Idalia Reyes Salas
Expediente 174/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Idalia Reyes Salas
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz; ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE ESTE ASUNTO COMO CONCLUIDO.
- Principal
Xalapa, Veracruz; veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón de imposibilidad de cuenta, en la que el actuario adscrito a este Juzgado asienta la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa ********, el proveído de dieciocho de los cursantes, dictado dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa, por el motivo ahí expuesto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa de mérito el auto antes citado, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágasele por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto proporcione un domicilio para tal efecto. Notifíquese como corresponda. EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ACUERDO QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA EL DIVERSO AUTO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE ESTE AÑO, QUE DICE: Xalapa, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **************, contra actos del 1. Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Veracruz, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el libro de gobierno y regístrese con el número 174/2022 que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De modo tal que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 1º, fracción I, mencionado, establece que el objeto de estudio del juicio de amparo serán las leyes o actos de la autoridad que vulneren los derechos fundamentales. Por último, el artículo 5°, fracción II de la Ley de la materia, señala que autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal para efectos del juicio de amparo, es la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria. Luego, de la interpretación conjunta de los artículos que anteceden, en sentido contrario, se colige que el juicio de amparo no procederá contra actos que provengan de entes que no tengan el carácter de autoridad. Con la finalidad de entender mejor el concepto de "autoridad" para efectos de la procedencia del juicio, se hace necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia ha denominado así al órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público, afectando derechos de gobernados, sin requerir para esos efectos de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Por lo que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sirve de apoyo la tesis 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y de trabajo. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Así, cuando el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que se le expidiera o por el hecho de figurar en la nómina como trabajador. Por lo que, todo lo relacionado con las condiciones de trabajo, salario, prestaciones y cualquier aspecto derivado de un contrato de prestación de servicios, regirá entre ellos las relaciones burocráticas bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios y, si dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, se deduce que la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado: "La orden obligatoria a ingresar al área COVID 4 días al mes en la clínica 66 de Xalapa, Veracruz". De igual modo, cabe señalar que de los antecedentes de los actos reclamados, se observa que la quejosa manifestó que labora para el Instituto Mexicano del Seguro Social como médico familiar número 66 de Xalapa, Veracruz. Así mismo, el tres de febrero del presente año, el Director de la Unidad de Médica Familiar Número 66, informó a la impetrante de amparo y otros, las actividades de cada médico en el área de Covid 19 en la citada institución. En este sentido, como se aprecia, la quejosa mantiene una relación laboral, con la autoridad responsable. Lo anterior, bajo el contexto que, para efectos del amparo, el acto de autoridad es aquél que proviene de un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública. Sin embargo, como se dijo, si no se presentan estas condiciones, entonces se dice que la autoridad asume conductas y obligaciones como cualquier otro particular, adquiriendo su actuación el carácter de una relación de coordinación, como si se tratara de un ente de derecho privado. En ese orden de ideas, es dable señalar que el acto impugnado no puede ser considerado acto de autoridad para los efectos de este juicio de amparo, puesto que deriva de una relación laboral. Por lo que, al ser los derechos aludidos en la demanda de carácter laboral, facultan a quien promueve a ejercer su acción ante la instancia jurisdiccional ordinaria correspondiente, a efecto de defender lo que a su derecho corresponda con motivo de los actos enunciados en su demanda. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Tesis: 2a./J. 34/2021 (11a.), publicado en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2." Cabe destacar que lo anterior no deja a la promovente en estado de indefensión jurídica, dado que, en todo caso se encuentra facultada para llevar el asunto ante los tribunales del orden común, cuyas determinaciones serán las que, en su caso, podrían ser discutidas, en el momento procesal oportuno, a través del juicio de amparo. Pues el hecho de que el acto reclamado se vincule a la emergencia sanitaria que ahora impera en el País, con motivo de la pandemia de COVID-19, no impide la aplicación de las causas de improcedencia del juicio de amparo y, por tanto, no se lesiona el derecho de acceso a la justicia. Pues las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable en lo conducente el criterio contenido en la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible a página 1641, Agosto 2013, Libro 12 XXIII, Tomo 3, con número de registro 2004217, de rubro siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Tampoco se inadvierte que la quejosa venga alegando que al obligársele a trabajar, existe peligro hacía su persona, pues es un hecho notorio que la pandemia está mejor controlada y contenida, por lo que, con las medidas adecuadas que se están implementando en todas las instituciones tanto públicas como privadas para que la población regrese a laborar y a desempeñar sus actividades de manera "normal y habitual", se considera que la quejosa, además de impugnar por la vía ordinaria adecuada, los actos que mediante esta vía de amparo pretende combatir, está en posibilidad de adoptar todas las medidas necesaria para protegerse del virus Incluso solicitar en su centro laboral equipo médico adecuado para su protección y así cumplir con la función que desempeña, en lo que se resuelve o, en su caso, en lo que la autoridad laboral ordinaria decreta las medidas preventivas conducentes. En este contexto y, bajo las razones expuestas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA origen de este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (11a.) de los Plenos de Circuito, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO TIENE RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO), ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2." La anterior determinación, a efecto de garantizar la prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido, como se sostuvo, no podría desvirtuarse con el material probatorio que se aportara al juicio. Lo que permite a la quejosa conocer plenamente, desde el auto inicial, que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias de la demanda de amparo que acompañan para mejor manejo del expediente. (...) Notifíquese como corresponda.
- Principal
Xalapa. Veracruz, dieciocho de febrero de dos mi veintidós. Se DESECHA demanda de amparo, es dable señalar que el acto impugnado no puede ser considerado acto de autoridad para los efectos de este juicio de amparo, puesto que deriva de una relación laboral.
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