Ignacio Javier Vázquez Cobian

Expediente 1161/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1161/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2018

Partes del expediente

  • Ignacio Javier Vázquez Cobian

Actuaciones

  1. Principal

    CUADERNO DE ANTECEDENTES RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO 1161/2018.- Por recibido el oficio 7422/2018 suscrito por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual comunica que dicho órgano admitió la demanda de amparo; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y téngase informando lo anterior. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo, fracción I del acuerdo en cita, se ordena la destrucción del presente cuaderno de antecedentes, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Acuerdo General 41/2018 relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; la conclusión de funciones de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; el cambio de denominación de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; así como, las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales; de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; en cuyo artículo 2, textualmente señaló lo siguiente: "2. Los Juzgados de Distrito a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, cambiará su denominación, competencia, y conservará la residencia, domicilio y jurisdicción territorial que tienen asignados, conocerán de los asuntos a que refieren los artículos 52, 53, 54, y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y sus nuevas denominaciones serán las siguientes . Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan" [El énfasis es añadido] En consecuencia, cumpliendo con el supracitado Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la denominación de este órgano jurisdiccional será: Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y como lo ordena el canon 2, del pluricitado Acuerdo General 41/2018, este juzgado de Distrito ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa y respecto de las materias que establecen los numerales 52, 53, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    Se notifica por este medio de lista y conforme lo ordenado por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, al tercero interesado ERNESTO TAPIA GALVÁN, el auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el cual dice: Téngase por recibido el telegrama del Juez Tercero de lo Civil de Lagos de Moreno, Jalisco, mediante el cual, informa que señaló las once horas del cinco de diciembre de dos mil dieciocho, a fin de que tenga verificativo la pruebas testimonial encomendada.Finalmente, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Acuerdo General 41/2018 relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; la conclusión de funciones de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; el cambio de denominación de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; así como, las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales; de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; en cuyo artículo 2, textualmente señaló lo siguiente: "2. Los Juzgados de Distrito a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, cambiará su denominación, competencia, y conservará la residencia, domicilio y jurisdicción territorial que tienen asignados, conocerán de los asuntos a que refieren los artículos 52, 53, 54, y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y sus nuevas denominaciones serán las siguientes . Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan" [El énfasis es añadido] En consecuencia, cumpliendo con el supracitado Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la denominación de este órgano jurisdiccional será: Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y como lo ordena el canon 2, del pluricitado Acuerdo General 41/2018, este juzgado de Distrito ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa y respecto de las materias que establecen los numerales 52, 53, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Ténganse por recibida la demanda promovida por Ignacio Javier Vázquez Cobián por propio derecho, contra actos de la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 1161/2018.1. Incompetencia.Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que este juzgado de Distrito carece de competencia legal para su conocimiento, como se verá a continuación. Los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del Tribunal decidirá sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de Distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: --- I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. --- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. --- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. --- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. --- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; --- II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. --- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo"De la interpretación gramatical de las disposiciones transcritas se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede, entre otros, contra la sentencia definitiva ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y el trámite que se debe dar a una demanda cuando se reclamen actos que se estimen materia de amparo directo.En ese orden de ideas, el acto que aquí se reclama consiste en la resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, emitida dentro del toca 472/2018 del índice de la Octava Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que revocó la definitiva dictada en autos de la tercería excluyente de dominio 615/2016 del índice del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, para en su lugar, declararla procedente y reconocer que Alfredo Pérez ejerce dominio sobre el bien inmueble identificado como: departamento número 502 del edificio marcado con el número 2121 de la Avenida La Paz del "Condominio Marsella", razón por la que deberá de excluírsele del embargo trabado en autos del juicio ejecutivo mercantil 2664/1992 del índice del citado juzgado.Por consiguiente, se estima que tal acto reclamado se traduce en una sentencia definitiva, este supuesto queda comprendido dentro de lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, por lo cual debe ser impugnado mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la constitución federal, y 170 de la ley de la materia, correspondiendo el conocimiento del juicio de amparo a un Tribunal Colegiado de Circuito, por ello, se estima que este juzgado de Distrito no es competente legalmente para conocer de la demanda de garantías de que se trata.Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia de rubro siguiente:"TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.""TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA MERCANTIL. LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN DICHO JUICIO SON DE CUANTÍA INDETERMINADA, POR LO QUE PREVIAMENTE A IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LE PONE FIN A AQUÉLLA, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE APELACIÓN. De la reforma al Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que la cuantía de un juicio mercantil se fija tomando como base únicamente la prestación principal reclamada en la demanda; de ahí que, para ese efecto, no es válido acudir a algún factor ajeno a aquélla. Ahora, si bien es cierto que la tercería excluyente de dominio en materia mercantil, se vincula al juicio al que se encuentra afecto el bien o los bienes que el tercerista pretende excluir, también lo es que no autoriza a tomar en cuenta la cuantía de ese juicio para determinar la de la tercería pues ésta, formal y materialmente, constituye un juicio autónomo, en donde la materia de la controversia es distinta a la del juicio con el cual se vincula; tan es así, que la tercería se ventila por cuerda separada, porque a través de ella se ejercita una acción nueva y diversa a la que se discute en el juicio preexistente. Consecuentemente, si en la tercería excluyente de dominio el tercerista sólo busca que se le reconozca la propiedad o dominio de uno, varios o todos los bienes en el juicio respecto del cual se promueve, se concluye que dicha tercería es un juicio de cuantía indeterminada, en tanto que el tercerista no persigue como prestación principal el pago de una cantidad líquida determinada o susceptible de determinarse a través de una simple operación aritmética, sino únicamente que se le respete su derecho de propiedad o de dominio en relación con el bien o los bienes que pretende excluir de la afectación generada con el juicio preexistente en que hace valer la tercería, de ahí que si por la propia naturaleza del fin que se persigue a través de la tercería, ésta debe considerarse de cuantía indeterminada, entonces para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario agotar el recurso de apelación pues, por un lado, el artículo 1339 Bis del Código de Comercio, establece que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables y, por otro, es necesario agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, al ser una regla institucional del sistema procesal que implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional; de ahí que al justiciable le sea obligatorio agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, pues así lo exige el principio de definitividad contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuyo contenido en el tema que interesa esencialmente se reitera en el artículo 170 de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013" Así como las siguientes tesis:"AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. Conforme al artículo 107 de la Constitución General del país, fracción V, si bien es verdad que el inciso c), referido a los juicios del orden civil en los cuales se comprenden los del orden mercantil, sólo alude a "sentencias definitivas", contra las cuales procede el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que esta vía es procedente también para promover el amparo contra las resoluciones dictadas en juicios civiles o mercantiles, que ponen fin al juicio, pues así se debe concluir de acuerdo a una interpretación íntegra y sistemática de la fracción V, del 107 constitucional, y de los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo. Efectivamente, cabe destacar en primer término, que la mencionada fracción V en su primer párrafo dispone en términos generales y de manera expresa que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, que establece la procedencia de esa vía para impugnar la legalidad de ambas clases de resoluciones (sentencias definitivas o las que dan por terminado el juicio), no obstante que en el inciso c) sólo se mencionen las sentencias definitivas, ya que, por otro lado, el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales corrobora este punto de vista al establecer que: "el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable ...". Ello pone de manifiesto que se trata del amparo directo, porque el indirecto se promueve ante el Juez de Distrito, sin distinción alguna por cuanto a la materia; por el contrario, este artículo se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio""AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PUSO FIN AL JUICIO PROCEDA UN RECURSO ORDINARIO Y ÉSTE NO SE AGOTE PREVIO A LA PROMOCIÓN DE AQUÉL, INCIDE EN LA PROCEDENCIA DEL JUICIO Y NO EN LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 16/2003). El artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. Por su parte, el artículo 46 de la ley de la materia abrogada señalaba como requisito sine qua non para la procedencia del juicio de amparo directo, que contra la sentencia definitiva o resolución que le pusiera fin al juicio, las leyes comunes no concedieran recurso ordinario alguno, por virtud del cual pudieran ser modificadas o revocadas. En ese tenor, la recta intelección del mencionado numeral de la ley vigente lleva a considerar que el hecho de que contra la sentencia definitiva o resolución que puso fin al juicio reclamada, proceda un recurso ordinario y éste no se agote previo a la promoción del amparo, incide en la procedencia del juicio y no en la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito; por tanto, dicho órgano jurisdiccional tiene competencia para declarar la improcedencia de la demanda de amparo, conforme al numeral 61, fracción XVIII, por inobservancia al principio de definitividad, que lo obliga a decretar el sobreseimiento en el juicio en términos del diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, en el nuevo contexto normativo, atendiendo al artículo sexto transitorio de la nueva ley, es inaplicable la jurisprudencia P. /J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 10, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.", pues el escenario jurídico conforme al cual se generó dicho criterio ya no es igual al que aparece en la ley vigente, en tanto que en ésta, la definitividad, que era de singular importancia para establecer la competencia, se fijó como un aspecto no de ésta, sino de la procedencia del juicio. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO."Consecuentemente, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de la materia, remítanse las actuaciones del presente juicio de garantías a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, así como los anexos que acompaña, para que los turne al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que se determine lo conducente.Se solicita el acuse de recepción correspondiente, fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Sin que sea necesario hacer pronunciamiento alguno relacionado con la suspensión del acto reclamado, ya que no se ubica en ninguno de los supuestos a que alude el artículo 48 de la Ley de Amparo.1. Quejoso: Ignacio Javier Vázquez Cobián, por propio derecho.a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tienen como sus autorizado en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a **** , al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Diego Armando Gómez Toro, por no existir registro en dicho sistema. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente.En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se le hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada Ley.Notifíquese el presente auto por medio de lista, de conformidad con la jurisprudencia, aplicada por analogía, cuyo rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE"Lo anterior también se apoya en el hecho de que el Tribunal que se considera competente, al momento de radicar y aceptar el conocimiento del asunto, notificará de manera personal dicho proveído, atento al criterio de la jurisprudencia de rubro:"RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO"

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