Ignacio Vásquez Altamirano
Expediente 376/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Ignacio Vásquez Altamirano
Actuaciones
- Principal
pral.376/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. De la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el ocho de abril de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen de este juicio. 2. Se declara que ha causado estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado esa determinación. 3. Publicación de datos. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, en términos de los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, PREVIOS AVISOS.- PRAL 386/2020 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintidós. 1° Se agrega un oficio. Agréguese un oficio del director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación de la directora del Archivo General Agrario, mediante el que, en atención al requerimiento que se hizo en proveído de dieciséis de febrero último, remite copia certificada de la resolución presidencial de catorce de enero de mil novecientos cuarenta y ocho, relativa a la superficie comunal que pertenece a San Antonio Sinicahua, municipio del mismo nombre, distrito de Tlaxiaco, Oaxaca. 2° Admisión de la prueba pericial en topografía. Ahora, de autos se advierte se reservó acordar lo relativo a la prueba pericial en materia de topografía, que ofreció la parte quejosa, hasta en tanto las autoridades responsables rindieran su informe justificado y fuera emplazado a este juicio de amparo a quien le resultara el carácter de tercero interesado, lo que ya aconteció. En consecuencia, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba pericial en materia de topografía ofrecida por la parte quejosa, que se desahogará al tenor de los puntos contenidos en el ocurso recibido el veintiocho de agosto de dos mil veinte (folio 7818), los que se califican de legales, con excepción del señalado en el punto número 5, que dice: ". .". Mismo que, con fundamento en el artículo 119, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se desecha, en virtud que la prueba pericial en materia de topografía tiene como finalidad identificar un bien inmueble y no así determinar si se ejecutó o no la resolución presidencial que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional En preparación de esa prueba, se ordena distribuir entre las demás partes copia del cuestionario respectivo, con la finalidad de que en el plazo de tres días siguientes al en que queden notificadas de este acuerdo, la parte tercera interesada designe perito de su parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y todas las partes amplíen los puntos a que refiere la comunidad quejosa, a fin de que se puedan certificar en el desahogo de ese medio de convicción. Una vez transcurrido ese plazo, se acordará lo procedente respecto a la designación de perito de la parte quejosa y sobre la petición del perito oficial. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
pral.376/2022 mesa 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, y otra autoridad, depositada el veinticinco de marzo de este año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el veintiocho de marzo siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 376/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Prevención. A fin de proveer sobre su admisión, con fundamento en el artículo 108, fracciones I y II, en relación con el 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y con las copias necesarias del mismo, bajo protesta de decir verdad aclare su instancia constitucional, en los términos siguientes: PRIMERO: A efecto de precisar la competencia de este Juzgado (que es de orden público), en vía de antecedentes, el quejoso deberá indicar cuál es su domicilio particular (lugar en donde se pretende ejecutar el acto reclamado), ya que únicamente narra que personal de la Fiscalía General de la República, Delegación Oaxaca, se presentó en su domicilio particular con el fin de ejecutar una orden de aprehensión emitida en su contra; sin embargo, en el apartado referente al "nombre y domicilio del quejoso", manifiesta que su domicilio ya fue señalado, en tanto que en el proemio del escrito de demanda solamente indica los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE". SEGUNDO. Además, como en la demanda refiere que ignora si existe tercero interesado, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, debe expresar dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad. En relación con tal requerimiento, se invoca la tesis XXVII.3o.105 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SÓLO ES EXIGIBLE QUE SE CONTENGA EN EL ESCRITO ACLARATORIO LA EXPRESIÓN FORMAL "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 108, FRACCIONES II Y V, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto indicado prevé los requisitos que deben expresarse en una demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentra, la protesta de decir verdad, únicamente: a) cuando se afirme desconocer el nombre y domicilio del tercero interesado; y, b) respecto de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Asimismo, el artículo 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda cuando se presentaren deficiencias, irregularidades o se hubiere omitido algún requisito; sin embargo, sólo es exigible que se contenga en el escrito aclaratorio la expresión formal "bajo protesta de decir verdad", cuando tenga relación con los supuestos inicialmente mencionados (a y b); de ahí que es indebido que en una prevención se exija dicha expresión respecto de requisitos de la demanda diferentes a los aludidos o que no tengan vinculación con esas afirmaciones pues, atento a su naturaleza, no lo requieren; en consecuencia, es excesivo solicitarlo y, ante su incumplimiento, la determinación de tener por no presentada la demanda de amparo es ilegal". Se invoca en apoyo, también, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 3.1. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con el requerimiento formulado dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 3.2. Hechos falsos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracción I, sanciona la afirmación de hechos falsos en relación con el acto reclamado, esto es, aportar datos que no le conste con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida; motivo por el cual se le exhorta que, al cumplir con la prevención antes formulada, se conduzca con verdad. 4. Domicilio. Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". 5. Personas autorizadas. Se tienen como autorizados en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a 1) Eduardo Alonso Gutiérrez y 2) José Luis Sánchez Pastrana, por no haberse encontrado registro de su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, ni proporcionaron datos que acrediten que están autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se les podrá tener por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con registro 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. Asimismo, se tienen como autorizados para recibir notificaciones e imponerse de autos a 3) Luis Adrián Campos Vásquez y 4) Lilia Hernández Domínguez; por así haberlo solicitado la parte quejosa. 6. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, a) respecto a la a) atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, entre otras cuestiones, deberá estarse a lo indicado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, reformado y adicionado por su similar 1/2022. 7. Requerimiento para establecer canales de comunicación. Con fundamento en el artículo 22, fracción I, del referido acuerdo general 21/2020, se requiere a la parte quejosa que proporcione un correo electrónico y número telefónico, a fin de poder entablar comunicaciones no procesales y atender a la pronta administración de justicia, con el único propósito de poder brindar atención mediante esa herramienta tecnológica; en el entendido que sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. 8. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia sanitaria en que se encuentra el país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esas determinaciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 13. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa.
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