Ignacio Gerónimo Hernández

Expediente 1763/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1763/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Ignacio Gerónimo Hernández
  • Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a catorce de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta se hizo constar que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, y que así, hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que lo hayan hecho; en consecuencia, con apoyo en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico y de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Valoración del expediente. Por lo que ve a este sumario constitucional, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. De igual forma, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/mich

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable Director del Archivo de Instrumentos Públicos del Estado de Jalisco, mediante el cual, remitió la certificación 1958 otorgada ante la fe del licenciado Porfirio R. Torres, Notario Público número 2 de la municipalidad de Tonalá, Jalisco el quince de marzo de 1973 mil novecientos noventa y tres, misma que se omitió darle vista a la parte quejosa en forma personal a efecto de que se imponga de las mismas.En ese orden, dese vista a la parte quejosa de manera personal, para hacer de su conocimiento lo antes referido y se imponga de su contenido; lo anterior, para los efectos legales conducentes. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en el ingreso de ciudad judicial, al TERCERO INTERESADO BANCO MONEX, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, A TRAVES DE SU APODERADA ROCIO DE ALBA HERNANDEZ, la sentencia con fecha de ENGROSE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, por la cual se acordó lo siguiente: SENTENCIA CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado; debido a que se reclama un acto emitido dentro de un procedimiento del orden civil, el cual tiene ejecución dentro del ámbito territorial en el cual este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y ampliación, se advierte que lo es: Del Titular, del Secretario Ejecutor y del Notificador adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco: El emplazamiento al juicio civil sumario hipotecario 1025/2010, del registro del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, promovido por ING Hipotecaria, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera contra Ernesto Castellanos Meza; y, Todo lo actuado en dicho procedimiento, entre ello, la notificación realizada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Al Notificador adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco: El emplazamiento al juicio civil sumario hipotecario 1025/2010, del registro del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, promovido por ING Hipotecaria, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera contra Ernesto Castellanos Meza; La notificación realizada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Notificador adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, identificado con el inciso c) del considerando que antecede. Asimismo, no son ciertos los actos reclamados al titular y al secretario del Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, respecto de la notificación realizada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, ya que de las constancias se evidencia que ellos no intervinieron en dicho acto. No obstante lo aceptara en el informe de ley, de las constancias allegadas a los autos, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, no se aprecia su participación en los mismos, toda vez que dicha autoridad no ordenó el emplazamiento, ni tampoco lo ejecutó. Por tanto, respecto de éstos, se sobresee en el juicio, en atención a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez y Secretario adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Si bien dichas autoridades manifestaron no ser ciertos los actos reclamados, lo cierto es que, lo hizo de depender de que el quejoso no es parte dentro del procedimiento, sino que se tuvo como causahabiente, como lo refirió en su oficio 329/2021, lo cierto es que de las constancias que fueron remitidas a este juzgado, sí se aprecia su existencia. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, párrafo segundo, al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se tiene por cierto el acto consistente en la notificación realizada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, efectuada por el notificador adscrito al juzgado de origen, ya que de los autos antes referidos también se aprecia su existencia pese a que la autoridad negó al rendir su informe justificado mediante oficio 990/2022. Quinto. Estudio de fondo. Los conceptos de violación del quejoso son infundados y, para exponer el por qué, así como para lograr una mejor comprensión de la materia de la litis, se sintetizará lo actuado en el expediente de origen, a saber: El uno de septiembre de dos mil diez, ING Hipotecaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado, en la vía civil sumaria hipotecaria, demandó de Ernesto Castellanos Meza, entre otras prestaciones, por la declaración judicial de haber operado el vencimiento anticipado del plazo estipulado en el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria concertado entre las partes, como consecuencia, el pago del importe de las obligaciones pactadas en el mismo, por la sujeción a cédula hipotecaria, la ejecución y remate del inmueble otorgado en garantía. El uno de septiembre de dos mil diez, la responsable Juez Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco admitió en la vía civil sumaria hipotecaria, la demanda presentada, y ordenó emplazar a Ernesto Castellanos Meza. El veinte de septiembre de dos mil diez se emplazó al demandado. El seis de octubre de dos mil diez, se aprobó un convenio allegado por las partes y el mismo se elevó a la categoría de sentencia ejecutoriada. El veintidós de octubre de dos mil catorce, previa solicitud de la parte actora, se determinó el incumplimiento del acto correspondiente, y se ordenó su ejecución forzosa, así como el remate del inmueble materia de hipoteca. El siete de septiembre de dos mil quince se celebró la audiencia de remate correspondiente, en la cual la actora se adjudicó temporalmente el inmueble. El cuatro de diciembre de dos mil quince se reprobó la diligencia antedicha, por no haberse notificado del procedimiento de remate a los mismos propietarios que aparecen en el certificado de gravámenes, exhibido en autos del juicio natural, entre ellos el hoy quejoso, quien aparecía como dueño del cincuenta por ciento del bien de mérito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, a partir del tres de agosto de dos mil once. En proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, el Juez de instancia declaró que, al hoy quejoso Gildardo Bucio Cárdenas, y a María de los Ángeles López Cervantes, les revestía el carácter de causahabientes del demandado Ernesto Castellanos Meza. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, se aprobó la cesión onerosa de derechos de crédito celebrada entre la actora y Banco Monex, sociedad anónima, institución de banca múltiple, Monex grupo financiero. En acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho, el juez de origen señaló fecha y hora para que tuviera desahogo la audiencia de remate del inmueble materia de hipoteca, ordenó publicar edictos, y citar al remate al acreedor y a los causahabientes. En diligencia de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la Notificadora adscrita al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, notificó al hoy recurrente, que: ". mediante auto del 05 cinco de octubre del 2016 dos mil dieciséis, le fue declarado el carácter de causahabiente de Ernesto Castellanos Meza, y a través de acuerdo dictado el pasado 25 veinticinco de junio 2018 dos mil dieciocho, se ordenó hacerle saber que se señaló el día 28 veintiocho de junio 2018 dos mil dieciocho, a las diez horas para el desahogo de la audiencia de remate fijada por medio del auto del día 12 doce de abril del año 2018 dos mil dieciocho, quedando de esta manera y forma debida y legalmente notificado, en los términos ordenados, así recibe la presente cédula y no firma por así indicárselo su abogado (.)". En veintiocho de junio de dos mil dieciocho la actora se adjudicó temporalmente el inmueble, el once de julio siguiente lo hizo en definitiva y el veintisiete de agosto del mismo año quedó firme dicha determinación. El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve se liquidó la sentencia. El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve se ordenó girar oficio al Notario Público correspondiente de la escritura del multicitado inmueble en favor de la actora. El dieciséis de enero de dos mil veintiuno se ordenó lanzar a la parte demandada del inmueble materia de la litis y adjudicado a la actora, y una vez que estuviere desocupado y deshabitado ponerlo en posesión material y jurídica de la parte actora. Como se aprecia, el hoy quejoso tiene carácter reconocido en el procedimiento de origen, en concreto, de causahabiente del demandado natural, este último, quien fue emplazado el veinte de septiembre de dos mil diez. En ese orden, se evidencia que el reproche al emplazamiento a juicio lo hace a manera de tercero extraño al procedimiento quien, para efectos del juicio de amparo, es la persona que no ha figurado en el procedimiento del que emana el acto impugnado como parte en sentido material que sufre un perjuicio dentro o fuera del mismo, sin haber tenido oportunidad de ser oída en defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en ese concepto quien, siendo parte formal en el procedimiento, no fue llamada a éste, o dicho llamamiento se verificó de manera incorrecta, supuesto este último, en el que se le conoce como tercero extraño por equiparación. Asimismo, se tiene que la institución jurídica de causahabiente consiste en la persona que por un acontecimiento posterior a la realización de un acto jurídico, adquiere en forma derivada los derechos y las obligaciones de quienes fueron sus autores. En otras palabras, es quien ha sustituido por cualquier título en el derecho de otra u otras en determinados actos jurídicos. Ahora, para determinar si existe causahabiencia, debe atenderse a la naturaleza del título jurídico fundatorio del derecho que el accionante hace valer en el juicio de amparo y valorar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se adviertan de las actuaciones del proceso del que derivan los actos reclamados en vía