Ignacio Mendoza Ramírez

Expediente 89/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
89/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Ignacio Mendoza Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 89/2021 MESA 7° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintiuno. 1. Firmeza del desechamiento de demanda. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en proveído de cuatro de febrero del año en curso se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, en términos de los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 5. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Francisco Villanueva Rojas, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    pral.89/2021 mesa 7 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. 1° Notificación por lista de acuerdos a parte quejosa. Vista la razón actuarial de nueve de febrero del año en curso, de la que se advierte la imposibilidad que se tuvo para notificar a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de febrero de este año, en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo, como se advierte de la siguiente imagen: Ante ello, se actualiza el supuesto previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, por lo que se ordena realizar la notificación del acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veintiuno a la parte quejosa, por lista de acuerdos que se publica en este órgano jurisdiccional, así como los subsecuentes que sean de carácter personal, hasta en tanto se señale nuevo domicilio. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 171/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este Municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día (fojas 3 a 21) que, por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado, Ediel Alberto López Celis, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (fojas 32 a 38) se registró la demanda de amparo con el expediente 171/2019, se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional. El veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fojas 59 a 60) se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Fernando de Jesús López Celis, quien quedó emplazado el diez de abril de dos mil diecinueve (foja 70). El veinticinco de abril de dos mil diecinueve (fojas 72 a 80) se dictó la sentencia correspondiente, en la que se sobreseyó en el juicio. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Circuito, el que en ejecutoria de once de septiembre de dos mil veinte revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento para los efectos allí precisados. En cumplimiento a la citada ejecutoria, en auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte (fojas 129 a 131), se le previno a la parte quejosa para que manifestara si deseaba ampliar la demanda de amparo. En escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa amplió la demanda de amparo respecto de diversos actos reclamados y autoridades responsables. En auto de trece de noviembre de dos mil veinte se admitió la ampliación de demanda, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado respectivo y se dio vista al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado. Finalmente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta, y en el caso, se trata un asunto de naturaleza administrativa. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, de la ampliación de demanda, así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: Del administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1", del Servicio de Administración Tributaria: I. El oficio 400-45-00-02-01-2018-098 de veinticinco de enero de dos mil diecinueve. II. La ilegal notificación del oficio 400-45-00-02-01-2018-2676 de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. III. La convocatoria de remate de uno de diciembre de dos mil dieciocho. IV. Cédula de notificación por estrados de catorce de enero de dos mil diecinueve. V. El acta de adjudicación de veintidós de enero de dos mil diecinueve. Del subadministrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1": I. El acta de adjudicación de veintidós de enero de dos mil diecinueve. Del verificador, notificador y ejecutor de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1": I. El acta circunstancia de hechos de diez de enero de dos mil diecinueve. Del jefe de la Unidad de Diligenciación 118 A, de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1": I. La constancia de notificación por estrados de seis de febrero de dos mil diecinueve. Del jefe del Departamento de Ejecución de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1": I. El acta de adjudicación de veintidós de enero de dos mil diecinueve. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Existencia del acto. La 1) administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca Uno de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, 2) el subadministrador Desconcentrado de Recaudación, 3) el verificador, notificador y ejecutor, 4) el jefe de la Unidad de Diligenciación y 5) el jefe del Departamento, éstas últimas cuatro adscritas a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Oaxaca "1" de la Secretaría de Administración Tributaria, aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia para demostrar la existencia de la actuación aquí controvertida, conforme lo dispuesto por los numerales 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Existencia que se corrobora con el expediente del procedimiento administrativo de ejecución; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las autoridades responsables al rendir el informe justificado, respectivamente, manifestaron que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, XIX y XVI, de la Ley de Amparo. Asimismo, la administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca Uno de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda Pública, refirió que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dichas causas de improcedencia son infundadas, por lo siguiente. Falta de interés jurídico. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". El citado precepto normativo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. En el caso, la parte quejosa reclama, entre otros actos, la ilegalidad de la notificación de la convocatoria de remate del inmueble del cual es copropietario; es decir, la falta de llamamiento al procedimiento de remate para ejercer su derecho del tanto; calidad (copropietario) que acreditó con el instrumento notarial dos mil ochocientos ocho, volumen veintisiete, de quince de julio de dos mil dos, pasada ante la fe del Notario Público Cincuenta y Tres en el Estado de Oaxaca (fojas 28 a 29), de ahí que demuestra su interés jurídico para instar este juicio. Aunado que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en ejecutoria de once de septiembre de dos mil veinte, refirió que la parte quejosa sí acreditó su interés jurídico; de ahí que sea infundada dicha causa de improcedencia. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa. El artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)". La administradora Desconcentrada Jurídica de Oaxaca Uno de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda Pública, al rendir el informe justificado respecto de la demanda inicial, refirió que se actualizaba la citada causa de improcedencia, toda vez que el aquí tercero interesado promovió juicio de nulidad 797/19-15-01-4 ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra el oficio 400-45-00-02-01-2018-098, de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (acto reclamado), por lo que indicó que a través de dicho juicio se podía modificar o revocar al acto reclamado; sin embargo, no se actualiza la causa de improcedencia, toda vez que dicho juicio no fue promovido por el quejoso, y si bien es cierto que reclama el citado oficio en este juicio, también lo es que se ostenta como tercero extraño, pues impugna, entre otros actos, la falta de emplazamiento al procedimiento de remate. Por otra parte, las autoridades responsables al rendir el informe justificado respecto de la ampliación de demanda, refirieron que se actualiza la citada causa de improcedencia (artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo), ya que el aquí tercero interesado promovió juicio de nulidad contra el oficio 400-45-00-02-01-2018-098, de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien declaró la validez del procedimiento administrativo de ejecución, remate y adjudicación del inmueble embargado y la parte inconforme (tercero interesado) promovió juicio de amparo directo, que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, el cual se encuentra en trámite. Dicha causa de improcedencia es infundada; porque la causa de improcedencia invocada se actualiza cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; sin embargo, en primer término, el juicio de amparo directo no fue promovido por el quejoso y, en segundo lugar, el juicio de amparo directo 111/2020 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, es un medio constitucional extraordinario de defensa; por ende, no es un recurso o medio de defensa legal que se esté tramitando ante un tribunal ordinario; de ahí que no se actualiza la citada causa de improcedencia. Principio de definitividad. