Idiana Martínez Méndez y Otros.
Expediente 752/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Idiana Martínez Méndez y Otros.
- Idiana Martínez Méndez
- C.M. L. M. a través de Idiana Martínez Méndez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
PRAL.752/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. 1. Fenece plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes (quejosa y tercero interesado) interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hayan hecho. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión sobre plazo para diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como el tercero interesado sí se opuso a la publicación de sus datos personales, a fin de proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, mediante el testado o supresión de todos sus datos personales, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Disposición de documento con rasgos auténticos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este expediente no obran documentos originales, en términos de lo que dispone el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente; sin embargo, obra en el expediente un acuse de recibo con sello original y firmas autógrafas, ofrecido como prueba documental por el tercero interesado (fojas 33 a 80). Entonces, por esta ocasión, aun cuando ese documento no se ubica en el supuesto de documento original previsto por el mencionado numeral, se estima que contiene rasgos auténticos y que, dado el estado procesal del juicio de origen, pudiera ser requerido por el tercero interesado; de ahí que, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del invocado Acuerdo General, notifíquese personalmente este auto a esa parte procesal, requiriéndola para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger la documental referida; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, el documento será destruido al efectuarse la destrucción de este expediente, sin previo acuerdo. En el entendido que para la entrega de dicha constancia, deberá estarse a lo dispuesto en el Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 21/2022; es decir, deberá generarse cita previa para la comparecencia a este Juzgado. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 752/2022 Acuerdo: PRAL.752/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintidós. 1. Fenece plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes (quejosa y tercero interesado) interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hayan hecho. 2. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión sobre plazo para diversas partes. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo para inconformarse de las diversas partes procesales, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como el tercero interesado sí se opuso a la publicación de sus datos personales, a fin de proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, mediante el testado o supresión de todos sus datos personales, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Disposición de documento con rasgos auténticos. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, en este expediente no obran documentos originales, en términos de lo que dispone el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente; sin embargo, obra en el expediente un acuse de recibo con sello original y firmas autógrafas, ofrecido como prueba documental por el tercero interesado (fojas 33 a 80). Entonces, por esta ocasión, aun cuando ese documento no se ubica en el supuesto de documento original previsto por el mencionado numeral, se estima que contiene rasgos auténticos y que, dado el estado procesal del juicio de origen, pudiera ser requerido por el tercero interesado; de ahí que, con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del invocado Acuerdo General, notifíquese personalmente este auto a esa parte procesal, requiriéndola para que, en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger la documental referida; con apercibimiento que, si no se presenta para tal fin, el documento será destruido al efectuarse la destrucción de este expediente, sin previo acuerdo. En el entendido que para la entrega de dicha constancia, deberá estarse a lo dispuesto en el Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado y adicionado por su similar 21/2022; es decir, deberá generarse cita previa para la comparecencia a este Juzgado. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21 y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.752/2022.MESA-5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del siete de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en acuerdo de doce de agosto de este año (foja 137) para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 752/2022, el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco, asistido de la secretaria Julissa Nohemí Pérez Salinas, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Enseguida, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan I) la demanda de amparo promovida por Idania Martínez Méndez, en representación de sus hijos de identidad reservada C.M.L.M. y J.A.L.M. (fojas 2 a 7), II) el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, por el que se admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 23 a 27), III) la constancia de emplazamiento y la de apersonamiento a juicio del tercero interesado Jorge López Roque (fojas 29 y 31 a 32) y IV) el informe justificado de la autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca (foja 88). Asimismo, se hace constar que: a) que no existe documento alguno con el que deba darse cuenta y b) que únicamente el tercero interesado se opuso a la publicación de sus datos personales. A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias. II. Por cuanto a que la parte tercera interesada se opuso a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. A continuación, se abre el periodo probatorio y se hace constar que las partes exhibieron las siguientes documentales: Parte quejosa: Copia certificada de las actas de nacimiento expedidas por el director del Registro Civil en el Estado de Oaxaca, ambas con identificador electrónico, a nombre de C.M.L.M. y J.A.L.M. (fojas 15 y 16). Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones (foja 7). Autoridad responsable. Copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente familiar 18/2015, de su índice (fojas 90 a 134). Tercero interesado: Acuse de recibo con sello original y firmas autógrafas, de un escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintidós en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, conjuntamente con conversaciones de whatsapp, fotografías e interrogatorios que presentó ante la referida autoridad responsable (fojas 33 a 80). Al respecto, se acuerda: En virtud de que las documentales ofrecidas por las partes procesales fueron admitidas durante la substanciación de este juicio, y desahogadas en razón de su propia naturaleza, serán valoradas al momento de dictarse la sentencia correspondiente; y por lo que hace a las pruebas presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, se tomará en consideración la totalidad de las actuaciones de este juicio y se deducirán las presunciones que se aprecien. Enseguida, se declara cerrado el periodo probatorio y se ordena pasar a la etapa de alegatos, en la cual, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se reciben los formulados por el tercero interesado con su escrito de apersonamiento a juicio (fojas 31 a 32), dándoles lectura íntegra; con lo anterior, se da por concluida esta etapa. Por lo anterior, se declaran vistos los autos, y se procede a dictar la resolución correspondiente. S E N T E N C I A Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 752/2022; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda depositada el veintisiete de junio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional el mismo día, Idania Martínez Méndez, en representación de sus hijos de identidad reservada C.M.L.M. y J.A.L.M., solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que se precisará en la etapa considerativa. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa considera que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio. Radicación y prevención. En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintidós se radicó la demanda de amparo bajo el registro 752/2022, formándose los expedientes electrónico y físico; acto seguido, se previno a la parte quejosa para que aclarara los aspectos que ahí se detallaron. Admisión de demanda. Previo cumplimiento de la prevención formulada, el doce de julio de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, además, se ordenó el emplazamiento a juicio del tercero interesado Jorge López Roque (fojas 23 a 27). Tercero interesado. El trece de julio de este año se verificó el emplazamiento a juicio de dicho tercero interesado (foja 29), quien se apersonó mediante ocurso recibido en este Juzgado el dieciocho del mismo mes (fojas 21 a 32). Informe justificado. Posteriormente, el ocho de agosto de este año se tuvo por recibido el informe justificado que rindió la autoridad responsable, al que anexó copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente familiar 18/2015, con lo que se dio vista a las partes (foja 135). Audiencia constitucional. Finalmente, en auto de doce de agosto de dos mil veintidós se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que el acto reclamado versa sobre la materia civil, y sus consecuencias jurídicas y materiales se atribuyen a una autoridad con residencia en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, lugar en el que tiene jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa lo señaló en la demanda de amparo, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que Idania Martínez Méndez, en representación de sus hijos de identidad reservada C.M.L.M. y J.A.L.M., reclama del juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca: El auto de siete de junio de dos mil veintidós dictado en el expediente familiar 18/2015, de su índice; en el apartado en el cual "deja a salvo los derechos de la parte actora" e "impone una medida cautelar" al demandado, sin precisar en qué consiste ello. Es aplicable la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, negó parcialmente el acto reclamado; no obstante, la parcialidad aludida, deriva de la constitucionalidad de las actuaciones que sostiene la autoridad responsable, por lo cual, para efectos de emitir la sentencia correspondiente, se tiene por cierto el acto reclamado. Aseveración que se sustenta en las constancias que integran la copia certificada que exhibió la autoridad como justificación a su informe; constancias a las cuales, desde ahora, se confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°. CUARTO. Improcedencia. La improcedencia es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, del análisis de las constancias del juicio de amparo, por los fundamentos y motivos que a continuación se expondrán, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." El precepto normativo transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y no se cumpla con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual establece que previo a acudir a la instancia constitucional el gobernado (quejoso) debe agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rija al acto reclamado establezca para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Es