Ignacio Alonso Ríos Talamantes

Expediente 480/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
480/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Alonso Ríos Talamantes
  • Juez de Primera Instancia de lo Penal en Funciones de Juez de Control del Distito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, a veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, y háganse las anotaciones en el libro electrónico correspondiente. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 12, 14 fracción III, y 20, fracción I), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el mismo es destruible. Por lo que, una vez cumplido el plazo de conservación de tres años, se incluirá este expediente en la destrucción anual que corresponda, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, dentro de los treinta días naturales siguientes. Conforme a lo ordenado en el numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, de la fecha de archivo y que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción del cuaderno que para el efecto se formó. Notifíquese.

  2. Incidental

    Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, fracción II y 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años; y en atención a que se concedió la medida cautelar definitiva, se declara que el mismo es conservable. En términos del artículo 17, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente será transferido íntegramente al depósito documental que para tal efecto designe el área coordinadora de archivos, una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 34, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es conservable. Notifíquese.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintinueve de agosto de diciembre de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    atento al contenido del oficio que remite la autoridad responsable, Jueza de Primera Instancia en Materia Penal, del Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en la causa penal ******************** de su índice, misma que se instruye contra del quejoso ********************, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple, previstos y sancionados por el artículo 477 de la Ley General de Salud, el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia inicial al haber comparecido dicho imputado voluntariamente, en la cual se formuló imputación, se le vinculó a proceso y se acumuló la causa penal ********************, a la causa más antigua, esto es la causa penal ********************, y se concedió la suspensión condicional del proceso, además, de que se dejó sin efecto la orden de aprehensión girada en contra de ********************, el treinta de septiembre de dos mil veintidós. Aunado a lo anterior, mediante oficio ********************, remitido por la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal, del Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control, del Distrito Judicial Bravos, acredito que la diversa orden de aprehensión emitida en la causa penal ********************, el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se había dejado sin efectos mediante audiencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés. Por lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, se acredita la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo. Dicho numeral es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" De la disposición legal transcrita se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emana de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncia una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamaron en el amparo. c. No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio biinstancial, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede sustituir a aquélla, con independencia de que el acto materia del amparo resulte inconstitucional. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a la causa de improcedencia transcrita, ha establecido el criterio contemplado en la tesis 2a. CXI/96, visible en la página 219 del Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Lo anterior, en virtud de que en la causa penal de origen se decretó la suspensión condicional del proceso y se dejó sin efecto la orden de aprehensión girada en contra ********************, en fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, aunado a que mediante audiencia de nueve de mayo de dos mil veintitrés, se había dejado sin efectos la diversa orden de aprehensión emitida en la causa penal ********************, el veintiuno de abril de dos mil veintitrés. De lo anterior, se concluye que a la fecha ha operado un cambio de situación jurídica que produce que las violaciones reclamadas se consideren irreparablemente consumadas, al no poder decidirse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por el quejoso, sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el suscrito estima pertinente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, cabe precisar que las causales de improcedencia por la que se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de ningún modo transgreden los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el veintitrés de mayo de dos mil catorce, bajo el registro 2006485, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Con igual sentido se invoca la tesis 1a. CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 530 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, con registro 2002359, que rubro y contenido: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Por lo tanto, se deja sin efectos el día y hora señalado en autos para la audiencia constitucional, esto es, a las once horas con treinta minutos del once de septiembre del dos mil veintitres; hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y notifíquese el presente proveído a la autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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