Ignacio Cisneros Morales

Expediente 663/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
663/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Ignacio Cisneros Morales

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I y 5, fracción III de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz; treinta y uno de julio de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de cuenta, signado por el quejoso **********, mediante el cual desahoga la vista concedida por auto de dieciséis de julio del año en curso; por tanto, téngase por cumplida la prevención formulada en dicho auto. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, se advierte que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto, si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución. Sirve de apoyo, la tesis aislada P. XXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dieciocho, febrero de mil novecientos noventa y siete, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Aunado a lo anterior, cabe preciar que, el máximo Tribunal del País, ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes:  La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.  Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana.  Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan los derechos de los particulares.  Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil ochenta y nueve, septiembre de dos mil once, Tomo XXXIV, del Semanario Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por otra parte, del análisis integral realizado al escrito de demanda, así como de cumplimiento de prevención, se advierte que en lo medular el quejoso pretende reclamar de la autoridad responsable lo siguiente: ? La determinación de privarlo del mínimo vital para su subsistencia y la de su familia (la baja laboral o despido) y como consecuencia de dicha determinación, la privación del servicio de seguridad social, del que ha venido gozando como trabajador de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora bien, el acto que reclama el quejoso, no es de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues tiene una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón equiparado; es decir, deriva de la relación laboral que sostienen en un plano de coordinación y no de supra-subordinación con el mismo, por lo cual, al emitir el acto reclamado la autoridad señalada como responsable Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en su carácter de ordenadora, no se encuentra en un plano superior dotados de autoridad, sino que constituye un acto en su calidad de patrón equiparado del ahora promovente. De modo que, cualquier decisión que adopte el titular de la dependencia señalada como responsable ordenadora, con motivo de la relación laboral que guardan, no constituye un acto de autoridad, sino un hecho derivado de dicha relación; motivo por el cual, los conflictos que se susciten entre el trabajador -sea de base o de confianza- y el patrón equiparado, deben ser ventilados ante la autoridad competente y no en este órgano de control constitucional. Es decir, el acto reclamado queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, sometido a las prevenciones del derecho laboral como particular; por ende, el acto de que se duele no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del amparo. Lo anterior es así pues, para efectos del juicio de amparo, la autoridad es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan los derechos del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En suma, el juicio de amparo no es el medio para reclamar los derechos que el quejoso considera le han sido violados, con motivo del acceso a la atención médica, así como el reconocimiento del estado de invalidez que aduce padecer. Pues en caso de ser así, el promovente tiene a su alcance para hacer valer su reclamación la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades competentes de acuerdo al vínculo trabajador-patrón que existe entre el agraviado y las autoridades que señala como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, libro 29, abril de dos mil dieciséis, tomo III, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Del mismo modo, tiene aplicación, la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 1639, libro 28, marzo de dos mil dieciséis, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio y por el contrario, ello permite a la parte quejosa acudir oportunamente a la instancia correspondiente a defender sus intereses. No se soslaya la existencia de la diversa jurisprudencia 2a./J.54/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 2, de la Décima Época, materia Común, visible en la página 929, del rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." En razón de que en el presente caso, sí se está en posibilidad jurídica de precisar que el acto reclamado no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, por los motivos que quedaron expuestos en párrafos que anteceden, aunado a que el Pleno en Materia del Trabajo del Tercer Circuito en la jurisprudencia PC.III.L. J/5L, sustentada por los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero y Cuarto, en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Décima Época, publicada el once de octubre de dos mil catorce, determinó que el anterior criterio no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como lo podían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia que una autoridad señalada como responsable no tiene esos efectos para la procedencia del juicio de amparo. Lo que en el caso acontece, como se puede observar de la jurisprudencia de rubro III.4º.T. J/3 (10a) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Décima Época, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." Se cita como apoyo a lo anterior, los argumentos expuestos en la jurisprudencia III.4º.T. J/3 (10a), visible en la página 1224, Décima Época, publicada el once de octubre de dos mil catorce, Décima Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Notifíquese como corresponda..."

  4. Principal

    Se previene a la parte quejosa, para que en el término de cinco días, cumpla con el requerimiento efectuado, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de amparo.

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