Ignacio Javier Vázquez Cobian
Expediente 732/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/09/2018
Partes del expediente
- Ignacio Javier Vázquez Cobian
- Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de treinta de agosto del año en curso (folios 46 a 50), en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo haya realizado, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. El presente expediente, a consideración de la suscrita, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y no se tramitó incidente de suspensión. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los escritos con sello de recibido presentados por la parte quejosa, requiérasele en los términos contenidos en el presente acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO: Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa, el auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, por el cual como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de treinta de agosto del año en curso (folios 46 a 50), en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo haya realizado, en consecuencia, se declara firme. El presente expediente, a consideración de la suscrita, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia y no se tramitó incidente de suspensión. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los escritos con sello de recibido presentados por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este juzgado de distrito a recibirlos, dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Apercibido que de no acudir por éstos en el plazo indicado, se dejaran glosados al expediente y se remitirán al archivo para que siga la suerte de éste con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, podrán ser destruidos.
- Principal
Téngase por recibido el escrito de José Luis Gómez Paredes, autorizado en amplios términos del quejoso; en atención a lo que solicita en el sentido de requerir al Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, a efecto de que informe cuál es el porcentaje de derechos de los que es titular el citado quejoso, respecto del fideicomiso 29524, dígasele que no ha lugar.
- Principal
.- aviso.- por este medio de lista se notifica a la parte quejosa el auto que dice: Zapopan, Jalisco, a las nueve horas del treinta de agosto de dos mil dieciocho, Vicente Israel Figueroa Jiménez, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, da cuenta al juez con el oficio y un legajo certificado registrados bajo el número de orden 13110. Conste. El secretario. Zapopan, Jalisco, treinta de agosto de dos mil dieciocho. I. Autoridad informa. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en proveído veintitrés de agosto del año en curso (folios 38 a 40) y, al efecto, remite la notificación practicada a la aquí quejosa respecto del proveído de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 2123/1997. II. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, de las constancias certificadas anexadas al referido comunicado se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión del juez responsable de reconocer al aquí quejoso como titular del cien por ciento de los derechos hereditarios de la sucesión a bienes de Eduardo Valencia Uribe, derivado de la falta de proveído de los dos escritos que presentó el trece de marzo y el cinco de julio, ambos de dos mil dieciocho, dentro del expediente 2123/1997 del índice de la autoridad responsable. Luego, de las constancias que acompañó a su informe la referida autoridad se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado dado que el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, se acordaron los ocursos en mención. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la omisión de que se duele la parte quejosa en su demanda de garantías, fue cubierta con la recepción del estudio en cita. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". No pasa desapercibido que la autoridad responsable negó la petición de reconocer al aquí quejoso como titular del cien por ciento de los derechos hereditarios de la sucesión a bienes de Eduardo Valencia Uribe; sin embargo, ello no es motivo para que no se actualice la causa de improcedencia invocada, debido a que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone tres subgarantías que toda autoridad ante quien se presenta una petición por escrito debe cumplir y son: dictar el acuerdo relativo; que sea congruente con la petición solicitada; y, comunicar al interesado la respuesta correspondiente. En el caso, se satisfizo oportunamente con las tres subgarantías, pues, como ya se mencionó, dicho principio obliga a la autoridad a dictar el acuerdo relativo, que sea congruente con la petición solicitada y, comunicar al interesado la respuesta correspondiente, mas no a que provea en determinado sentido, esto es, el derecho de petición no constriñe a la responsable para que acuerde favorable todo lo solicitado, sino que ésta tiene expedita jurisdicción para resolver conforme a las leyes aplicables al caso concreto, lo cual es evidente sí se cumplió. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa" Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional. IV. Innecesario requerir. Sin que sea necesario requerir a la parte quejosa para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda en relación con la respuesta recaída en el acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, a los escritos que presentó el trece de marzo y el cinco de julio, ambos de dos mil dieciocho, dentro del expediente 2123/1997 del índice de la autoridad responsable, dado que dicho acto es impugnable mediante un medio ordinario de defensa, por lo que, previo a reclamar tal acto a través del juicio de amparo, es necesario se observe el principio de definitividad; por ello, se deja expedito el derecho de la quejosa para hacer valer el medio de impugnación respectivo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, asistido por el secretario Vicente Israel Figueroa Jiménez, quien autoriza y da fe. VIFJ/Almendra OFICIO 16090 y 16091
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Ignacio Garibay Arce252/2008
- Ignacio Garibay Silver574/2023
- Ignacio Gerónimo Hernández2729/2022
- Ignacio Gerónimo Hernández1711/2023
- Ignacio Gerónimo Hernández1763/2022
- Ignacio Jacobo Canela Covarrubias1009/2005
- Ignacio Javier Vázquez Cobian1161/2018
- Ignacio Javier Vázquez Cobian606/2016
- Ignacio Lizarraga Mancera2234/2021
- Ignacio Luna Olmedo1005/2012
- Ignacio Macía Ruiz1209/2020
- Ignacio Macías Ruiz2423/2019