decir, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y el quejoso no lo haya hecho valer oportunamente. Asimismo, dispone que las únicas excepciones a esa causa de improcedencia específica, son: 1) que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) si el quejoso es una persona extraña al procedimiento; 4) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y 5) si la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, entonces el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso que nos atañe, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: a) Previo trámite del expediente familiar 18/2015, en el que la parte quejosa figura como parte actora, las partes llegaron a un convenio el veinte de marzo de dos mil quince, que se elevó a categoría de sentencia, en el que -según lo afirmó la quejosa bajo protesta de decir verdad, foja 2- se pactó una pensión alimenticia a favor de C.M.L.M. y J.A.L.M. b) Posteriormente, en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós el juez señalado como autoridad responsable dictó un proveído en ese expediente, en el que tuvo a Idania Martínez Méndez solicitando que se le entregara el certificado de depósito exhibido en autos por concepto de garantía de pago de pensión alimenticia (foja 90), con lo que dio vista a su contraparte; además, ordenó requerir al demandado para que justificara estar al corriente del pago de la pensión decretada en autos, apercibiéndolo que, de no hacerlo, quedarían a salvo los derecho de la parte acreedora alimentista para los efectos legales correspondientes. c) Después, el siete de junio de dos mil veintidós se tuvo a Idania Martínez Méndez precisando que promovía incidente de cumplimiento de convenio de pensión alimenticia (foja 93); de ahí que se ordenó correr traslado y notificar al demandado (tercero interesado). Aunado a ello, el juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, determinó (foja 96): ".Por último, atendiendo a los autos de veinte de diciembre de dos mil veintiuno y dieciséis de mayo del año en curso, dado que dentro del plazo concedido JORGE LÓPEZ ROQUE no cumplió con el requerimiento en cuanto al pago de pensiones alimenticias adeudadas, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en tales autos y quedan a salvo los derechos de IDANIA MARTÍNEZ MÉNDEZ como representante legítima de los acreedores alimentarios, para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente. Asimismo, se impone la medida cautelar al demandado JORGE LÓPEZ ROQUE, para que haga el pago de las pensiones adeudadas que manifiesta la actora IDANIA MARTÍNEZ MÉNDEZ le adeuda el demandado y a que se refiere en el escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno; apercibido que de no hacerlo, conforme a lo previsto en los artículos 173 y 174 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, se ordenará su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. - - - -- (.)" (Parte de la resolución que constituye el acto reclamado) Ahora bien, los artículos 666, 670, 673, 694, 973 y 974 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 670.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. El superior debe revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y trascienda al resultado del fallo. Artículo 673.- La apelación debe interponerse por escrito en el que se expresarán agravios. El recurso se hará valer ante el Juez que pronunció la resolución impugnada, acompañando las copias necesarias para el traslado. En el escrito de expresión de agravios el apelante deberá señalar casa para oír notificaciones precisamente en el lugar en que tenga su sede el Tribunal de apelación, y correo electrónico cuando solicite se le realicen por esta vía las notificaciones personales con el dispositivo de seguridad autorizado por el Poder Judicial; cuando un litigante no cumpla con este requisito, se le mandará requerir para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del auto de requerimiento lo subsane, apercibiéndolo que de no hacerlo se le harán por medio de cédula. Los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la Ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. El plazo para apelar será de cinco días tratándose de autos y de diez días en caso de sentencia. Artículo 694.- La apelación interpuesta en los juicios sumarios se substanciará con un solo escrito de cada parte y el informe en estrados, si las partes lo quisieren. Solo se admitirán las pruebas documentales a que se refieren las fracciones I y II del artículo 688 de éste Código, sin necesidad de dilación probatoria. En estos casos la sentencia se dictará dentro de cinco días después de verificada la audiencia y de producida la contestación a los agravios, si no se hubiere solicitado el informe en estrados. Estas apelaciones sólo se admitirán en el efecto devolutivo. Las apelaciones en los incidentes se substanciarán y resolverán como si se tratara de sentencias dictadas en juicios sumarios. Artículo 973.