Ignacio Chapela Guzmán
Expediente 349/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ignacio Chapela Guzmán
Actuaciones
- Principal
PRAL.349/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. 1. Colegiado remite ejecutoria. Agréguese el oficio 1130, de la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de veintidós de septiembre del año en curso, emitida en el conflicto competencial 56/2021, de su índice; acúsese de recibo. 2. Es competente diverso Juzgado. Ahora, toda vez que dicho Tribunal Colegiado determinó que sí existe conflicto competencial y que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, es legalmente competente para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por el quejoso Ignacio Chapela Guzmán, contra actos del titular de este órgano jurisdiccional y de otras autoridades, por lo que hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia, para los fines legales respectivos. 3. Archivo del cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, como no existen documentos originales relacionados con este asunto, como tampoco asunto pendiente por diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. 4. Destino. Con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo, al tratarse este expediente de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión del original del expediente al Tribunal Colegiado que, a su vez, fue remitido al Juzgado competente, por lo que es susceptible de destrucción; de ahí que el expediente será resguardado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Instrucción. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 6. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 7° Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos, por así haberlo solicitado expresamente en la demanda de amparo. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 349/2021-6A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguese el oficio signado electrónicamente por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, mediante el cual remite el diverso oficio 1933/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Decimotercer Circuito, del que se advierte que la citada superioridad acusó recibo de las constancias que se remitieron para la sustanciación del conflicto competencial planteado por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo en que se actúa (349/2021). Asimismo, informa que admitió y radicó el citado conflicto con el número 56/2021, de su índice. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN DE DOS ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA PRAL 349/2021-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintiuno. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio 10837/2021, signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, al que acompaña: a) el juicio de amparo 349/2021, de la estadística de este Juzgado, y b) dos copias de demanda, mediante el cual comunica que no se aceptó la competencia declinada por este órgano de control constitucional, por las razones que ahí expone. Acúsese recibo vía interconexión. 2. Conflicto de competencial. Analizadas las razones que sustenta el titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, para no aceptar la competencia declinada a su favor, se estima que este órgano jurisdiccional insiste en declinar competencia al citado Juzgado Federal, por las consideraciones señaladas en el auto inicial y las que enseguida se exponen. Del estado de autos se advierte que el quejoso Ignacio Chapela Guzmán en su escrito de demanda de amparo señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: - La orden de aprehensión y/o presentación que atribuye a las siguientes autoridades responsables: Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio. Así como su ejecución al: Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República. Agencia Federal Investigaciones con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Ahora, los artículos 38 y 39 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". "Artículo 39. Cuando se trate de amparos contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En este caso, conocerá otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca". De la lectura integral de los artículos transcritos se conoce la regla especial de competencia que prevé la Ley de Amparo, en el sentido que si un juez de Distrito es señalado como autoridad responsable debe declinar competencia para conocer del mismo, por actualizarse el presupuesto procesal de que no puede ser juez y parte. Ciertamente, el artículo señalado prevé una regla especial de competencia en el juicio de amparo cuando el acto reclamado se atribuye a un juez de Distrito, pues la competencia para conocerlo, se surte a favor de otro juez del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiera, del más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca; de esta manera, debe aplicarse dicha la regla especial, pues con ello se privilegia el factor de cercanía del juez de Distrito que debe conocer del juicio respecto de la autoridad judicial federal señalada como responsable. Dicha conclusión encuentra fundamento en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 6/2020, en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: que atendiendo al juicio de amparo, la distribución de competencias por razones objetivas, tradicionalmente se ha dividido en los elementos esenciales siguientes: Por territorio, que se prevé en el artículo 94 constitucional, al facultar al Consejo de la Judicatura Federal el establecimiento del número y división en circuitos, así como la actuación territorial de los órganos jurisdiccionales. Por materia, también se desprende del señalado artículo 94, que remite a lo previsto en la Ley de Amparo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, tanto para amparo directo como indirecto. Por grado, respecto a la promoción del juicio de amparo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios o Juzgados de Distrito y, excepcionalmente, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que la competencia por grado se relaciona a las funciones de los órganos y su jerarquía; ante ello, regularmente el grado se ha entendido en función del nivel o posición que guarda cada órgano jurisdiccional jerárquicamente; sin embargo, conlleva una vertiente propia de las funciones que desempeña cada uno de esos órganos o instancias, esto es, el contenido de las facultades con las que cuentan y las atribuciones que les otorgan las normas que los rigen. Que el grado en un sentido amplio no se limita únicamente a la distribución de competencias por virtud de jerarquía de la instancia; sino también a la organización propia de cada órgano jurisdiccional que componen esas instancias y, es precisamente en la distribución donde se generan las facultades específicas y las funciones con las que cuenta cada uno de los órganos señalados. Por ello, desde una perspectiva horizontal, se contempla