Ignacio Flores Francisco
Expediente 1936/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1936/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ignacio Flores Francisco
Actuaciones
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual, remite copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes, relativas al acuerdo de veintiséis de noviembre del año en curso (foja 295) del cual se advierte que señaló las doce y trece horas del siete de diciembre del año en curso, para efecto de que tenga verificativo el desahogo de las pruebas de inspección ofrecidas por las partes. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Carlos Salvador Ávila Mariscal, en su carácter de Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo: Remita copia certificada del desahogo de las pruebas de inspección ofrecidas por las partes, señaladas para las doce horas del siete de diciembre del año en curso. Lo anterior, en el entendido de que subsisten los apercibimientos realizados en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.
- Incidental
Con fundamento en los artículos 138 fracción III y 140 de la Ley de Amparo, agréguense para que obren como corresponda y surtan sus efectos legales los INFORMES PREVIOS que rinden la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, por ausencia de la Directora General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos y Notificador y Ejecutor adscrito a dicha Dirección, Magistrado Titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Actuario adscrito a dicha Sala; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Como está ordenado en el juicio de amparo en proveído de esta misma fecha, con fundamento en los artículos 110 y 128 de la Ley de Amparo, con dos copias de las demandas de amparo promovidas por *********************************************, contra actos del Magistrado Titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otras autoridades; se forma por separado y duplicado este incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 fracción III de la Ley de Amparo, PÍDASE INFORME PREVIO a las autoridades responsables, que deberán rendir por duplicado dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, enviándose para tal efecto copia de la demanda. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, de conformidad con el artículo 138 fracción II de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no se ejecute la multa consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, impuesta a los quejosos en proveído de doce de junio de dos mil diecisiete, dictado por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos en el expediente TCA/2aS/309/14; lo anterior hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva y este Órgano de Control Constitucional tenga, con los informes previos, mayores elementos de convicción para resolver la presente incidencia; por las razones siguientes: 1).- El acto reclamado, en esencia consiste en el auto de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, dictado por la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Morelos, dentro del juicio de nulidad ***************, donde se ordena hacer efectiva la multa consistente en cincuenta unidades de medida y actualización; así como su ejecución. 2).- Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a fin de preservar la materia del juicio de donde proviene el incidente que nos ocupa, se precisa que será respecto a las consecuencias de aquél, consistentes en que no se ejecute la multa consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, que le fue impuesta a los quejosos, sobre lo que este juzgador realizará el estudio de procedencia de la medida cautelar solicitada; lo anterior, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo. 3).- Se tiene la certeza del acto reclamado con las manifestaciones que "bajo protesta de decir verdad" realizó la parte quejosa en su demanda de amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206395 y rubro siguiente: SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. 4).- El acto reclamado es susceptible de suspenderse, ya que no es de los denominados declarativos, consumados, negativos u omisivos ni futuros e inciertos, sino que sí tiene efectos ejecutivos. 5).- Existe interés suspensional de la parte quejosa, toda vez que aduce que la multa que le fue impuesta está dirigida a su persona, lo que resulta suficiente para demostrar el grado de interés suspensional requerido para colmar los requisitos previstos en el artículo 128, fracción I, en relación con el diverso 139, ambos de la Ley de Amparo, este último concerniente al peligro en la demora, con perjuicios de difícil reparación para el quejoso. 6).- Se encuentran reunidos los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que la suspensión del acto reclamado fue solicitada por la parte quejosa y no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Y en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, se procede a realizar un análisis ponderando la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. La apariencia del buen derecho autoriza realizar un estudio preliminar que, sin prejuzgar, permita anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que en la especie acontece, habida cuenta que el quejoso aduce que la responsable emite una resolución donde se le impone una multa sin que exista una notificación personal previo a ello, refiriendo que se violentó su garantía de audiencia, lo que de resultar fundado ocasionaría la eventual concesión de la protección de la justicia federal. Por su parte, el orden público y el interés social, se encuentran vinculados en la medida que el primero tiende a procurar un bienestar o impedir un mal a la población en general, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal. Así, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando la suspensión priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa a la que se niegue la suspensión del acto reclamado. Por ende, se afirma que con la concesión de la suspensión del acto reclamado no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que dicha concesión tiene como efecto que no se ejecute la multa decretada en el expediente TCA/2aS/309/14, del índice de la responsable, lo que repercute exclusivamente en su esfera jurídica, por lo que con dicha concesión no se le priva a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por el contrario, de negarse la suspensión del acto reclamado, se ocasionarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación en la medida que la autoridad responsable tendrá expedito su derecho para ejecutar los actos reclamados. Cabe agregar, que la concesión otorgada surtirá efectos si cada uno de los quejosos constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo por cualquiera de las medios permitidos por las leyes fiscales por la cantidad de $4,528.00 (cuatro mil quinientos veintiocho pesos 00/100 M.N.), correspondiente a cincuenta unidades de medida y actualización; tal y como lo establece en el acuerdo que reclama de doce de junio de dos mil diecisiete emitido por la responsable, la cual tiene por objeto garantizar los perjuicios que se pueden ocasionar al tercero interesado en caso de resolución desfavorable a los intereses de la parte quejosa. La cantidad que antecede se fija, en términos del artículo 135 de la Ley de la materia, por aplicación analógica, que establece que la suspensión surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora ?lo cual tiene identidad con la sanción pecuniaria impuesta al aquí quejoso?, pues se trata del cobro de un monto previamente determinado. En apoyo a lo anterior, es ilustrativo el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 176523 y rubro y texto siguientes: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Asimismo, apoya lo anterior la tesis aislada I.1o.A.141 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 173164 de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN CONTRA LA EJECUCIÓN O COBRO DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS EN MATERIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SON APLICABLES, POR IDENTIDAD DE RAZÓN, LAS REGLAS QUE RIGEN TRATÁNDOSE DEL COBRO DE CONTRIBUCIONES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las sanciones pecuniarias que se impongan a los servidores públicos por incurrir en faltas administrativas constituyen créditos fiscales a favor del erario federal; por ende, si la hipótesis contenida en el artículo 135 de la Ley de Amparo parte del supuesto de la existencia de una obligación tributaria determinada en cantidad líquida, esto es, de la existencia de un crédito fiscal, debe establecerse que en ambos casos se trata del cobro de un monto previamente determinado. Consecuentemente, por identidad de razón, las reglas que rigen la suspensión contra el cobro de contribuciones también son aplicables a la suspensión contra la ejecución o cobro de la sanción pecuniaria impuesta en materia de servidores públicos, justamente porque la ley las clasifica como créditos fiscales." Asimismo, la anterior medida suspensional, no surtirá efecto legal o material alguno, si el acto reclamado ya fue ejecutado, o bien si proviene del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Estefanía Alcázar Javier, secretaria que autoriza y da fe.*cve
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