Ignacia Rubí Miranda
Expediente 731/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 731/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ignacia Rubí Miranda
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución del conflicto competencial 5/2021, en el que entre otras cuestiones, el órgano colegiado [1] determinó que si existe conflicto competencial y [2] ordenó remitir los autos del juicio de amparo 731/2021 del índice de este órgano jurisdiccional al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, para que se avoque al conocimiento de la demanda de amparo promovida por la quejosa ***********. Acorde a lo anterior, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas anotaciones en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con los artículos 20, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el cual este órgano se declaró incompetente y ello resultó fundado, por lo que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, así como en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguiente y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo 731/2021, e informa que se admite a trámite el conflicto de acumulación entre este Juzgado de Distrito y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y de su contenido se toma conocimiento. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio 11254/2021, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, el cual contiene el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, en que dicho juzgado decretó la separación de autos en el juicio de amparo 1221/2020, de su índice, respecto de cada uno de los quejosos, al considerar que sus reclamos se encontraban desvinculados, ordenando para ello certificar copia de la demanda y remitirla a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, para que se returnara de forma aleatoria, como si se tratara de un nuevo asunto. Por tanto, en atención a dicha determinación y la jurisprudencia P./J. 78/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 197669, de rubro "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA", se tiene por recibida exclusivamente la demanda de amparo respecto de Ignacia Rubí Miranda, para darle tramite como si se tratara de un nuevo asunto, y al respecto se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. 3).- No acepta separación de autos. Ahora bien, toda vez que del oficio de cuenta, se advierte que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ordenó la separación de juicios por considerar que el amparo promovido por los distintos quejosos respecto de los actos reclamados en común, estaban desvinculados en cuanto a cada uno, con sustento en que si bien los distintos amparistas reclaman la omisión de realizar el incremento de su pensión, dicho acto era inherente a cada uno de ellos, atendiendo al contenido del decreto en el que se les concedió su pensión en lo particular; sin embargo, quien ahora provee, en oposición a lo sostenido por el referido juzgador, con todo respeto, advierte que el acto reclamado por el que separó el juicio, y el que decidió analizar en el juicio de su índice, guardan una estrecha vinculación por lo que no era procedente su separación, ya que no resultaban aplicables en sentido contrario las reglas establecidas para la acumulación. Precisamente, si bien la separación de juicios está permitida en el juicio de amparo, mediante los principios que rigen al mismo, y la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, para ello deben resultar aplicables en un sentido contrario las reglas de la acumulación, como evidenció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias P./J. 76/97 y P./J. 77/97, con registros 197671 y 197670, las cuales son del contenido siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." En esos términos, es que sólo se puede separar un juicio, en el caso en que no se dé un supuesto de acumulación, y en ese sentido, el artículos 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el ordinal 2º de ésta última, en cuanto a la acumulación, disponen: "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero." En ese tenor, este juzgador, considera que entre el juicio que se provee y el que conoce el juzgado que declaró la separación en cuestión, se actualiza la hipótesis contenida en el precepto previamente transcrito, pues ambos procesos constitucionales "la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho", de allí que no era procedente su separación. Lo anterior se estima de esta manera, pues en el juicio de amparo separado, diversos quejosos reclaman, de las mismas autoridades responsables, el mismo acto, pues si bien cada quejoso cuenta con un decreto pensionario distinto con el que se le otorgó su pensión, no reclaman la omisión de realizar ciertos pagos en concreto, sino que realizan un planteamiento común, pues sostienen de forma abstracta que la pensión de todos se debió incrementar de una cierta manera y que al no hacerlo, la autoridad responsable transgredió sus derechos, lo cual se trata de un mismo acto. En efecto, los quejosos en su conjunto señalan que del dos mil quince a la fecha, la autoridad responsable no incrementó su pensión conforme al aumento al salario mínimo, integrando además el concepto de aguinaldo, por lo que su reclamó es de forma general y abstracta, sobre la omisión que aducen les impacta a todos de forma igual, ya que sostienen que al no realizar dichos incrementos por la autoridad de la forma en que ellos señalan a partir del mismo periodo, se les transgreden sus derechos de forma igual, luego, los quejosos formulan un planteamiento común, tan es así que se lo atribuyen a las mismas autoridades, y con base en los mismos hechos, formulando incluso los mismos conceptos de violación. De allí que se actualiza la hipótesis de acumulación en comento, pues para resolver el planteamiento de cada quejoso debe comprobarse, que la autoridad responsable está obligada desde el dos mil quince a incrementar su pensión conforme al salario mínimo, integrando además el concepto de aguinaldo -comprobación del mismo hecho-. Incluso, aun cuando pudiera estimarse que se trata de diversos actos, lo