al grado como la composición de facultades que tiene cada órgano jurisdiccional en una determinada instancia; y verticalmente, el grado se relaciona con la organización de esas instancias en niveles o jerarquías que en el Poder Judicial de la Federación se distribuye en los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que en relación al juicio de amparo indirecto (con la salvedad de la competencia auxiliar), los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuitos son los órganos competentes atendiendo a una cuestión de grado (jerarquía vertical), para conocer en primera instancia y que, por ello, es necesario que dentro de esa instancia cada órgano cuente con facultades suficientes para desenvolverse en la actividad procesal sujeta a su jurisdicción y que si horizontalmente el grado se analiza a partir de su aptitud para conocer de las controversias que le sean sometidas; desde esa perspectiva, es válido referirse como competencia funcional. Atendiendo específicamente a que en el juicio de amparo indirecto la competencia está acotada a las propias reglas procesales y funcionales establecidas en la ley de materia, no solo debe estar a los elementos de territorio, materia o grado en un sentido limitado a la jerarquía, sino al propio funcionamiento del órgano conforme a las facultades que la ley le confiere (funcional). Que de ser el mismo órgano jurisdiccional el que deba rendir informe justificado en su carácter de responsable y, a su vez, analizarlo para determinar si su actuación fue en apego a la ley o no, es incuestionable que hay una incompatibilidad con sus funciones como autoridad jurisdiccional encargada de la impartición de justicia, lo que revela una condición de incompetencia. Por ello, conforme con la finalidad del juicio, a partir de los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto -en primera instancia- por parte de los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, se tiene que será competente para conocer contra los actos de un juez de distrito o tribunal unitario, otro del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere, el más próximo; haciendo especial énfasis en que debe ser un órgano ajeno al que se le atribuye el acto. Concluyó que, en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, no cuenta con facultades para resolver en la instancia, por lo que, en principio, se debe declarar incompetente; pues se actualiza una causa de incompetencia funcional, con independencia de que no se trate del mismo titular. Y que, por ello, se actualiza un supuesto de incompetencia, lo cual técnicamente resulta ser la vía más acertada, no obstante pueda plantearse como impedimento, pues el resultado será el mismo, es decir, que el órgano jurisdiccional, actuando a través de su titular, no puede resolver en el asunto que le es sometido a su conocimiento. Esas consideraciones, se estiman aplicables al caso concreto, pues, contrario a lo que expone el juez de distrito, a quien se considera legalmente competente, este órgano jurisdiccional sostiene que el artículo 38 de la Ley de Amparo determina la imposibilidad de los jueces de Distrito para conocer de un juicio que le es turnado y en el que, a su vez, también son señalados como autoridad responsable, pues precisa que deberá plantear la incompetencia a otro del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito a que pertenezca. Por ello, si, en el caso, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, es el único órgano jurisdiccional que no está señalado como autoridad responsable dentro del Décimo Tercer Circuito, es inconcuso que legalmente le compete conocer del asunto. Por lo que, en razón de que este Juzgado fue el que previno sobre el conocimiento de este asunto, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común que le presta servicio, para que resuelva lo procedente con relación al conflicto competencial, aquí planteado. Precisión. Cabe precisar que los actos reclamados consisten en una orden de aprehensión y/o presentación, así como su ejecución material, que no se traducen en un acto de los que refiere el artículo 48 de la Ley de Amparo, conforme al cual en los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante quien se presente la demanda, se limitará a proveer sobre la suspensión del acto reclamado cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 15 de la propia legislación, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al juez de Distrito que considere competente; sino, en el diverso supuesto, (esto es, que no se trate de los actos a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo), que dispone que recibida la demanda, el juez de Distrito, sin proveer sobre su admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, la remitirá con sus anexos al juez de Distrito que corresponda. De ahí que si el acto reclamado no se trata de ninguno de los actos a que se refiere el artículo 15 de la invocada ley, no debe proveerse sobre la suspensión del acto reclamado, pues no se está en el supuesto de que el mandamiento de captura constituya un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento judicial, como lo establece el multicitado normativo 15 de la Ley de Amparo. 3. Se hace del conocimiento. Hágase del conocimiento de esta determinación del juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, para los efectos legales a que haya lugar. 4. Cuaderno de antecedentes. Se ordena continuar actuando en el cuaderno de antecedentes respectivo ya formado con motivo del envío del expediente relativo al Juzgado de Distrito. 5. Se ordena notificar determinación a la parte quejosa. Finalmente, como lo solicita la autoridad oficiante, notifíquese a la aquí parte quejosa el auto de veintidós de abril de este año, dictado en el juicio de amparo 265/2021-I-B, de su estadística, mediante lista de acuerdos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe. Núm. de Expediente: 265/2021 Fecha del Auto: 22/04/2021 Fecha de publicación: Síntesis: Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio 9062/2021, firmado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que remite, por incompetencia, el juicio de amparo 349/2021 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por***, por propio derecho, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca; Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Oaxaca; Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y Agencia Federal de Investigaciones, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, que hace consistir en la orden de aprehensión y/o presentación girada en su contra y su ejecución. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 265/2021-I-B. Ahora bien, en reflexión al tema, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante en el oficio que se recibe, por tanto, no se acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: De la demanda se advierte que en el rubro de "AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, todos de Distrito en el Estado de Oaxaca, y Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio; así como, al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República, y Agencia Federal de Investigaciones con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Todas con residencia en esta ciudad capital. ACTO RECLAMADO: Se hace consistir en la orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra y su ejecución." Asimismo, en el capítulo de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO" menciona lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad, me permito exponer que el día cuatro de abril en curso, me fue informado por mis familiares que me andaban buscando unas personas y que se dicen ser Agentes Federales de Investigación adscrita a la subsede de la Fiscalía General de la República, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, supuestamente porque estaba involucrado en un hecho delictuoso, y que tenían una orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra, sin dar más referencias de que se trataba, por lo que de inmediato trate de investigar de que se trataba sin obtener resultado alguno; sin embargo, dichos sujetos constantemente acuden a mi domicilio con el objetivo de cumplir con su cometido y ponerme a disposición de la autoridad responsable violando toda mi garantía de audiencia y defensa que prevé el artículo 14 y 16 de la Constitución, ante tales hechos acudo a solicitar la protección que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción que antecede, así como de la lectura a sus conceptos de violación, se advierte que no realiza una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado; aunado a que la narrativa del ocurso de demanda es ambigua. Se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1.2º.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación del normativo transcrito permite desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, en la cual, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito se establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez Federal ante quien se presente la demanda; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiere de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución, pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más distritos. Conforme a la primera regla, será competente el juez el distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso, se reclama una orden de aprehensión y, por tanto, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material. En ese sentido se advierte de lo narrado en la demanda de amparo que al momento en que el quejoso solicitó el amparo, el mandato de captura reclamado no se ha ejecutado ni se está ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, sino que se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo. En este contexto, el análisis de competencia es con relación a la hipótesis del acto que requiere ejecución material, pero que no se ha ejecutado. Este órgano jurisdiccional estima que contrariamente al criterio sostenido por el Juez declinante, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante la segunda de las hipótesis que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado pueda ejecutarse en más de un distrito; por ende, le compete al Juzgado en donde se presentó la demanda el conocimiento de dicho juicio constitucional. No resulta inadvertido que el juzgado declinante señale lo siguiente: ".En el caso, el quejoso reclama la orden de aprehensión o presentación, que atribuye a las siguientes autoridades responsables: Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio. Así como al: Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República. Agencia Federal de Investigación con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. De lo anterior se advierte que este órgano jurisdiccional fue señalado como autoridad responsable, por lo que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, será parte procesal durante el juicio constitucional. Entonces, con independencia de que se ejerce jurisdicción en este lugar en que los actos reclamados podrían ejecutarse, en el caso, por ser parte, no puede tenerse el doble carácter, de parte procesal (autoridad responsable) y juez de amparo. Por lo que, aunque fue remitida dicha demanda a este órgano jurisdiccional en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común a los órganos jurisdiccionales de este municipio, se actualiza la hipótesis a la regla de excepción de competencia contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo y se estima que es legalmente competente el juez Séptimo e Distrito en el Estado de Oaxaca, por ser el que no está señalado como autoridad responsable en la demanda de amparo, y ser el más cercano dentro de la Jurisdicción de este Décimo Tercer Circuito al que se pertenece. **** Por lo tanto, en el supuesto de que el Juez declinante determine que se ubica en alguna causa de impedimento al recibir el asunto, este podrá excusarse, resolviendo de modo previo las cuestiones urgentes; ello con el propósito de evitar el direccionamiento de las demandas, que consiste en el propósito fundamental del citado Acuerdo, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el turno; consecuentemente con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, no se acepta la competencia declinada. Máxime que en la demanda cuya incompetencia sostiene el Juzgado oficiante, se reclaman actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, respecto de los cuales respetuosamente el suscrito considera tiene competencia legal para conocer de ellos, no obstante declina en su totalidad la competencia, siendo que el Juez más cercano para conocer de actos propios del Juzgado declinante y en términos de las normas que nos rigen es un diverso Juzgado de Distrito en San Bartolo Coyotepec, al ser el más cercano en el circuito, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo. ****Finalmente, se destaca que en el acuerdo de incompetencia respectivo, no se advierte que se hubiera certificado que en ese órgano jurisdiccional efectivamente existiera el acto reclamado por el quejoso, a efecto de que el Juez oficiante determinara que en el caso se encontraba jurídicamente impedido para conocer del juicio, por tener el carácter de autoridad responsable y, por ende, no podía ser juez en el asunto, y por tal motivo declinara su competencia para conocer de la demanda de amparo correspondiente, ello es así, pues de la citada jurisprudencia se advierte que se actualiza dicha causa de incompetencia, en aquellos casos en los que se constate el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable por haber emitido el acto reclamado. Ante tal determinación, devuélvase al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec el juicio 349/2021 de su índice. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza al secretario del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Notifíquese.