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" La citada fracción dispone que es improcedente el juicio de amparo cuando contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; sin embargo, el quejoso se ostenta como tercero extraño al procedimiento de remate; de ahí que no se actualiza la citada causa de improcedencia, ya que es factible que promueva el amparo indirecto sin necesidad de esperar el dictado de la resolución definitiva y sin agotar previamente los recursos o medios de defensa legales por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que estima inconstitucional, en razón de que el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado al haber sido emplazados correctamente, pero en ningún caso a los terceros extraños por equiparación, pues, en relación con ellos, no se establece en sede constitucional o legal restricción alguna para la promoción del juicio de amparo. .... Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Ediel Alberto López Celis, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo, para los efectos precisados en el diverso considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO ACUERDO QUE LO ORDENA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. 1 ° Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Ignacio Mendoza Ramírez, por propio derecho, contra actos de la Secretaria de Movilidad del Estado de Oaxaca, presentada en el buzón judicial de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional en esta data; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 89/2021. 2° Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3° Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - -. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Como se ve, la causa de improcedencia referida no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, el artículo 6° de la Ley de Amparo prevé que para que una persona pueda acudir al juicio de amparo en su carácter de quejosa, se requiere que, efectivamente, el acto u omisión que reclama afecte sus derechos fundamentales: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. (...)". En el caso, el quejoso reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca: La falta de contestación al escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual solicitó, que dicha Secretaría le informe el número de concesión de taxi que tiene registrado ante aquélla. Sin embargo, con fundamento en los numerales referidos, este juicio de amparo se torna improcedente en razón que, por ahora, el quejoso carece de interés jurídico para su promoción, pues no existe violación a sus derechos fundamentales que le produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica; por lo siguiente: El artículo 8° de la Constitución Federal dispone que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; además, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, tal precepto normativo no establece un plazo en el que las autoridades (federales, locales o municipales) deben dar contestación a las solicitudes presentadas por los gobernados, limitándose a señalar que los funcionarios o empleados públicos tienen la obligación de dar una respuesta en breve término, entendiéndose por éste, el periodo racional y justificado para estudiar y acordar la petición, conforme a su complejidad, las circunstancias específicas del caso, las cargas de trabajo de la autoridad y, además, atendiendo los términos que para ello fijen las leyes. Bajo ese tenor, es menester acudir a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que, en su artículo 13, señala: "Artículo 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. A las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación". Como se advierte, la Constitución local establece un plazo genérico de diez días para que las autoridades del Estado de Oaxaca contesten las peticiones de los gobernados, siempre y cuando la ley de la materia no fije otro. En la especie, en este juicio de amparo se señala como autoridad responsable a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca, cuyo actuar se rige por la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en términos de su artículo 1°, al ser una dependencia centralizada del Ejecutivo Estatal (artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca). Bajo ese contexto, de los artículos 23 y 26 de esa Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca se desprende que la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en cuanto al ejercicio del derecho de petición en un plazo no mayor a noventa días naturales. Así, si en este asunto se reclama de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca la falta de contestación a una solicitud de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, es evidente que entre esa fecha y la de presentación de la demanda de amparo -cuatro de febrero de dos mil veintiuno-, solo han transcurrido nueve días naturales; es decir, no ha fenecido el término de noventa días naturales con el que cuenta la responsable para atender la solicitud formulada de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. En esas condiciones, la autoridad señalada como responsable se encuentra dentro del plazo legal para analizar la petición del promovente y emitir la contestación correspondiente: de ahí que, por ahora, la parte quejosa no puede alegar una violación a su derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional. Por tratar sobre el particular, se invoca la jurisprudencia XIX1o5 K, visible en la página 633, tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, de la Novena Época: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". 3.1 Decisión. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, la demanda de amparo promovida por Ignacio Mendoza Ramírez, por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Con la precisión que la determinación adoptada no deja en estado de indefensión al peticionario de amparo, porque en el supuesto de que la autoridad responsable no atienda la solicitud que presentó el veinticinco de enero de dos mil veintiuno en el plazo legal para ello, el quejoso podrá promover de nueva cuenta el juicio constitucional, en caso de que lo estime conveniente. 3.2 Acceso a la justicia. La actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4° Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda; y, se tiene por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a Susana Raquel Jiménez Ortiz, lo anterior, al no haberse encontrado registrada su cédula profesional en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que la autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que tal persona acredite su profesión de licenciada en derecho o abogado. Y, únicamente para imponerse de los autos a la diversa que refiere en su escrito de demanda, por así solicitarlo expresamente. 6° Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por el diverso 25/2020), se insta a la parte quejosa para que, independientemente del sentido de esta resolución, si conviene a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), que se habilitó en el edificio sede. 7° Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8° Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9° Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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