Humberto Ramos Peinado

Expediente 869/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
869/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Humberto Ramos Peinado
  • Titular de la Administración Desconcetrada de Recaudación Chihuahua "2"

Actuaciones

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobresee el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro correspondiente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y obra documento original; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otra parte, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Advirtiéndose en autos que obra documento en original, y que fue exhibido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; por tanto, hágase de su conocimiento que queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado, por el término de noventa días, contados a partir de la legal notificación, que en caso de no recabarlo en el término indicado, se destruirá en forma conjunta con el presente juicio de amparo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los archivos judiciales. Por último, visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda; y como lo solicita la delegada de la autoridad responsable, Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", con residencia en la localidad, con transcripción de este proveído, comuníquesele que con esta fecha, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto para resolver el Juicio de Amparo 869/2021-III, promovido por Humberto Ramos Peinado, contra actos del Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua "2", con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o : Primero. Que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno y turnado a este juzgado ese mismo día Humberto Ramos Peinado, promovió juicio de amparo, contra actos de la autoridad, Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua "2", con sede en esta ciudad, a quien reclamó: "4.- ACTOS RECLAMADOS La falta de respuesta a mi petición presentada el día 16 de julio de 2021 ante la Oficina de Partes de la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua "2", en virtud de que nuestra máxima normatividad, establece que la autoridad tiene la obligación hacer un acuerdo o dar respuesta en breve término." (sic) Segundo. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 869/2021-III; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o : Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de se trata de un acto omisivo atribuido a una autoridad residente en esta ciudad, lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran el juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, del detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte quejosa, a la autoridad, Administrador Desconcentrado de Recaudación Chihuahua "2", adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en eta ciudad, se centra en el siguiente: La falta de respuesta a la petición elevada por escrito recibido el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, junto con sus efectos. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte inconforme, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. La existencia del acto reclamado por la parte quejosa quedó plenamente probada en el juicio que nos ocupa. Efectivamente, resulta cierto el acto reclamado de la autoridad, Administrador Desconcentrado de Recaudación Chihuahua "2", adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado por conducto de la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, convino su existencia. La anterior se corrobora con las constancias que la referida autoridad anexo a su informe justificado, consistente en copia certificada del oficio 400-23-00-01-03-2021-10809, de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, recaído a la petición que la parte quejosa le formulara el dieciséis de julio de dos mil veintiuno y su respectiva notificación, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2°, toda vez que se trata de documentos expedidos por una autoridad judicial en ejercicio de las facultades que la ley le concede. Por lo anterior, no cabe duda que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos atacados por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. Cuarto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, se cita la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Fed1eración 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En consideración del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable, Administrador Desconcentrado de Recaudación Chihuahua "2", adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado por conducto de la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio. Para arribar a tal conclusión, conviene tener presente el texto del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, en el que se establece la causal de improcedencia de que se trata. Tal precepto legal dice así: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La lectura de ese numeral obliga a considerar improcedente el juicio de amparo, cuando cesan los efectos del acto reclamado en la propia vía constitucional. En relación con tal causal de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para su actualización no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado en el juicio de amparo, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, en virtud de que la razón que justifica esa improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad reclamado, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, que amerite ser borrada por el otorgamiento del amparo. Tal criterio jurídico está contenido en la tesis jurisprudencia ciento noventa y ocho, visible en la página doscientos dieciséis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Con lo anterior se puede advertir que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el propio acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En tal tesitura, la cesación de los efectos de los actos reclamados significa que la autoridad que los pronunció deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su propia insubsistencia. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que tal causal de improcedencia, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del propio juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, como en el caso, el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que exija. Por tanto, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, o sea, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En la especie, importa recordar que la parte inconforme reclamó, a través de la presente vía, la omisión de la autoridad de ocuparse de la petición relativa. En relación con lo anterior, debe tomarse en consideración que mediante oficio 400-23-00-01-03-2021-10809, de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, recaído a la petición que la parte quejosa le formulara el dieciséis de julio del año en curso y su respectiva notificación, la autoridad responsable se ocupó del escrito de la parte quejosa. Con esto no hay duda de que con tal actuar se destruyó el acto reclamado en forma total e incondicional, desde luego, junto con sus efectos, porque a final de cuenta se procedió en el sentido de respetar el derecho que la parte impetrante demandó como vulnerado en este juicio. Si esto es así, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en este juicio, pues con esa actuación se destruyeron todos los efectos de manera total e incondicional del acto, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del propio particular, o habiéndola irrumpido la cesación no dejó algún rastro, con lo cual, sin duda, se actualiza la causal de improcedencia que nos ocupa. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos noventa y cinco, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos diecisiete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Segunda Sección, que dice así: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En congruencia con todo lo anterior lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, son de citarse las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y texto son los que siguen: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." No sobra decir que las causas de improcedencia y de sobreseimiento contenidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, por las razones que la informan, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por Humberto Ramos Peinado, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. A sus autos para que obren como legalmente corresponda el oficio y anexos de cuenta. Se tiene a la Administradora Desconcentrada Jurídica, en representación de la autoridad responsable, Administrador Desconcentrado de Recaudación Chihuahua "2", del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en la localidad, rindiendo su correspondiente informe con justificación, y ofreciendo como pruebas documentales de su parte, las que anexa al mismo, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, las cuales se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, todo lo cual se pone a la vista de las partes para que de su contenido se enteren, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su respectivo ocurso, y nombrando como delegados a los profesionistas a que hace referencia, en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretario de Acuerdos, licenciado Félix Santillanes Cruz, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por Humberto Ramos Peinado, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Administración Desconcentrada de Recaudación Chihuahua "2", con sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de las garantías y derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. En consecuencia, fórmese el expediente físico y electrónico respectivo, anótese su ingreso tanto en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número de juicio de amparo 869/2021-III-A, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que se tramite incidente de suspensión al no haber sido solicitado. Se requiere a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, el que deberá rendir dentro del término de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso copia certificada total y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no hacerlo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; asimismo, se le impondrá como medida de apremio multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62 pesos), de conformidad con los artículos 4°, fracción I, II y III, y 5°, de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, dada la situación de contingencia presentada con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID- 19), que obligó a restringir el acceso al público a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el informe requerido habrá de rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de hacerlo también por la vía ordinaria pertinente, esto en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Atinente a ello, se hace saber a la autoridad responsable, que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, tiene como objeto, garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, incluso, de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. En tal sentido, atento a lo señalado por sus artículos 3º, fracción X, 4° y 7°, se deben respetar los datos personales sensibles o protegerlos, según sea el caso, entendiéndose como tales, aquéllos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, señalando de manera enunciativa y no limitativa, a los datos personales que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; lo que será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización; y, además que, por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular, o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 del cuerpo normativo en comento; precisándose que en caso de tratarse de menores de edad, se deberá privilegiar al interés superior de la niña, niño y adolescente. No obstante lo expuesto, los responsables podrán tratar datos personales para finalidades distintas a las establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando, cuenten con las atribuciones conferidas en la ley de la materia y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, de conformidad con el artículo 18 de la referida norma legal, lo anterior, hasta en tanto se adecue a dicha norma, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, de conformidad con el artículo segundo transitorio, de esa norma general. Se señala para que tenga verificativo la audiencia constitucional las QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Con fundamento en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibiéndoles que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (89.62), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde. Asimismo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como correo electrónico para tales efectos, leonardo r1704@hotmail.com, número de teléfono 656 376-45-13; asimismo, autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Leonardo Humberto Ramos Contreras, y a los pasantes de derecho Alejandra Aguilar Ramírez y Ximena Ramos Contreras. De igual manera, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que anexa en su ocurso, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, las cuales se tiene de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ofrecidas, admitidas y desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. A fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. Ahora bien, en términos de lo previsto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97- 109), Capítulo II, De la Información Reservada (110- 112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113- 117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiba, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (89.62) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Notifíquese; personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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