Ignacio Díaz Rodríguez
Expediente 570/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 570/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Ignacio Díaz Rodríguez
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, trece de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Ignacio Díaz Rodríguez, contra actos de la autoridad responsable Magistrados que Integran la Sexta Sala Especializada en Materia del Familia del Tribunal Superior de Justicia, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 570/2018, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época, con número de registro 196196 cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo, la cual debe analizarse de oficio y en forma preferente al fondo del asunto. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley; (.)". "Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación. (.)". "Artículo 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá allegándose los elementos que estime convenientes." De los artículos transcritos se advierte, en primer término, que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece una hipótesis abierta de improcedencia, que remite a aquellos casos en que derive de alguna disposición de la misma Legislación o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea porque se actualice alguna de las hipótesis de improcedencia expresamente previstas, o bien porque no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para hacer procedente el juicio de garantías. Así tenemos que, los diversos numerales antes descritos destacan que una vez que la autoridad responsable informa haber cumplido la ejecutoria de amparo, se da vista al quejoso por tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga, y en caso de advertir exceso o defecto en dicho cumplimiento, lo haga valer en el plazo otorgado. En esa tesitura, con manifestación o sin ella, la autoridad de amparo resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector y ordenará el archivo del expediente si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida totalmente, sin excesos ni defectos; sin embargo, si dicha ejecutoria no se encuentra cumplida, o bien, no está cumplida correctamente, deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos previstos en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que cuando se declara que una ejecutoria se encuentra cumplida totalmente, tal determinación debe entenderse de manera álgida en términos del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establece: ". La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos."; de lo que se colige, que al declarar cumplida una sentencia protectora, se examinó que ésta se cumplió total y correctamente, sin excesos ni defectos. En ese sentido, dado que la Ley de Amparo no establece un recurso o medio de defensa específico para hacer valer el exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, en virtud de que las partes sólo pueden alegar dicha irregularidad con motivo de la vista que se les otorga con el cumplimiento de la ejecutoria, el quejoso o en su caso el tercero interesado, de no haber obtenido respuesta favorable a lo aseverado en ese sentido, podrán hacer valer tal irregularidad en el recurso de inconformidad que interpongan en contra de la resolución que tuvo por cumplida la sentencia de amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de dos mil catorce, Tomo II, Materia Común, Página setecientos setenta y cuatro, que al rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO." Respecto a lo anterior, el quejoso Ignacio Díaz Rodríguez, reclama la resolución de veintidós de mayo del año en curso, dictada en en el incidente de reducción de pensión alimenticia 676/2017, resolución que deriva del cumplimiento de la ejecutoria de amparo de seis de junio de la presente anualidad, en el diverso juicio de amparo 256/2018, del índice de este órgano de control constitucional. Ahora bien, para acreditar la actualización de la citada causal de improcedencia en el presente juicio de amparo conviene mencionar los antecedentes del diverso juicio de garantías 256/2018: 1.- Ignacio Díaz Rodríguez, promovió juicio de amparo en contra de la resolución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, dentro del incidente de reducción de pensión alimenticia 676/2017; en contra de Judith Juárez García. 2. En veinticuatro de abril del año en curso, este juzgado órgano jurisdiccional amparó y protegió a Ignacio Díaz Rodríguez, en contra del acto reclamado señalado en el juicio de amparo 256/2018. 3. En catorce de mayo de la presente anualidad, causó ejecutoria la sentencia emitida por este órgano federal, así mismo de requirió a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días informara el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo. 4. En cumplimiento a la concesión de amparo otorgada en el diverso juicio de amparo 256/2018, el juez responsable en veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictó nueva determinación que sigue transcurriendo dentro del diverso juicio en mención para que cause ejecutoria. 5. En veintitrés de mayo de los cursantes, dictado en el juicio de amparo 256/2018, se dio vista a las partes, con el cumplimiento dado por el juez responsable, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, y por acuerdo de seis de junio del año en cita, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, tal información señalada en el punto 5, fue obtenida del diverso juicio de amparo 256/2018, del índice de este órgano de control constitucional, lo cual constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la jurisprudencia VI.1o.P. J/25 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO". Lo anterior genera un conocimiento completo y veraz de las actuaciones llevadas a cabo en ese sumario respecto de la fecha en que se ordenó la vista a al quejoso del pretendido cumplimiento informado por la autoridad responsable. Así, en el aludido acuerdo de seis de junio del año en curso, del diverso juicio de amparo 256/2018, del índice de este juzgado federal, se analizó el cumplimiento de la ejecutoria y para ello se valoró la resolución dictada por el juez responsable de veintidós de mayo de dos mil dieciocho. En el referido proveído del diverso juicio, éste juzgador declaró cumplida la ejecutoria sin excesos ni defectos. Ahora bien, en contra del citado auto, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el aludido juicio de ampro indirecto 256/2018, el aquí quejoso, a la fecha ha omitió interponer el RECURSO DE INCONFORMIDAD previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, pues a través de dicho medio de defensa, es evidente que el acto aquí reclamado es susceptible de ser valorado por el tribunal de alzada al estudiar el exacto cumplimiento de la ejecutoria. En efecto, del mencionado precepto se deduce que el recurso de inconformidad es un derecho por el cual las personas físicas o morales pueden manifestar su desacuerdo sobre resoluciones tomadas por las autoridades judiciales federales públicas en la substanciación del juicio de amparo biinstancial. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, donde al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción. De forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 75/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima Época, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, página seiscientos veintisiete que al rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." Además, la diversa Jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO." Ahora, en el caso, se estima que la resolución dictada en veintidós de mayo de dos mil dieciocho, por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, que constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional, puede ser anulado en vía de consecuencia, por medio del recurso de inconformidad que establece el artículo 201 de la Ley de Amparo, que se promoviera en el diverso juicio de amparo, en el cual aún se encuentra transcurriendo el término para la interposición del multicitado recurso. De este modo, al carecer de firmeza la resolución emitida por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector anterior, es evidente que tampoco depara perjuicio alguno al quejoso, pues a virtud del recurso de inconformidad planteado, aún no constituye resolución definitiva que deba acatarse, la cual, en su caso podrá revocar o modificar, de concluir el Tribunal revisor, que acata defectuosa o excesivamente lo ordenado en la sentencia constitucional. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Maribel Arcos Ruiz, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública..."
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