Ignacio Alvidrez Mejía
Expediente 215/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 13/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ignacio Alvidrez Mejía
- Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, trece de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico correspondiente. Luego, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de conservación, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que en éste juicio se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados, se declara que el mismo es conservable. En tal sentido, con fundamento en el artículo 9, del acuerdo citado, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y cumplido el plazo de conservación de tres años, deberá remitirse a los depósitos documentales del Área coordinadora de archivos. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. Finalmente, se advierte que la parte quejosa Ignacio Alvidrez Mejía, exhibió documentos originales en el presente juicio de garantías, los cuales resultan innecesarios continúen agregados a los autos; por tanto, acorde a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 20, del Acuerdo en cita, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación de este proveído, comparezca a recogerlos ante este Juzgado Federal, debidamente identificado con credencial de validez oficial que contenga su fotografía, en la inteligencia que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, aquellos podrán ser destruidos previa acta y relación que se elabore para la plena identificación de los mismos. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 215/2023-II-A, promovido por Ignacio Alvidrez Mejía, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y turnado a este juzgado al veintidós siguiente Ignacio Alvidrez Mejía, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos y omisiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. El veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 215/2023-II-A; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede, por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este Juzgado, en atención a que los actos reclamados tienen ejecución en esta demarcación, lugar en el que éste Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, se procede a su fijación clara y precisa, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual se analiza en su integridad la demanda de amparo. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; Así como en tesis número P. VI/2004, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del análisis y lectura integra de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama: Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): la omisión de la atención médica urgente, negativa de entregar diagnóstico e historial clínico por escrito, negativa de brindar todos y cada uno de los medicamentos y la falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato. Del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE): La omisión de entregar información relacionada con su cuenta individual y el lugar en el que se encuentran sus fondos de retiro, la omisión de entregarle los estados de cuenta y la concesión de la pensión, ya sea por jubilación, cesantía avanzada, vejez y/o garantizada, respecto de las autoridades señaladas como responsables. Lo que se establece en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que en el segundo concepto de violación del escrito de demanda, el quejoso refiere una falta de contestación a su solicitud para conocer el número de cuenta individual, así como los estados de cuenta periódicos de la misma y, que por ende, se le está vulnerando su derecho de petición contemplado en el artículo 8 de la Constitución Federal. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte aquí quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Negativa de los actos reclamados. La autoridad señalada como responsable, Directora del Hospital General de Ciudad Juárez, con residencia en esta ciudad, negó categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo, consistente omisión de la atención médica urgente, negativa de entregar diagnóstico e historial clínico por escrito, negativa de brindar los medicamentos y tratamiento médico urgente; ahora, respecto de la diversa autoridad responsable Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), con sede en esta ciudad, no obstante, en que fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de estar debidamente notificada para ello, como se desprende del acuse de notificación relativa; sin embargo, en términos de lo previsto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, no se presume la certeza del acto de aplicación del decreto reclamado. Se afirma lo anterior, toda vez que del informe rendido por el Subjefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Delegación Estatal Chihuahua, con sede en Chihuahua Capital, se advierte en oficio DPSH/0556/2023 de uno de marzo del presente año, la contestación a la solicitud planteada por el impetrante del amparo, la cual se concretó en dar respuesta a lo solicitado, así como, notificar el contenido del mismo. Probanza que a juicio de este juzgador en vez de tener por demostrada la existencia de los actos reclamados, es apta y suficiente para desvirtuar la afirmación que sostiene el quejoso respecto de dicha responsable. Sin, que la parte agraviada haya aportado pruebas tendientes para desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de estas autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Además, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así, del contenido del informe justificado y anexos, se advierte del reporte de urgencias, de la Dirección de Finanzas, Subdirección de Aseguramiento de la Salud, Sistema de Información Medico Financiero, de diez de marzo del presente año, que la parte quejosa recibió atención médica los días veintiuno y veintidós de diciembre de dos mil veintidós, así como, los días catorce, veintiuno y veintidós de enero de dos mil veintitrés, lo cual demuestra que fue atendido medicamente previo a la promoción del presente juicio de garantías, y no como lo refiere el directo quejoso en su primer párrafo del capítulo de antecedentes, marcado con el número uno, en el cual manifestó que se le había negado el servicio de salud desde el dieciocho de febrero de dos mil vente a la data de la promoción del presente juicio. Por otro lado, de la lectura de la constancia que expidió la Jefa de Farmacia del Hospital General de Ciudad Juárez, se hizo constar que el diecisiete de enero del presente año, se le hizo entrega de medicamento a la parte quejosa. Sin pasar desapercibido, que la responsable Subjefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Delegación Estatal Chihuahua, con sede en Chihuahua Capital, al rendir su informe respecto de la suspensión de plano otorgada al directo quejoso, se le tuvo informando a este órgano jurisdiccional, que mediante oficio DPSH/0546/2023 de veintiocho de febrero de los actuales, dirigido al Subdelegado Medico en Chihuahua, Capital, al cual le instruyó se le siguiera brindando el servicio médico al quejoso hasta en tanto concluyera