiciliaria al titular o representante legal de la entidad y, en su caso, a la persona o personas que vaya dirigida, después los visitadores levantarán acta parcial de inicio, y en su caso realizaran el requerimiento de información y/o documentación, y harán constar el plazo para su presentación. Cuando en el desarrollo de la visita, los visitadores conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales o complementarias, las cuales estarán firmadas por los visitadores que en la diligencia intervinieron, dejando copia de las mismas a los visitados; también se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros; los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba plena de la existencia de tales hechos o de las omisiones advertidas La visita domiciliaria concluirá con el levantamiento del acta final ante las personas visitadas, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita, con las mismas formalidades establecidas para el levantamiento del acta parcial del inicio. Con posterioridad a la conclusión de la visita domiciliaria, la Auditoría Superior emitirá, en su caso, el pliego de observaciones, así como el pliego de recomendaciones correspondientes, los cuales se notificarán a la entidad visitada quien contará con el plazo señalado en esta ley para presentar los documentos, libros, registros o demás evidencia que solventen las observaciones y atiendan las recomendaciones contenidas en dichos pliegos Ahora bien, de las constancias allegadas por la parte promovente a su escrito de demanda, se advierte que el proceso de fiscalización reclamado, se encuentra en la fase que prevé el artículo 41, la fracción V, del referido ordenamiento legal, ya que lo que reclama en la presente demanda, es el acta parcial de inicio del procedimiento en el cual aún no se ha emitido acta final. Documentales que tienen valor probatorio, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria de la Ley de Amparo conforme a su numeral 2 , ya que fueron expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro número 394182, que establece: *** Entonces, los actos combatidos no constituyen un acto de imposible reparación, debido a que no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, tampoco, le causa una afectación que no puedan ser reparados mediante la determinación definitiva que al efecto emita la referida autoridad responsable, ya que la fiscalización de las cuentas públicas que realiza la Auditoría Superior del Estado se encuentra sujeta a un proceso integrado de diversas fases. De tal manera que la resolución reclamada dentro del procedimiento no constituye una actuación definitiva que afecte directamente algún derecho sustantivo (diferente a los de defensa, audiencia, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva) de la parte quejosa y no puede considerarse de imposible reparación, por lo que la parte quejosa estará en condiciones de hacerla valer contra la resolución definitiva que determine la situación jurídica que debe prevalecer respecto del proceso de fiscalización, en caso de que la resolución reclamada trascienda al resultado final y que por virtud de dicha violación haya quedado indefenso. Consecuentemente, resulta evidente, que el acto aquí reclamado no proviene de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sino de una autoridad administrativa; asimismo, la determinación reclamada no constituye una resolución definitiva, que ponga fin a un procedimiento, sino que únicamente se trata de una resolución dentro del proceso de fiscalización que se instrumenta como un procedimiento seguido en forma de juicio, y en el que, como se ha señalado, no existe aún la resolución definitiva que concluya tal procedimiento de fiscalización; y que no puede considerarse de imposible reparación al no afectar algún derecho sustantivo de la parte quejosa, diferente a los de defensa. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 2a./J. 22/2003, publicada en la página 196, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de dos mil tres, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: *** Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, Julio de dos mil diez, Novena Época, página mil novecientos ochenta y cuatro, que dice: *** Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Sin que obste a lo anterior, lo mencionado por el promovente en el capítulo de procedencia, dado que con el carácter que comparece a esta instancia constitucional es de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, no como particular, por tanto no se está en el caso de violación al domicilio como lo refiere, ya que la orden de visita domiciliaria se está realizando a las cuentas públicas que el promovente se encarga de administrar, no así de su propiedad. VII. Se hace efectivo apercibimiento respecto a domicilio. Dado que la parte quejosa omitió cumplir con el requerimiento que se le hizo en acuerdo de tres de marzo del año en curso, relativo a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 22, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento, y a fin de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo , se ordena la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. VIII. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1 , 9 , 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante despacho 49/2017-CO, de tres de marzo del año en curso (fojas 72 y 73), remitido al Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se ordenó la notificación personal de ***, en su carácter de Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y quien se ostenta como representante legal del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Empero, a la fecha no obran las constancias que acrediten lo encomendado no obstante que a foja ochenta obra la tarjeta postal acuse de recibo relativa a dicha comunicación, la que fue recibida en ese Juzgado el trece de marzo de este año. En consecuencia, requiérase al Juez Civil y Familiar de que se trata, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe el estado que guarda dicho despacho, o bien, en su caso, remita las constancias que acrediten lo conducente, las cuales son indispensables para continuar el trámite del presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por ***en su carácter de Presidente Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y representante legal del Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, sin embargo, se reserva acordar lo conducente hasta que obren en el expediente las constancias relativas al despacho 49/2017 (orden 456/2017), a través del cual se le ordenó notificar el acuerdo de tres de marzo de dos mil dieciséis (fojas 68 a 71).

  4. Principal

    Notificación personal

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