cierto es que los quejosos ejercieron el derecho que les confiere el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, para promover conjuntamente su demanda por resentir una afectación común en sus derechos o intereses. Se afirma lo anterior, ya que dichos peticionarios de amparo, promovieron de manera conjunta una demanda constitucional, al resentir una afectación común ante la omisión de las responsables, realizar los incrementos de sus pensiones en los términos que ellos aducen - conforme al salario mínimo general vigente e integrando el concepto de aguinaldo- desde el dos mil quince, lo que es acorde a lo establecido en la fracción I, párrafo tercero, del artículo 5 de la Ley de Amparo, que literalmente dice: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades." Como se ve, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que en una demanda de amparo sea promovida por dos o más quejosos, incluso cuando reclamen actos distintos, siempre que resientan una afectación común en sus derechos o intereses, o un perjuicio análogo, con el único requisito de que dichos actos deben provenir de las mismas autoridades. Y en el caso, los quejosos, promovieron la demanda de amparo, señalando a las mismas autoridades responsables, e impugnando un acto, que les causa una afectación común, y un perjuicio análogo, pues todos sostienen que como pensionados del Poder Judicial del Estado de Morelos, la omisión de las responsables de incrementar sus pensiones desde el dos mil quince a la fecha, conforme al aumento al salario mínimo, integrando además el concepto de aguinaldo, les ha transgredido a sus derechos -afectación común- y les causa como perjuicio, que no les sean pagadas las diferencias resultantes, de los adeudos que se tengan conforme a dicha cuantificación de pago -perjuicio análogo-. Además, el precepto de referencia, consagra un derecho procesal establecido a favor de los quejosos, y en contrapartida, una obligación para los juzgadores de amparo acatarlo, lo que evidencia el hecho de que no es una facultad del juez de amparo la promoción de ese amparo conjunto, sino que está sujeto a la voluntad libre y espontánea de los amparistas. De allí que al tratarse de un derecho procesal del ciudadano, con mayor razón, la interpretación de los supuestos que encuadran en el mismo, debe ser de máxima liberalidad, atendiendo al principio pro persona contenido en el artículo 1º constitucional, y en lo particular, en su vertiente de principio pro actione, contenido en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y al contrario de lo que permite tal supuesto, separar las demandas que los quejosos promovieron amparados en un derecho establecido a su favor, crearía un formalismo sin razón ni fundamento, lo cual incluso impactaría el derecho de acceso a la justicia de los quejosos, al generarles inseguridad jurídica, derivada de que sus juicios estarían radicados ante distintos juzgados, y por ello se podrían sustanciar de forma contradictoria, llegando incluso a obtener sentencias con consideraciones distintas y en diversos sentidos, cuando su pretensión precisamente era obtener un solo fallo en el mismo sentido. Por tales razones no se comparte el criterio formulado por el diverso juzgado que declaró la separación de juicio en estudio, ya que de no razonarlo así, al radicarse los juicios de amparo en diferentes órganos jurisdiccionales, se podría incumplir con uno de los fines de la figura de la acumulación que consiste en evitar determinaciones contradictorias, pues cada juzgador podría adoptar una postura diversa, que daría lugar al dictado de resoluciones contradictorias sobre el tema expuesto en la demanda de amparo. Y de la misma forma, al ser la separación una aplicación en sentido inverso a la acumulación, también se incumplirían con sus fines, puesto que una de las bases esenciales para la separación de juicios de amparo consiste en no crear incertidumbre jurídica y a su vez denegar justicia a quien acude a solicitar la protección de la Justicia Federal. Además, existe una disposición legal en la materia (artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo), que ordena que sea un solo órgano jurisdiccional quien conozca del asunto promovido por varios quejosos, de allí que la separación de juicios en mención se opone al ejercicio de ese derecho procesal de ejercer su acción de amparo de manera conjunta, de lo que resulta claro que no buscan pretensiones distintas, sino que persiguen una misma finalidad y objeto, pues los quejosos promover una demanda de amparo, por economía procesal, así como por la necesidad y conveniencia de evitar que la separación del proceso derive en sentencias contradictorias, de lo que resulta que la separación de juicios en este caso, no es en beneficio de la parte quejosa, ni tampoco contribuye a una pronta impartición de justicia, en términos del artículo 17 constitucional, por el contrario, dificulta que respecto de una misma problemática planteada por diversos quejosos, se dé una solución jurídica que no es acorde a su pretensión, en razón de la división de la continencia de su causa. Por lo que separar su demanda, sería imponerles una carga procesal sin fundamento, pues el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, no establece excepción alguna para su ejercicio, y sólo requiere que para ello se cumplan los requisitos que establece -que se trate de las mismas autoridades, y que los actos reclamados les ocasionen una afectación común en sus derechos o intereses, o un perjuicio análogo -. Así la separación de juicios en este caso en particular constituye un impedimento al derecho de acceso a la justicia a los quejosos, al crear un formalismo o interpretación no razonable, que anula en su totalidad el derecho establecido a su favor en el artículo el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, para sólo impedirles y dificultarles un enjuiciamiento en el mismo sentido de fondo y una auténtica tutela judicial pronta y expedita, al tramitar en un solo juicio de amparo, de forma concentrada su reclamo. Lo anterior, máxime que constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2º