- Principal
PRAL 349/2021-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el ocho de abril del año en curso y turnada a este órgano jurisdiccional el nueve siguiente, promovida por el quejoso Ignacio Chapela Guzmán, contra actos del juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca y de otras autoridades; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 349/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); y tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tenga acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Se plantea incompetencia. En el caso, el quejoso reclama la orden de aprehensión o presentación, que atribuye a las siguientes autoridades responsables: Juez Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca. Juez de Distrito del Sistema Penal Acusatorio. Así como al: Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República. Agencia Federal de Investigación con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. De lo anterior se advierte que este órgano jurisdiccional fue señalado como autoridad responsable, por lo que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, será parte procesal durante el juicio constitucional. Entonces, con independencia de que se ejerce jurisdicción en este lugar en que los actos reclamados podrían ejecutarse, en el caso, por ser parte, no puede tenerse el doble carácter, de parte procesal (autoridad responsable) y juez de amparo. Por lo que, aunque fue remitida dicha demanda a este órgano jurisdiccional en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común a los órganos jurisdiccionales de este municipio, se actualiza la hipótesis a la regla de excepción de competencia contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo y se estima que es legalmente competente el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por ser el que no está señalado como autoridad responsable en la demanda de amparo, y ser el más cercano dentro de la jurisdicción de este Décimo Tercer Circuito al que se pertenece. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1ª./J. 88/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 75, tomo XXV, febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 173362, de rubro: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO". Por lo anterior, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declina competencia al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que deberá remitirse la demanda, con dos copias de dicho ocurso, para que proceda conforme a sus facultades legales; solicítese el acuse de recibo respectivo. Precisiones. No es inadvertido que la parte quejosa señaló autoridades responsables con residencia en la ciudad de Oaxaca y otras, residentes en Salina Cruz, Oaxaca; sin embargo, a fin de no dividir la continencia de la causa y garantizar la seguridad jurídica, pues, de inmediato, el quejoso debe conocer qué órgano jurisdiccional habrá de pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda de amparo promovida, es que se declina competencia, sin realizar alguna separación de autos, en cuanto a autoridades o actos. Asimismo, no resulta procedente pronunciarse sobre la medida suspensiva solicitada respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que no se está en las hipótesis a que se refiere el numeral 15 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 48 de ese ordenamiento legal. 4. Se ordena formar cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo, con copia certificada de las constancias respectivas. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado; y, en términos del diverso numeral diverso numeral 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para recibir notificaciones e imponerse de autos, a la persona que indica, por no haberse encontrado registro de su cédula en la base de datos sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. 7. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que opera en el turno matutino de las 9:00 a las 14:00 horas. 7.1. Correo electrónico y número telefónico. En términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado en su periodo de vigencia por los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021, se tiene a la quejosa proporcionando un correo electrónico y números telefónicos, como medios que, de ser necesarios, podrán emplearse para establecer comunicación no procesal y atender la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que, sólo de estimarse necesario, se conservarán los registros de las comunicaciones y se certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Lo anterior, hágase del conocimiento del (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. 7.2. Se autoriza el uso de medios electrónicos. De acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa la toma de acuerdos y captura de constancias de este expediente; con la precisión que esa autorización no compromete a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la citada autoridad responsable, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir su uso cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Se indica al (a la) actuario(a) que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la referida parte procesal, solicite la identificación de la persona respectiva y asiente razón del nombre y de las constancias que se capturen. En el entendido que la autorización otorgada se deberá ejercer en términos de la cita previa que se genere para la consulta de este expediente, con base en el Capítulo II, "Atención al público en general", del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 8. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese en los términos ordenados. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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