Ignacio Gonzaga Calvo

Expediente 1556/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1556/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Ignacio Gonzaga Calvo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que el cinco de este mes y año, se requirió a la autoridad responsable la constancia de notificación de los acuerdos que dictó el quince de noviembre y cuatro de septiembre del año en curso; en esas condiciones, a fin de que se encuentre notificada del oficio 6617 y cumpla con lo ordenado se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por la Presidenta y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, conforme lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas que ofrece, sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva. Téngase como delegados de la citada autoridad responsable, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designa y por señalado el domicilio que indica siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otro lado, desprendiéndose de autos que la autoridad responsable informa que el quince de noviembre y cuatro de septiembre del año en curso contestó los escritos presentados por el quejoso, sin embargo, no remitió copia de la notificación que haya realizado a la parte quejosa respecto de dichos acuerdos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de dichas constancias, toda vez que son necesaria para resolver el presente juicio de amparo. Apercibiéndose a la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de medida de actualización, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se provee como sigue: 1).- Admisión y registro de demanda. Se ADMITE a trámite la demanda y regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. 3).- Requerimiento de informe justificado. Pídase a las autoridades responsables sus informes justificados, que deberán rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para justificarlo y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de la unidad de medida de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 4).- Tercero interesado. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del quejoso ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO" emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte del impetrante. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte del quejoso no sea tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte del quejoso. Aunado a lo anterior, el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo del juicio laboral, en la que se condenó a la parte demandada, a la cual no se le debe reconocer el carácter de tercero interesado, porque se debe evitar que el juicio de amparo se constituya en un medio que permita al destinatario de la ejecución del laudo tomar conocimiento de que se promovió el procedimiento de ejecución en su contra, dando oportunidad para que, eventualmente, se lleven a cabo maniobras tendentes a frustrar la eficacia de la ejecución solicitada. Lo anterior así se advierte de la parte conducente de la jurisprudencia 1a./J. 38/2014 (10a.) , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta orientadora y cuyo rubro señala: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL DESTINATARIO DE UNA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA NEGATIVA DE OTORGARLA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCESO MERCANTIL (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y LEGISLACIÓN MERCANTIL PREVIA AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL 10 DE ENERO DE 2014)". 5).- Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a formar el cuaderno incidental, en razón de que no fue solicitado por la parte quejosa. 6).- Ministerio Público Federal Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte. 7).- Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Juzgado Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de Amparo. 8).- Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a las autoridades responsables para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio de amparo promovido por la misma parte en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 9).- Domicilio de parte quejosa y personas autorizadas. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por ser el juicio en materia laboral y tratarse del trabajador. 10).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos 11).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 12).- Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con independencia de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este Juzgado de Distrito, aun a las autoridades responsables. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. 13).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo". 14).- Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

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