el proceso ante la responsable. No se soslaya que el impetrante del amparo, en la demandada aduce que también reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la negativa de hacerle entrega del diagnóstico e historial clínico por escrito que tuvo durante el tiempo en el que fue atendido; y por parte del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), la omisión de entregarle la información para conocer su número de cuenta individual y el lugar en que se encuentran sus fondos de retiro, así como, la omisión de entregarle los estados de cuenta; empero, dada la negativa que emite la responsable en su informe justificado respecto a los actos reclamados y atendiendo que el quejoso en su escrito de demanda no exhibió documento alguno que demuestre la existencia del referido acto reclamado, es claro que el mismo resulta inexistente, máxime que no controvirtió dicho informe. Por otro lado, cabe hacer mención que el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en se establece la responsabilidad de los funcionarios públicos de respetar y hacer efectivo el derecho de petición, el cual debe satisfacerse en breve término, imponiendo como única obligación a éste, el que la petición se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; citando para ello el siguiente criterio jurisprudencial de rubro siguiente: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8º. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERARSE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO". Ahora bien, en el caso a estudio conviene señalar lo establecido en dicho numeral, en el que se prevé el deber de todo funcionario y empleado público de contestar las peticiones de los gobernados; tal precepto señala lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se observa, el anterior enunciado normativo prevé el denominado derecho de petición, en función de que cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: a) La petición: -Esta debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigida a una autoridad, recabando constancia de su entrega, debiendo el peticionario proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. b) La respuesta: -La autoridad deberá emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla. -Dicho acuerdo deberá ser congruente con la petición. -La autoridad está obligada a notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio señalado para tales efectos. No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que, está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Ilustra y apoya lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis que indica: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONGRUENCIA Y LEGALIDAD. El artículo 8o. constitucional obliga a las autoridades a comunicar un acuerdo escrito en respuesta a toda petición, y a comunicarlo en breve término. Es claro que la respuesta debe ser congruente con la petición, pues sería absurdo estimar que se satisface la obligación constitucional con una respuesta incongruente. Pero también es cierto que la respuesta no es incongruente por el hecho de que se diga al solicitante que se estima que faltan elementos formales o materiales en la petición, para poderle dar curso en cuanto al fondo de lo pedido. Y en este caso, lo que procedería sería impugnar la legalidad de la exigencia de tales elementos o requisitos, pero no podría decirse válidamente que la autoridad omitió dictar un acuerdo congruente con la petición, pues la congruencia del acuerdo no debe ser confundida con la legalidad de su contenido." También orienta a lo razonado el criterio vertido en la tesis XXI.1o.P.A.36 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo contenido es el que sigue: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo." En ese sentido, referente a la omisión reclamada del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), en concederle la pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, vejez o garantizada, y que de las constancias remitidas por la responsable, se advierte una petición de forma manuscrita por el quejoso dirigida al Departamento de Pensiones Delegación ISSSTE, en la cual solicitó no se tomaran en cuenta los años y servicios de SEPOMEX, por los motivos que refiere, a la cual ya se le dio contestación mediante oficio DPSH/0556/2023 de uno de marzo del presente año, y notificado a través de correo electrónico el mismo día. En ese contexto, de la solicitud levantada ante dicha autoridad no se aprecia verdaderamente una petición o planteamiento de concesión de pensión por jubilación, cesantía en edad avanzada, vejez o garantizada, como tal lo refiere en su escrito de demanda. Por lo que, al habérsele dado contestación a lo planteado, no se vulnera el derecho de petición alegado por el quejoso. En relatadas consideraciones, resulta procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, por inexistencia de los actos reclamados; además, dicho acto citado únicamente en los conceptos de violación, ya cesó en sus efectos, al haberse dado respuesta. Así, toda vez que en el juicio de amparo en el que se actúa se ha decretado el sobreseimiento, no causa perjuicio a la parte quejosa, el hecho de que este Juzgado de Distrito no atienda las cuestiones de fondo, ya que el sobreseimiento pone fin al juicio, lo que impide abordar tal análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 335, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que nos ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ignacio Alvidrez Mejía, de conformidad con el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Directora del Hospital General de Ciudad Juárez, con sede en la localidad, en atención a su contenido, agréguese a sus autos únicamente para que obre como legalmente corresponda, en virtud de que en auto de quince de marzo del presente año, se acordó sobre su contenido. Por otro lado, se da cuenta con el oficio remitido por la Encargada de la Oficina alterna del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual se le tiene devolviendo el oficio de notificación 4521/2023 relativo al juicio en que se actúa, y al efecto informando que dicho oficio fue recibido erróneamente por personal a su digno cargo. En ese sentido, sin ser necesario girar de nueva cuenta el oficio de notificación de mérito, en virtud de que a la presente data se cuenta con el acuse de notificación realizado vía correo postal; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, sin que hayan comparecido las partes; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, toda vez que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en esta ciudad, ni el acuse de recibo que demuestre que haya recibido el oficio de notificación 4521/2023, a través del cual se le solicitó rindiera su informe justificado en el presente asunto. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y al efecto se fijan las diez horas con veinticinco minutos del día veintiséis de junio de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma, a la cual se cita a las partes, por si desean comparecer. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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