- En los juicios del orden familiar, el recurso de apelación se admitirá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo". Los artículos transcritos contemplan el recurso de apelación, que tiene por objeto que el Tribunal de Alzada confirme, revoque o modifique la resolución del inferior; en caso de revocar la resolución impugnada, se debe ordenar la reposición del procedimiento a partir de la violación procesal que haya dejado sin defensa a las partes y transcienda al resultado del fallo; en el entendido que en las controversias del orden familiar son procedentes todos los recursos y que los autos serán apelables cuando tengan fuerza de definitivos y cuando la ley lo disponga, si además lo fuere la sentencia definitiva del juicio que se dicte. Además, el referido artículo 694 prevé que es procedente la apelación en cuestiones incidentales, caso en el cual las apelaciones se substanciarán y resolverán como si se tratara de sentencias dictadas en juicios sumarios. Por su parte, el numeral 973 del código adjetivo en consulta señala que en materia de alimentos el recurso de apelación procede en el efecto devolutivo; asimismo, que las resoluciones sobre alimentos que fueren apelables, se ejecutarán sin fianza, empero, tratándose de alimentos no procederá suspender la pensión provisional o definitiva con fianza. Bajo ese contexto, del análisis de dichos preceptos legales y del acto reclamado se concluye que el proveído de siete de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del incidente de cumplimiento de convenio de pensión alimenticia aprobado en el expediente familiar 18/2015, puede impugnarse por la parte quejosa mediante el recurso de apelación, de conformidad con los normativos transcritos; ya que ese auto que reclama se funda en que el juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, en esencia, a) determinó dejar a salvo sus derechos en cuanto al pago de pensiones adeudadas (por ser ese el apercibimiento contenido en acuerdos anteriores al reclamado) y, además, dice, b) impuso al deudor alimentario (aquí tercero interesado) una medida cautelar indeterminada (pese a que del contenido íntegro del acuerdo se advierte que, erróneamente, el juez denominó "medida cautelar" al apercibimiento de ser incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos). Entonces, si el proveído de siete de junio de dos mil veintidós (foja 93 y 96), dictado dentro del incidente de cumplimiento de convenio de pensión alimenticia aprobado en el expediente familiar 18/2015, puede ser combatido mediante el recurso de apelación, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la instancia constitucional, debió agotar el recurso ordinario aludido, para así observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sin que se surta alguna de las excepciones que prevé la fracción XVIII del normativo en comento, consistentes en que: 1) el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; 4) además de que la parte quejosa no se ostenta ni tiene el carácter de persona extraña al procedimiento y 5) la procedencia del recurso no está sujeto a interpretación adicional ni su fundamento legal resulta insuficiente para determinarlo. Con la precisión que la decisión de desechar la demanda se basa también en que el auto reclamado no es aquél en el que se fijó una pensión alimenticia provisional, la cual es de carácter urgente y transitoria, encaminada a satisfacer provisionalmente la necesidad de dos menores de edad a recibir alimentos, cuya necesidad es ineludible e inaplazable y que, en esa medida, no admite recurso alguno, sólo el de responsabilidad, acorde con lo dispuesto en el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por el contrario, la determinación reclamada se dictó dentro de una cuestión incidental, posterior a la sentencia definitiva (convenio) que estableció lo relativo a la pensión alimenticia, por lo cual, se estima, no se traduce en una medida urgente, aunque sí tiene fuerza de definitiva, por lo que no le es aplicable el artículo 962, párrafo cuarto, del Código de Procedimientos Civiles de la entidad. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Idania Martínez Méndez, en representación de sus hijos de identidad reservada C.M.L.M. y J.A.L.M. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Dada la conclusión a que se arriba, este órgano jurisdiccional se encuentra técnicamente impedido para analizar el concepto de violación que formula la parte quejosa; como así lo ilustra la tesis 1a. CCCLXXI/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, registro 2010501, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido. Además, atento a la jurisprudencia II.3o.J/58 publicada en la foja 57 del tomo 70, octubre de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Publicación de datos personales. Como el tercero interesado sí se opuso a la publicación de sus datos personales, a fin de proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En mérito a lo expuesto y fundado legalmente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Idania Martínez Méndez, en representación de sus hijos de identidad reservada C.M.L.M. y J.A.L.M., contra el acto consistente en el auto de siete de junio de dos mil veintidós dictado en el expediente familiar 18/2015, del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, en el apartado en el cual se "dejan a salvo los derechos de la parte actora" e "impone una medida cautelar" al demandado, atribuido a la autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; por los fundamentos y motivos expuestos en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.752/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia. Vistos los autos, se advierte que en proveído de ocho de este mes se incorporó el informe justificado de la juez Mixto de Primera Instancia de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca; con el cual se ordenó dar vista a las partes, quedando notificados el nueve siguiente. En esas condiciones, a fin de que las partes puedan imponerse del informe justificado y la prueba documental exhibida por la responsable, al menos con la anticipación prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan, para tal efecto, las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril del año dos mil, página 5, registro 191995 del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notificación de proveído. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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