constitucional, para así poder establecer si quien ejerce acción de amparo se sustituyó en los derechos y obligaciones de una de las partes en el juicio natural. Expuesto ello, de constancias se aprecia que el demandado en el juicio natural contrató la apertura de crédito simple con garantía hipotecaria con la actora el cuatro de abril de dos mil ocho, así como que esta última instó el procedimiento correspondiente contra el primero el veinticinco de agosto de dos mil diez. También se advierte, en concreto, del certificado de existencia o inexistencia de gravámenes de antecedente registral, relativo al inmueble consistente en la Unidad Privativa o Lote 9, identificado con el número oficial 27, de la calle Circuito del Tule, Manzana 51-A, del Condominio 51-A, de la Fracción III, del Fraccionamiento Hacienda Real, en Tonalá, Jalisco, que el tres de agosto de dos mil once se inscribió la compraventa del mismo en favor del hoy quejoso en un cincuenta por ciento y de diversa persona en el porcentaje restante. En el mismo documento se observa, igualmente, y en lo que interesa: "EN CUANTO A LOS GRAVÁMENES REPORTA LO SIGUIENTE: 1 Compraventa con hipoteca" "Consta que el Acreditante(s): HIPOTECADO EN PRIMER LUGAR A FAVOR DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO E HIPOTECA EN SEGUNDO LUGAR A FAVOR DE ING HIPOTECARIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO". "Abrió Crédito al Acreditante(s): ERNESTO CASTELLANOS MEZA". "Constituyendo el Sr(a) ERNESTO CASTELLANOS MEZA, Garantía Hipotecaria en PRIMER Y SEGUNDO lugar sobre el inmueble descrito en este folio.". "Y se grava el : 100%". "Fecha de registro: 08 del mes de AGOSTO de 2008". De manera que el quejoso se colocó en cuanto al derecho de propiedad en la misma posición procesal que el demandado, quien fue emplazado al juicio de origen el veinte de septiembre de dos mil diez, en razón de actualizarse la causahabiencia entre ellos, esto, toda vez que respecto del inmueble en cita, el hoy quejoso lo adquirió u obtuvo, según consta del certificado de gravámenes, el tres de agosto de dos mil once, esto es, después de instaurada la demanda natural, de emplazado el demandado de origen, incluso, después de que el convenio presentado en autos se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada (seis de octubre de dos mil diez). Asimismo, no se pierde de vista que en auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, el juzgado de origen determinó, en lo que interesa, que le revestía el carácter de causahabiente al quejoso, en lo que interesa, quienes quedaban obligados y seguían la suerte de su causante; lo que fue notificado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho. En consecuencia, no es posible analizar emplazamiento alguno hecho al hoy promovente, toda vez que éste corresponde al diligenciado en la data recién mencionada, practicada en el propio recinto judicial (veinte de septiembre de dos mil diez). Es decir, ya fue oído y vencido a través de su causante, por lo cual los derechos afectados al mencionado, en el caso, el de la propiedad del inmueble que defiende, quedaron subrogados a los de su causante. Además, soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Es aplicable la jurisprudencia 85/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN. La doctrina define al causahabiente como el sucesor de los derechos de una persona, de quien ha adquirido una propiedad o un derecho, y puede ser a título universal cuando se trata de la totalidad del patrimonio o parte alícuota de éste, o a título particular, si únicamente se refiere a una cosa o cosas específicas. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, para que se actualice la causahabiencia, tratándose de la adquisición de inmuebles, es necesario que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente se acredite que el adquirente de esa propiedad o derecho tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y que, por ende, contrae un derecho litigioso, ya que de no acreditarse dicha situación, debe considerársele como tercero adquirente de buena fe, en tanto que desconoce el estado que guardaba el bien antes de adquirirlo.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Enero de 2007, página 128, registro, 173604) Asimismo, la tesis IV.2o.C.83 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de rubro y texto: "CAUSAHABIENCIA. OPERA EN VIRTUD DE LA PUBLICIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE UN EMBARGO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, QUE ACREDITA FEHACIENTEMENTE QUE EL NUEVO POSEEDOR DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó, entre otros puntos de carácter legal, que desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad o un derecho, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. En ese contexto, si el embargo de un inmueble fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad, con anterioridad a la transmisión fehaciente de la posesión respectiva, resulta incuestionable que el nuevo poseedor tuvo conocimiento del gravamen que pesa sobre tal bien, en virtud de la publicidad de la cual está investida dicha inscripción registral, por lo que se actualiza la causahabiencia en términos de la aludida tesis jurisprudencial.". (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 977, registro 168378) De tal