de ésta última, que en el Decimoctavo Circuito existen diversos juicios similares a éste, varios de los cuales no fueron separados, y de esa forma se continúan sustanciando en cuanto a todos los quejosos de forma conjunta, como son el caso de los juicio de amparo 1263/2020 y 1265/2020 del índice de este juzgado. Así pues de asumir la postura del juzgado homologo, respetuosamente se considera que de facto, impactaría de mayor manera al derecho a una justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 constitucional, pues de asumir que todos esos juicios deben ser separados de oficio como se realizó en el caso, se crearían múltiples juicios de amparo, tendientes a saturar el sistema de impartición de justicia, y al contrario, no separarlos, evitaría el número de asuntos en trámite y la práctica de todas las actuaciones que ello conlleva, lo que genera un gasto de recursos económicos y tiempo innecesario, tan es así, que si exponencialmente se traduce en números las demandas que tendrían que tramitarse, el número de notificaciones y actuaciones que deben realizarse por cada juicio, para lograr su resolución, pierde sentido la razón de su separación. Aunado a lo anterior, igual criterio fue sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en el Estado, en el conflicto competencial por separación de juicios 1/2021, donde respecto a la separación que se realizó respecto a una demanda como la que se provee, determinó que no era procedente la separación de juicios decretada y que por ello debían acumularse tales juicios. En las relatadas condiciones, y tomando en consideración que este órgano de control constitucional no acepta la separación planteada, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva el conflicto competencial (por cuestión de separación y acumulación) suscitado entre este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos y el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. Asimismo, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, que en el juicio de amparo 1221/2020, del que deriva la separación a la que este juzgado se opone, el Segundo Tribunal Colegiado en el Estado, resolvió la queja 46/2021, para los efectos legales conducentes, en caso de que se actualice algún criterio de relación por cuestión de turno. Tiene aplicación en la parte conducente, la jurisprudencia P./J. 3/2021 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2023241, del texto siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ES COMPETENTE PARA RESOLVER ESTOS CONFLICTOS, BAJO LAS REGLAS PREVISTAS PARA LA ACUMULACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a consideraciones diversas en cuanto a si los conflictos entre Jueces de Distrito generados por la separación de juicios en amparo indirecto deben resolverse por el Tribunal Colegiado de Circuito competente, o si son cuestiones meramente administrativas que deben ser resueltas conforme a los mecanismos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Criterio jurídico: La separación de autos, aun cuando no se encuentra prevista expresamente en la Ley de Amparo, es procedente dada su vinculación con la figura de la acumulación, de manera que los conflictos que se susciten deben ser resueltos por el Tribunal Colegiado de Circuito competente atendiendo a las mismas reglas. Justificación: La figura de la separación de autos no está prevista en la normativa del juicio de amparo, sin embargo, su aplicación se ha aceptado vía jurisprudencial, bajo las reglas de la figura de la acumulación. En ese sentido, cuando en una misma demanda de amparo se reclamen actos desvinculados entre sí, se podrá decretar de plano la separación de juicios, o bien, tramitar un procedimiento vía incidental, en términos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, 34 al 39, 74 y demás conducentes del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por ello, si llegara a existir oposición del juzgador respecto a quién se le envían los actos que se estiman desvinculados, deberá considerarse que se trata de un conflicto materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que deberá remitir los autos a su superior, comunicándolo al Juez de origen para que haga lo propio. Así, seguido el procedimiento correspondiente, el Tribunal Colegiado de Circuito competente deberá resolver sobre la procedencia o no de la separación, ordenando, si se estima procedente, mantener el estado de separación de los autos y devolverlos a los juzgados competentes para su resolución, o de negarse a la separación, regresar la totalidad de los autos al juzgador que originalmente previno." La anterior determinación hágase del conocimiento del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, para los efectos legales consiguientes. 4).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como autorizados en los términos que proponen a las personas que indican. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico y las notificaciones electrónicas, siempre y cuando se realice con el usuario que menciona en el escrito que se provee y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la actuaría de este juzgado de Distrito que a partir del siguiente acuerdo que se emita en este juicio de amparo, todas las notificaciones para la parte quejosa, se realicen vía electrónica, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. 5).- Providencias adicionales. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, puesto que aun cuando los promoventes señalan que los actos que reclaman resultan de aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, de la integridad de su escrito de demanda se advierte que reclaman la omisión de pago del incremento de su pensión, acto que no encuadra en dicha disposición, tal como confirmó en el mismo sentido el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa en el Estado, en las quejas 6/2021 y 7/2021, respecto a la misma determinación adoptada en demandas de amparo iguales a la que aquí se tramita. 6).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 7).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.
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