manera, si el reclamo del quejoso es no haber sido oído y vencido en el juicio natural, no se advierte alguna infracción en los términos que lo plantea, toda vez que, como se ha explicado, en tal procedimiento se llegó a un convenio para la solución al conflicto entre el actor y su causahabiente demandado y, por tanto, se insiste, son infundados los conceptos de violación del quejoso, sin que se advierta queja que suplir. Así, se niega el amparo solicitado por lo que respecta al citatorio, emplazamiento y todo lo actuado a partir de ahí. Ahora bien, no se omite que producto de la ampliación de demanda de amparo, que fue realizada en virtud de la reposición del procedimiento ordenada en el recurso de revisión, el quejoso señaló como nuevo acto la notificación que le fue realizada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Al respecto, se debe atender a los lineamientos expuestos en el amparo en revisión 299/2021, en el que se estableció que dicho acto pudiera estar relacionado con lo alegado primigeniamente en su demanda, además que este órgano jurisdiccional considera que en aras de hacer patente el principio de tutela jurisdiccional efectiva, debe analizarse dicho acto como el llamamiento formal del quejoso. Lo cual es del tenor siguiente: ". ." Se explica. El acto reclamado consiste en la notificación que le fue practicada al quejoso el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la cual es del tenor siguiente: Dicha diligencia fue entendida por él quejoso, y en esta se le comunica que en auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis fue declarado causahabiente de Ernesto Castellanos Meza, a través del acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciocho. También se hizo de su conocimiento la hora y fecha para el desahogo de la audiencia de remate. Por último, se destaca que el quejoso se identificó con su credencial de elector y no firmó porque "así se lo indicó su abogado". Ahora, si como lo señaló el tribunal revisor, la notificación antes referida es la que tiene como fin llamar a juicio al quejoso, se considera que ésta debe contar con los mismos requisitos que para el emplazamiento respectivo. En efecto, de explorado derecho resulta que el emplazamiento es el acto procesal más importante en un juicio, ya que es donde se hace del conocimiento a la parte demandada las pretensiones que su contraparte intenta, motivo por el cual, es de suma importancia que se realice bajo los parámetros y términos legales. Sobre el particular, conviene destacar que el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, regula la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios, implica examinar el acto reclamado o incluso en ausencia de argumentos. Opera en las hipótesis que el legislador prevé, y su teleología es la búsqueda del equilibrio procesal; la finalidad de nivelación previa a resolver la cuestión planteada, mediante la cual el juez puede realizar los ajustes necesarios, en la medida de las posibilidades del caso, con la finalidad de que las partes en el litigio puedan acceder al mismo de una forma más equitativa y, por ende, más justa, en relación con el momento en que acudieron al proceso. Así la suplencia de la queja está sujeta a una racionalidad: la búsqueda de la igualdad procesal, que es uno de los más importantes principios procesales. Una de esas hipótesis se regula en la fracción VI del invocado precepto, la cual no se refiere a materia o sujeto específico, se activa cuando se advierta una violación manifiesta de la Ley que haya dejado sin defensa a la quejosa. La intención del legislador es la de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al juez, ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en tratándose del emplazamiento su omisión o falta de verificación, o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta de la ley que produce indefensión, caso en el cual incluso de manera oficiosa debe emprenderse su examen. Conviene señalar que para que se actualice una omisión debe existir el deber de la autoridad de realizar una conducta y que se haya incumplido con esa obligación. Asimismo, los artículos 1, primer párrafo, 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo y 17, segundo párrafo, constitucionales, garantizan el derecho de audiencia, debido proceso y acceso a la jurisdicción, respectivamente. En su conjunto, integran lo que la sólida doctrina jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido como "formalidades esenciales del procedimiento" o "núcleo duro del debido proceso". Las cuales, se traducen en i) La notificación del inicio del procedimiento. ii) La oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. iii) La oportunidad de alegar. iv) La emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Al respecto, debe destacarse que si el acto reclamado es la notificación en la cual se hace del conocimiento al quejoso que es considerado causahabiente en el juicio, dicha notificación debió reunir las formalidades que revisten al emplazamiento, pues solo así se estará ante una debida notificación del juicio y se hará saber plenamente al quejoso el estado procesal que el juicio guarda, en aras de que pueda proteger sus intereses jurídicos. Sobre el particular, no se advierte que en la notificación se hubiese entregado al quejoso, copias del juicio y demás documentos con los cuales se hubiese podido imponer de las actuaciones. Se inserta la imagen correspondiente: Como se observa, la notificadora no asentó que se hubiese entregado copias de los documentos o de las constancias del juicio, sino que la notificadora sólo hizo del conocimiento del quejoso los puntos relevantes del acuerdo que le fue notificado, y dio la intervención legal para que el causahabiente pudiera acudir al juicio de origen. Sin embargo, se insiste, no entregó ni corrió traslado con documento alguno con el cual pudiera conocer los hechos debidamente y así defender sus intereses. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Así, dado que la actuación reclamada en el juicio de amparo por el quejoso, no cumple a cabalidad la formalidad establecida en el numeral 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, ya que no se proporcionó al quejoso, certeza jurídica respecto a los documentos fundatorios que el accionante adjuntó a su demanda, lo que procede es declarar la inconstitucionalidad de la diligencia de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, relativa al juicio de origen, ya que trasgrede en perjuicio de la parte quejosa la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Por tanto, se considera que con independencia de la fe pública de la que se encuentra investido el funcionario judicial que practicó la diligencia, pues al constituir el emplazamiento a juicio uno de los elementos primordiales para la salvaguarda del derecho fundamental de audiencia, en su realización deben cumplirse estrictamente todas las formalidades previstas en la legislación aplicable; lo cual, como se ha dicho, no sucedió en la especie, por ende, la fe pública de aquél no desvanece los vicios contenidos en ese acto procesal. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia en materia común 1a./J. 74/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo X, noviembre de 1999, página 209, registro 192969, cuyo rubro dice: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL".. Cabe precisar que se estima que la aplicación de la jurisprudencia 39/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que se funda la presente determinación, aun cuando no tenía vigencia al momento en que se efectuó el emplazamiento, no implica violación al artículo 217 último párrafo de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la prohibición de aplicar a un punto jurídico determinado (jurisprudencia preexistente), que es relevante para el dictado de la determinación resolución o fallo, un criterio jurisprudencial modificado o sustituido con posterioridad, pero no implica que la aplicación de uno específico sólo tenga cabida en actos llevados a cabo con posterioridad a su emisión, pues el Pleno del Alto Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 145/2000, de rubro: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.", estableció que la aplicación de ésta a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que su contenido no equivale a una ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene la interpretación de ésta. Por tanto, se estima que la aplicación de la jurisprudencia de rubro: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.", en que se funda el presente fallo, no implica violación al artículo 217 último párrafo de la Ley de Amparo, ya que la "retroactividad de la jurisprudencia" implica, necesariamente, la preexistencia de un criterio jurisdiccional, lo que no sucede en la especie, esto es, no se identifica la existencia de una jurisprudencia obligatoria que ordenara la postura que debía asumirse para resolver el tema considerado ilegal. En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitada por Gildardo Bucio Cárdenas. SEXTO. Efectos de la protección de la justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del amparo consiste en que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia: Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio 1025/2010, a partir de la notificación de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, realizada a Gildardo Bucio Cárdenas, así como sus consecuencias legales. Lo que se hace extensivo a las distintas autoridades responsables, único y exclusivamente por lo que respecta al citado quejoso, esto es, sin incluir el llamamiento a juicio de la diversa causahabiente. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO" Asimismo, de conformidad con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado en sesión de quince de noviembre pasado, al resolver la contradicción de tesis 451/2016 de su índice, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN". Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio promovido por ---, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamados del Notificador adscrito al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por las determinaciones tomadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La justicia de la Unión ampara y protege a ----, respecto de los actos precisados en el considerando segundo, reclamados al notificador adscritos al Juzgado Octavo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por las determinaciones tomadas en el considerando último de esta sentencia.

  4. Principal

    Se resuelve.- ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano